El derrocamiento de Isabel II

Esta revolución puso fin al reinado de Isabel II. Se produjo el 19 de septiembre de 1868, cuando la escuadra del brigadier Topete se sublevó contra el gobierno. Prim sublevó sucesivamente Málaga, Almería y Cartagena. Pronto, se constituyeron Juntas Revolucionarias que organizaron el alzamiento y lanzaron llamamientos al pueblo. Las consignas eran similares en todas partes: sufragio universal, abolición de los impuestos de consumos y de las quintas, y elecciones a Cortes constituyentes. Cuando las escasas tropas fieles al gobierno fueron derrotadas en Alcolea, el gobierno dimitió. Isabel II partió hacia Francia el 29 de septiembre de 1868.

Al Pacto de Ostende, firmado por progresistas y demócratas en el exilio para conspirar contra la monarquía, se sumaron los unionistas en 1868, tras la muerte de O’Donnell, ahora bajo el liderazgo de Serrano, convencido de la inviabilidad del régimen. Estos constituyeron un Gobierno provisional y ordenaron disolver las Juntas y desarmar a la Milicia Nacional que les había dado apoyo.

Las diferentes fuerzas sociales confluyeron hacia la revolución, puesto que el gobierno isabelino era incapaz de solventar la crisis económica. Fue encabezado por los generales Serrano, Prim, Topete y Ros de Olano.

El Gobierno Provisional y sus reformas

El gobierno provisional, liderado por Serrano y Prim, puso en marcha un programa de reformas. Se aprobó la reforma de la enseñanza, la democratización de Ayuntamientos y Diputaciones y la emancipación de los hijos de los esclavos en las colonias. El Gobierno provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes. Estas dieron la victoria a los progresistas, unionistas y un sector de los demócratas, creándose dos importantes minorías: la carlista y la republicana. La monarquía se mantuvo, correspondiendo al rey el poder ejecutivo y la facultad de disolver las Cortes.

Fuerzas políticas

El reconocimiento del sufragio universal tuvo importantes consecuencias en la organización de los partidos. La política estaba dominada por cuatro tendencias:

• Los moderados, fieles a Isabel II, reclamaban su vuelta al trono y obtenían el apoyo de la burguesía agraria latifundista. Entre sus líderes destacaba Cánovas del Castillo.
• La conjunción monárquico-democrática, integrada por los firmantes del Pacto de Ostende, contaba con el apoyo de la burguesía financiera e industrial, de las clases medias urbanas, de sectores del ejército e intelectuales liberales.
• Los republicanos, con 70 diputados dirigidos por Pi y Margall, Figueras y Castelar, eran partidarios de amplias reformas sociales y políticas: defendían la república, la supresión de las quintas y la abolición de la esclavitud.

Política económica

Uno de los objetivos de la revolución de 1868 era reorientar la política económica. Se pretendía establecer una legislación que facilitara la implantación del capitalismo y protegiera los intereses económicos. La política se caracterizó por el librecambismo y la apertura al capital extranjero, buscando favorecer la competencia y la libre iniciativa, y transformar las estructuras comerciales e industriales.

Se suprimió la contribución de consumos, sustituida por un impuesto personal y universal. Se fijó la peseta como unidad monetaria. El problema más grave fue la Deuda Pública, que ascendía a 22.109 millones de reales, con unos intereses de 591 millones, más las deudas a la banca extranjera. La situación de Hacienda forzó a utilizar parte del patrimonio minero.

La Ley de Bases Arancelarias acabó con la tradición proteccionista, a lo que se opusieron los industriales algodoneros catalanes y los cerealeros del interior.

La búsqueda de un rey demócrata

La revolución de 1868 significó la afirmación de un nuevo liberalismo, el fin del «régimen de los generales» y el triunfo de la sociedad civil. Se reconoció la necesidad de amplios derechos políticos: sufragio universal, libertad de cultos, de reunión y asociación. El gobierno provisional convocó elecciones constituyentes, pronunciándose a favor de la monarquía.

El estallido de la revolución cubana fue uno de los problemas más graves del nuevo régimen. La mayoría parlamentaria liberal progresista consagró ideas liberales, que no coincidían con las de quienes aspiraban al cambio social, lo que provocó la queja de los grupos radicales.

Se intentó hacer efectivo el sistema de división de poderes, fortaleciendo las Cortes y asegurando la independencia del poder judicial. El poder ejecutivo quedaría como función de equilibrio y moderación entre las fuerzas políticas, sustentado en el sufragio universal.

Se instauró una regencia presidida por el general Serrano, mientras que Prim se erigió en jefe de Gobierno. Descartada la vuelta de Isabel II, Cánovas del Castillo comenzó a formar un partido Alfonsino para defender los derechos del futuro Alfonso XII.

Mientras se buscaba un rey, resurgió el problema colonial. La insurrección cubana se convirtió en uno de los problemas más graves del sexenio, durando diez años. Prim intentó conciliar las posiciones de los partidos. La propaganda republicano-federal se extendió por España, con movilizaciones que acabaron en respuestas anarquistas contra la propiedad privada.

Amadeo de Saboya aceptó el trono, tras recabar el consentimiento de las potencias europeas. Prim fue asesinado tres días antes de la llegada de Amadeo I a España. El fracaso de su reinado se debió a la falta de apoyo de la nobleza, fiel a Isabel II, y a la alta burguesía, preocupada por la inestabilidad política. Finalmente, el Congreso y el Senado proclamaron la República.