El Sexenio Democrático (1868-1874): Intentos Democratizadores

El origen del Sexenio Democrático fue la Revolución de septiembre de 1868, conocida como la Gloriosa. Se inició en Cádiz con un pronunciamiento militar dirigido por los generales Prim, Serrano y Topete. El manifiesto de los sublevados se titulaba «España con honra» y proponía un Gobierno provisional y el sufragio universal, además de ideas recogidas en el Pacto de Ostende.

La insurrección obtuvo el apoyo popular, liderado por los demócratas, que organizaron juntas revolucionarias. Las tropas leales a la reina Isabel II fueron derrotadas por las del general Serrano en Alcolea (Córdoba). Isabel II huyó a París y se formó un Gobierno Provisional compuesto por progresistas (Prim, Sagasta, Figuerola y Ruiz Zorrilla) y unionistas (Topete).

De este Gobierno estaban excluidos los demócratas, quienes tenían gran influencia en las juntas revolucionarias. Desde estas juntas se reclamaba la implantación de derechos (sufragio general masculino, libertad de imprenta) y la supresión de los consumos y las quintas.

El doble poder (Gobierno provisional y juntas) se resolvió a favor del Gobierno, que disolvió las juntas. A cambio, el Gobierno cumplió la mayor parte del programa demócrata, con la excepción del asunto de las quintas. Esto provocó la escisión del Partido Demócrata en dos facciones:

• Cimbrios: Dispuestos a cooperar con el Gobierno al margen del régimen político, siempre que se respetase la democracia. Destacaron Manuel Becerra y Martos.
• Republicanos: Creían indispensable la implantación de una república federal. Destacaron Pi i Margall y Figueras.

Convocatoria de Cortes Constituyentes

Se convocaron elecciones (con sufragio general directo masculino) a Cortes constituyentes en enero de 1869. Las fuerzas políticas en las Cortes eran:

• Carlistas
• Moderados (Alfonsinos): Con Cánovas del Castillo
• Gubernamentales (Unionistas, progresistas y demócratas cimbrios): Vencieron en las elecciones, pero acabaron disgregándose
• Partido Republicano Federal: Gran apoyo en Aragón, Cataluña, Valencia y Andalucía, apoyaba los poderes locales de las juntas

La tarea fundamental de las Cortes fue elaborar la Constitución de 1869, la más liberal hasta entonces. Se proclamó la soberanía nacional y la declaración de derechos individuales. Se estableció una división de poderes: legislativo en Cortes bicamerales (Congreso y Senado), ejecutivo en el monarca (ejercido por el Gobierno) y judicial en los tribunales.

Se estableció una monarquía parlamentaria donde el Gobierno dependía del apoyo de las Cortes. Los miembros del Congreso eran elegidos por sufragio directo masculino y los del Senado por sufragio indirecto. El general Serrano fue nombrado regente.

Problemas del Nuevo Régimen

El nuevo régimen enfrentó graves problemas:

• Insurrecciones populares y republicanas: Muchos trabajadores identificaban la república con cambios estructurales y justicia social. Se unieron los intransigentes del Partido Republicano Federal, estallando sublevaciones en Valencia y Andalucía. También hubo motines de subsistencia, contra las quintas y huelgas industriales.
• Problemas de Hacienda: Figuerola estableció la peseta como moneda única (1868) y aplicó el liberalismo al comercio con el arancel Figuerola. Promulgó la Ley de Minas, vendiendo minas a empresas inglesas.
• Primera Guerra de Cuba (1868-1878): Descontento de los criollos sin poder político. La insurrección del Grito de Yara (octubre de 1868) buscaba independencia y abolición de la esclavitud. El conflicto se basó en guerrillas y finalizó con la Paz de El Zanjón.

Reinado de Amadeo I

Se eligió a Amadeo de Saboya como rey. Las presiones de Prim fueron decisivas, pero fue asesinado antes de la llegada del nuevo rey. Amadeo I juró la Constitución en enero de 1871. Fue considerado un intruso por borbónicos y republicanos, con escaso apoyo social y político. La coalición gubernamental se disgregó, causando inestabilidad. La rivalidad entre Sagasta y Ruiz Zorrilla impidió un turno de partidos estable. Amadeo I abdicó en febrero de 1873.

Primera República (1873-1874)

La Primera República fue proclamada por las Cortes el 11 de febrero de 1873. Se formó un Gobierno presidido por Figueras, con mayoría de radicales. Se convocaron elecciones en mayo, ganando el partido gobernante. Pi i Margall presidió el nuevo Gobierno e inició el proyecto de Constitución federal (1873): soberanía popular, separación de poderes, separación Iglesia-Estado, Senado como representación territorial y legislación social.

La República fue desbordada por la izquierda: republicanos intransigentes y el cantonalismo (municipios autónomos en Levante, Murcia y Andalucía). La República giró a la derecha, apoyándose en el Ejército con Salmerón y Castelar. Castelar disolvió las Cortes, pero fue forzado a reabrirlas y dimitir.

República Autoritaria

El general Pavía disolvió las Cortes, iniciando la República autoritaria (enero-diciembre de 1874). Serrano presidió el Gobierno con progresistas veteranos. Cánovas del Castillo redactó el Manifiesto de Sandhurst para Alfonso XII. Martínez Campos se pronunció en Sagunto (diciembre de 1874), finalizando el Sexenio Revolucionario e iniciando la Restauración borbónica.

Isabel II (1843-1868): El Reinado Efectivo

La oposición a Espartero culminó en una insurrección en 1843. Narváez venció en Torrejón de Ardoz y Espartero se exilió. Se declaró la mayoría de edad de Isabel II, comenzando su reinado efectivo en 1844 con la Década Moderada (1844-1854).

Narváez formó un gobierno moderado, estableciendo un sistema oligárquico con elecciones manipuladas y corrupción. Se marginó a los progresistas, imponiendo el liberalismo doctrinario (Jaime Balmes, Donoso Cortés, Cánovas del Castillo).

Constitución de 1845

Se promulgó la Constitución de 1845: catolicismo como religión oficial, limitación de la libertad de imprenta, soberanía compartida entre Cortes y rey, sin clara separación de poderes. Cortes bicamerales: Senado vitalicio designado por el rey y Congreso elegido por sufragio censitario restringido.

Medidas de Centralización

administrativa y legislativa para controlar, desde el Gobierno, la Administración provincial y local. En las provincias se creó el cargo de gobernador civil, líder de los moderados en la zona. El Gobierno nombraba a los alcaldes de las ciudades más importantes, y el gobernador civil, a los del resto de municipios. Se suprimió la Guardia Nacional al considerarla un nido de progresismo y revolución, y en su lugar se creó la Guardia Civil (1844). Además, se adoptaron un solo sistema de pesos y medidas (el métrico decimal), la regulación para todo el país de la instrucción pública (Plan Pidal) y un nuevo Código Penal (1848). El Código Civil se quedó en proyecto y no se aprobó hasta finales de siglo. También se firmó un Concordato (1851), por el cual el Estado se comprometía a reservar una parte de su presupuesto (dotación del culto y clero) para hacer frente a los gastos eclesiásticos. Se llevó a cabo una reforma tributaria de la Haciencia, mediante la Ley Mon-Santillán. Con esta reforma se realizó un presupuesto estatal general anual y se potenciaron los impuestos indirectos, llamados consumos, que se aplicaban a los artículos básicos de consumo (comestibles, leña) y perjudicaban a las clases populares. Con estas medidas, era evidente el incremento del autoritarismo de los gobiernos moderados, que se hizo más notorio con la habitual supresión de las Cortes. Esto acabó provocando que, a la oposición de los carlistas (guerra dels matiners) y de los progresistas, se uniera el sector izquierdista de los moderados (puritanos), más respetuoso con las leyes. A todos ellos se sumó el nuevo Partido Demócrata, desgajado del ala izquierda del progresismo, que reivindicaba un liberalismo democrático basado en el sufragio general masculino, Cortes unicamerales… Se produjeron, entonces, una serie de insurrecciones populares de demócratas y progresistas.La revolución más importante fue la de 1854, provocada por un pronunciamiento del general O’Donnell en Vicálvaro (la Vicalvarada), para derrocar al Gobierno. Los insurrectos tuvieron que huir hacia el sur y O’Donnell proclamó el Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo, en la población del mismo nombre (Ciudad Real). La proclama surtió efecto y la sublevación comenzó a extenderse por las grandes ciudades, donde se formaron juntas revolucionarias.El episodio decisivo lo protagonizaron las clases populares, que levantaron barricadas en Madrid.

Tras estos sucesos, Isabel II encargó al general Espartero (al frente de los progresistas) la formación de un nuevo Gobierno (El Bienio Progresista, 1854-1856); O’Donnell, por su parte, se mantuvo como líder del ala izquierda de los moderados o vicalvaristas. En esta etapa colaboraron Espartero y O’Donnell. No se alteraron los principios ni el funcionamiento del Estado liberal, y el régimen de Espartero se basó en una fórmula inestable y breve.

Las reformas que se llevaron a cabo durante el Bienio Progresista fueron: la restauración de leyes (Ley de Imprenta, Ley Electoral) e instituciones (Milicia Nacional), la elaboración de un proyecto de Constitución (1856), que fue llamada nonata porque no llegó a promulgarse (era similar a la de 1837 y ampliaba la lista de derechos individuales); se llevó a cabo la desamortización general, promovida por Madoz, que afectó a las posesiones de la Iglesia, a las tierras y a los bienes de los municipios y del Estado. Por último, se trató de consolidar un mercado de ámbito nacional e impulsar el crecimiento con la aprobación de la Ley de Concesiones Ferroviarias y las leyes bancarias que dieron lugar a la creación del actual Banco de España. Durante el Bienio estallaron conflictos sociales en diversas industrias; fueron huelgas organizadas por sociedades obreras en Barcelona y su entorno. Todas ellas culminaron en la huelga general. A este conflicto se unieron motines de subsistencia que fueron duramente reprimidos. Como consecuencia, se produjo una crisis en el Gobierno; el general O’Donnell fue el encargado de acabar con la resistencia armada de la Milicia Nacional. Era el final del Bienio Progresista. Se alternaron entonces los moderados, Narvaez, y la Unión Liberal (1856-1868),O’Donnell, siendo la restauración del orden su principal preocupación. Este periodo se caracterizó por un liberalismo pragmático, que no encontró excesiva oposición por parte de las élites sociales del país. Además, en esta época concluyó la realización de dos obras públicas de enorme relevancia: el tendido ferroviario y el Canal de Isabel II, que abastecería de agua a Madrid.El Gobierno en este período llevó a cabo una política exterior de prestigio. Estaba dirigida a restaurar el papel de España como potencia internacional. Esta política se hizo siempre de acuerdo con los intereses de Francia y de Reino Unido. La intervención militar más importante tuvo como escenario Marruecos. El pretexto fue la defensa de Ceuta y Melilla de los ataques de las tribus rifeñas. España obtuvo, así, el territorio de Ifni, una región del suroeste de Marruecos que disponía de bancos pesqueros. También se llevó a cabo una política interior basada en los principios moderados de la Constitución de 1845, que volvió a fracasar en el intento de lograr la alternancia pacífica en el poder de los distintos grupos liberales. Los ministros eran nombrados o destituidos según el favor y la confianza de la reina y sus camarillas. El Gobierno clausuraba las Cortes y reforzaba la represión. Hubo conspiraciones no solo contra el Gobierno, sino también contra la reina. Destacó la protesta de la Noche de San Daniel o la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil. Finalmente, los progresistas comenzaron a colaborar con los demócratas promoviendo un acuerdo de actuación, el Pacto de Ostende (Bélgica, 1866), contra la reina.Tras la muerte de O’Donnell (1867) y Narváez (1868), que eran los principales apoyos de la reina, se adhirieron al pacto incluso los unionistas. Por último, la crisis de 1866-1868 aumentó el descontento general. Todos estos factores desencadenaron la Revolución de septiembre de 1868, conocida como la Gloriosa o la Septembrina. Se inició en Cádiz, con un pronunciamiento militar dirigido por Prim, Serrano, y Topete. El manifiesto de los sublevados se titulaba España con honra.Las tropas de la reina fueron derrotadas en Alcolea (Córdoba), Isabel II huyó a Francia y se formó el Gobierno Provisional.