La Revolución de 1868 y la Restauración Borbónica

La Revolución de 1868: La Gloriosa

Las causas de la Revolución de 1868, conocida como “La Gloriosa”, fueron la crisis económica y el deterioro político.

La crisis económica se caracterizó por:

  • Crisis financiera: Provocada por la bajada de la Bolsa originada a raíz de la crisis de los ferrocarriles.
  • Crisis industrial.
  • Crisis de subsistencias: Causada por las malas cosechas.

La crisis política ocurrió cuando el Partido Progresista y el Partido Demócrata se unieron debido a la forma autoritaria de gobierno del Partido Moderado y el apoyo que recibía de Isabel II. En 1867, firmaron el Pacto de Ostende, que proponía el fin de la monarquía isabelina y dejaba la decisión sobre la nueva forma de gobierno en manos de unas cortes constituyentes, elegidas por sufragio universal. A dicho pacto se adhirieron los unionistas después de la muerte de O’Donnell.

En septiembre de 1868, se protagonizó un alzamiento militar en Cádiz, al que se sumaron Prim y Serrano. El gobierno de la reina Isabel II se aprestó a defender el trono con las armas. Se encontraron en el puente de Alcolea, donde se libró una batalla que dio la victoria a las fuerzas afines a la revolución. El gobierno dimitió y la reina se exilió.

En la revolución hubo un gran protagonismo de las fuerzas populares en muchas ciudades españolas. Se constituyeron juntas revolucionarias y se creó un gobierno provisional presidido por Prim e integrado por progresistas y unionistas, con el general Serrano como regente. En enero de 1869, se convocaron elecciones a cortes constituyentes.

La Constitución de 1869

En enero de 1869 se convocaron elecciones a cortes constituyentes mediante sufragio universal masculino. La victoria fue para la coalición gubernamental monárquica formada por unionistas, progresistas y demócratas. Aparecieron dos importantes minorías: los carlistas y la republicana.

La Constitución de 1869, la primera democrática de la historia de España, estableció un amplio régimen de derechos (ej: manifestación y de coalición) y libertades (ej: enseñanza, religión) e igualdad para obtener empleo. También proclamaba la soberanía nacional, declarándose monárquica, pero el poder de realizar las leyes residía únicamente en las Cortes.

Uno de los objetivos era reorientar la política económica, estableciendo una legislación que protegiera los intereses económicos de la burguesía. Esta etapa se caracterizó por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español a la entrada del capital extranjero. Sin embargo, continuó el problema de la deuda, frustrando las aspiraciones del pueblo y conduciendo a una fuerte conflictividad social. El campesinado reclamaba el repartimiento de tierras, y el movimiento obrero se radicalizó en la demanda de trabajo.

Proclamada la constitución y con el trono vacante, las cortes establecieron una regencia que recayó en el general Serrano, mientras Prim fue designado jefe del gobierno.

El Reinado de Amadeo de Saboya

Según la Constitución de 1869, España fue declarada una monarquía parlamentaria. El rechazo de la dinastía portuguesa y la oposición de Francia al pretendiente alemán limitaron las posibilidades. Finalmente, en 1870, las cortes eligieron a Amadeo de Saboya (hijo de Víctor Manuel II), de carácter democrático y perteneciente a una dinastía popular. El nuevo monarca fue proclamado rey en 1871, sólo unos días después del asesinato de su consejero Prim.

La nueva dinastía contaba con escasos apoyos. Satisfacía a progresistas y unionistas, pero no a todos los sectores. Contaba con la oposición de los moderados, fieles a los Borbones, que pedían el trono para Alfonso, hijo de Isabel II. También con la oposición de los carlistas, que intentaron una insurrección armada esperando sentar a Carlos VII en el trono.

Amadeo I tampoco contaba con el respaldo de los sectores populares (en su mayoría republicanos) que aspiraban a acabar con la monarquía. Esta situación llevó a revueltas apoyadas por los anarquistas. Incluso una parte del ejército le negó el apoyo, lo cual fue especialmente grave al desencadenarse el segundo conflicto carlista y la guerra de los diez años de Cuba.

El reinado de Amadeo I estuvo marcado por la crisis económica y las luchas entre los grupos políticos. La crisis final fue resultado de la desintegración de la coalición gubernamental. Renunció al trono en 1873 ante las cortes, que dieron paso a la Primera República.

La Primera República

Tras la renuncia al trono de Amadeo I de Saboya, las Cortes proclamaron una república en febrero de 1873. Para presidir el gobierno fue elegido el republicano federal Figueras. A pesar de haber obtenido la mayoría de los votos, no contaba con muchos apoyos. Por un lado, una gran parte de los monárquicos votaron a favor para ganar tiempo antes de intentar restaurar a los Borbones. Por otro lado, el nuevo régimen no fue reconocido internacionalmente por las potencias, a excepción de Suiza y EEUU.

Sólo las clases populares recibieron con alegría la República, pues aspiraban a un cambio social profundo. Por ello, crearon juntas revolucionarias, pero gran parte de los dirigentes, respetando la legalidad, las disolvieron y acabaron con las protestas.

Se convocaron elecciones a cortes constituyentes, que proclamaron una república democrática federal. Figueras pasó el cargo a Pi y Margall, de carácter reformista. Se propuso una constitución que no llegó a ser aprobada y que declaraba un estado no centralista compuesto por 17 estados regionales con gran autonomía.

La Primera República tuvo que enfrentarse a graves problemas que paralizaron la acción gubernamental, entre ellos los conflictos armados de la guerra carlista y la guerra en Cuba. El cantonalismo fue el problema más grave. Se proclamaron cantones independientes con sus propios gobiernos y leyes en zonas controladas por republicanos y anarquistas, sobre todo en Levante y Andalucía. Pi y Margall dimitió al negarse a acabar con esta revuelta por la fuerza y fue sustituido por Salmerón, que intervino militarmente y acabó con la insurrección. Se llegó a firmar las penas de muerte contra los líderes cantonalistas y la presidencia pasó a Castelar, republicano unionista (contrario al federalismo), con el que comenzó una etapa conservadora en la que gobernó de forma autoritaria al margen de las cortes. Al ser estas reabiertas, ante el miedo a un posible gobierno de izquierdas, el general Pavía asaltó el congreso y disolvió las cortes en enero de 1874. Entregó el poder a una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano, que dio paso a una etapa conservadora. La base social del Gobierno de Serrano apoyaba la vuelta de Alfonso de Borbón. Cánovas dio a conocer su ideario político en el Manifiesto de Sandhurst y el general Martínez Campos se pronunció militarmente en Sagunto en 1874, lo que supuso la restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII y la regencia de Cánovas hasta el regreso del rey en enero de 1875.

El Sistema Político de la Restauración

El pronunciamiento militar del general Martínez Campos en Sagunto en 1874 supuso la restauración de la monarquía borbónica. Hasta su regreso en enero de 1875, sería regente Cánovas, quien había diseñado un modelo político en el Manifiesto de Sandhurst.

Los conservadores apoyaban la restauración para dar estabilidad al país, superar los enfrentamientos civiles e impedir las intervenciones de los militares en la política. Para lograr esto, Cánovas planteó el objetivo de pacificar el país. Por un lado, la restauración logró el apoyo de algunos carlistas a Alfonso XII; el resto fueron derrotados militarmente, sustituyendo los fueros por un sistema de conciertos económicos. El final de la guerra carlista ayudó a acabar con la guerra en Cuba, aunque hubo otros conflictos posteriormente. Otro objetivo era la aprobación de la nueva Constitución en 1876, en la que se diseñó un sistema bipartidista basado en la alternancia del poder de los dos partidos dinásticos: el conservador, liderado por Cánovas, y el liberal, de Sagasta. Ambos aceptaron un turno pacífico que no dependía de las elecciones, sino del rey, quien actuaba en función del desgaste del gobierno.

Este turnismo se basaba en el falseamiento electoral. Los caciques de las provincias, quienes acumulaban poder económico e influencia social, condicionaban el voto agradeciendo con favores. En caso de no ser suficiente, los gobernadores llegaban a manipular las actas electorales en un proceso que se conocía como el pucherazo.

Este sistema se mantuvo sin problemas hasta la muerte de Alfonso XII en 1885. En ese momento, los conservadores y liberales firmaron el Pacto del Pardo, con el que apoyaban la regencia de María Cristina. Sin embargo, el asesinato de Cánovas, el desastre del 98 y la división de los liberales provocaron una crisis del sistema, que intentaría renovarse tras la mayoría de edad de Alfonso XIII en 1902.

La Constitución de 1876

Las Cortes elegidas tras la vuelta de Alfonso XII aprobaron una constitución en 1876, ejemplo del liberalismo doctrinario, puesto que incluye la soberanía compartida.

Se trata de un texto de carácter conservador basado en valores tradicionales de monarquía, religión y propiedad privada. Se otorga a la monarquía amplios poderes: el derecho a veto, el nombramiento de los ministros y senadores y el derecho de disolución de las Cortes.

Estas estaban formadas por un Congreso elegido por sufragio (general o censitario) y un Senado formado por miembros por derecho propio y por miembros nombrados por el rey con carácter vitalicio. El estado se declara confesionalmente católico y restablece el presupuesto de culto y clero. Se toleran otras religiones, pero no pueden realizar actos en público. La Constitución recoge una declaración de derechos, pero estos son limitados posteriormente por leyes.

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