Durante el bienio y antes de aprobar la constitución, se llevaron a cabo un conjunto de reformas que pretendían la modernización social y política de España. Estas reformas limitaban y reducían los privilegios de las élites y respondían a las expectativas de las clases medias y el movimiento obrero.

Reforma educativa

El Gobierno de Azaña se entregó a la difícil tarea de sustituir los métodos y profesores religiosos por una enseñanza progresista. Algunas medidas componían el repertorio legislativo de los países avanzados. Otras, como la disolución de la Compañía de Jesús o la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, entrañaban un gran riesgo de enfrentamiento entre la opinión católica y el régimen republicano.

En los primeros decretos de abril, había quedado reflejada la inquietud pedagógica de los dirigentes republicanos, formados en aulas de la Institución Libre de Enseñanza. A principios de 1933, cerca de 10.000 nuevas escuelas primarias manifestaban la apuesta del Gobierno por la mejora de la educación.

Reforma militar

Se intentó una reforma en el ejército, cuya abundancia de mandos (22.000 oficiales), escasa formación y material anticuado le habían hecho perder capacidad técnica. Algunas medidas fueron:

• Ofrecer a un buen número de oficiales la jubilación anticipada con el sueldo íntegro.
• Disminuir la amplitud de la jurisdicción militar en beneficio de la civil (supresión ley de jurisdicciones de 1906).
• Cierre Academia General de Zaragoza, dirigida por Franco.
• Primacía de los militares africanos limitada.
• Más prestigio a las armas de Artillería e Ingenieros.

Estas reformas irritaron a algunos sectores del ejército. La República no se atrevió a disolver la Guardia Civil, pero acabó con su hegemonía creando la Guardia de Asalto.

Reforma agraria

La reforma agraria era la esperanza de campesinos hambrientos y explotados que esperaban un remedio.

El régimen de Azaña pretendía acabar con las lacras del campo español mediante la distribución justa de la propiedad y una mayor atención a sus rendimientos. Para ello se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria el 9 de septiembre de 1932. Esta ley la comenzó a aplicar el IRA, autorizando la expropiación con indemnización.

La burocracia, los elevados costes de la expropiación y las resistencias de los afectados, no permitirían recibir tierras más que a 12.000 familias. La gravedad de los enfrentamientos sociales empujaba a conceder satisfacciones inmediatas: jornada de 8 horas, prolongación contratos de arrendamiento y laboreo forzoso de tierras donde existiesen braceros en paro.

Estatutos de autonomía

La Constitución definía a España como estado integral con oposición a la autonomía para una o varias provincias.

El 9 de septiembre, Azaña forzó la aprobación del Estatuto de Cataluña apoyado por los diputados debido al brillante discurso que pronunció. El intelectual tocaba el punto más alto de su carrera política: jefe de un Gobierno que construía escuelas, sujetaba a los militares y reforzaba los vínculos de Cataluña con la República (Generalitat).

En el País Vasco, la división de sus ciudadanos respecto a la autonomía regional ofrecía un panorama distinto al de Cataluña. Solo existía verdadero espíritu autonomista en los nacionalistas que junto a los tradicionalistas sacaron adelante en 1931, el Estatuto de Estella, rechazado por el Gobierno central. La derecha no tenía interés en el proyecto autonómico, aunque lo utilizó con ánimo de sabotear al régimen.

Reacción de derechas

La República solo aspiraba a una modificación administrativa, política y social. Sus problemas eran los conflictos creados por la tensión acumulada por los acontecimientos políticos, el desengaño de los proletarios y la intransigencia de los patronos.

Los sindicatos anarquistas comprendieron que sus aspiraciones no podían triunfar. Los continuos desórdenes políticos deterioraban la imagen de los gobiernos de Azaña y debilitaban su autoridad. El sindicato anarquista cayó en manos de la FAI, en tanto que la UGT socialista marginaba a los moderados.

La supresión de los jesuitas y congregaciones religiosas, produjo fuerte conmoción en los católicos, unidos para cambiar el gobierno de Azaña. Nace así la CEDA.

Más a la derecha, los ultramonárquicos se habían separado de Gil-Robles y habían fundado Renovación Española. El carlismo también se reorganizó.

En el ambiente estudiantil surgen los primeros grupos fascistas, la Falange española: anticomunista y con afán de reformas sociales. Sus teorías adquirieron constancia y militancia a partir de 1933.