Del Nacional-Catolicismo a la Ley General de Educación de 1970: Cambio Social y Educación

La Política Educativa de Ruiz-Giménez

Con el nombramiento de Joaquín Ruiz-Giménez como ministro en 1951, los problemas de la educación tuvieron una valoración más realista. La enseñanza confesional quedaba garantizada dentro de la ley, pero la Iglesia no vio con buenos ojos el sometimiento de los centros a la inspección del Estado.

La nueva ley divide el bachillerato en elemental y superior, seguido del curso preuniversitario, necesario para el acceso a la universidad. Para el curso era necesaria una prueba de madurez. El título de bachiller comenzó a exigirse socialmente para el acceso a determinados empleos o a las carreras de grado medio.

Esta ley representó un gran avance a nivel formal con respecto a la situación anterior.

En el campo de las construcciones escolares, la labor del ministerio Ruiz-Giménez fue bastante deficitaria. Se crearon pocas escuelas con respecto a las verdaderas necesidades. Además, la enseñanza no estatal fue atendida mediante la concesión de beneficios fiscales, créditos oficiales, etc., y estaba pensada para atender zonas suburbanas.

En el ámbito universitario se mantuvo un tono dialogante que trataba de evitar el rígido autoritarismo.

La Educación y el Concordato de 1953

El nuevo Estado buscaba consolidar su débil posición internacional, siendo el Concordato del 27 de agosto de 1953 un gran triunfo. Este supone el reconocimiento del régimen por la Santa Sede y una legitimación exterior suministrada por la Iglesia en cuanto organización internacional.

El Concordato regula que la enseñanza sea confesional.

El año 1953 representa el punto álgido de las buenas relaciones Iglesia-Estado, aunque se mantendrá solo hasta años después del Concilio Vaticano II.

Seguirá rigiendo el nacional-catolicismo como expresión unitaria de la confusión entre catolicismo y nacionalismo: la unidad de fe, la unidad católica, seguirá considerándose como la base de la nacionalidad española y la exaltación nacionalista como elemento fundamental de la condición de español.

La Reforma de las Enseñanzas Técnicas

La industrialización se inicia con múltiples problemas, destacando la conmoción que supuso para el sistema la protesta estudiantil de febrero de 1956.

La industrialización exigía un cambio sustancial en la ordenación de las enseñanzas. La estructura económica parecía exigir abundancia de técnicos especializados y, en consecuencia, salarios estandarizados.

La ley de 1957 es también un síntoma más de las profundas transformaciones que se estaban produciendo en la sociedad española bajo un rígido sistema político que permanecía invariable desde su fundación. El déficit de puestos y unidades escolares evidencia el abandono de la enseñanza primaria por el nuevo Estado en los primeros 20 años de su fundación.

El Modelo Tecnocrático

El modelo tecnocrático suponía un intento de modernización del Estado, trasladando al sector público los criterios propios de la empresa privada. Se perfila así una nueva ideología, que defiende nuevos valores: la exaltación del consumo de bienes y servicios, el desplazamiento del político por el técnico, una amplia clase media, etc.

La década del crecimiento económico produjo un cambio radical en la estructura social. La aparición de una nueva clase media y el crecimiento del nivel de vida confluyeron en el fenómeno de la «explosión escolar». La insuficiente respuesta de la administración dio lugar a los conflictos escolares.

La ley del 29 de abril de 1964 sobre ampliación del periodo de escolaridad obligatoria hasta los catorce años supone una reforma profunda, que permitirá más adelante la unificación de todos los estudios básicos hasta los catorce años.

Esta ley se complementa con la del 21 de diciembre de 1965 sobre la elevación de los estudios de magisterio, exigiendo ahora el título de bachiller superior para el ingreso en la escuela normal. También se dispone por primera vez la gratuidad para la enseñanza primaria.

Las consecuencias son importantes. Por un lado, se hará frente a la demanda con una política de construcciones escolares siempre desbordada por la realidad; por otro, mediante una política de contratación masiva de profesorado. Esto originará graves tensiones, que no solo no se resolverían con el equipo de Villar, sino que se agravarían.

Una Ley General de Educación

La universidad, desde 1956, se había convertido en un problema político con graves y continuas alteraciones del orden público.

El problema universitario era un problema derivado de los graves defectos del sistema educativo español. Debe señalarse también que era, además, un problema político exponente de las graves tensiones entre la universidad y el régimen político nacido del 18 de julio de 1936.

El sistema educativo debía ser reformado y reconsiderado en su totalidad.

Las primeras medidas tomadas por el ministerio Villar fueron la creación de tres nuevas universidades en Madrid, Barcelona y Bilbao. Otra fue la creación de los Institutos de Ciencias de la Educación. Finalmente, se procedió a una reorganización administrativa de carácter parcial que posibilitara los instrumentos mínimos para la tarea que se avecinaba.

Se inicia así una reforma mediante procedimientos poco usuales en nuestra administración pública, en dos fases: una, de estudio previo, y otra, de propuestas de soluciones legales.

La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa tiene como objetivo la «reforma integral» del sistema educativo. En la metodología utilizada destaca la aparición del Libro Blanco, así como la participación «de los sectores profesionales más capacitados y de las entidades más representativas de la sociedad española».

Los redactores de la ley, en su deseo de implantar un sistema educativo moderno, no solo tuvieron en cuenta la experiencia de otros países europeos, sino que también buscaron en nuestro mejor pasado.

La Ley Villar

Los niveles educativos que la ley regula son:

• La educación preescolar, que se concibe como la iniciación del niño en el aprendizaje.
• La educación general básica, que aparece como un nivel único, obligatorio y gratuito para los españoles. Si la evaluación final es satisfactoria, el alumno recibe el título de Graduado Escolar; en caso contrario, un certificado de escolaridad. El título permite el acceso al bachillerato, mientras que el certificado obliga a seguir por la formación profesional, que es obligatoria y gratuita.
• El bachillerato, que se define como unificado y polivalente, en el que se conjugan diversas materias teóricas con una serie de prácticas. Finalizado este, se podrá optar por la educación universitaria o por la formación profesional de segundo grado.
• La educación universitaria, donde destacan dos grandes innovaciones que fracasaron: la posibilidad de promover profesiones cortas y encomendar el perfeccionamiento del profesorado a los Institutos de Ciencias de la Educación.
• La formación profesional, que no es considerada como un nivel educativo, aparece como la culminación laboral de los niveles anteriores.
• El sistema cierra con la educación permanente de adultos, enseñanzas especializadas, a distancia, para extranjeros, cursos nocturnos, etc.