El Convenio de Vergara (1839): Fin de la Primera Guerra Carlista

El Convenio de Vergara (1839)

El texto presenta fragmentos del Convenio de Vergara, firmado en 1839 por el general Espartero y el general carlista Rafael Maroto. Este acuerdo puso fin a la Primera Guerra Carlista, permitiendo la rendición de las tropas de Don Carlos bajo ciertas condiciones. El convenio buscaba la reconciliación entre ambos bandos y la reintegración de los carlistas derrotados en el nuevo sistema político liberal.

Contexto del Acuerdo

El acuerdo fue posible gracias al triunfo de las tesis de los carlistas moderados, liderados por los generales Gómez, Zaratiegui y Maroto, quienes favorecían el pacto con los isabelinos a cambio del respeto a los fueros. Los carlistas extremistas, defensores de un gobierno absolutista, rechazaron cualquier solución pacífica. Maroto inició las negociaciones sin el consentimiento del pretendiente al trono, Don Carlos, e incluso ordenó el fusilamiento de varios generales carlistas conservadores, como Guergué, Uriz y Carmona, acusándolos de traición.

Condiciones del Convenio

El convenio se concretaba en diez artículos, tres de los cuales se incluyen en el texto. Estos artículos revelan un afán conciliatorio:

  • Artículo 1º: Incluía una ambigua promesa de mantener los fueros vascos y navarros. Espartero se comprometía a recomendar a las Cortes su concesión o modificación, actuando con independencia, ya que prometía algo que era competencia exclusiva de las Cortes.
  • Artículo 2º: Reconocía los empleos, grados y condecoraciones de los oficiales y hombres que habían servido en el bando carlista, facilitando su reinserción en el ejército regular español. Generales como Antonio Urbiztondo, ministro durante el reinado de Isabel II, o Zaratiegui, director general de la Guardia Civil, se beneficiaron de esta medida.
  • Artículo 4º: Facilitaba el retiro o la licencia a generales, brigadieres, jefes y oficiales que hubieran servido en los ejércitos de Don Carlos.

Antecedentes de la Primera Guerra Carlista

La Sucesión al Trono

En 1830, el nacimiento de la princesa Isabel, hija de Fernando VII, planteó un problema sucesorio. La Ley Sálica, promulgada en 1713, impedía que las mujeres heredaran el trono. Fernando VII derogó esta ley con la Pragmática Sanción, impidiendo el acceso al trono del infante Carlos María Isidro, apoyado por los absolutistas. Las protestas de Don Carlos llevaron a su exilio en Portugal en 1832. Fernando VII destituyó a los partidarios de Don Carlos en el ejército y decretó una amnistía para los liberales presos o exiliados.

El Estallido de la Guerra

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, Don Carlos reclamó el trono, provocando la sublevación de los absolutistas y el inicio de la Primera Guerra Carlista, que enfrentó a carlistas e isabelinos.

Ideologías Enfrentadas

El conflicto sucesorio ocultaba un enfrentamiento entre dos sectores con intereses opuestos. Los isabelinos contaban con el apoyo de las clases medias urbanas, empleados públicos, alta burocracia, parte del ejército, jerarquías eclesiásticas, alta nobleza y grandes burgueses. Los liberales, herederos de la Ilustración y las reformas de Cádiz, defendían los derechos de Isabel II. Don Carlos, por su parte, era apoyado por los realistas, el clero intransigente y las masas campesinas de Cataluña, País Vasco, Navarra, Valencia y Aragón. El carlismo agrupaba a los sectores más tradicionales, especialmente en zonas rurales del norte de España, donde el clero tradicionalista y los fueros tenían gran influencia. Su programa político se resumía en el lema «Dios, Patria, Fueros y Rey».

Consecuencias Posteriores

Tras la Restauración Alfonsina, el general Martínez Campos derrotó a los carlistas, provocando el exilio de Carlos VII en Francia. La ley del 21 de julio de 1876 abolió aspectos esenciales de los fueros vasconavarros, aumentando la intervención del Estado en la administración del País Vasco y Navarra, estableciendo el servicio militar obligatorio y la contribución a la Hacienda estatal.

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