La Política Centralizadora
Sometimiento de las Cortes
Durante el siglo XVIII se establecieron unas Cortes únicas que reunieron a representantes de todos los territorios de España con la excepción de Navarra. Había dos procuradores por cada una de las 36 ciudades con derecho a representación. Tras la Guerra de Sucesión, solo se convocaron Cortes en tres ocasiones (1724, 1760 y 1789), siempre con motivo de la jura del heredero al trono. En las Cortes de 1789 fue derogada, además, la Ley Sálica. Las peticiones de los procuradores cayeron en el olvido o fueron denegadas.
Reformas en el Ejército y la Armada
El objetivo era crear un ejército permanente para la defensa de España. Para ello, se recurrió al reclutamiento triple:
- Voluntarios
- Levas obligatorias de vagos y maleantes
- La quinta o quintas, que era un reemplazo de varones no exentos aportados por cada pueblo.
Se creó, asimismo, una nutrida Guardia Real formada por soldados españoles y flamencos, a los que se suponía más leales contra los tumultos populares. Aunque la aristocracia siguió monopolizando los cargos de oficiales, con estas medidas se inició la creación de un auténtico ejército nacional.
Para la monarquía era imprescindible contar con una armada poderosa que defendiera la ruta hacia las Indias y los intereses españoles en el Mediterráneo.
Durante el reinado de Carlos III se dotó a la armada de una bandera única, que después se convertiría en la bandera de España. Pese a todo, el número de marinos españoles era muy reducido y apenas tenía experiencia en el combate, por lo que cuando fue preciso actuar, a finales del siglo XVIII, lo hicieron más como fuerza disuasoria que como flota ofensiva contra los barcos enemigos.
El Control sobre la Iglesia
Los Borbones también aplicaron en España el regalismo, culminando con la firma de un Concordato con la Santa Sede (1753) que estuvo vigente hasta el siglo XIX. El Concordato concedía a la Corona el derecho de patronato universal: el rey presentaba al papa sus candidatos a obispos y a casi todos los cargos eclesiásticos en sus dominios. El Estado ingresaría en sus arcas las rentas de los obispados que quedasen vacantes en lugar de enviarlas al papado.
La Intervención del Estado en la Economía
El pensamiento económico imperante en España en el siglo XVIII, sobre todo en su primera mitad, fue el mercantilismo. El objetivo de la política económica de los Borbones no solo era la mejora del bienestar de sus súbditos, sino también el incremento de recursos, especialmente fiscales, para lograr sus propósitos. Los gastos estatales más importantes eran los militares, que no pudieron recortarse hasta el reinado de Fernando VI, coincidiendo con una época de paz. A las inversiones militares le seguían el coste de la burocracia y el mantenimiento de la Corte, como la construcción de los costosos palacios. Para incrementar sus finanzas, los gobiernos de los Borbones llevaron a cabo reformas fiscales, crearon manufacturas estatales y promovieron la construcción de obras públicas.
Reformas Fiscales
Se adoptaron medidas para solucionar el problema del déficit estatal. Además del impuesto único establecido en los reinos orientales, que no fue obstáculo para un crecimiento económico importante, Ensenada intentó crear una única contribución sobre la renta aplicable a todos los estamentos en Castilla en sustitución de la alcabala y los millones.
Con este fin, se creó un censo conocido como el Catastro de Ensenada, de los recursos y de la riqueza existentes en Castilla. Este censo era muy detallado para la época; los datos los suministraban los intendentes y terminó de realizarse en 1754. La oposición de los privilegiados y la caída en desgracia de Ensenada impidió el desarrollo del catastro. Otro proyecto de Ensenada fue la recuperación para el Estado de los impuestos arrendados a particulares (1749). Esta medida proporcionó notables ingresos a la Hacienda estatal, que, al finalizar el reinado de Fernando VI, tenía superávit.