Introducción

Se entiende por desamortización el proceso histórico de naturaleza socioeconómica que tuvo lugar en España en el siglo XIX y que consistió en la expropiación forzada de las propiedades rústicas y urbanas por parte del Estado a aquellas personas o instituciones que las tenían vinculadas según la legislación del Antiguo Régimen, es decir, que no las podían vender, comprar o heredar, según las leyes feudales. El Estado decide lo que hacer con esas propiedades: venderlas, donarlas, etc.

El proceso se inició en tiempos de Carlos III cuando se hizo el catastro y se descubrió que había tierras baldías, yermas y de nadie. Por lo tanto, para que aumentara la producción era necesario cambiar la estructura de la propiedad, abriéndose un registro y elaborándose un informe que se llamó Informe de la Ley Agraria, realizado por Jovellanos, donde se recomienda «liberar» algunas tierras.

En 1833, el registro no se ha terminado, justo cuando estalla la Guerra Carlista, que provoca un aumento del déficit. En 1835, España está arruinada y los bancos extranjeros no dan créditos. Al mismo tiempo, los progresistas quieren cambios constitucionales y se llama a formar parte del Gobierno al economista Juan Álvarez de Mendizábal, que inicia un proceso de desamortizaciones. Básicamente son dos y siempre bajo el gobierno de los progresistas, Mendizábal y Madoz.

Desarrollo

Desamortización de Mendizábal

Este señor fue importante en la masonería y había sido ministro de Argentina. Fue elegido por los progresistas para que implantara el liberalismo en España y consiguiera dinero para ganar la Guerra Carlista.

Mendizábal cree necesario conseguir partidarios al liberalismo entre la nobleza y la gente con ahorros que no se habían definido por ningún bando. Al mismo tiempo, considera que debe atacar a la Institución eclesiástica para conseguir que el carlismo pierda fuerza, ya que los religiosos son partidarios de la descentralización, que era como ellos funcionaban.

Mendizábal, sin aprobación de las Cortes, elabora una serie de decretos leyes sancionados por la regente, los cuales son:

1. Renovación de las desvinculaciones de las Cortes de Cádiz. Esto supone que desaparezca el derecho a usufructo. Con esta medida, la nobleza se apresura a registrar sus propiedades y se acaba el catastro. Algunos colonos que tienen ahorros empiezan a comprar tierras.
2. Disolución de las Órdenes Religiosas, exceptuando las que se dedican a hospitales. Esto significa que se prohíbe la vida conventual. La medida es un ataque frontal a la libertad del individuo para decidir cómo quiere vivir, pero también un ataque a los carlistas, que defienden esta forma de vida.
3. Nacionalización de los bienes de clero y enajenación o venta referida a los bienes raíces, es decir, propiedades rústicas y urbanas de carácter conventual, que posteriormente se ampliará también a las parroquias. Todo se cierra, colegios, universidades, asilos de ancianos y hospederías, dirigidas por hermandades religiosas. Esto significa que el Estado se hace cargo de los colegios y la enseñanza y transforman edificios privados en públicos. Pero también pone a la venta en pública subasta el 80% de las propiedades eclesiásticas derribadas y muchos edificios, sacando al extranjero obras de arte y dando facilidades para su compra. Se tenía que pagar la quinta parte del valor en el momento de la adjudicación y el resto en diez años con un interés del 5%. Como resultado, solo podían comprar los que tenían dinero. Mendizábal consiguió algo de dinero para comprar armas y que los liberales ganaran la guerra.

Desamortización de Madoz

Durante el reinado de Isabel II, ya en la mayoría de edad, se intenta modernizar España en infraestructuras para que pueda crecer el comercio. En Europa, el tendido ferroviario está muy expandido, pero en España no hay dinero.

Cuando los progresistas suben al poder, deciden conseguir dinero mediante una nueva desamortización. En este caso, el Ministro de Economía, Madoz, decide la venta de todas las propiedades bienes raíces del Estado, de la Iglesia, de las Órdenes Militares, de las cofradías y hermandades. Esto afecta fundamentalmente a las tierras llamadas yermas, baldías o de nadie. En su mayoría no eran de nadie, estaban bajo el control de los ayuntamientos y todo el mundo podía hacer uso de ellas.

Se dieron más facilidades de pago que en la desamortización anterior: se pagó de entrada un 10% y el resto era sin interés a pagar en 50 años. En un año se vendió todo.

Esta desamortización fue muy positiva para el Estado, porque obtuvo dinero de manera progresiva en los 50 años siguientes y no fue necesario subir los impuestos, por lo que los empresarios pudieron crear puestos de trabajo. El ferrocarril se construyó.