La Monarquía de Carlos IV

Carlos IV apartó del gobierno a los ministros ilustrados y en 1792 confió el poder a un joven militar, Manuel Godoy. La ejecución del monarca francés, Luis XVI, impulsó a Carlos IV a declarar la guerra a Francia en coalición con otras monarquías absolutas. La derrota de las tropas españolas fue inapelable y la Paz de Basilea subordinó España a los intereses franceses. A partir de ese momento y desde el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, la política española vaciló entre el temor a Francia y el intento de pactar con ella para evitar el enfrentamiento con el poderoso ejército napoleónico.

Las hostilidades y la Batalla de Trafalgar

Las hostilidades se desarrollaron en dos fases, y la Batalla de Trafalgar constituyó el hito más relevante. La armada franco-española fue destrozada, lo que supuso la pérdida de casi toda la flota de Carlos IV. El desastre naval acentuó la crisis de la Hacienda real. Ante esta situación, Godoy recurrió al endeudamiento y al aumento de las contribuciones, y planteó reformas como la desamortización de tierras eclesiásticas, con el fin de conseguir recursos para el Estado.

Medidas ineficaces y oposición

Fueron medidas ineficaces que provocaron una amplia oposición. La nobleza y la Iglesia se mostraron contrarias a las reformas de Godoy. Por otro lado, los impuestos sobre el campesinado provocaban el descontento popular. La incapacidad para resolver esta situación alimentó motines y revueltas que responsabilizaban a Godoy de la grave situación de crisis.

El Motín de Aranjuez

La situación anterior se deterioró aún más cuando Godoy firmó un tratado con Napoleón que autorizaba a los ejércitos napoleónicos a entrar en España para atacar a Portugal. El 18 de marzo de 1808 estalló un motín en Aranjuez, ciudad donde se encontraban los reyes, quienes, temerosos de que la presencia francesa terminase en una invasión real del país, se retiraban hacia el sur. Perseguían la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando. Los amotinados consiguieron sus objetivos, pero los hechos evidenciaron una crisis profunda en la monarquía española.

La Monarquía de José Bonaparte

Carlos IV y Fernando VII fueron llamados por Napoleón a Bayona, donde abdicaron ambos en la persona de Napoleón Bonaparte. Legitimado por las abdicaciones, Napoleón nombró a su hermano José, rey de España: José I. El nuevo código de Bayona reconocía la igualdad de los españoles ante la ley, los impuestos y el acceso a los cargos públicos. José I lo juró el 7 de julio de 1808. José Bonaparte inició una experiencia reformista, que pretendía la liquidación del Antiguo Régimen. Fue una reforma que contó con escasos apoyos.

La Revuelta Popular y la Formación de Juntas

El 2 de mayo de 1808, el resto de la familia real, que aún permanecía en palacio, se preparaba para partir hacia Bayona, donde se creía que Napoleón tenía secuestrado a Fernando VII. Una multitud se congregó ante el palacio para impedir su partida y se alzó de forma espontánea contra la presencia francesa. La revuelta fue duramente reprimida por las tropas al mando del general Murat. En varias comunidades autónomas, la población se alzó contra la invasión francesa y surgieron Juntas de armamento y defensa ante el vacío de poder creado por las abdicaciones de Bayona. Las Juntas fueron primero locales y estaban formadas por personalidades partidarias de Fernando VII. En septiembre de 1808, las Juntas enviaron representantes a Aranjuez, aprovechando la retirada de los franceses, para formar una Junta Suprema Central que coordinase la lucha y dirigiese el país. Ante el avance francés, la Junta huyó a Sevilla y de allí a Cádiz, la única ciudad que resistía el asedio francés.

La Resistencia: Sitios y Guerrillas

El inicial carácter desorganizado de la resistencia parecía confirmar las previsiones de Napoleón de que la invasión sería rápida y fácil. La resistencia de ciudades como Girona, Zaragoza o Tarragona inmovilizó parte del ejército francés e impidió el avance hacia Levante. La derrota de los invasores en el Bruc tuvo un impacto inmediato: se impidió la conquista de Andalucía. Napoleón se desplazó a España en noviembre para dirigir la contraofensiva. En enero de 1809, José I entraba de nuevo en Madrid, y durante 1809 el dominio francés se extendió por todo el territorio español. En otoño de 1808, el ejército tradicional español era incapaz de oponerse al avance de las fuerzas francesas. En 1812, el curso de la guerra quedó afectado por la campaña que Napoleón inició en Rusia. Ante ello, las tropas españolas, apoyadas por la guerrilla y por el ejército británico al mando del general Wellington, consiguieron la victoria de Arapiles. Hacia finales de 1813, las tropas francesas empezaron a abandonar la Península.

Actitudes Sociales, Políticas e Ideológicas

La invasión francesa obligó a las diferentes corrientes ideológicas a tomar partido frente a la presencia y a la nueva monarquía napoleónica. Una minoría, a la que se conoce como afrancesados, colaboró con la monarquía de José I. Al final de la guerra, muchos tuvieron que exiliarse ante la persecución iniciada por Fernando VII. El grueso de la población española formó lo que se conoce como el frente patriótico: los que se opusieron a la invasión. Este bando agrupaba posiciones muy diferentes. La mayor parte del clero y la nobleza deseaban la vuelta al absolutismo bajo la monarquía de Fernando VII. Por su parte, algunos ilustrados creían que con la vuelta de Fernando VII se podría emprender un programa de reformas y la modernización del país dentro de los cauces del Antiguo Régimen. Los liberales veían en la guerra la oportunidad de realizar un cambio en el sistema político.

La Convocatoria de Cortes

La Junta Suprema Central se había mostrado incapaz de dirigir la guerra y decidió disolverse en enero de 1810, no sin antes iniciar un proceso de convocatoria de Cortes para que los representantes de la nación decidieran sobre su organización y su destino. A pesar de las dificultades para recoger las respuestas y de la heterogeneidad de los consultados, predominaba la idea de que la desastrosa acción de los gobiernos de Carlos IV había provocado la ruina de España, por lo que se pedían garantías contra el poder absoluto del monarca. El proceso de elección de diputados a Cortes y su reunión en Cádiz fueron difíciles dado el estado de guerra, y en muchos casos se optó por elegir sustitutos entre las personas presentes en Cádiz. Las Cortes se abrieron en septiembre de 1810, y el sector liberal consiguió su primer triunfo al forzar la formación de una cámara única. En su primera sesión aprobaron el principio de soberanía nacional: el reconocimiento de que el poder reside en el conjunto de los ciudadanos, representados en las Cortes.

La Constitución de 1812

Una comisión de las Cortes preparó el proyecto de Constitución desde marzo de 1811. Empezó a debatirse en agosto y se promulgó el 19 de marzo de 1812, por lo que se la conoció como «la Pepa». La Constitución contiene una declaración de derechos del ciudadano: la libertad de pensamiento y opinión, la igualdad de los españoles ante la ley, el derecho de petición, la libertad civil, el derecho de propiedad y el reconocimiento de todos los derechos legítimos de los individuos que componen la nación española. La nación se definía como el conjunto de todos los ciudadanos de ambos hemisferios: los territorios peninsulares y las colonias americanas. La estructura del Estado correspondía a una monarquía limitada, basada en la división de poderes y no en el derecho divino.

Poderes del Estado

• Poder Legislativo: Representaban la voluntad nacional y poseían amplios poderes: elaboración de leyes, aprobación de los presupuestos y de los tratados internacionales, mando sobre el ejército, etc. El mandato de los diputados duraba dos años y eran inviolables en el ejercicio de sus funciones.
• Poder Ejecutivo: El monarca era la cabeza del poder ejecutivo. Las decisiones del monarca debían ser refrenadas por los ministros, quienes estaban sometidos a responsabilidad penal.
• Poder Judicial: La administración de justicia era competencia exclusiva de los tribunales, y se establecían los principios básicos de un Estado de derecho: códigos únicos en materia civil, criminal y comercial, inamovilidad de los jueces, garantías de los procesos, etc.

Otros artículos de la Constitución planteaban la reforma de los impuestos de Hacienda. Asimismo, el territorio se dividía en provincias, se establecía la formación de ayuntamientos con cargos electivos para el gobierno de los pueblos, se creaba la Milicia Nacional a nivel local y provincial. El texto constitucional plasmaba también el compromiso existente entre los sectores de la burguesía liberal y los absolutistas, al afirmar la confesionalidad católica del Estado.

La Acción Legislativa de las Cortes

Las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes y decretos destinados a eliminar el Antiguo Régimen y a ordenar el Estado como un régimen liberal. Procedieron a la supresión de los señoríos jurisdiccionales, distinguiéndolos de los territoriales, que pasaron a ser propiedad privada de los señores. También decretaron la eliminación de los mayorazgos y la desamortización de las tierras comunales con el objetivo de recaudar capitales para amortizar deuda pública. Se votó la abolición de la Inquisición; en lo referente a la religión, continuaba bajo control de la Iglesia y condicionada por unas juntas de censura. Cabe señalar la libertad de trabajo, la anulación de los gremios y la unificación del mercado. Este primer liberalismo marcó las líneas básicas de lo que debía ser la modernización de España. Los legisladores de Cádiz aprovecharon la situación revolucionaria creada por la guerra para elaborar un marco legislativo mucho más avanzado de lo que hubiera sido posible en una situación de normalidad. La situación de guerra impidió la efectiva aplicación de lo legislado, y al final de la guerra, la vuelta de Fernando VII frustró la experiencia liberal y condujo al retorno del absolutismo.

La Restauración del Absolutismo (1814-1820)

Los liberales desconfiaban de la predisposición del monarca para aceptar el nuevo orden constitucional. Pero los absolutistas sabían que la vuelta del monarca era su mejor oportunidad para deshacer toda la obra de Cádiz y volver al Antiguo Régimen. Se organizaron rápidamente para demandar la restauración del absolutismo y movilizaron al pueblo para que mostrase su adhesión incondicional al monarca. Fernando VII, seguro ya de la debilidad del sector liberal, traicionó sus promesas y, mediante el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz, y anunció la vuelta al absolutismo. Inmediatamente fueron detenidos y asesinados los principales dirigentes liberales, mientras que otros huyeron hacia el exilio. Era una vuelta al Antiguo Régimen, en un contexto internacional determinado por la derrota de Napoleón y el restablecimiento del viejo orden en Europa, mediante el Congreso de Viena y la creación de la Santa Alianza, que garantizaba la defensa del absolutismo y el derecho de intervención en cualquier país para frenar el avance del liberalismo. A partir de 1815, Fernando VII y su gobierno intentaron un objetivo imposible: rehacer un país destrozado por la guerra, con la agricultura deshecha, el comercio paralizado, las finanzas en bancarrota y todas las colonias luchando por su independencia; y todo ello, a partir de la restauración del Antiguo Régimen. Sus gobiernos fracasaron uno tras otro. A estos problemas hay que añadir que los acontecimientos sucedidos entre 1808 y 1814 habían cambiado la mentalidad de muchos grupos sociales. Los gobiernos de Fernando VII fueron incapaces de dar respuesta a los problemas, de enderezar la Hacienda o de hacer frente a los movimientos independentistas en las colonias. La represión fue la única respuesta de la monarquía a las demandas políticas y sociales.

El Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael del Riego, al frente de una compañía, se sublevó y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, la acción de los liberales en las principales ciudades y la neutralidad de los campesinos obligaron al rey Fernando VII a aceptar la Constitución el 10 de marzo. Se formó un nuevo gobierno que proclamó una amnistía y convocó elecciones a Cortes. Los resultados electorales dieron la mayoría a los diputados liberales, que iniciaron rápidamente una importante obra legislativa. Impulsaron la liberalización de la industria y el comercio con la eliminación de las trabas a la libre circulación de mercancías, potenciando así el desarrollo de la burguesía. Iniciaron la modernización política y administrativa de acuerdo con el modelo de Cádiz. Formaron ayuntamientos y diputaciones electivos y reconstruyeron la Milicia Nacional como cuerpo armado de voluntarios, formado por las clases medias urbanas, con el fin de garantizar el orden y defender las reformas constitucionales. Estas reformas suscitaron rápidamente la oposición de la monarquía. Fernando VII había aceptado el nuevo régimen forzado por las circunstancias y, desde el primer momento, paralizó cuantas leyes pudo, recurriendo al derecho de veto que le otorgaba la Constitución, y conspiró contra el gobierno, buscando recuperar su poder mediante la intervención de las potencias absolutistas en España. Sin embargo, las nuevas medidas liberales del Trienio provocaron el descontento de los campesinos. Los antiguos señores se convirtieron en los nuevos propietarios; los campesinos, en arrendatarios que podían ser expulsados de las tierras si no pagaban. No se produjo una rebaja sustancial de los impuestos y la monetarización de las rentas y los diezmos. En una economía todavía de autosuficiencia, resultaba muy difícil vender a buen precio los productos y reunir la cantidad de dinero necesario para pagar las nuevas contribuciones. La nobleza tradicional y la Iglesia, perjudicadas por la supresión del diezmo y la venta de bienes monacales, impulsaron la revuelta contra los gobernantes del Trienio. En 1822 se alzaron partidas absolutistas en Cataluña, Navarra, Galicia y el Maestrazgo. Las tensiones se produjeron también entre los propios liberales, que se dividieron en dos tendencias: los moderados (la nobleza, burguesía propietaria) y los exaltados (clases medias y populares).

La Década Ominosa (1823-1833)

No fueron ni los conflictos ni las divisiones internas lo que provocó el fin del régimen liberal, sino la acción de la Santa Alianza, atendiendo a las peticiones de Fernando VII. En abril de 1823, unos 100.000 soldados al mando del duque de Angulema irrumpieron en el territorio español y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Alarmadas por la constante agitación que vivía España, las potencias restauradoras consideraban necesarias algunas reformas moderadas, proclamar una amnistía para superar la situación de violencia y organizar una administración eficaz con el fin de dotar de estabilidad a la monarquía. De nuevo se produjo una feroz represión contra los liberales. Se depuraron la administración y el ejército, se persiguió a los partidarios de las ideas liberales. La otra gran preocupación fue el problema económico. Las dificultades de la Hacienda, agravadas por la pérdida definitiva de las colonias americanas, forzaron a un estricto control del gasto público, dado que era imposible aumentar la recaudación por los privilegios fiscales de la nobleza. A partir de 1825, el rey, acuciado por los problemas económicos, buscó la colaboración del sector moderado. Esta actitud incrementó la desconfianza de los realistas y de los sectores ultramontanos de la corte. En Cataluña, en 1827, se levantaron partidas realistas que reclamaban mayor poder para los ultraconservadores y defendían el retorno a las costumbres y fueros tradicionales. En la corte, dicho sector, que gozaba de importante poder en los círculos nobiliarios y eclesiásticos, se agrupó alrededor de Carlos María Isidro, dado que Fernando VII no tenía descendencia.

El Conflicto Dinástico

En 1830, el nacimiento de una hija del rey, Isabel, parecía garantizar la continuidad borbónica. Pero este hecho dio lugar a un grave conflicto en la sucesión al trono. La Ley Sálica, de origen francés e implantada por Felipe V en España, impedía el acceso al trono a las mujeres; pero Fernando VII, influido por su mujer, María Cristina, derogó la ley mediante la Pragmática Sanción, que abrió el camino al trono a su hija y heredera. El sector más ultraconservador de los absolutistas, los llamados carlistas, se negaron a aceptar la nueva situación. Estos enfrentamientos no constituían solo una disputa acerca de si el legítimo monarca era el tío o la sobrina, sino que se trataba de la lucha por imponer un modelo u otro de sociedad. Por contra, María Cristina comprendió que, si quería salvar el trono para su hija, debía buscar apoyos en los sectores más cercanos al liberalismo. Nombrada regente durante la enfermedad del rey, se formó un gobierno de carácter reformista. En 1833, Fernando VII murió reafirmando en su testamento a su hija de 3 años de edad como heredera del trono, y nombrando gobernadora a la reina María Cristina hasta la mayoría de edad de Isabel. El mismo día, el rey don Carlos se proclamó rey, iniciándose un levantamiento absolutista al norte de España y, poco después, en Cataluña. Comenzaba así la Primera Guerra Carlista.

La América Española a Finales del Siglo XVIII

A lo largo del siglo XVIII, la preocupación de los Borbones por los territorios de ultramar había dado lugar a una etapa de prosperidad basada en la reactivación del comercio y la puesta en marcha y explotación de numerosas plantaciones, trabajadas por mano de obra esclava. El crecimiento económico propició el desarrollo de un poderoso grupo burgués criollo, de raza blanca pero nacido en América. Fue entre esta burguesía criolla donde las ideas de emancipación de la metrópoli tomaron cuerpo y se fraguaron los programas y los proyectos de independencia. El ejemplo de la independencia de Estados Unidos fue crucial para mostrar que era posible enfrentarse a la metrópoli y conseguir la victoria.

El Proceso de Independencia

A partir de 1808, los criollos optaron por no aceptar la autoridad de José Bonaparte y crearon Juntas que asumieron el poder en sus territorios. Los focos más declaradamente secesionistas fueron:

• El Virreinato del Río de la Plata, donde José de San Martín proclamó, en 1810, la independencia de la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires.
• El Virreinato de Nueva Granada y Venezuela.

Las Cortes de Cádiz consideraron las colonias como territorio español y reconocieron los derechos de los criollos, pero fueron incapaces de intervenir frente al movimiento independentista, dado que apenas podían controlar el territorio hispano. En 1814, el gobierno de Fernando VII respondió con el envío de un ejército de 10.000 hombres que pacificó Nueva Granada y México. En los años siguientes, la debilidad de la monarquía española estimuló el crecimiento del movimiento libertador. San Martín derrotó a los españoles en Chacabuco en 1817 y propició la independencia de Chile. Bolívar derrotó al ejército español en Boyacá y Carabobo, y puso las bases para la formación de la Gran Colombia, que dio origen a las repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. En México, el movimiento independentista, liderado por Agustín de Iturbide, logró atraerse a la Iglesia y a la clase poderosa. Tras las independencias de Perú y Bolivia, se acabó la presencia española en la América continental; solo Cuba, Puerto Rico y las Filipinas permanecieron como posesiones españolas.