La transición política española.
Una vez muerto el general Franco, y en el primer discurso de D. Juan Carlos como jefe del estado, ya se vislumbra un horizonte de cambio político para España. El joven monarca a pesar de ser heredero del sistema impuesto por Franco, ya desde su inicio deja entrever la necesidad de devolver las libertades a la sociedad civil, en definitiva a los españoles. Se abre un camino difícil, pues el paso de una dictadura, que había sobrevivido durante casi cuarenta años, a una democracia plena no iba a ser fácil. Al contrario se planteaban tres opciones que podemos resumir de la forma siguiente:
a) Las fuerzas del Régimen que apostaban por un continuismo del sistema, introduciendo leves reformas que garantizaran la supervivencia del Régimen sin Franco.
b) La ruptura democrática, propugnada por la casi totalidad de fuerzas políticas de la oposición democrática. En definitiva, la conformación de un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones constituyentes que devolvieran la soberanía nacional a sus legítimos propietarios.
c) En tercer lugar un complejo proyecto de transición, que desde las propias leyes franquistas, propiciaran un cambio sin sobresaltos hacia una democracia plena. El Rey, rápidamente, ya en 1976 procede a un cambio importante, la sustitución del Presidente del Gobierno, Arias Navarro, hombre reacio a los cambios, por el joven Adolfo Suárez, que junto al Rey, jugará un papel fundamental en todo el proceso de transformación política, ya que en tan solo tres años, devolverá la soberanía al pueblo español, no sin dificultades pero con paso firme y decidido. El periodo que se abre está ceñido fundamentalmente a tres años importantes:
a) 1976. El año de la Ley de Reforma Política.
b) 1977. El año de las primeras elecciones libres tras cuarenta años.
c) 1978. El año de aprobación de la Constitución.
La pieza clave de este cambio fue la ley para la Reforma Política, que sorpresivamente fue aprobada por las Cortes Franquistas y sometida a referéndum del pueblo español en 1976, siendo aprobada por amplia mayoría. Ello supuso que en menos de un año, el régimen de Franco, que había sobrevivido casi 40 años, va a desaparecer abriendo el camino al restablecimiento de las libertades democráticas además desde su porpuia
legalidad. Una vez aprobada por la Cortes y refrendada por el pueblo español, la ley de Reforma Política, comienza el proceso negociador entre el presidente del gobierno y la oposición. Se consigue aglutinar en la plataforma de organismos democráticos a los distintos organismos unitarios de Galicia, Cataluña, Baleares, Canarias y País Valenciano. Se intenta negociar, sobre todo, las condiciones idóneas para la celebración de las
elecciones convocadas para junio de 1977. Estas negociaciones no fueron fáciles. Se acuerda, por fin, aceptar la forma de estado, la monarquía y también la composición del gobierno provisional. A cambio se consigue la
legalización de todos los partidos políticos, la desaparición del Movimiento Nacional
y la negociación de la Ley Electoral.
El punto de inflexión llega con la legalización del PCE. Ante esta posibilidad, el Partido Comunista organiza una gran manifestación en Madrid, con un objeto, presionar al presidente del gobierno para que el partido sea legalizado. De otro lado, la antigua clase dirigente, en clara minoría opta por realizar acciones de fuerza con el objeto de parar lo imparable. El año 1977 es crítico, se secuestra en Madrid a uno de los baluartes del régimen anterior, José María de Oriol y Urquijo,
también se presiona al ejército con el secuestro del general Villaescusa, pero no consiguen sus objetivos. Otro intento que pone al país en vilo fueron los asesinatos delos abogados laboralistas de Atocha a manos de la ultraderecha española. Pero ninguno de estos actos frenó la marcha hacia la democracia, culminando con la legalización del PCE durante la Semana Santa, hecho que pone de manifiesto nuevamente la oposición a las reformas por parte de algunos militares de alta
graduación. Salvada esta coyuntura desfavorable, finalmente se negocian las condiciones de las
convocatorias electorales del 15 de junio de 1977. Previamente se legalizan las organizaciones sindicales, se reconoce el derecho de huelga y queda eliminada la secretaría general del todopoderoso Movimiento Nacional, poniendo fin a cuarenta años de dictadura personal del general Franco. Estos cambios hicieron posible la vuelta a España de numerosos exiliados, intelectuales, científicos etc., que se exiliaron como consecuencia de la Guerra Civil. Las elecciones de junio de 1977 son las primeras que se celebran en el país desde 1936 y las urnas arrojan unos resultados que no otorgan la mayoría a ningún grupo político. No obstante, los resultados permiten a la UCD de Adolfo Suárez la formación de un gobierno que se encargará de llevar a cabo tareas esenciales en política interior como:
– La gestación de un nuevo ordenamiento constitucional iniciado con la apertura de las Cortes.
– El tratamiento de la grave crisis económica, para lo que se dicta la ley de Medidas Urgentes que incluye la devaluación de la peseta con el objeto de potenciar las exportaciones y reactivar la economía española.
– El intento de solucionar rápidamente las reivindicaciones nacionalistas de vascos y catalanes creando órganos preautonómicos, primero en estas dos comunidades y más tarde extendidos al conjunto del país.
En el ámbito de la política exterior, el principal paso es el inicio de negociaciones para la entrada de España en la Comunidad Europea, entrada que significaría para el país el reconocimiento internacional a su rara transición política y por supuesto, la reactivación económica, sin olvidarnos del final del aislamiento a que se había sometido al país durante casi cuatro décadas en que estuvo alejado de los grandes foros internacionales. Pero la instauración de la democracia en España, necesitaba, por mor de la situación del país, de un gran pacto de Estado, en el que participaran todas las fuerzas políticas con el objeto de acometer con éxito los cambios estructurales necesarios en el campo de la economía. Estos acuerdos tienen que pasar necesariamente por un amplio consenso que se logra a finales de 1977 con un paquete de medidas muy importantes, destacando medidas de carácter presupuestario, rentas, reforma fiscal, reforma educativa, energía y empresas públicas.
En conjunto estos pactos no legan a desarrollarse en su totalidad, pero si sirvieron para regular salarios, ampliar la cobertura social de los trabajadores, mejorar la oferta de la enseñanza pública y dar inicio a una fiscalidad más justa y solidaria. En definitiva, los Pactos de la Moncloa sirvieron para mejorar el déficit público, bajar la inflación, aumentar los beneficios empresariales, pero, lo que no solucionó en modo alguno fue el descenso del número de parados. El final de esta corta pero intensiva transición política podemos decir que llega en 1978 con la aprobación de la Constitución que determina el paso de una dictadura a una democracia. De la Constitución de 1978 podemos destacar los siguientes aspectos: destacar los principales aspectos:
– Declaración de derechos. Recoge una amplia declaración de derechos y garantías individuales aboliendo, incluso, la pena de muerte.
– Relaciones Iglesia Estado. El Estado ya no tiene religión oficial, aunque el texto contempla la colaboración del Estado con la Iglesia Católica al ser esta la religión mayoritaria de los españoles.
– Sistemas de representación. Quedan establecidas unas Cortes elegidas por sufragio universal entre los españoles mayores de 18 años y compuestas por un Congreso de los Diputados con un mínimo de 300 diputados y un máximo de 400, y un Senado con vocación de representación territorial.
– Poder Ejecutivo. El presidente del Gobierno es propuesto al Congreso de los Diputados por el Rey. El candidato debe obtener en primera votación la mayoría absoluta de los votos.
– Poder Judicial. Se declara y consagra la independencia del poder judicial creándose el Tribunal Constitucional que junto al Consejo General del Poder Judicial se erigen en los últimos garantes de los derechos constitucionales.
– Organización Territorial del Estado. Se garantiza la indisolubilidad del territorio nacional, pero se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que componen la unidad nacional y por último se establece la organización del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas.