1. La Constitución de 1932 y el gobierno Azaña
Las Cortes Constituyentes elaboraron y aprobaron la primera constitución republicana de la historia de España. El objetivo de la Constitución era construir un régimen político de carácter democrático. Se reconoció el derecho de voto de la mujer y se regularon medidas de protección social y cultural. La Constitución además afrontó tres grandes problemas:
– Nueva división de poderes
La Constitución privilegiaba el poder legislativo sobre los demás: las Cortes constaban de una sola cámara con capacidad de iniciativa legislativa, los gobiernos debían lograr la confianza del Parlamento, los posibles conflictos entre poderes se confíaban a un Tribunal de Garantías Constitucionales y aparece la figura del presidente de la República de elección indirecta.
– Separación entre la Iglesia y el Estado
El objetivo de la política religiosa era lograr una sociedad secularizada: se aprobaron la libertad de cultos y el matrimonio civil, se prohibió ejercer la enseñanza a las congregaciones religiosas, se suprimió la retribución del clero y se suprimió la Compañía de Jesús.
– Nueva organización territorial
La Constitución consideraba la República como un estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones.
Una vez aprobada la Constitución, fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora con el apoyo de la coalición republicano-socialista. Se acordó también no disolver las Cortes y que prosiguiesen con su labor hasta que se aprobasen una serie de leyes fundamentales.
Alcalá Zamora encargó a Azaña que formara gobierno. Su intención era que continuasen en el nuevo gobierno todos los sectores representados en el gobierno provisional. Pero la amplia coalición no se mantuvo. Lerroux, el principal dirigente del Partido Radical, rechazó permanecer en el gobierno si continuaban en él los socialistas. Azaña optó por la alianza de los republicanos de izquierdas y los socialistas, al considerarla la opción más estable.
2. Las reformas del gobierno Azaña
Fue el gobierno más estable de la República y el responsable de las principales acciones de reforma de todo el régimen. Se podrán destacar los siguientes ámbitos:
– La política de obras públicas
Diseñada por Indalecio Prieto, supuso una recuperación de la tradición de la dictadura de Primo de Rivera en obras hidráulicas y ferroviarias.
– La política educativa y cultural
El ministro socialista Fernando de los Ríos en Instrucción Pública llevó a cabo acciones tan señaladas como la duplicación del número de escuelas primarias, la creación de las Misiones Pedagógicas y el apoyo a la expansión universitaria, de la que fue ejemplo la Ciudad Universitaria de Madrid.
– En política económica
El catalanista Jaume Carner desarrolló una importante labor de equilibrio del presupuesto y del saneamiento económico.
– En política social
Largo Caballero prosiguió la legislación social iniciada en los primeros meses de la República, con decretos sobre intensificación de cultivos (1932) o la Ley de Contrato de Trabajo (1931).
3. La cuestión territorial: Los Estatutos de Autonomía
Uno de los problemas que se arrastraba desde la Restauración era la cuestión de diseñar una organización territorial del Estado que permitiera satisfacer las aspiraciones de las regiones con sentimientos nacionalistas. La constitución intentó resolver este problema mediante el reconocimiento del derecho de las regiones a constituirse en régimen de autonomía.
En Cataluña
Las reivindicaciones catalanas se encauzaron de acuerdo con la Constitución, a través del Estatuto de Cataluña, aprobado en septiembre de 1932. Cataluña se convertía en una región autónoma con gobierno propio, la Generalitat, constituida por un Presidente, un Parlamento que elegía al Presidente y un Consejo Ejecutivo. Al Gobierno central quedaban reservados el orden público, la Defensa Nacional y las Relaciones Exteriores. Maciá fue elegido presidente de la Generalitat y Companys lo fue del Parlamento. La aprobación del Estatuto contó con una fuerte oposición en las Cortes y en la prensa de derechas, y despertó recelos en los medios militares.
La Autonomía del País Vasco
Siguió un rumbo bastante distinto al de la catalana, dada la posición que la coalición azañista presentó al nacionalismo vasco por su carácter foralista y católico.
También faltaba acuerdo en las sociedades vascas y Navarra
A pesar del empeño del Partido Nacionalista Vasco, el Estatuto de Autonomía no logró ser aprobado en todas las provincias. En 1932 los ayuntamientos de Navarra lo rechazaron, y en el plebiscito de 1933 el apoyo de la población de Álava no alcanzó la mitad del censo. El proceso se retomó tras la victoria del Frente Popular en 1936.
La Autonomía de Galicia
No llegó a concretarse a pesar de haber sido aprobado por los ayuntamientos un texto estatuario en 1932. Su aprobación en plebiscito tuvo lugar en junio de 1936, pero el estallido de la guerra impidió su puesta en vigor.
4. La Reforma Agraria
La Reforma Agraria fue la obra de mayor envergadura del bienio de izquierdas. Esta reforma intentaba transformar la estructura agraria española, al crear una numerosa clase de pequeños propietarios dotando de tierra al campesino y acabar con el latifundismo. Para ello se expropiaría mediante indemnización las grandes propiedades, así como las tierras que eran arrendadas sistemáticamente. La Ley preveía un ritmo de asentamiento anual de 60.000 a 70.000 campesinos. Pero el Instituto de Reforma Agraria (IRA) creado al efecto, no contó con dinero suficiente para alcanzar esas metas.
5. La oposición a las reformas y el fin del Bienio Reformista
La obra del bienio reformista provocó una fuerte oposición tanto en la izquierda como en la derecha. En agosto de 1932, la sublevación del general Sanjurjo en Sevilla evidenció la protesta de los sectores afectados por las reformas del Gobierno. El movimiento militar fracasó y sus dirigentes fueron condenados a muerte, pena que fue conmutada por la de cadena perpetua. En contrapartida, las protestas de la izquierda por la lentitud de la Reforma Agraria fueron causa del alzamiento anarquista que acabó con los sangrientos sucesos de Casas Viejas, donde tuvo lugar una matanza de campesinos por parte de la Guardia Civil. Este dramático episodio provocó la dimisión de Manuel Azaña en septiembre de 1933. El presidente de la República disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones.
6. La caída del gobierno Azaña
La crisis del Partido Radical Socialista, apresurado por discrepancias internas, afecta también al ejecutivo. La ruptura de la coalición republicano-socialista supone la caída del gobierno presidido por Azaña en septiembre de 1933. Tras dos gobiernos breves dirigidos por los radicales, el Presidente de la República se inclina por la disolución de las Cortes, lo que conduce a una convocatoria de elecciones en noviembre.