Manifiesto de Primo de Rivera

Clasificación

Nos encontramos ante un manifiesto del General Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña en 1923, hombre destacado en los años anteriores por su colaboración en la represión del activismo obrero que desde 1917 asoló Barcelona. El texto es expositivo y argumentativo y llega a la nación a través de un bando publicado en la prensa, en este caso, la local de Barcelona. El autor expone sus objetivos, muy centrado en el tema político y en la resolución del drama marroquí. Este manifiesto data del 13 de septiembre de 1923.

Análisis

En este texto, referente al Manifiesto del general Primo de Rivera, se puede distinguir dos partes. En la primera, se exponen las razones de la sublevación, mostrándolas como incontestables y justas; y en la segunda, se lanza una velada advertencia contra aquellos que puedan ponerse en contra de la iniciativa, con el objetivo de conseguir el mayor número de adhesiones posibles.

Contexto Histórico

El golpe del 13 de septiembre de 1923 puso fin a la larga crisis sufrida por el sistema de la Restauración y su impotencia para abordar los problemas que aquejaban al país. Desde 1917, dicho sistema no acertaba a dar solución a la cuestión de la guerra en Marruecos, al tiempo que era cuestionado desde el movimiento sindical, los nacionalismos periféricos y fuerzas políticas externas al turnismo de liberales y conservadores. El pistolerismo que asoló la ciudad de Barcelona y otros puntos del país, las movilizaciones campesinas intensificadas a partir de 1918 en Andalucía y que dieron lugar al llamado «Trienio Bolchevique», además de otras movilizaciones por parte de los obreros de la construcción e industria, destacando la huelga de la Canadiense en 1919 en Barcelona, fueron muestras del desorden en el que estaba envuelta la nación. Todo ello fueron consideradas razones para que el Ejército se hiciera cargo de los destinos de España, considerando necesaria una regeneración del país a través de un régimen militar de carácter temporal que rectificase los rumbos de la nación. Desde la ley de jurisdicciones (1906) que otorgaba a los tribunales militares competencias para juzgar determinados delitos hasta el florecimiento del fenómeno de las Juntas de Defensa (1917), los cientos de banderas no habían hecho sino acrecentar su influencia política. Además, las responsabilidades por el desastroso devenir de la guerra aconsejaban una pronta respuesta emanada del ejército. Incluso el propio Alfonso XIII venía contemplando la delicada situación del país, y cuando el pronunciamiento estalló el 13 de septiembre lo sancionó y le dio todo su regio apoyo.

Comentario de las Ideas

En el texto se detectan una serie de términos que nos dan algunas claves sobre las motivaciones y objetivos de la sublevación. El primer párrafo recoge un ataque frontal a la «vieja política» y una justificación del pronunciamiento tal y como se expresa, los sublevados no deseaban forzar la legalidad vigente, pero la necesidad de salvar la Patria pudo más en sus ánimos que el respeto a las formas legales. De forma clara determina «el cuadro de desdichas e inmoralidades» imputable a los «profesionales de la política» y sus derivaciones: una «política de cambalaches» que tenía secuestrada hasta la «voluntad real». El desastre del 98 seguía en la conciencia colectiva y se la identificaba como el punto de avance de la crisis del sistema de la Restauración. Pero nadie era culpable más que los políticos. Aquella «satanización» de la política se conjugaba con el deseo de erradicar el caciquismo y regenerar la vida pública, limpiándola de corruptezas e irregularidades que procedían de los partidos dinásticos y del turnismo que practicaban, el cual fracasó tras la crisis de 1917, dificultando la formación de gobiernos con mayorías parlamentarias y acentuando la inestabilidad política. Se anuncia lo que piensan hacer los pronunciados: gobernar con hombres civiles «que representen nuestra moral y doctrina». En estas palabras se demostraba un mayor peso en el instrumental moralizante de los aspirantes al poder con respecto a propuestas concretas de gobierno, característica del singular régimen primorriverista: más moral que programa; más doctrina que proyecto; más voluntarismo que planificación. Hay otros dos términos que resultan interesantes de destacar: «patria» y «rebeldías mansas». Con el segundo aludía a las quejas de las dificultades ante los gobiernos. Un ejemplo de ello pudieron ser las Juntas de Defensa, órganos que velaban por los intereses de los jefes y oficiales ante las disposiciones del Ministerio de Guerra.

El término «responsabilidades» emanaba una etérea promesa de revisar y castigar las pasadas irregularidades. Especialmente, se refería a los problemas derivados de las «responsabilidades» por los desastres ocurridos en el curso de la guerra marroquí, concretamente la tragedia de Annual, donde los rifeños derrotaron a las tropas españolas. La exigencia de responsabilidades forzó al gobierno a nombrar una comisión presidida por el general Picasso para delimitar las responsabilidades militares. Tanto el rey, como los partidos dinásticos y los militares se vieron envueltos en los debates sobre las responsabilidades, acrecentando el desprestigio general del régimen. El envío del expediente Picasso a las Cortes, en el que se proponía el procesamiento de 39 oficiales, abrió también el debate de las responsabilidades políticas. El gobierno de concentración de Prieto intentó salvar el régimen, y aceptó formar la comisión de responsabilidades políticas para dirimir las acusaciones contra el rey, los militares y los políticos, pero poco antes de que el informe elaborado por la comisión llegara a las Cortes, Primo de Rivera encabezó el golpe de Estado. Sin embargo, su intento de revisar y castigar estas irregularidades no se cumplió y finalmente, se dio carpetazo al asunto en 1924. El último párrafo extractado cierra las justificaciones del golpe: es el pueblo sano el que había demandado e impuesto la legitimidad, pues, se situaba en una virtual opinión popular. No decía cómo pero sí qué males iba a combatir: el pistolerismo, las intrigas políticas, el problema marroquí, etc.

Pero la cuestión no se resolvía en el mismo acto de la sublevación. Era necesario un programa y unos objetivos dados que cumplir. Y eso precisamente fue de lo que careció Miguel Primo de Rivera. Su dictadura se convirtió en todo un Sexenio con dos etapas bien diferenciadas: Directorio militar y la de la Dictadura civil. Pretendió erradicar el sistema caciquil, quiso dar a los municipios vida autónoma y fortaleza, buscó la reordenación del espectro político a través de la creación de un partido «desde arriba» («La Unión Patriótica») e intentó construir un nuevo sistema constitucional a través de la «Asamblea Nacional Consultiva» (1927). Pero todos sus propósitos políticos acabaron en fracaso.

Conclusión y Alcance

La consecuencia fundamental desprendida de la sublevación fue el establecimiento de un «Directorio Militar». Las primeras actuaciones del nuevo gobierno se centraron en remodelar los organismos públicos, especialmente los de la Administración local. Envió jefes y oficiales del Ejército a la tarea de supervisar los municipios en la condición de delegados gubernativos. Detrás de estas medidas había un objetivo claro: acabar con el caciquismo. Sin embargo, no fue así. El régimen primorriverista tuvo que apoyarse en los caciques para formar ayuntamientos o erigir su atípico partido: la «Unión Patriótica». Económicamente, la Dictadura conjugó una política proteccionista con la puesta en marcha de un desarrollo material indudable. El Estado, a través de inversiones políticas, desempeñó un destacado papel de dinamizador de la vida económica, alentada por otra parte por la positiva coyuntura de los años veinte. Como resultado, mejoraron las comunicaciones, se amplió la red de escuelas, etc. Por otro lado, los gastos del Estado se sufragaron con deuda pública, lo que hipotecó al país durante años. Fue en 1926 cuando se creó la «Organización Corporativa Nacional» (eje del modelo fascista) en el intento de crear una ordenación de los sectores productivos a través de un sistema de sindicalismo vertical, aunque de parciales resultados. En el afán por controlar desde el Estado una parte de la economía, la Dictadura fundó monopolios como la Telefonía (1924). Todos aquellos cambios produjeron alteraciones en la vida de los españoles durante los años veinte: nuevas modas, proliferación de automóviles, etc. El balance político, sin duda, fue más pobre. El régimen fue quedándose solo, sin apoyos y cuestionado desde diversas instancias. Todo ello comenzó a verse a través de conjuras y huelgas desatadas contra la dictadura. Algunos colaboradores de Primo de Rivera cortaron sus amarras y el propio Calvo Sotelo abandonó sus cargos con alivio. Finalmente, al encontrarse el dictador sin el respaldo del Ejército, se vio obligado a dimitir, marchándose de España. Pero el nuevo gobierno del general Berenguer no pudo corregir las alteraciones producidas por la Dictadura. Y los 15 meses que mediaron entre la caída de Primo y el 14 de abril de 1931 fueron una rampa inclinada hacia la llegada de la Segunda República (1931-1936).

Bibliografía

• CARR, Raymond. Historia de España. Barcelona, Península, 2001.
• PÉREZ, Joseph. Historia de España. Barcelona, Crítica, 2003.