La Semana Trágica (1909)

La Semana Trágica de 1909 fue una auténtica insurrección popular contra la política social y colonial del gobierno español. Tras la pérdida de Cuba, el gobierno se había decantado por afianzar su presencia en Marruecos. El conflicto, además de otras cosas, supuso el enfrentamiento de los conservadores con una opinión pública española anticolonial y pacifista. Por otro lado, la situación de la clase trabajadora era muy dura en cuanto a condiciones de vida y salarios. La semana se amplió en su significado con las reivindicaciones obreras, el anticlericalismo y los planteamientos independentistas.

El ataque de fuerzas cabileñas a trabajadores españoles empleados en la construcción de una línea de ferrocarril en Melilla fue el punto de partida de este conflicto y de la guerra con Marruecos que no concluiría hasta la dictadura de Primo de Rivera. Coincidió con el gobierno conservador de Maura y se inició por la decisión de éste de mandar a Marruecos unidades de refuerzo formadas por reservistas que habían cumplido su servicio militar hacía años (los hijos de las clases altas podían pagar a otro para que fuera en su lugar).

La campaña socialista en contra arreció cuando el primer contingente de tropas salió del puerto de Barcelona. Ante el desastre militar («Desastre del Barranco del Lobo», donde murieron más de mil reservistas), socialistas y anarquistas proclamaron la huelga general el 25 de julio.

El gobierno declaró el estado de guerra en Barcelona: una semana insurreccional de lucha que al gobierno le costó mucho controlar. Barcelona se convirtió en una ciudad llena de barricadas y de iglesias ardiendo. Hubo una represión durísima, suspensión de sindicatos y cierre de escuelas laicas. Además, se ejecutó al anarquista Ferrer Guardia, uno de los fundadores de la Escuela Moderna, una experiencia pedagógica pensada para la educación de los hijos de obreros. El movimiento internacional de repulsa por esta ejecución terminó propiciando la dimisión del jefe de gobierno, Antonio Maura.

El siguiente gobierno liberal de Canalejas actuó en concordancia con lo sucedido: Ley del Candado (no se autorizaban nuevas congregaciones religiosas en España), que supuso la separación Iglesia-Estado (el Vaticano rompió sus relaciones con España), diálogo con el movimiento obrero, reforma del servicio militar (obligatorio para todos en tiempo de guerra, desapareció el soldado de cuota) y reforma educativa. Republicanos y obreros optaron por el anticolonialismo y el antimilitarismo como forma de identificación política.

España y la Primera Guerra Mundial (1914-1918)

Durante la Primera Guerra Mundial, la opinión pública española estaba dividida entre los aliadófilos (izquierdas demócratas partidarias de «los aliados»: Inglaterra, Francia, Rusia) y los germanófilos (oficiales del ejército y derechas en general: partidarias del bando liderado por Alemania).

Consecuencias sociales y económicas

La neutralidad favoreció el enriquecimiento de quienes suministraban productos a los países beligerantes. Sin embargo, en el interior se produjo una subida de precios que repercutía muy gravemente sobre las clases trabajadoras. La conflictividad social aumentaba irremediablemente, lo mismo que la conciencia, cada vez más extendida, de la necesidad de cambios profundos en el sistema político.

La crisis de 1917

El deterioro del ambiente político y la crisis inflacionista terminaron por producir un nuevo momento de crisis en el verano de 1917. Este fue un conflicto en el que confluyeron tres ejes: uno militar, otro social y otro político. El modelo de la Restauración no pudo superar sus consecuencias.

El sistema de ascensos dentro del ejército favorecía a los militares que pasaban un tiempo en Marruecos, puesto que los méritos de guerra eran más valorados para el escalafón. Los oficiales se veían afectados en su nivel de ingresos y de influencia real. Decididos a ejercer presión sobre el gobierno, formaron las llamadas Juntas de Defensa que nacieron con una cierta mentalidad «sindical» reivindicativa. Sus objetivos eran los siguientes:

• Subida de sueldos para los militares en España
• Exigir una mayor consideración al ejército

La nueva Ley del Ejército de 1918 terminó por dar una respuesta positiva a estas reivindicaciones y reforzó la posición de los militares en relación con la monarquía y con el futuro del país.

Al tiempo que los militares ponían al gobierno de Dato contra las cuerdas, los partidos opuestos al régimen, liderados por Cambó (Lliga), exigieron al gobierno que abriera las Cortes e iniciara un programa profundo de reformas. Ante la respuesta negativa, se inició en Barcelona, durante el mes de julio, la Asamblea de Parlamentarios que venía a significar el intento por parte de las fuerzas más avanzadas de «salirse» del sistema de la Restauración. El gobierno acusó a los parlamentarios participantes (más de sesenta) de separatistas y ordenó su disolución inmediata.

Coincidiendo con el inicio de la Asamblea de Parlamentarios (19 de julio), comenzó la huelga general convocada por CNT y UGT en las diferentes capitales del país. Los sindicatos creían que era un momento oportuno puesto que ejército y clase política estaban enfrentados con el gobierno.

La huelga asustó a la burguesía que había apoyado a los políticos rebeldes: ahora se quería que el gobierno controlara a los trabajadores y defendiera los intereses de los patronos. Por otro lado, la represión de la huelga quedó en manos de los militares (a pesar del apoyo popular con el que habían contado las reivindicaciones de las Juntas).

Monarquía, ejército y clase política, desprestigiados, quedaron unidos irremediablemente.