España en la Era de las Revoluciones: De Carlos IV a la Restauración Borbónica

España ante la Revolución Liberal: El Reinado de Carlos IV (1788-1808)

1. El Reinado de Carlos IV (1788-1808). La influencia de la Revolución Francesa en la política española.

Este reinado, que representa el agitado tránsito a la España Contemporánea, estuvo condicionado tanto por la Revolución Francesa, un importante suceso externo completamente novedoso, como por dificultades internas con raíces en el pasado más reciente. Las guerras exteriores, la crisis fiscal y el desmoronamiento institucional de la monarquía absoluta del Antiguo Régimen serán los problemas determinantes del reinado de Carlos IV, iniciado tras la muerte de su padre (Carlos III), un año antes de la Revolución Francesa. El nuevo rey, un hombre poco capacitado y desinteresado por las cuestiones de Estado, contaba ya cuarenta años de edad.

1.1. Política exterior. La Revolución Francesa (1789) marcó la actividad diplomática y militar externa de los gobiernos de Carlos IV.

Encontramos dos fases bien definidas en la política exterior española durante este reinado:

a) Hostilidad contra Francia (1789-1794).

En 1789, el objetivo prioritario del gobierno, encabezado entonces por el Conde de Floridablanca, era aislar España del contagio revolucionario francés, cerrar el país a toda posible penetración de la ideología revolucionaria. Se temía la expansión de las nuevas ideas liberales. Para evitarlo se tomaron medidas defensivas que impidieron la entrada por las aduanas de libros, objetos, periódicos o viajeros sospechosos procedentes de Francia, que suponían una amenaza para los principios monárquicos absolutistas y católicos de España. Además, se prohibió a los periódicos nacionales hablar de los sucesos políticos que tenían lugar en el país vecino.

A los pocos años, la situación se radicalizó en Francia, y en 1793 fue guillotinado el rey Luis XVI, un Borbón como Carlos IV. Este hecho provocó, exclusivamente por motivos ideológicos, la declaración de guerra contra Francia. La Francia revolucionaria, republicana, regicida y laica ya luchaba entonces contra Prusia y Austria, monarquías absolutas y católicas como España.

Las operaciones militares fueron negativas para España, ya que el ejército francés ocupó parte de Cataluña y el País Vasco.

Finalmente, en 1794 España se vio forzada a firmar la paz. Los franceses obtuvieron Santo Domingo y algunas ventajas comerciales a cambio de la retirada de sus tropas de la Península.

b) Alianza contra Francia (1796-1808).

Las alianzas diplomáticas se invirtieron totalmente en 1796 con la firma del Tratado de San Ildefonso, un pacto hispano-francés dirigido contra Gran Bretaña. El motivo que impulsó a España fue la defensa de sus intereses económico-comerciales y territoriales en América. El gobierno de Carlos IV prescindió de motivos ideológicos y se impusieron las razones estratégicas, ya que Gran Bretaña representaba desde hace años una amenaza constante para las colonias españolas en América, pues los buques ingleses cortaban la navegación comercial entre la Península y las Indias.

La Corona Española y la República Francesa coinciden en su interés por derrotar a un enemigo común. Como consecuencia de este tratado, España y Francia entraron en guerra contra Gran Bretaña y Portugal, su tradicional aliado.

El resultado del conflicto fue nefasto para la flota española, que quedó destruida por la armada inglesa dirigida por el almirante Nelson en 1805 durante la Batalla de Trafalgar.

Mientras, el general Napoleón, tras un golpe de Estado, estableció la dictadura personal (1799) y posteriormente se autocoronó Emperador de los franceses. En 1806 Napoleón inició el bloqueo continental contra Gran Bretaña; su propósito era interrumpir todo el comercio marítimo inglés con Europa para asfixiar económicamente a su enemigo, ya que no conseguía derrotarle en el mar ni invadir la Isla.

En 1807 Francia y España renovaron su alianza con el Tratado de Fontainebleau con un nuevo objetivo, la invasión y reparto territorial de Portugal, entre ambas naciones. Para facilitar el ataque a Portugal, Carlos IV autorizó la entrada de tropas francesas en suelo español.

1.2. Aspectos internos del reinado de Carlos IV.

Desde el punto de vista económico fueron años de crisis, inflación y fuerte déficit en la Hacienda Estatal producido tanto por el incremento rápido de los gastos militares en las guerras contra Francia y Gran Bretaña, como por la insuficiencia de los ingresos.

Los ingresos estatales, mermados por las exenciones fiscales que beneficiaban a los estamentos privilegiados, disminuyeron al llegar cada vez con más dificultad los metales preciosos desde América a causa de las agresiones británicas por mar. Por ello, la Corona hubo de recurrir para conseguir dinero al crédito, a la emisión de deuda pública (los “Vales Reales”) y a las leyes desamortizadoras de 1798 impulsadas por Manuel Godoy, quien desde 1792 estaba al frente del gobierno. Con esta desamortización se vendieron en subasta pública, con autorización del Papa, algunos bienes eclesiásticos de escasa cuantía. Esta medida legislativa no solucionó el problema del déficit estatal, pero sí provocó la animadversión del clero católico contra Godoy y sus intentos de reforma.

Desde el punto de vista político, agudas tensiones sacudían España durante los primeros años del siglo XIX, viviéndose un ambiente de caos que revelaba la profunda descomposición de la Monarquía Hispana.

En la Corte se producían continuas intrigas contra el rey Carlos IV y contra su favorito y hombre de confianza, Godoy, en quien el rey había delegado el poder y contra quien conspiraban la alta nobleza y el clero.

Manuel Godoy había ascendido al gobierno a la temprana edad de 25 años gracias a su amistad personal con la reina, era extraordinariamente impopular y los grupos privilegiados, que temían perder influencia y posiciones de poder, le consideraban un advenedizo, rechazaban la enorme concentración de poder político que acumulaba en su persona y se resistían a sus proyectos de reforma interna.

El mismo hijo del rey, Fernando, en complicidad con algunos miembros de la alta aristocracia, conspiraba contra Carlos IV para destronarlo. Así, en 1807 tuvo lugar el llamado Proceso de El Escorial, al ser descubierta una intriga de Fernando, que preparaba un golpe de mano en palacio para hacerse con la Corona de su padre. El Príncipe de Asturias fue arrestado y confesó, para obtener el perdón de su padre, los nombres de sus cómplices, que fueron hechos prisioneros. Finalmente, Fernando logró su propósito en marzo de 1808, tras el Motín de Aranjuez, preparado por personajes de la alta nobleza y apoyado por gentes del pueblo bajo madrileño que asaltaron la casa de Godoy. Carlos IV se vio obligado a abdicar a favor de Fernando VII, un rey era destronado por su propio hijo en un hecho insólito en la Historia de España.

Estos sucesos fueron contemplados por Napoleón, que, aprovechando la presencia de sus tropas en España y comprobando la debilidad y las divisiones internas de la Corte española, concibió un proyecto nuevo con un doble objetivo:

• Eliminar a la dinastía real borbónica española, que sería sustituida por José I Bonaparte
• Convertir los territorios españoles al norte del río Ebro en provincias francesas.

2. España en la Europa Napoleónica

2.1. Las Abdicaciones de Bayona.

Fernando y Carlos se disputaban el favor de Napoleón, invicto y todopoderoso en Europa; sus ejércitos ocupaban en 1808 Italia, Holanda y gran parte de Alemania. Ambos esperaban obtener el respaldo del francés en su pugna por el trono español; por ello, partieron hacia la ciudad francesa de Bayona, cercana a la frontera española. Allí, el Emperador francés obligó por la fuerza a Carlos IV y a Fernando VII a renunciar a sus derechos al trono español. Éstos, atemorizados, abdicaron y cedieron sus derechos reales a Napoleón, un acto vergonzoso que demostraba la evidente falta de dignidad de los reyes españoles.

El Emperador proclamó a su hermano José I rey de España y de las Américas. Sin embargo, Napoleón no dominaba el problema español por un doble error de apreciación, que le traería perniciosas consecuencias: creyó que los españoles deseaban reformas al estilo francés y consideró a los españoles tan pasivos y pusilánimes como a sus reyes. Ninguna de ambas apreciaciones era cierta, y el 2 de mayo de 1808 comenzaron en Madrid los levantamientos populares contra el ejército invasor francés, el pueblo madrileño reaccionó contra el secuestro del resto de los miembros de la Familia Real residentes en el Palacio Real. Estos levantamientos se extendieron pronto a toda España.

2.2. Las actitudes ante la ocupación.

La sociedad española reaccionó de forma diferente ante los hechos consumados de la invasión francesa y las renuncias de Bayona; distinguimos tres actitudes:

• La mayoría de los españoles pertenecientes a distintos grupos sociales y opciones ideológicas (liberales, absolutistas, reformistas), se opusieron a la ocupación participando más o menos activamente en la lucha contra el ejército napoleónico.
• Otro sector de la sociedad, compuesto especialmente por funcionarios del Estado y empleados que vivían en las ciudades controladas por los franceses, adoptó una posición tibia e indecisa. Muchos de ellos prestaron, como se les exigía, el juramento de fidelidad a Bonaparte, sólo para conservar su situación.
• Un grupo numéricamente muy reducido de españoles, los llamados “afrancesados”, apoyaron a José I. Estos colaboracionistas, en su mayor parte integrantes de los sectores sociales más altos, habían sido antes partidarios de las reformas ilustradas que la muerte de Carlos III y, sobre todo, la Revolución Francesa habían truncado.

Las razones expuestas por esta minoría de afrancesados para justificar su apoyo a los franceses fueron:

1. Consideraban inútil cualquier resistencia armada ante tropas hasta entonces invencibles; estimaban que oponerse a las fuerzas imperiales equivalía a provocar la ruina de España.
2. Deseaban impedir la desmembración del territorio español y asegurar su integridad.
3. Contemplaban en el cambio de dinastía la posibilidad de emprender un programa de reformas que España necesitaba, evitando experiencias revolucionarias.

Los afrancesados (algunos eran bienintencionados, pero muchos de ellos eran simples oportunistas con ansia de medrar aprovechándose de la nueva situación) fueron considerados traidores a su patria por la mayoría del pueblo español. Al término de la guerra se vieron forzados a marchar al destierro por su colaboración con el enemigo, así, unos 15.000 afrancesados pasaron a Francia en 1814.

El nuevo régimen político monárquico de José I quedó diseñado en teoría por el denominado Estatuto de Bayona, elaborado por el entorno del Emperador y dado en esa ciudad en julio de 1808; esta ley fundamental, en realidad, debe ser definida como una “carta otorgada”, ya que no fue producto de un acto soberano de la nación. El Estatuto de Bayona, que jamás fue aplicado en la práctica, era un texto parcialmente reformista pues incluía en su contenido el reconocimiento de ciertos derechos individuales (libertad de imprenta, libertad de movimientos, libertad de industria y comercio, igualdad fiscal), aunque también establecía la religión católica como única permitida, fijaba el mantenimiento de casi todos los privilegios estamentales y continuaba reservando al rey la práctica totalidad de los poderes, incluidas las atribuciones legislativas.

2.3. La Guerra de la Independencia.

El levantamiento generalizado se convirtió en una prolongada y cruenta guerra (1808-1813) de resistencia contra los franceses. Estas luchas españolas por la independencia, “The Peninsular War” según la historiografía inglesa, se encuadra en el contexto internacional de las guerras europeas de liberación antinapoleónicas que sostuvieron también alemanes y rusos. Sus características fundamentales comunes fueron:

• Amplia participación popular.
• Deseo de independencia y defensa del espacio propio frente al invasor.
• Entusiasmo nacionalista y rechazo emocional de “lo francés”, identificado con el ateísmo y robo.

En el desarrollo de los acontecimientos bélicos distinguimos tres fases:

a) Primera fase: desde mayo a finales de 1808.

Se desarrolló una guerra convencional en la que frente a la superior técnica militar francesa, los españoles opusieron una heroica resistencia. Durante estos meses las tropas francesas, unos 150.000 hombres bajo el mando de Murat, fueron incapaces de ocupar rápidamente el país. No lograron conquistar Gerona, Zaragoza ni Valencia.

El ejército español venció en la Batalla de Bailén (Jaén) y los franceses se vieron obligados a evacuar Madrid y Portugal, derrotados en este caso por el ejército inglés, aliado ya de los españoles.

b) Segunda fase: desde fines de 1808 hasta finales de 1811.

Fase de dominio militar francés, que se inició con el traslado de Napoleón en persona a España al frente de 250.000 hombres, en su mayoría los mejores veteranos de guerra. El Emperador recuperó Madrid y regresó a Francia (enero 1809). Los años siguientes, el ejército francés fue conquistando territorios a cambio de enormes pérdidas humanas. Así, en 1810 ya ocupaban Aragón, Cataluña y casi toda Andalucía, excepto Cádiz y Huelva. En cualquier caso, el dominio francés no fue nunca indiscutido: las guerrillas ocasionaron graves pérdidas a los invasores, quienes tuvieron que mantener en armas un número excesivo de soldados.

La guerrilla prueba la activa participación del pueblo en la lucha contra las tropas francesas. Fue una novedosa forma de combate adoptada por los españoles, dada su inferioridad militar ante el ejército invasor.

Las guerrillas eran pequeños grupos, cada uno compuesto por unos pocos cientos de combatientes que atacaban continuamente y por sorpresa a los franceses en acciones rápidas sobre espacios rurales, controlados en teoría por el enemigo, aprovechando su conocimiento del terreno y la colaboración de la población civil que facilitaba a los guerrilleros información, alimentos y refugio.

El ejército francés, incapaz de luchar con efectividad contra las guerrillas, reaccionó desarrollando una dura represión indiscriminada contra la población española en su conjunto.

c) Tercera fase: 1812 y 1813.

Se vuelve a la guerra convencional apoyada por las guerrillas. Durante estos años los franceses, con efectivos cada vez más reducidos e impotentes para afrontar simultáneamente dos frentes de guerra en España y Rusia, irán retirándose progresivamente hacia la frontera pirenaica empujados por los españoles y por el ejército anglo-portugués dirigido por el general Wellington.

Las grandes batallas del periodo fueron Arapiles, Vitoria y San Marcial, con las cuales se puso fin a la presencia del ejército francés en España. Esta guerra se ganó gracias al esfuerzo sumado del ejército inglés y de los guerrilleros españoles.

2.4. Principales consecuencias de la invasión y de la guerra.

La Guerra de la Independencia fue una “guerra total”, en el sentido de que toda la gente del país y todos los lugares tomaron parte en ella de una u otra forma. Hubo unas 470 batallas e infinitas escaramuzas o pequeños encuentros armados, en los que nadie se daba por vencido; Madrid, por ejemplo, cambió seis veces de dueño. En ningún otro conflicto bélico ha sufrido España tantos daños.

Las consecuencias de la guerra se pueden resumir como sigue:

1. Elevadas pérdidas humanas (unas 300.000 bajas) y económicas por la enorme devastación material en el interior de la Península al quedar destruidas cosechas, ganado, carreteras, puentes… La guerra fue catastrófica para la economía nacional.
2. Se aceleró el desmoronamiento del Imperio español en las Indias, pues poco después se perderían los territorios americanos al desencadenarse el proceso de Emancipación.
3. España, que todavía durante el s. XVIII había sido una gran potencia mundial, saldría de esta guerra convertida definitivamente en una potencia de segundo orden en el ámbito internacional europeo.
4. En el aspecto político interno, la Guerra provocó la transición desde la monarquía absoluta al estado liberal.
5. El desgaste sufrido por los franceses en España incidió negativa y decisivamente en el desastre final del ejército napoleónico en Europa. Según cálculos aproximados, los franceses sufrieron unas 350.000 bajas en la guerra de España.

3. El Proceso Revolucionario de Cádiz. Juntas, Cortes y Constitución de 1812.

Durante los años de guerra tuvo lugar el proceso revolucionario político gaditano, que significó la ruptura con el absolutismo del pasado. El hundimiento del Antiguo Régimen en España se producía tras dos décadas de fracasos militares, crisis fiscales y desprestigio de la monarquía.

Al haber renunciado al trono Carlos IV y Fernando VII se produjo un vacío de autoridad o poder legítimo y, como el rey impuesto José I no era aceptado, sería el pueblo español en su conjunto el que recogiese la soberanía vacante en un acto completamente revolucionario, ya que se pasaba así del poder monárquico al poder popular.

3.1. Las Juntas.

De la misma manera que las guerrillas ejemplifican la participación espontánea de los españoles en la Guerra, las Juntas demuestran su participación en la revolución política. Las Juntas, que agruparon a representantes del pueblo, fueron los nuevos organismos políticos que asumieron el poder surgido en la España de la resistencia. Estas Juntas locales y provinciales se formaron contra los franceses en numerosas partes del país inmediatamente después de conocerse las abdicaciones de Bayona.

Analizando la procedencia social de sus componentes encontramos un predominio de los oficiales del ejército, altos funcionarios, jueces, profesores de prestigio, algunos miembros del alto clero, grandes burgueses, distinguidos aristócratas y antiguas autoridades civiles.

En septiembre de 1808 se creó la Junta Central, integrada por 36 representantes de todas las Juntas provinciales. Esta Junta estableció primero su sede en Aranjuez, y posteriormente se trasladó a Sevilla y Cádiz obligada por el avance de las tropas de Napoleón.

La obra de la Junta Central fue triple:

1. Gobernar al país, pues era el órgano legítimo supremo nacional en ausencia del rey.
2. Dirigir la resistencia militar contra los franceses; por ello firmó un tratado de alianza con Inglaterra.
3. Convocar la reunión de los representantes de la Nación en unas Cortes extraordinarias en Cádiz. Iniciativa completamente revolucionaria, ya que anteriormente el derecho de convocatoria de Cortes quedaba reservado exclusivamente a los reyes.

A fines de enero de 1810 la Junta Central se autodisolvió y traspasó sus poderes a una Regencia de cinco miembros.

3.2. Las Cortes de Cádiz.

Su obra, en principio, no deja de ser paradójica. Mientras gran parte del pueblo español se enfrenta a las ideas y hombres franceses, un grupo de Ilustrados pretende implantar unas reformas basadas en las ideas francesas. Se admiran las ideas de Francia, pero se rechaza su dominio.

La labor de las Cortes se vio favorecida por la ausencia del Rey. Su obra representa la primera revolución burguesa en España.

Se reunieron en septiembre de 1810; lo hicieron en Cádiz para quedar a salvo de las tropas francesas, aunque la ciudad estaba sitiada por el enemigo. Las Cortes se autoconcedieron poderes ilimitados. Estaban formadas por unos 300 diputados cuya extracción socio-profesional era la siguiente: unos 100 eclesiásticos, 60 abogados, más de 50 altos funcionarios públicos, 16 catedráticos, unos 40 militares y sólo 20 miembros de la burguesía industrial y comercial. Observamos el dominio de las clases medias con formación intelectual y la escasa presencia de nobles (8) y obispos (9).

Pronto aparecieron entre los diputados dos grandes tendencias:

1. Los liberales, partidarios de las reformas revolucionarias, que dominaron los debates e influyeron decisivamente en toda la labor de las Cortes.
2. El grupo de los absolutistas, llamados despectivamente los “serviles”, que se pronunciaron a favor de la defensa del viejo absolutismo monárquico.

Las Cortes proclamaron a Fernando VII, a quien se consideraba secuestrado, como legítimo Rey.

Los dos objetivos principales de las Cortes de Cádiz fueron:

1. Reformar profunda y estructuralmente las instituciones políticas, económicas y jurídicas españolas.
2. Redactar una Constitución.

El primero de estos objetivos se llevó a cabo mediante una serie de decretos y leyes. Destacan por su mayor trascendencia los siguientes:

1. Libertad de imprenta y supresión de la censura previa por primera vez en España (1810)
2. Abolición del Régimen Señorial y de los señoríos jurisdiccionales, que eran un residuo feudal. No obstante, al convertirse los títulos señoriales en contratos de propiedad particular, la nobleza salvó casi todos sus bienes y tierras. Debemos recordar que muchos miembros destacados de la nobleza participaban en la resistencia antifrancesa (1811).
3. Supresión de la Inquisición (1813)
4. Abolición del régimen gremial. Lo que suponía la libertad económica, comercial, de trabajo y de fabricación (1813).
5. También se emprendió una tímida desamortización eclesiástica con la incautación de los bienes de Órdenes militares y de los Jesuitas (1813).
6. Creación de un moderno sistema presupuestario para controlar gastos e ingresos del Estado.

3.3. La Constitución de 1812.

Constitución de carácter liberal promulgada el 19 de marzo de 1812.

Se trata de un documento legal de gran importancia histórica, aunque careció de hecho de aplicación en la vida pública.

Los hombres más destacados que participaron en su elaboración fueron los liberales Agustín Argüelles, Muñoz Torrero y Pérez de Castro.

Esta Constitución consta de 384 Artículos y descansa sobre cuatro principios fundamentales:

a) Soberanía Nacional. Principio según el cual el poder reside en la nación en su conjunto; este precepto político se opone a la soberanía monárquica absolutista legitimada por el origen divino.

b) División de poderes. La Constitución confía el poder legislativo a unas Cortes unicamerales. El poder judicial queda depositado en los Tribunales, de tal forma que el Rey y los Señores feudales pierden la potestad de administrar justicia como sucedía en el Antiguo Régimen. El poder ejecutivo queda con limitaciones en manos del Rey, pues para impedir el retorno al Absolutismo el monarca no podía disolver las Cortes; además, sus órdenes quedarían invalidadas en caso de no llevar la firma del ministro correspondiente, quien sería responsable de su gestión ante la Cámara legislativa.

Aunque el Rey reina pero no gobierna, conserva importantes atribuciones: posee iniciativa de proponer leyes a las Cortes, manda nominalmente las Fuerzas armadas, dirige las relaciones internacionales (siempre con el consentimiento de las Cortes) y nombra libremente a los Ministros, que debían contar con el apoyo de las Cortes según el principio de “doble confianza”. Además el Rey poseía un Veto suspensivo transitorio durante dos años; después quedaba obligado a aceptar la ley aprobada en Cortes.

c) El nuevo derecho de representación. Los Diputados representaban a todos los españoles y no a los Estamentos, como en las antiguas Cortes. De este modo, los ciudadanos participan en política, aunque la Nación sólo puede ejercer su poder indirectamente a través de representantes elegidos; en el régimen representativo liberal el ejercicio de la soberanía no reside en la Nación, sino en las personas en quienes la Nación lo ha delegado.

Según el texto constitucional, los Diputados se nombran mediante un complicado procedimiento electoral por sufragio universal indirecto en cuarto grado. Tenían derecho a voto todos los hombres mayores de 25 años, que elegían a unos compromisarios que a su vez elegían a los Diputados. También en las provincias americanas votaban representantes en Cortes. Alcaldes y Concejales municipales serían elegidos democráticamente por los vecinos.

d) La declaración de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. Esto supone el fin de las diferencias estamentales con sus privilegios fiscales, militares y jurídicos. Se omite toda alusión a los territorios con Fueros, lo que equivale a un no reconocimiento, aunque tampoco se derogan explícitamente los regímenes forales vasco-navarros.

En la Constitución de 1812 encontramos otros puntos de interés:

1. El reconocimiento de una serie de derechos individuales lo encontramos repartido a lo largo del Articulado: derecho a la educación (art. 25), libertad de imprenta (art. 371), inviolabilidad del domicilio (art. 306), derecho a la libertad y a la propiedad (art. 4).
2. La proclamación del Catolicismo como única confesión permitida. Debemos interpretar esta negación de la libertad religiosa como un gesto de prudencia condicionado por la guerra y la necesaria colaboración del clero católico en la lucha contra los franceses.
3. La reorganización de las Fuerzas armadas con la creación de un ejército que sirva, represente y defienda a la Nación en sustitución de los anteriores ejércitos de la Monarquía. El Texto Constitucional distinguía entre un ejército permanente encargado de la defensa exterior de España y la Milicia nacional, un nuevo cuerpo eventual de ciudadanos armados creado para defender el Régimen Liberal contra sus posibles enemigos internos.

El Reinado de Fernando VII (1814-1833)

A finales de 1813, Napoleón decidió firmar la paz con España (Tratado de Valencia), reconocer a Fernando VII como monarca legítimo, permitir su vuelta al país y retirar sus tropas del territorio español.

1. El Sexenio Absolutista (1814-1820): El retorno al Absolutismo.

El regreso de Fernando VII planteó el problema de integrar al monarca en el nuevo modelo político, definido por las Cortes de Cádiz en la Constitución de 1812. Fernando VII había abandonado el país como un monarca absoluto y debía volver como un monarca constitucional. Los liberales tenían sus dudas respecto a la buena voluntad del Rey de aceptar la situación e hicieron todo lo posible para que su vuelta al país se realizara directamente a Madrid, donde debía jurar la Constitución y comprometerse a respetar el nuevo marco político. Fernando VII, en un principio, temió enfrentarse a aquellos que durante seis años habían gobernado el país y habían resistido al invasor y, por tanto, mostró voluntad de aceptar sus condiciones.

Frente a los liberales, los absolutistas, nobleza y clero sabían que la vuelta del monarca era su mejor oportunidad para volver al Antiguo Régimen. Se organizaron rápidamente para mostrar al Rey su apoyo incondicional para que se restaurase el Absolutismo (Manifiesto de los Persas -Denominación por la que pasó a ser conocido un documento político firmado el 12 de abril de 1814, en Madrid, por 69 diputados de las llamadas Cortes de Cádiz defensores del absolutismo y contrarios a la obra constitucionalista de éstas.- *El exótico nombre por el que se conoce al Manifiesto alude a los párrafos iniciales del texto, donde se hace referencia a los comportamientos de los habitantes de la antigua Persia) y movilizaron al pueblo para que le mostrase su adhesión incondicional (le llamaban “el Deseado”). Fernando VII, seguro ya de la debilidad del sector liberal, traicionó sus promesas y al llegar a España protagonizó un golpe de Estado, al declarar mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814 “nulos y de ningún valor ni efecto” la Constitución y los decretos de Cádiz, y anunció la vuelta al Absolutismo. Inmediatamente fueron detenidos o asesinados los principales dirigentes liberales, mientras otros huyeron hacia el exilio.

En los meses siguientes se produjo la restauración de todas las antiguas instituciones, se restableció el Régimen Señorial y se restauró la Inquisición. Era una vuelta en toda regla al Antiguo Régimen. La situación internacional era además favorable. Napoleón había sido derrotado. Las potencias absolutistas europeas vencedoras habían conseguido en el Congreso de Viena restaurar el viejo orden en toda Europa y la Santa Alianza garantizaba la defensa del Absolutismo y el derecho de intervención en cualquier país para frenar el avance del Liberalismo.

1.1. Las grandes cuestiones del periodo:

1ª. La represión contra los enemigos del régimen. Entre 1814 y 1815 se persigue a los afrancesados y a los constitucionalistas; por ejemplo: el día de su primera onomástica tras el regreso (30 de mayo), Fernando VII decretó el destierro de cuantos habían desempeñado cualquier tipo de cargo –civil, eclesiástico o militar- durante la dominación francesa. Unas 12.000 personas tuvieron que abandonar el país o su residencia habitual; quienes habían votado en las Cortes a favor de la soberanía nacional sufrieron prisión por decisión personal del monarca. Según unos, la represión se hizo siguiendo los deseos del pueblo, que ciertamente repudiaba a los afrancesados, y el Rey hubo de frenarla; para otros, los liberales, la represión contra los constitucionalistas fue endurecida por el mismo Rey; posiblemente sean ciertas las dos afirmaciones, ya que los afrancesados fueron amnistiados en 1818 y el Rey tuvo que ordenar al año siguiente que se les dejara tranquilos; pero, sin embargo, los defensores de la Constitución no fueron perdonados jamás y las prometidas Cortes no llegaron a convocarse por el temor del Rey a que se produjera una situación similar a la de Cádiz.

2ª. La grave situación de la economía del país. A su regreso, el Rey se encontró un país destrozado, sin agricultura ni industria, sin carreteras, sin dinero ni en los bolsillos de los particulares ni en las arcas de la Hacienda. La Emancipación de las Colonias americanas agravó el lamentable estado de la economía: caída de los precios ante la falta de compradores, quiebras de la banca, déficit público. El Rey se negó a rebajar la Ley de la Moneda, a pedir Empréstitos y a los intentos nacionalizadotes y desamortizadores que entre 1816-1817 propuso el ministro Martín de Garay al querer aplicar un impuesto especial a los dos estamentos privilegiados. Fue imposible hacer la reforma fiscal que necesitaba el país manteniendo las estructuras del Antiguo Régimen. Ante la gravedad de la situación económica la Burguesía se fue inclinando hacia la opción liberal.
3ª. La oposición liberal, a cargo, esencialmente, de los militares. Los generales, jefes y oficiales procedentes de las guerrillas antinapoleónicas (las más eficaces contra el ejército francés), originarios en su mayor parte del pueblo llano, fueron postergados en beneficio de los procedentes del antiguo ejército real, de origen noble la mayoría. La inclinación de los antiguos guerrilleros hacia las tesis liberales o las sociedades secretas y antiabsolutistas, como la *Masonería, era, pues, casi obligada. Ya en tan temprana fecha como es 1814 Espoz y Mina protagonizó en Pamplona el primer *Pronunciamiento (Golpe de Estado militar). Fracasó, pero salvó su vida. En 1815 Juan Díaz Porlier por hacer lo mismo fue ahorcado en La Coruña; en 1816 fracasó la llamada “Conspiración del Triángulo”, que llevó al mismo fin a Vicente Richard; en 1817 el teniente general Lacy se sublevó en Barcelona y hubo de ser fusilado en Palma de Mallorca por temor a que de hacerlo en Barcelona el pueblo se intranquilizase; en 1819 el coronel Vidal tuvo el mismo fin en Valencia.
2.- EL TRIENIO LIBERAL:
El triunfo de la Revolución liberal en España, a través de un Pronunciamiento militar, fue el punto de partida de la 2Revolución liberal en Europa. En Nápoles y Portugal se produjeron revueltas similares y sus respectivos reyes tuvieron que jurar sendas constituciones. Ese contagio al ámbito europeo, junto a las propias contradicciones y errores de los liberales españoles, sería la causa de la intervención extranjera en 1823 y, en definitiva, de su fracaso.
2.1. EL PRONUNCIAMIENTO DE RIEGO:
El día 1 de enero de 1820 se produjo un nuevo Pronunciamiento. Lo protagonizó el Teniente Coronel Rafael de Riego en las Cabezas de San Juan (Sevilla) al frente de unos soldados que estaban destinados a marchar para enfrentarse a los rebeldes americanos.
Fue un Pronunciamiento precipitado y mal planteado (como casi todo lo que después hiciera Riego), y debiera haber fracasado con bastante más motivo que cualquiera de los Pronunciamientos anteriores. Mas la facilidad con la que se habían deshecho las intentonas precedentes llevó al Gobierno a pecar de pasividad: nadie se enfrentó a los sublevados, quienes se dedicaron a dejarse agasajar y a vagar de un lado a otro de Andalucía. La inexistencia de periódicos –prohibidos, como ya se dijo, en1815- que informasen de la situación real de la sublevación hizo que los rumores magnificasen los hechos. Poco a poco otros militares se fueron envalentonando; a partir de febrero, y comenzando por Galicia, se fue proclamando la Constitución por doquier. Al Rey no le quedó más remedio que aceptar los acontecimientos. El 9 de marzo el atemorizado Fernando VII decidía jurar la Constitución de 1812 y autorizar la formación de una Junta Provisional Consultiva que se encargara del gobierno del país.
2.2. LOS GOBIERNOS LIBERALES:
La Junta Provisional Consultiva se atribuyó poderes legislativos y convocó elecciones municipales y a Cortes; simultáneamente se formaron Juntas Provinciales, que se excedieron en sus atribuciones (las Juntas serán una constante en todas las revoluciones liberales posteriores), las sociedades patrióticas y las sociedades secretas condicionaban la acción política, el Rey conspiraba continuamente. En ese ambiente de caos político y tras unas elecciones amañadas, se constituyeron las Cortes el 9 de julio.
Se formó un Gobierno moderado que, entre sus primeras medidas tuvo que enfrentarse con Riego, quien muy engreído de su papel de héroe nacional, parece ser que aspiraba a dirigir la política del país; fue alejado de Madrid y a consecuencia de ello los liberales se dividieron en doceañistas y veinteañistas.
Los doceañistas,escasos y elitistas, aunque algunos de ellos eran “padres” de la Constitución de 1812 ahora desconfiaban de ella y pretendían modificarla introduciendo, por ejemplo, un parlamento bicameral en el cual, la segunda Cámara estuviese reservada para las personas poderosas económicamente.
Los veinteañistas eran partidarios de Riego: exaltados, populistas, deseaban la implantación de la Constitución de 1812 sin modificación alguna.
El relativo carácter moderado del Gobierno intentó poner orden en la Hacienda Pública y las Cortes retomaron la legislación que había quedado inconclusa en Cádiz. Se inició una política religiosa agresiva y laicista: expulsión de los Jesuitas, abolición del Diezmo, supresión de la Inquisición, supresión de las Órdenes religiosas contemplativas y Desamortización de sus bienes. En un intento de modernizar la administración del país se dividió éste en 49 provincias jurídicamente iguales, se promulgó el primer Código Penal y con el Reglamento de Instrucción Pública se establecieron las tres etapas de la Enseñanza que se harán clásicas: Primaria, Secundaria y Superior. Se suprimieron también las anacrónicas vinculaciones que dejaban la justicia en manos particulares (los Señoríos) o consagraban la desigualdad jurídica de los hijos (el Mayorazgo).
El Gobierno se veía entorpecido tanto por el obstruccionismo sistemático del Rey como por la intromisión de las sociedades secretas, que se atribuían la condición de representantes de la opinión pública. Los doceañistas dieron nuevo vigor a la “masonería antigua”, menos radicalizada políticamente que la “masonería moderna”, una parte de la cual se autodenominó pomposamente “comuneros e hijos y vengadores de Padilla”, a la que se afiliaron en tropel los veinteañistas; hubo otras sociedades que a pesar de su secretismo resultaron bastante ruidosas: carbonarios, anillos …
En octubre de 1821 los veinteañistas volvieron a pronunciarse acusando al Gobierno de tibieza revolucionaria. Riego hubo de ser destituido de su cargo de capitán general de Aragón; el capitán general de Galicia, Espoz y Mina, se enfrentó al Gobierno central. El miedo de ambos bandos a una confrontación civil hizo que nadie obtuviese un triunfo definitivo.
Martínez de la Rosa, doceañista, moderado, fue nombrado nuevo Jefe de Gobierno por sus cualidades como mediador e intentó reformar la Constitución para introducir unas Cortes bicamerales y complacer a la Santa Alianza, evitando así la previsible invasión de España. Perdió las elecciones y, como además no fue capaz de doblegar un intento por parte de la Guardia de Palacio de restablecer el Absolutismo, fue sustituido por el exaltado veinteañista Evaristo de San Miguel.
Los nuevos ministros fueron más incapaces que los anteriores, la autodenominada moderna masonería lo dirigía todo de forma bastante sectaria. Consecuencia de este sectarismo fue el inicio de otra práctica habitual de nuestra historia posterior: la depuración. Los funcionarios de origen moderado fueron declarados cesantes y la vida política se llenó de resentidos. Resultado: ambiente de guerra civil entre los mismos liberales por un lado y de liberales y absolutistas o realistas por otro.
2.3. LA CONTRARREVOLUCIÓN REALISTA :
Por si esa división de los liberales en dos bandos bastante irreconciliables no fuera suficiente para frenar sus afanes reformistas, estaba la actitud del Rey. El Rey nunca se resignó a su papel de monarca constitucional y aprovechó cuantas ocasiones pudo para intentar recuperar su poder absoluto.
A la labor de zapa del Rey se unió la insurrección armada de numerosas partidas de campesinos en Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco, frecuentemente incitadas a la lucha por la pésima situación económica que los gobiernos liberales no habían sabido resolver. Los campesinos sublevados y los realistas descontentos establecieron en Urgell una Regencia Suprema de España que pretendía reunir Cortes y decía gobernar en nombre de Fernando VII, al que consideraba prisionero del Gobierno. La Regencia no logró éxito alguno y tuvo que huir a Francia. Fernando VII pidió la intervención de tropas extranjeras.
2.4. LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS:
Además de reestructurar el mapa de Europa el Congreso de Viena (1815) se propuso mantener el A.Régimen
El día 7 de abril de 1823 los Cien Mil Hijos de San Luis (realmente 95.000), bajo el mando del Duque de Angulema, cruzaron, recelosos la frontera española del Bidasoa. Los realistas huidos establecieron un Gobierno provisional en Oyarzun. El Gobierno constitucional y las Cortes, llevando consigo a Fernando VII (quien no quería moverse de Madrid alegando que tenía un ataque de gota) se trasladaron a Sevilla con la esperanza de que una resistencia popular como la de 1808 hiciese retroceder o impidiese el avance de los franceses; pero éstos eran recibidos con tal júbilo que ellos mismos quedaron sorprendidos.
Al llegar a Madrid el Duque de Angulema, quien no quería inmiscuirse en la gobernación de España, nombró una Regencia que habría de actuar en nombre de Fernando VII.
En julio los franceses y los realistas que se les habían unido vencieron a las tropas gubernamentales en Despeñaperros. El Rey, no podía ocultar su satisfacción y se negaba a ser evacuado a Cádiz fue declarado loco y suspendido en sus funciones. El día 1 de octubre se liberaba al Rey y dos días después se rendía Cádiz, último refugio del Gobierno.

2.- LA DÉCADA OMINOSA (1823-1833):
El mismo día de su liberación, Fernando VII hacía público un manifiesto en el que decía que cuanto se había legislado desde el 7 de marzo de 1820 hasta ese 1 de octubre de 1823 era nulo y de ningún valor.
El Rey nombró a su confesor Víctor Sáez como Ministro de Estado (equivalente a Jefe de Gobierno), quien en los dos meses que duró su mandato se dedicó a perseguir a los liberales menos significativos, puesto que los máximos dirigentes habían huido. Riego, símbolo del Liberalismo, sería ahorcado en la Plaza de la Cebada de Madrid el 7 de noviembre. El sacerdote-ministro no hubo de esforzarse demasiado en buscar a quienes habían de ser reprimidos. Los absolutistas, que exigían una revancha, delataban no sólo a los liberales, sino a los sospechosos de serlo; y los liberales no ocultaban su intención de volver a pronunciarse, con lo que se hacían blanco fácil de la represalia. Resultado de estos enfrentamientos fue la quiebra del país en lo que después hemos llamado las dos Españas, y que durante un siglo ensangrentaría nuestro suelo.
Un nuevo gabinete ministerial hubo de seguir las instrucciones que el Rey, personalmente, había dado, y que se reducían a: plantear una buena policía en todo el Reino (para impedir nuevos Pronunciamientos), disolución del Ejército y creación de otro nuevo (puesto que el existente era excesivo en número de soldados, tenía muchos oficiales de origen liberal o, al menos, dudoso, y por ello no le inspiraba confianza al Rey), nada que tuviera relación con Cámaras ni con ningún género de representación (Luis XVIII, que había otorgado una Carta a Francia y que podría haber presionado sobre Fernando VII para que hiciera otro tanto, había muerto, y el nuevo rey francés, Carlos X, “el Rey del garrote”, pensaba lo mismo o peor que Fernando VII sobre el régimen representativo), limpieza de la Administración (expulsión de todos los funcionarios que hubiesen colaborado con los gobiernos del Trienio Liberal), destrucción de las Sociedades Secretas (por haber sido la masonería uno de los principales apoyos de los liberales), no reconocimiento de los Empréstitos hechos al Gobierno Constitucional (con lo cual muchos liberales se arruinaron y el Estado se ahorró una sustanciosa cantidad de dinero).
– Para cumplir esas instrucciones se creó un Cuerpo de Policía de carácter político, que se desprestigió tan rápidamente, por no estar subordinado a los jueces, que hubo de pedirse su supresión. La Inquisición, que también había hecho con anterioridad labores policíacas, no fue restablecida de momento, y numerosos realistas se sintieron descontentos por ello. En algunas Diócesis se constituyeron unas llamadas Juntas de Fe que ejercieron una función inquisitorial. La de Valencia condenó a muerte al maestro Cayetano Ripoll, que puede considerarse la última víctima del fanatismo religioso.
– Para coadyuvar al mantenimiento del orden público se crearon Comisiones militares, algo así como
tribunales militares, que en poco tiempo y por métodos expeditivos lograron poner orden y seguridad en
las calles.
– La reorganización del Ejército se hizo lentamente; por eso, el Rey tuvo que pedirle al de Francia que dejase parte de de los Cien Mil Hijos de San Luis en España. Aunque hubo sucesivas reducciones de tropas francesas, 22.000 soldados permanecieron en nuestro país hasta 1828, lo que le vino muy bien a la economía del país vecino.
– La limpieza de la Administración se llevó a cabo expulsando a miles de funcionarios, sobre todo docentes, acusados, sin derecho a defenderse, de ser liberales.
Con todo, lo que causó mayores dificultades a los gobiernos de esta etapa fueron dos cuestiones que no supieron resolverse: 1/la Amnistía y 2/ la Reforma de la Hacienda.
1. En toda Europa, la Rusia zarista incluida, modelo de Absolutismo puro y duro, estaban sorprendidos de la brutalidad de la represión política que tenía lugar en España. Luis XVIII amenazó con retirar sus tropas de España si no se producía una reconciliación entre los españoles. Ante las presiones exteriores a Fernando VII no le quedó más remedio que acceder a lo que pedía. El 20 de mayo de 1824 se publicó un Real Decreto –fechado el día 1 del mismo mes – por el que se concedía lo que el Rey, con evidente desgana, llamaba “la Amnistía dichosa”. Sus efectos no pudieron ser más contraproducentes. Numerosos realistas la consideraron excesiva y empezaron a pensar que Fernando VII estaba poco menos que traicionándoles; estos absolutistas intransigentes, autodenominados “apostólicos”, se aglutinaron en torno al Infante Don Carlos y comenzaron a preparar Insurrecciones, sin la anuencia del Infante. Por el otro lado, como el decreto de Amnistía tenía tantas excepciones los liberales consideraron que era una burla y no servía para nada. También se dedicaron a la conspiración y al levantamiento en armas. Todos los Insurrectos, sin excepción de ideología, realistas y liberales, fueron duramente reprimidos.

Tema 3

1.- El reinado de Isabel II: la Regencia de Mª Cristina y el triunfo de la burguesía liberal (1833-1840).

Al morir Fernando VII en 1833 su esposa Mª Cristina asumió el poder político en calidad de Regente, cargo que ostentaría hasta 1840. El trono debía recaer en su hija Isabel, menor de edad, pero su tío Carlos Mª Isidro, hermano de Fernando VII se creía con mayores derechos y se proclamó rey con el nombre de Carlos V. El conflicto dinástico degeneró inmediatamente en una guerra civil, desarrollada entre 1833-39.

Del lado de Carlos se puso una parte minoritaria de la alta nobleza, la mayor parte del clero y una parte considerable del campesinado del Norte de España (País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, El Maestrazgo e, incluso, Castilla la Vieja), es decir, aquellos sectores de la sociedad española que defendían la persistencia de la Monarquía Absoluta, de los privilegios señoriales de la Nobleza y el Clero y los Fueros tradicionales de ciertos territorios bajo el Antiguo Régimen. La Regente Mª Cristina y su hija, la futura Isabel II, contaron con la fidelidad del aparato del Estado (Funcionarios civiles y Ejército), la mayor parte de la alta Nobleza y, sobre todo, con el conjunto de la Burguesía y la mayor parte de las clases trabajadoras urbanas, o sea, de quienes consideraban inevitable o necesaria la superación del Antiguo Régimen y la modernización económica, jurídica y política de España en un sentido liberal.

Del lado isabelino, en el terreno político y diplomático, estuvieron también los países de Europa occidental (Reino Unido, Francia y Portugal), que abrazaban la ideología liberal, mientras que la causa de don Carlos no gozó de ningún apoyo significativo exterior.

La guerra civil – conocida por los historiadores como Primera Guerra Carlista -, fue una guerra de guerrillas librada por partidas carlistas en el Norte de España. En 1834, los carlistas o absolutistas llegaron, incluso, a amenazar Madrid. Sin embargo, al año siguiente, al sitiar Bilbao –que como el resto  de las ciudades del Norte no se había sumado al Carlismo- murió en la empresa el general Zumalacárregui,  principal estratega de la causa carlista. Esta pérdida y el paso del poder político de los liberales moderados, más irresolutos, a los liberales progresistas, más decididos, permitió dar un impulso  a la causa isabelina y liberal.

Un  general progresista, Espartero, obligó a los carlistas, en 1836, a levantar el cerco de Bilbao. Posteriormente, los liberales obtuvieron nuevas victorias militares. Por último, la división del bando carlista entre partidarios y adversarios de terminar la guerra facilitó la firma de la paz con la fracción que, a cambio de integrarse con sus empleos, grados y condecoraciones en el Ejército Real, aceptaba la Monarquía de Isabel II. Un gesto simbólico, el *abrazo en Vergara (ciudad de Guipúzcoa), de los generales Maroto (carlista) y Espartero (liberal), ponía fin en 1839 a esta sangrienta contienda civil y abría el paso, definitivamente, al Liberalismo burgués.

Durante los años de la guerra, la Regente, aliada ya de la burguesía liberal, se inclinó del lado del  Moderantismo frente al Progresismo. Así, entre 1833 y 1836, con los Moderados en el poder, se promulgó en 1834 el *Estatuto Real, texto preconstitucional que otorgaba al Monarca amplias prerrogativas y sólo permitía a una minoría de ciudadanos económicamente pudientes –alta nobleza, alto clero, burguesía– participar en unas Cortes Generales cuyas competencias eran francamente escasas.

A esas alturas, y con el trasfondo de la guerra civil, la burguesía moderada trataba no sólo de llegar a un entendimiento con la nobleza terrateniente sino, también, de evitar una ruptura definitiva con el Clero latifundista. De estos primeros años de la Regencia, con los moderados en el poder, datan igualmente algunas reformas de alcance, como la *división provincial de Javier de Burgos en noviembre de 1833, (estado centralizado dividido en 49 provincias) que trataba de superponer, homogeneizando el país, la nueva organización política y territorial a la organización histórica de los reinos del Antiguo Régimen. Con la división provincial nacía un centralismo burgués que, desde Madrid, ejercía el poder sobre todo el país por medio de los gobernadores civiles y militares, las Delegaciones de Hacienda y, desde 1834, las Audiencias Provinciales establecidas en todas y cada una de las 49 provincias creadas por entonces.

En los años 1836-37, las circunstancias favorecieron el acceso al poder del sector progresista del liberalismo. La necesidad de recaudar los fondos necesarios para ganar la guerra a los carlistas y extinguir la *deuda pública creciente, llevó a la adopción de una decisión de enorme trascendencia, la

*Ley Mendizábal de 1837 por la que los bienes del clero regular –monjes y monjas de monasterios y conventos- fueron desamortizados, o sea dejaron de pertenecer a sus poseedores para convertirse en bienes nacionales del Estado. Acto seguido dichos bienes, tierras, etcétera, fueron vendidos por el Estado a los mejores postores particulares.

*La desamortización de Mendizábal, como ha dicho el historiador Vicens Vives: “Pudo ser una verdadera reforma agraria”, que estabilizase la suerte del campesino castellano, andaluz y extremeño; pero se limitó a ser –pese a los deseos del gobierno- una transferencia de bienes de la Iglesia a las clases económicamente fuertes (grandes propietarios, aristócratas, burgueses…) las únicas que tenían capitales para adquirir los *bienes nacionales. En suma, la desamortización de Mendizábal alejó, momentáneamente al Clero del régimen liberal, pero selló, definitivamente, la alianza entre la Burguesía y la Nobleza, vinculados por interés a la suerte del nuevo régimen económico y político.

En 1837 se puso en vigor, también, una Constitución. Superaba con creces al Estatuto Real de 1834, pues reconocía el principio de la soberanía nacional, pero le otorgaba al Rey más prerrogativas que la Constitución de 1812.

Pocos años después, en 1840, vencido el Carlismo y agudizado el antagonismo entre el sector progresista del Liberalismo –responsable principal de la victoria militar- y la Regente Mª Cristina, ésta se vio obligada a renunciar a la Regencia y su lugar fue ocupado por el popular general progresista Espartero.

Vencido definitivamente el Absolutismo, a partir de 1840 el campo de los vencedores liberales se dividió en dos facciones antagónicas, *liberales progresistas y *liberales moderados.

1840-1843 y 1854-1856: Mandaron los progresistas, más heterogéneos, pero que representaban básicamente a la pequeña burguesía, una buena parte de la clase media y amplios sectores de las capas populares urbanas.

1844-1854 y 1856-1868: Mandaron los moderados que representaban a los grandes propietarios, burgueses y nobles, beneficiarios principales de las sucesivas desamortizaciones de 1837 y 1855 e, incluso, a las capas medias altas.

Unos y otros, por cierto, se apoyarían, para gobernar, en el prestigio  y en la fuerza de militares de uno y otro signo, como el general Espartero en el campo progresista y el general Narváez en el moderado.

Por lo demás, para esas fechas era ya evidente que el Ejército era el auténtico árbitro de la situación política española. En cuanto a las masas campesinas y a las capas populares urbanas, que constituían la inmensa mayoría de la población, el sistema liberal empleando como mecanismo selectivo el *Sufragio censitario les dejaba completamente al margen de la participación política.

1) Entre 1840 y 1843, el general progresista Espartero, principal artífice de la victoria sobre los carlistas, gobernó el país sustituyendo  Mª Cristina como Regente de España. El marco político de ese periodo fue la Constitución de 1837, impuesta por los progresistas a los moderados durante la Primera Guerra  Carlista. Mucho más avanzada que el Estatuto Real de 1834 proclamaba la soberanía nacional y sin ser democrática – establecía el sufragio censitario en lugar del universal -, garantizaba, al menos, la elección de los alcaldes por una parte de los vecinos de cada municipio. Sin embargo, el Duque de Victoria tuvo que hacer frente a la oposición moderada, que se expresó mediante sucesivos pronunciamientos que fracasaron. Además, las tendencias autoritarias y personalistas del Regente le enajenaron la simpatía de diversos sectores del progresismo y, para colmo, su política económica *librecambista enojó  a la burguesía algodonera catalana que reclamaba la *protección de sus tejidos frene a los tejidos de importación británicos. Finalmente, la oposición de los algodoneros catalanes se tradujo en una sublevación de la ciudad de Barcelona que Espartero reprimió sin contemplaciones. Tras este último hecho un nuevo pronunciamiento moderado, bajo la dirección del general Narváez obligó a Espartero a abandonar el poder y a emprender el camino del exilio londinense.

Tras la Regencia de Espartero, Isabel II fue declarada mayor de edad y el país entró en una fase crucial del reinado isabelino

Tema 4

Tras la Regencia de Espartero, Isabel II fue declarada mayor de edad y el país entró en una fase crucial del reinado isabelino:

2) Entre 1844-1854 : Década Moderada. Fue la época del gobierno de los grandes propietarios nobles y burgueses. Para asegurar su predominio frente a los progresistas, los moderados crearon en 1844 la *Guardia Civil, institución armada que contraponían a la *Milicia Nacional,  fuerza cívico-militar de tendencia progresista. Además la Guardia Civil se convirtió, en seguida, en el brazo armado de los grandes terratenientes contra el *bandolerismo endémico y las agitaciones sociales del campo español.

Insatisfechos con el marco político diseñado por la Constitución de 1837, los moderados redactaron una nueva Constitución en 1845 marcadamente antiprogresista. La soberanía no residía en la Nación, sino en el Rey y las Cortes. Éstas se elegían mediante sufragio censitario entre una minoría más restringida aún de propietarios y contribuyentes. El monarca podía escoger y deponer a su antojo al Jefe de gobierno y a sus ministros. La libertad de imprenta debía sujetarse al cumplimiento de las leyes y se suprimían las elecciones municipales y la Milicia Nacional, pilares del poder político del Progresismo.

    En definitiva, la Constitución de 1845 consagraba la hegemonía política del bloque formado por aristócratas y burgueses castellanos y andaluces, enriquecidos por la desamortización y entregados a la especulación financiera, y cuyos intereses cerealistas se defenderían con *medidas proteccionistas.

    Esa alianza se extendería en aquellos años a la burguesía algodonera catalana que reclamaba, también, una política *proteccionista e, incluso, a la burguesía comercial canaria que, por el contrario, exigía una política *librecambista (Ley de Puertos Francos de 1852). Años más tarde, se sumarían a ese bloque social de poder los también *proteccionistas industriales ferreteros vascos. Por último, la *Oligarquía de grandes propietarios agrícolas, consciente de la enorme influencia ideológica del Clero sobre las capas populares, buscó la reconciliación con la Iglesia y el Clero católicos, con los que el Liberalismo se había indispuesto a raíz de la Desamortización eclesiástica de Mendizábal en 1837. Para ello, en 1851 se firmó un *Concordato con la Santa Sede queno sólo confirmaba la confesionalidad católica de España               – situación consagrada en las Constituciones de 1812, 1837 y 1845 -, sino que obligaba al Estado español a sostener el culto y a los eclesiásticos mediante una retribución anual.

    En 1854 la división interna del moderantismo facilitó el regreso al poder de los progresistas. Un Pronunciamiento del general O´Donnell, la *Vicalvarada y el posterior levantamiento del pueblo madrileño contra el gobierno moderado, obligó  la Reina a llamar al general Espartero para gobernar.

    1854-1856  Bienio Progresista: Espartero y O´Donell en el poder. Lo más singular de este breve paréntesis político fue la culminación del proceso desamortizador. Para hacer frente a los apuros financieros del Estado, en 1855 se promulgó la Ley Madoz. Confiscaba las tierras comunales de los municipios, que fueron puestas a la venta y, como en el caso de la desamortización eclesiástica de 1837, aumentó el patrimonio de la nobleza y de la burguesía absentista. Por otra parte, las Cortes Constituyentes convocadas por los progresistas elaboraron una nueva Constitución, la de 1856, más avanzada que la de 1845, pero tampoco democrática, que no llegó a entrar en vigor.

     Durante el Bienio, además, surgió el Banco de España y se abrió el negocio ferroviario español a la inversión de capital extranjero. Tan insensibles a los problemas populares como los moderados, los progresistas fueron testigos también de una gran agitación social. La protesta estuvo protagonizada en Castilla y Andalucía por un campesinado hambriento e insatisfecho con las míseras condiciones laborales y en Cataluña por un proletariado descontento con la pobreza y la imposibilidad legal de asociarse.

    La última fase del reinado de Isabel II se desarrolló entre 1856 y 1868. El enfrentamiento entre Espartero, fiel al Progresismo y O´Donnell, inclinado ahora hacia el Moderantismo, fue decisivo para cerrar el Bienio Progresista.

     O´Donnell en 1856, en el poder, restableció la Constitución moderada de 1845.

     Entre 1856 y 1868 O´Donnell y Narváez, políticos favorecidos por Isabel II, detentaron mayoritariamente el poder. O´Donnell se apoyó para hacerlo en la *Unión Liberal, grupo político que trataba de reconciliar el Liberalismo mediante la confluencia de los sectores más centristas del Progresismo y el Moderantismo. Sin embargo, como lo demuestra la vigencia de la Constitución de 1845, este último periodo tuvo un carácter político marcadamente moderado. La Reina, competente según la Constitución de 1845 para hacer y deshacer gobiernos, se inclinó más que nunca por los políticos del campo moderado, enajenándose definitivamente las simpatías de los progresistas y de otros grupos más radicales desgajados del Progresismo, como los demócratas e, incluso, los primeros republicanos. Minado el prestigio personal por los escándalos de su vida privada y por los medios ilícitos empleados para enriquecerse, la muerte de O´Donnell en 1867 y la de Narváez en 1868 le privó de sus últimos defensores y en septiembre de 1868 un nuevo Pronunciamiento, apoyado por la mayoría del Ejército, la oposición política y la mayor parte de la población urbana del país, concluyó con su destronamiento y exilio a Francia. *La Revolución Gloriosa, como fue calificado el suceso, puso fin así al azaroso reinado de Isabel II.

Tema 5

  EL  SEXENIO   REVOLUCIONARIO : 1868-1874    El denominador común del Sexenio Revolucionario fue el intento de superar el Régimen *Oligárquico del reinado isabelino, construyendo en su lugar un régimen democrático basado en el Sufragio Universal (masculino) y que,  por consiguiente, permitiera la participación política al conjunto de la ciudadanía y no sólo a unas minorías privilegiadas. En el empeño democratizador participaron, sobre todo, la burguesía y amplios sectores de las clases medias y de las capas populares urbanas. Sin embargo, este heterogéneo conjunto social, dividido y enfrentado en cuanto a sus otras prioridades y objetivos políticos, fue incapaz de constituir un sólido bloque social de poder que asegurase el éxito de la experiencia democrática. Por ello, el Sexenio transcurrió como un proceso histórico intenso y corto, marcado por la rápida sucesión de las siguientes fases:   1ª.- Gobierno Provisional y Regencia (1868-1871)   2ª.- Monarquía democrática de Amadeo de Saboya (1871-1873).   3ª.- I República democrática (1873-1874).   4ª.- República Autoritaria (1874).

1ª.- Gobierno Provisional y Regencia (1868-1871):

Tras el triunfo de la *Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 se formó un Gobierno Provisional encabezado por el general unionista Serrano, nombrado más tarde Regente, y por su sucesor en la Presidencia del gobierno y verdadero hombre fuerte de la situación el general progresista Prim.

El Gobierno Provisional contaba con el respaldo de los grupos sociales a los que nos referimos con anterioridad, representados políticamente por los partidos Progresista, Unionista, Demócrata y Republicano. Fuera o alejada de este panorama quedaba la alta nobleza, afecta a los Borbones, y el Clero pegado también a la dinastía depuesta o al Carlismo. El acto más importante del nuevo gobierno fue la convocatoria, por sufragio universal, de unas Cortes cuya principal tarea era redactar una nueva Constitución que sustituyese a la de 1845. La composición de esas Cortes garantizó la mayoría para los progresistas y liberales unionistas, seguidores de Prim y Serrano, pero reveló la existencia de una importante minoría republicana, demócrata e, incluso, carlista. Por otra parte, los sucesos de 1868 propiciaron el comienzo de la primera Guerra de Independencia en Cuba que duraría de 1868 a 1878.

La nueva Constitución de 1869, de acuerdo con los deseos de la burguesía liberal, mantuvo el carácter monárquico del Estado, pero subrayó el principio de la soberanía nacional., limitó el poder real, instituyó el sufragio universal y aún manteniendo el carácter confesional del Estado proclamó la libertad de los cultos no católicos. Desde su puesto de Presidente del Gobierno Prim se entregó entonces a la búsqueda de un rey demócrata. La tarea resultó complicada pero finalmente Amadeo de Saboya, Duque de Aosta e hijo del Rey de Italia Víctor Manuel II, aceptó la Corona que le ofrecían a finales de 1870 las Cortes Constituyentes españolas.

2ª.- La Monarquía democrática de Amadeo I de Saboya (1871-1873).-

El nuevo Rey, por su pertenencia a la Casa de Saboya, venía avalado por la trayectoria liberal y constitucional de esta Dinastía que había sido capaz de culminar, justo en 1871, la *Unificación de Italia.

Existía, pues, una oportunidad para el éxito de la Monarquía democrática, pero diversas circunstancias frustraron el proyecto. La más trágica fue el asesinato del general Prim el 27 de diciembre de 1870 en un atentado en la calle del Turco de Madrid, sólo unos días antes de la llegada a España de Amadeo. Este hecho privó al nuevo monarca de su principal valedor y sostén político. Para colmo de males la muerte de Prim, (debida quizá a los republicanos) líder indiscutible del Progresismo, abrió un periodo de división y lucha entre los miembros de ese partido que debía continuar la labor de apoyo al nuevo monarca.

    La base social del Régimen se redujo peligrosamente. La oposición contaba en sus filas, desde distintas perspectivas, a los republicanos, con los que simpatizaban cada vez más una buena parte de la pequeña burguesía y de las clases medias y populares urbanas; a los carlistas, que en 1872 iniciaron la Tercera Guerra Carlista (la Segunda, muy breve, había tenido lugar en los años de la Década Moderada) y, por último, a la aristocracia y al Clero. Los unos, por alfonsinos, es decir, partidarios de la restauración de los Borbones en la persona del príncipe  Alfonso, hijo y heredero de Isabel II, y los otros por esas mismas razones y por aversión a los Saboyas que al unificar Italia y convertir a Roma en su capital, habían suprimido los Estados Pontificios ganándose la animadversión del Papado y de la Iglesia.

En definitiva, la multiplicación de los conflictos – guerras cubana y carlista, sublevaciones republicanas, controversias progresistas -, más el vacío glacial de la aristocracia y la indiferencia generalizada de la sociedad empujaron finalmente a Amadeo I a la abdicación. El suceso tuvo lugar el 10 de febrero de 1873. Habían transcurrido poco más de dos años desde el comienzo de su reinado.

3ª.- I República democrática (1873-1874).-

Si fugaz había sido el reinado de Amadeo I, más lo fue aún la I República española (11 de febrero de 1873 a enero de 1874. La I República había llegado por un compromiso entre radicales monárquicos (que sólo aceptaban una república unitaria) y una minoría de republicanos federales, para cubrir el vacío de poder dejado por Amadeo I. En junio de 1873 las Cortes definieron el régimen como una República federal y elaboraron una Constitución que contemplaba la existencia de 17 Estados federados y que no llegó a entrar en vigor por el estallido cantonalista.

    A los conflictos heredados del pasado inmediato – primera guerra de Independencia Cubana, donde se proyectó la abolición de la esclavitud y la Tercera Guerra Carlista -, se sumó el conflicto desatado entre los propios republicanos. Inicialmente éstos se habían dividido en dos partidos: los *republicanos federalistas, mayoritarios, partidarios de un estado federal superador del centralismo borbónico del s. XVIII y liberal del siglo XIX, y los republicanos unionistas, minoritarios, y afectos a un poder central fuerte que impidiese la disgregación nacional. Pero, por si fuera poco, a esa división se le agregó el divorcio entre los propios republicanos federales, defensores unos de un estado soberano formado por diversos estados federales, y simpatizantes otros de un estado constituido por múltiples *cantones , pseudoestados con una amplísima autonomía y débiles lazos con el poder central.                                 

     El Cantonalismo fue una insurrección federalista  promovida por la pequeña burguesía radical y el *Proletariado de tendencias anarquistas, estalló en Cartagena en julio de 1873, propagándose por numerosas ciudades de Levante (Murcia y Valencia) y  Andalucía. La intervención militar acabaría con la Insurrección Cantonal, aunque Cartagena no se rindió hasta enero de 1874

Pi y Margall (1824-1901) Líder de Partido Republicano Federal, segundo Presidente de la I República y teórico destacado del Federalismo tuvo que hacer frente al levantamiento de sus correligionarios más intransigentes. Frenado por la Insurrección Cantonalista. Su fracaso llevó a la presidencia a dos nuevos presidentes, pero esta vez del Republicanismo Unionista, Salmerón y Emilio Castelar. Ninguno de ellos logró tampoco vencer la Insurrección, sobre todo, la de Cartagena,  plaza militar fortificada donde los rebeldes resistían con éxito el asedio de las tropas enviadas para reducirlos. Finalmente, en enero de 1874, el general Pavía dio un *Golpe de Estado acabando de esa manera con la efímera experiencia de una República democrática. El régimen republicano desapareció sin que ni siquiera llegara a estar vigente la Constitución de 1873, que configuraba a España como un estado federal y *laico.

    El nuevo régimen contó desde el principio con el rechazo de la Nobleza y el Clero, fue visto con desconfianza por el Ejército, donde no existía ni un solo general republicano, y despertó el temor de la burguesía cuando la Insurrección Cantonalista quebrantó el orden público y amenazó las vidas y los bienes de las clases propietarias.

    4ª.- República Autoritaria (1874).-

El año final del Sexenio tuvo muy poco de revolucionario. Tras el Golpe de Estado subió al poder, en calidad de Presidente de la República, el general Serrano. Es decir, el mismo general unionista que había encabezado la Revolución Gloriosa y ostentado la Regencia bajo el Gobierno Provisional de 1868 a 1871. Serrano logró tomar Cartagena poniendo fin a la Insurrección Cantonalista, pero no cosechó ningún

éxito frente a los independentistas cubanos y los carlistas. Por último, un nuevo Pronunciamiento a cargo del general Martínez Campos en Sagunto, a favor de D. Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, fue apoyado por el Ejército y puso término al gobierno del Duque de la Torre. Se cerraba así el turbulento periodo del Sexenio  democrático con un final inesperado. Recuperaba el trono la misma dinastía que había sido expulsada en 1868. Agotadas las fórmulas que se habían ensayado en aquellos años, el poder volvía a las manos de los sectores – alta Nobleza, alto Clero, gran Burguesía -, que lo habían detentado bajo el Moderantismo isabelino, pero ahora con una base social más amplia puesto que los sectores de la Burguesía y de las clases medias  que habían apoyado al Progresismo en la Revolución Gloriosa, aceptaban ahora un régimen que les proporcionase seguridad y orden frente a los excesos del radicalismo revolucionario.