Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

La invasión francesa obligó a las diferentes corrientes ideológicas a tomar partido. Una minoría de españoles, conocidos como afrancesados, colaboró con la monarquía de José I. Procedentes del despotismo ilustrado, se sentían vinculados con su programa reformista y apostaban por modernizar España. La mayor parte de la población española formó el frente patriótico, oponiéndose a la invasión. En este bando, los conservadores o serviles deseaban la vuelta al absolutismo bajo la monarquía de Fernando VII, defendían la tradición y la religión católica y rechazaban todo cambio social. Sin embargo, los liberales vieron en la guerra la oportunidad de realizar una profunda transformación que acabara con el Antiguo Régimen.

La Junta Suprema Central se disolvió en enero de 1810, dejando una regencia formada por cinco miembros. Se convocaron Cortes en Cádiz, única ciudad no conquistada por Napoleón, y se organizó una consulta al país, a través de las Juntas provinciales o de los ayuntamientos, sobre las reformas que debían realizarse. El proceso de elección de diputados a Cortes fue difícil y se optó por elegir sustitutos, muchos residentes en Cádiz. Las Cortes se abrieron en septiembre de 1810 y se formó una cámara única, frente a la tradicional representación estamental. La mayoría liberal acordó el principio de soberanía nacional.

Las Cortes elaboraron una Constitución, promulgada el 19 de marzo de 1812, conocida popularmente como La Pepa. La estructura del Estado correspondía a una monarquía limitada, basada en la división de poderes.

• El poder legislativo, las Cortes unicamerales, representaban la voluntad nacional.
• El monarca era la cabeza del poder ejecutivo e intervenía en la elaboración de las leyes con veto suspensivo durante dos años.
• La justicia estaba a cargo de los tribunales y se establecían los principios básicos de un Estado de derecho.

La Pepa recogía una declaración de derechos del ciudadano:

• La libertad de pensamiento y opinión
• La igualdad de los españoles ante la ley
• El derecho de petición
• La libertad civil
• El derecho de propiedad
• El reconocimiento de todos los derechos legítimos de los individuos

Además, el texto constitucional plasmaba el compromiso entre los sectores de la burguesía liberal y los absolutistas, al afirmar la confesionalidad católica del Estado.

Tras aprobar la Constitución, las Cortes siguieron legislando para acabar con el Antiguo Régimen:

• Supresión de los señoríos jurisdiccionales y los mayorazgos
• Abolición de la Inquisición
• Libertad de trabajo y anulación de los gremios

Sin embargo, la situación en guerra impedía ejecutar estas decisiones.

El reinado de Fernando VII (1814-1833)

Tras la retirada francesa, las Cortes dispusieron que Fernando VII viajara directamente a Madrid para jurar la Constitución. Sin embargo, los absolutistas se organizaron para demandar la restauración del absolutismo (Manifiesto de los Persas) y movilizaron al pueblo. Fernando VII, apoyado por algunos mandos militares y tras comprobar el fuerte apoyo popular, traicionó sus promesas y, mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz y anunció la vuelta del absolutismo. Los principales dirigentes liberales fueron detenidos, asesinados o huyeron al exilio. Otros se organizaron en sociedades secretas relacionadas con la masonería.

Fernando VII y su gobierno intentaron rehacer un país destrozado por la guerra, con la agricultura deshecha, el comercio paralizado, las finanzas en bancarrota y todos los territorios americanos en lucha por la independencia. La monarquía procedió a la restauración de todas las antiguas instituciones del régimen señorial y de la Inquisición. Sin embargo, el apoyo a la Corona no suponía que la población quisiese una mera vuelta al pasado. El campesinado había dejado de pagar las rentas señoriales y las protestas se sucedían, la libertad de fabricación y de mercado había permitido el desarrollo de empresas y negocios y gran parte de la burguesía urbana quería libertades que garantizaran su actividad económica y cultural. La difícil integración de jefes de la guerrilla en el ejército originó el descontento de los militares más afines al liberalismo. A lo largo del sexenio se produjeron diversos pronunciamientos militares liberales (Espoz y Mina, Díaz Porlier, Lacy) y la represión fue la única respuesta de la monarquía.

El Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael del Riego, al frente de una compañía de soldados pendientes de embarcar para combatir en las colonias americanas, se sublevó y recorrió Andalucía proclamando la Constitución. La pasividad del ejército, la acción de los liberales en las ciudades y la neutralidad de los campesinos obligaron al rey Fernando VII a aceptar la Constitución el 10 de marzo, iniciándose así el Trienio Liberal (1820-23). Se formó un nuevo gobierno con liberales moderados (Pérez de Castro), que proclamó una amnistía y convocó elecciones a Cortes. Los resultados electorales dieron la mayoría a los diputados liberales, que iniciaron una obra legislativa. Restauraron gran parte de las reformas de Cádiz como la supresión del diezmo, la liberalización de la industria y el comercio, la eliminación de señoríos, etc. Se formaron ayuntamientos electivos y se creó la Milicia Nacional, un cuerpo de voluntarios armados para defender el régimen constitucional.

Todas estas reformas suscitaron la oposición de la monarquía. Fernando VII había aceptado el nuevo régimen forzado y paralizó cuantas leyes pudo. Al mismo tiempo, las nuevas medidas liberales provocaron el descontento del campesinado, ya que abolían los señoríos jurisdiccionales, pero convertían a los antiguos señores en propietarios y a los campesinos en arrendatarios que podían ser expulsados de las tierras si no pagaban. Además los nuevos impuestos eran ahora pagados en metálico y se anunciaba la venta de bienes comunales de los que se beneficiaban las familias más pobres. De este modo, los campesinos se sumaron a la agitación antiliberal. Por su parte, la nobleza y la iglesia, defensoras del Antiguo Régimen, impulsaron la revuelta, organizando partidas absolutistas y un verdadero gobierno rebelde (la Regencia de Urgel) en 1822.

Las tensiones se produjeron también entre los liberales, que se dividieron en dos tendencias: los moderados, partidarios de reformas limitadas que no perjudicasen a las élites sociales y los exaltados o radicales, que planteaban la necesidad de reformas radicales, favorables a las clases medias. San Miguel, representante de la facción radical, fue el último primer ministro del Trienio y prácticamente secuestró al rey. Para poner fin a los conflictos acudió la Santa Alianza, que atendiendo las peticiones de Fernando VII, encargó a Francia la intervención en España. En abril de 1823, unos 100.000 soldados (los Cien Mil Hijos de San Luis), al mando del duque de Angulema, irrumpieron en territorio español y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto.

La Década Ominosa (1823-1833)

El monarca desencadenó una nueva represión contra los liberales, dando comienzo a la llamada Década Ominosa (1823-33). En los años siguientes se produjeron episodios tan llamativos como la ejecución de Mariana Pineda o el fusilamiento del general Torrijos. La otra preocupación de la monarquía fue el problema económico. Las dificultades de la Hacienda, agravadas por la pérdida definitiva de los territorios americanos, forzaron a un estricto control del gasto público, dado que era imposible aumentar la recaudación sin tocar los privilegios. A partir de 1825, el rey, acuciado por los problemas económicos, buscó la colaboración del sector moderado de la burguesía. Esto provocó la desconfianza de los absolutistas y de los sectores más conservadores de la corte (el ministro Calomarde), mientras que en Cataluña se levantaban partidas realistas (los Malcontents) con el fin de las cesiones al liberalismo moderado. En la corte, dicho sector se agrupó alrededor de Carlos María Isidro, hermano del rey y su previsible sucesor en virtud de la Ley Sálica. Sin embargo, el cuarto matrimonio de Fernando VII dio una hija, Isabel, que se convirtió en heredera al publicarse la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica. El enfrentamiento a la muerte del rey, en septiembre de 1833, estaba servido.