España Franquista: Censura, Autarquía y Represión (1939-1975)

La Censura en los Medios de Comunicación

Al menos hasta 1966, todas las publicaciones periodísticas españolas vieron mediatizada su labor informativa por la intervención directa de los poderes públicos, que delegaron en un cuerpo de funcionarios la facultad de ejercer la censura previa de las noticias y opiniones. El nombramiento y destitución de los directores de periódicos estuvo también en manos del Estado, así como el suministro de informaciones, servidas en exclusiva por una sola agencia de noticias gubernamental (Efe-Cifra). La Dirección General de Prensa daba consignas a los diarios para exaltar ciertos acontecimientos que beneficiaran la imagen de la Dictadura, o para silenciar otros considerados inconvenientes.

Las emisiones radiofónicas debieron reducir al mínimo sus programas, conectando con Radio Nacional de España para transmitir los «diarios hablados» de la emisora central. Y en las salas cinematográficas había que proyectar obligatoriamente el NO-DO, o «noticiario documental» cuyo protagonista habitual era Franco, antes de las películas que la censura se ocupaba de seleccionar y recortar.

La Autarquía Económica: Los «Años del Hambre»

La Guerra Civil provocó un retraso económico sin precedentes en toda España. Durante la contienda los rendimientos de la agricultura y la ganadería se redujeron, el ferrocarril quedó prácticamente inservible, medio millón de viviendas destruidas o inutilizadas, la producción industrial también se derrumbó.

Pero la pobreza general hay que atribuirla a la política económica basada en la autarquía. Es decir, un intento ineficaz de cubrir la demanda interna solo con producción nacional, sin recurrir a mercancías extranjeras. Con medidas autárquicas se pretendió que los productos españoles suplieran al máximo las importaciones y mediante fórmulas intervencionistas, el Estado se propuso controlar importantes sectores de la economía: racionamiento de artículos de consumo, creación de Renfe y puesta en marcha del Instituto Nacional de Industria para proteger la producción interior. Tales disposiciones no lograron ni de lejos el resultado esperado, así que se vivieron años de auténtica miseria.

En los años 50 se produjo una reducción paulatina del intervencionismo acorde con la política económica, diseñada por la Administración central para todo el Estado, que tuvo como colofón el Plan de Estabilización puesto en marcha en julio de 1959. Se tomaron medidas para liberalizar las importaciones y facilitar la entrada de capital extranjero en España. Con la contención de gastos y el control de la demanda, los precios lograron estabilizarse. Estas y otras medidas estaban destinadas a equilibrar la economía española y a clausurar al fin los tiempos miseros de la autarquía.

Mientras duró el «calvario autárquico», mientras estaba vigente el racionamiento, se desarrolló una trama de corrupción, destacando el comercio ilegal y el tráfico de influencias.

Cuando la ONU condena el régimen de Franco (bloqueo diplomático y económico a España), Argentina (general Perón) acudió en su ayuda.

Los convenios firmados en Madrid el 26 de septiembre de 1953, comprometían a EEUU a proporcionar «ayuda militar, económica y técnica» a cambio de instalar en territorio español bases aéreas y navales de «utilización conjunta». Estos acuerdos consolidaron el poder de Franco y abrieron a España las puertas a la ONU.

Emigración y Éxodo Rural

Después de la Guerra Civil la emigración española se redujo notablemente. Iberoamérica será el destino preferido de los inmigrantes españoles. Más de 600 mil suman los que en aquellos años se embarcaron para allá. En ese mismo periodo, oficialmente unos 80 mil canarios cruzaron el Atlántico, la gran mayoría hacia Venezuela.

Simultáneamente, el éxodo rural es un fenómeno que continúa en la Península después de la Guerra. También en nuestro Archipiélago, las comarcas interiores de Gran Canaria y Tenerife, y las islas periféricas, siguen expulsando población hacia las dos capitales provinciales y municipios cercanos.

Del Fuero de los Españoles (1945) a la Ley de Principios del Movimiento Nacional

Habrá que esperar hasta 1945 para que la Dictadura se decida a promulgar una carta de derechos, el Fuero de los Españoles, que otorgaba libertades individuales… siempre que no chocaran con «los principios fundamentales del Estado».

Pero el Fuero no definía aún la forma de Estado, que iba a quedar plasmada definitivamente en la Ley de Sucesión de 1947 como: «España como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que se declara constituido en Reino». La Ley dejaba claro que la jefatura de Franco era vitalicia y que solo a él competía designar la persona que iba a ser su sucesor al título de rey.

Franco promulgó en 1958 la Ley de Principios del Movimiento Nacional. La nueva Ley (síntesis dogmática de todas las anteriores) consagraba el unipartidismo de la Dictadura e imponía el deber, para quien quisiera acceder a un cargo público, de jurar los principios del Movimiento.

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