La Regencia de María Cristina y el Carlismo (1833-1843)
A la muerte de Fernando VII en 1833, heredaba el trono su hija Isabel, de tres años de edad. Su madre, María Cristina, actuó como regente hasta 1840, seguida por el general Espartero hasta la mayoría de edad de Isabel en 1843. Durante esta etapa, se produjeron dos acontecimientos cruciales: el levantamiento de los carlistas y la instauración de un régimen liberal.
El Carlismo
Los carlistas, antiguos realistas, deseaban la continuidad del absolutismo y proclamaron rey de España al infante Carlos, hermano de Fernando VII. Para salvar los intereses de su hija, la regente se apoyó en los liberales y confió el gobierno a Martínez de la Rosa, uno de los exiliados en 1823, quien impuso un retorno parcial al sistema liberal.
La Primera Guerra Carlista (1833-1839)
La rebelión armada de los carlistas desembocó en una guerra civil. Apoyaron al infante Carlos los campesinos, artesanos, parte del clero y los antiguos realistas que defendían los fueros frente al centralismo liberal. La causa isabelina contaba con la burguesía, la mayoría de la nobleza y las clases populares urbanas.
La guerra duró seis años (1833-1839). Al principio, los carlistas dominaron amplias zonas rurales del norte vasco-navarro. Actuaban en pequeños grupos en forma de guerrillas, hasta que el general Zumalacárregui formó un ejército. La muerte de este en el sitio de Bilbao cambió la marcha de los acontecimientos y el campo de batalla se centró en Cataluña, Valencia y Aragón hasta que fueron derrotados por el general Espartero.
El Convenio de Vergara, firmado en 1839 entre Espartero y Maroto, puso fin a la guerra, aunque el general Cabrera continuó unos meses más dirigiendo partidas carlistas. Puede considerarse que la primera guerra carlista finalizó en tablas, pues el ejército isabelino reconoció los grados y empleos de los oficiales carlistas y el gobierno se comprometió a respetar los fueros.
El Ordenamiento Jurídico del Estado Liberal
El Estatuto Real (1834)
El ordenamiento jurídico del estado liberal se realizó mediante dos textos: el Estatuto Real y la Constitución de 1837. El Estatuto Real fue obra de los moderados. Consistía en una carta otorgada por la regente que, aunque reconocía algunas libertades, no había sido elaborada ni aprobada por las Cortes. Estas estarían formadas por dos cámaras: la de Próceres, designados por la Corona, y la de Procuradores, formada por miembros elegidos entre las personas que tenían una renta elevada. La Corona podía convocar y disolver las Cortes, que solo tenían función deliberativa. Es evidente que este sistema solo favorecía a la élite de la sociedad: alta burguesía, nobleza terrateniente, militares y alta burocracia.
La Constitución de 1837
La Constitución de 1837 fue obra de los liberales progresistas que ocuparon el poder tras el pronunciamiento de los sargentos de La Granja. Estos habían obligado a la regente a jurar la Constitución de 1812. Intentaba implantar un sistema parlamentario que estuviese entre la Constitución de Cádiz y el Estatuto Real. Las Cortes serían bicamerales, reconocía una lista de derechos individuales y la soberanía nacional, pero aceptaba el poder moderador de la Corona, que podía vetar las leyes.
En este marco progresista, pudieron promulgarse leyes como las del ministro de Hacienda Mendizábal, encaminadas a la desamortización de los bienes de la Iglesia, supresión de los diezmos, de las aduanas interiores y de los gremios.
La Regencia de Espartero (1840-1843)
Tras abdicar María Cristina en 1840, las Cortes nombraron regente al general Espartero, muy popular por su triunfo en la guerra carlista. Hasta 1843 gobernó dictatorialmente aplicando las ideas de los progresistas. Reprimió con dureza las conspiraciones de los moderados. Un pronunciamiento militar puso fin a su regencia y llevó al poder al partido moderado, encabezado por el general Narváez, el Espadón de Loja.
El Reinado de Isabel II (1843-1868)
La Década Moderada (1844-1854)
El reinado personal de Isabel II (1843-1868) se inició con la hegemonía política del liberalismo moderado. La figura clave de este régimen fue Narváez, el político de más prestigio y el que más gobiernos presidió. Su obra estuvo marcada por un reaccionarismo que entorpeció la evolución modernizadora del país.
La Constitución de 1845
El proyecto moderado se plasmó en la Constitución de 1845, que estuvo vigente hasta 1868, año en que la Revolución Gloriosa destronó a la reina. La nueva Carta Magna fijó los siguientes principios: monarquía constitucional conservadora, soberanía compartida, fortalecimiento de los poderes de la Corona, el gobierno debía contar con el apoyo conjunto de la reina y las Cortes, reserva de la participación política a las grandes fortunas del país.
El sistema electoral se efectuaba mediante sufragio censitario muy restringido a los mayores contribuyentes y a un número limitado de lo que en la época se denominaba “capacidades”. Además, se practicaba la intervención sistemática del gobierno en las elecciones y la corrupción electoral.
Otras medidas del gobierno moderado
Tras las relaciones tensas con el Vaticano como consecuencia de las leyes desamortizadoras de Mendizábal, se llevó a cabo una política de acercamiento a la Iglesia (Concordato de 1851) y una política centralizadora y uniforme que chocaba con la cuestión foral. Para atraerse a sectores del carlismo, los moderados adoptaron una situación intermedia: mantenían los ayuntamientos forales y las Juntas Generales vascas y navarras, pero las aduanas se trasladaron definitivamente a los Pirineos.
Otras medidas centralizadoras que respondían también a los principios de igualdad ante la ley, protección de la propiedad y libertad económica fueron la promulgación del Código Penal, la creación de la Guardia Civil, unificación del sistema tributario y de la universidad.
El Bienio Progresista (1854-1856)
El escandaloso favoritismo de la Corona y la corrupción económica y financiera de muchos políticos hizo que se formasen grupos de presión dentro de los moderados, que en 1854 llevaron a un movimiento revolucionario dirigido por O’Donnell y a la publicación del Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo. Las reivindicaciones que contenía eran favorables tanto a los progresistas como a los moderados.
Isabel II entregó el poder al general Espartero. Da comienzo el Bienio Progresista (1854-1856) y se emprende la tarea de afianzar el liberalismo y ampliar las libertades fundamentales. Se expulsó de nuevo a los jesuitas y se prohibieron las procesiones por la vinculación de sectores de la Iglesia con el carlismo y los moderados. Se produjo la desamortización general de Madoz y la Ley de Ferrocarriles, que tanta importancia tuvieron para el desarrollo del capitalismo.
También en esta etapa el movimiento obrero ensayó sus primeras acciones políticas (1855, huelga general en Barcelona) y apareció un joven partido, el Demócrata, que solicitaba el sufragio universal masculino, la abolición de los fueros, la enseñanza primaria gratuita y un sistema fiscal proporcional a la riqueza. En definitiva, su programa contenía la promesa de una reforma social y no solo política.
La Unión Liberal (1856-1863) y la Crisis Final del Reinado de Isabel II
Los enfrentamientos personales hicieron caer al gobierno y se puso en práctica el proyecto de la Unión Liberal (1856-1863), partido formado por O’Donnell en el que militaron los moderados más avanzados y los progresistas menos radicales. O’Donnell mantuvo la estabilidad política en el interior e inició una política exterior intervencionista.
La política unionista era una política de notables asentada sobre el consenso de personalidades individuales de escasa sensibilidad social, que le granjeó la hostilidad abierta de demócratas y republicanos. Desde 1863, una sucesión de gobiernos inestables, pendientes de la voluntad de la corte, trataron de imponerse mediante la represión y el recorte de libertades. Los progresistas no actuaban como oposición política y no participaban en el mecanismo electoral, volviendo a la vía del pronunciamiento.
La crisis agraria y financiera de 1866 incrementó las manifestaciones políticas de descontento y progresistas, unionistas y demócratas se reunieron en Ostende para firmar un programa común que establecía el destronamiento de Isabel II. Esto acabaría sucediendo en 1868 con la Revolución Gloriosa, que inicia el Sexenio Democrático.