Problemas de la Coalición Republicano-Socialista

El cambio de régimen coincidió con la fase más grave de la depresión económica mundial, iniciada con el hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 1929.

Esta crisis incidió de manera más débil en la economía española que en otros países, debido a nuestra reducida relación con el mercado internacional, aunque imposibilitó el crecimiento económico.

Asimismo, la crisis mundial paralizó la emigración a América, que constituía una válvula de escape para el paro crónico de regiones como Galicia o Andalucía.

En cualquier caso, la crisis internacional agravó los problemas internos de la economía española: paro agrícola, reparto desigual de la tierra, escasa competitividad internacional.

A estos problemas crónicos se sumaron los derivados de la política económica del gobierno republicano. Así pues, el aumento generalizado de los salarios industriales y agrícolas que decretó el gobierno del primer bienio, no se correspondió con un crecimiento de la productividad e hizo descender los beneficios empresariales.

Esto dio lugar a un aumento del descontento y la desconfianza del empresariado industrial y de los grandes propietarios agrícolas.

La lentitud de las reformas emprendidas provocó el desencanto y la impaciencia de los trabajadores, teniendo en cuenta que el paro era muy alto y la actitud de la patronal y de los propietarios agrícolas era contraria a cualquier negociación.

La voluntad revolucionaria de los partidos y sindicatos de izquierda agudizó los enfrentamientos. La CNT vio la ocasión idónea para su proyecto revolucionario y fomentó la conflictividad laboral (huelgas generales) y la insurrección campesina para destituir el orden burgués existente.

Las huelgas, las insurrecciones y las ocupaciones de tierras fueron en progresivo aumento. Los anarquistas propiciaron una sublevación de mineros en Cataluña (Alto Llobregat) y de campesinos en Andalucía (Casas Viejas). Consistían en tomar el ayuntamiento, quemar el registro de la propiedad, colectivizar la propiedad y declarar el comunismo libertario, y finalizaban con la llegada de la Guardia Civil. Estos hechos produjeron un enorme desgaste del gobierno, que se vio desacreditado como consecuencia de las duras medidas policiales adoptadas para establecer el orden público.

La crisis fue aprovechada por todos los sectores contrarios a la República para intentar acabar con la coalición republicano-socialista.

Las reformas republicanas y la conflictividad social disgustaron a las élites económicas, sociales e ideológicas. Asimismo, amplias capas de clases medias consideraban los cambios demasiado radicales.

El centro derecha se reestructuró alrededor del Partido Radical de Lerroux, que atrajo a grupos de empresarios, comerciantes y propietarios agrícolas, no tan opuestos a la República como a su carácter de izquierda.

La derecha impulsó grandes campañas, como la oposición a la reforma religiosa, a la reforma agraria y al Estatuto de Cataluña. La CEDA contó rápidamente con un buen número de afiliados y con un líder indiscutible: Gil Robles.

Asimismo, Renovación Española, Comunión Tradicionalista y la JONS y la Falange, realizaron una intensa actividad de agitación contra lo que consideraban el avance del marxismo y el peligro de una revolución bolchevique. Con sus acusaciones consiguieron crear un clima de crispación y de temor que acabó arrastrando al conjunto de la derecha.

En este contexto, algunos sectores del ejército pretendieron aprovechar el descontento. El general Sanjurjo protagonizó un golpe de Estado, pero fracasó estrepitosamente.

Se creó la Unión Militar Española (UME), que tendría una activa participación en el golpe de Estado de julio de 1936.

El Bienio Conservador

Las elecciones generales se celebraron el 18 de noviembre. Fueron las primeras en España en las que votaron las mujeres.

La izquierda se presentó a los comicios desunida, los republicanos y los socialistas presentaron candidaturas separadas y las masas obreras optaron por la abstención a petición de la CNT.

Por el contrario, la derecha se presentó unida y organizada en muchas circunscripciones. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha, y se inauguró un gobierno conservador, llamado Bienio Negro.

Dos fuerzas políticas obtuvieron los mejores resultados: el Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles. El presidente Alcalá Zamora confió la formación de gobierno al Partido Radical. El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, paralizó una buena parte del proyecto reformista anterior.

En el campo se frenó la reforma agraria. Los propietarios mostraron su voluntad de desquitarse de las reformas anteriores y los campesinos respondieron con huelgas.

La cuestión agrícola enfrentó también al gobierno central con la Generalitat de Cataluña, a raíz de la promulgación de la Ley de Contratos de Cultivo. Esta ley permitía a los campesinos arrendatarios de las viñas (rabassaires) acceder a la propiedad de las tierras pagando a los propietarios unos precios tasados. Los propietarios catalanes, organizados en la Lliga Catalana, buscaron el apoyo de la mayoría conservadora en las Cortes.

El gobierno de la Generalitat no aceptó la anulación y aprobó una nueva ley prácticamente idéntica, dejando el conflicto en una situación crítica.

Por otro lado, el gobierno central también se enemistó con los nacionalistas vascos, al paralizar la discusión del proyecto de estatuto vasco impulsado por el PNV.

Asimismo, el gobierno también intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero. En cuanto al ejército, no se anuló la reforma emprendida por Azaña, pero se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo, y para los colaboradores con la dictadura de Primo.

En materia de educación, se respetaron los cambios del gobierno anterior, aunque se redujo el presupuesto.

El sector radical del PSOE y los anarquistas declararon una guerra abierta contra el nuevo gobierno, que se materializó en la proliferación de huelgas y conflictos.

Ante esta situación, la CEDA endureció su posición y reclamó una acción más contundente en materia de orden público, exigiendo participar directamente en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. Lerroux otorgó tres carteras ministeriales a la CEDA.

La izquierda interpretó la entrada de la CEDA en el gobierno como una deriva hacia el fascismo. Por iniciativa de la UGT y escasa participación de la CNT, se produjeron huelgas y manifestaciones para defender las reformas sociales, amenazadas por la acción del nuevo gobierno. El movimiento fracasó a nivel nacional por la falta de coordinación y la contundente respuesta del gobierno, que decretó el estado de guerra.

En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social. Columnas de mineros armados ocuparon los pueblos de la cuenca, tomaron gran parte de los cuarteles de la Guardia Civil y sustituyeron los ayuntamientos por comités revolucionarios. El gobierno envió desde África a la Legión para reprimir el levantamiento. La resistencia se prolongó durante diez días, pero finalmente fue derrotada. La represión fue durísima, lo cual desencadenaría una campaña de solidaridad internacional con las víctimas.

En Cataluña, la revuelta contó con el respaldo del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que pretendía evitar la entrada de la CEDA en el gobierno, dado el carácter claramente antiautonómico de este partido. Por ello, proclamó el 6 de octubre la República catalana dentro de la República Federal española.

Se declaró el estado de guerra y el ejército, al mando del general Batet, ocupó el palacio de la Generalitat. Hubo muchos detenidos, entre ellos los miembros del gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona. Azaña fue también encarcelado y en Madrid fueron detenidos varios líderes de izquierda, entre ellos Largo Caballero.

Las consecuencias de la revolución de octubre fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas con rigor y de proceder a una reorientación de la política del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se anuló definitivamente la Ley de Contratos de Cultivo y los campesinos fueron obligados a pagar la totalidad de las rentas. Se devolvieron las propiedades a los jesuitas y se nombró a Gil Robles ministro de la Guerra y a Franco, jefe del Estado Mayor.

Una fuerte crisis de gobierno estalló en el otoño de 1935. El Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción, como el caso del estraperlo (caso de corrupción donde se utilizaron ruletas trucadas implantándolas en los casinos bajo soborno para quedarse con el dinero que apostaban) y casos de malversación de fondos por parte de varios políticos radicales. Gil Robles intentó que le nombraran presidente del gobierno para poder aplicar sin trabas el programa de su partido, pero Alcalá Zamora se negó y decidió convocar elecciones para febrero de 1936.