El Proceso Desamortizador: Antecedentes Históricos

Los Pensadores Ilustrados

La agricultura fue, sin duda, uno de los temas que más llamó la atención de los ilustrados, debido sobre todo a factores como el aumento demográfico, la subida de los precios agrícolas, el aumento de la renta en los arrendamientos y al descrédito de la Mesta. Fruto de esta preocupación fue el «Expediente de la Ley Agraria» de 1766, en el que se pedía a los intelectuales que expusieran sus ideas respecto a los problemas del campo. Las respuestas emitidas constituyeron la base sobre la que debía redactarse la deseada Ley Agraria que, como tal norma, nunca llegaría a nacer. Era pensamiento de la época que las tierras en poder de la Iglesia, la de los municipios o de otras «manos muertas» rendían poco. Hombres como Jovellanos y Olavide coincidían en la conveniencia de convertir las tierras concejiles, en especial las baldías, en bienes de propiedad privada, aunque difirieran en el procedimiento. Así, mientras Olavide en su «Código de Agricultura» se refiere solo a la desamortización de los bienes baldíos, Jovellanos en su «Informe» distingue entre los baldíos y las tierras concejiles, aconsejando la reducción de todas estas fincas a bienes de propiedad privada.

La Legislación Desamortizadora de Carlos III

Esta labor legisladora concierne solo a los bienes municipales y tiene su raíz en la crisis agraria y en los motines de 1766. Aranda mandaba que los baldíos y las tierras labrantías propias de los pueblos de Extremadura se dividieran en arrendamientos entre los vecinos más necesitados. Esta medida se extendió luego a todo el Reino. Su fin principal era el beneficio común, el fomento de la agricultura. Sin embargo, las medidas emprendidas duraron poco, pues fueron derogadas y las tierras que quedaban por repartir se decidió que se entregasen a braceros y jornaleros. Con estas modificaciones se abandonaba la finalidad primitiva de la Real Provisión y su preocupación por una reforma social agraria.

Leyes Desamortizadoras de Carlos IV

Ante la crisis fiscal progresiva, Godoy se vio obligado a arbitrar medidas buscando una solución. En 1798 mandó que se enajenasen a beneficio de la Real Hacienda los bienes pertenecientes a hospitales y hospicios. Se iniciaba así la desamortización tal y como seguiría realizándose en el siglo XIX, es decir, mediante la apropiación por parte del Estado de bienes inmuebles pertenecientes a «manos muertas», venta de los mismos y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda. Las ideas de Godoy eran desamortizar para sanear la Hacienda Pública.

Los Intentos Desamortizadores de las Cortes de Cádiz

Durante el reinado de José Bonaparte se llevó a cabo un proceso desamortizador que afectó principalmente a los bienes del clero y al de los aristócratas que se resistieron a la denominación francesa. Esta labor desamortizadora buscaba, más que recaudar fondos para la Hacienda, comprometer la fidelidad de los afrancesados, muchos de ellos compradores de los bienes desamortizados. La mayor parte de estos bienes volvieron posteriormente a manos de sus antiguos propietarios. Será en 1811 cuando se plantee en las Cortes de Cádiz el problema de la deuda pública. Una de las soluciones propuestas fue la de declarar la bancarrota. Pero un grupo de diputados se opuso a ello, consiguiendo mediante un decreto, resultante de la Memoria presentada por Argüelles, que se ratificara el reconocimiento de la deuda, que se pagaría con cargo a las rentas de tierras afectadas para tal fin. Este decreto constituye la primera norma legal general desamortizadora del siglo XIX, pero apenas pudo aplicarse debido al inminente retorno de Fernando VII.

Los Intentos Desamortizadores en el Trienio Liberal

Durante el Trienio Liberal se restablece la labor desamortizadora de las Cortes de Cádiz. Hay que tener presente que durante el periodo que se extiende desde 1814 a 1820, se publican «Cédulas Reales» que enajenaban baldíos y realengos con la finalidad de invertir su importe en la deuda pública. Por encima de las diferentes ideologías, todos estaban de acuerdo en que la desamortización de bienes municipales era la única solución al problema. Cuando Fernando VII vuelve a recuperar el poder absoluto en 1823 obliga a devolver los bienes vendidos, lo que provocó la indignación de los compradores e inversores burgueses que desde entonces apoyaron a los liberales contra el rey Fernando VII. Estos son los precedentes del proceso desamortizador, que a partir de 1833 tomará proporciones mucho mayores por varias causas:

• En primer lugar, porque la guerra carlista obligaba al Estado a obtener más recursos económicos.
• En segundo lugar, el apoyo de un sector del clero a los carlistas generó en todo el país un clima anticlerical.
• En tercer lugar, los compradores de bienes desamortizados en el Trienio Liberal presionaban al gobierno para que se les devolviera lo arrebatado en la Ominosa Década por Fernando VII.

Los Efectos de la Desamortización

La desamortización, al desvincular las tierras de sus propietarios, rompió la organización jurídica existente, haciéndolas aptas para ser vendidas, enajenadas o repartidas. Con la introducción de la propiedad privada y de la libertad de mercado en el sector, se iniciaba una nueva etapa en la agricultura española. Los resultados obtenidos fueron:

Desde el Punto de Vista Económico

• Favoreció una considerable expansión de la superficie cultivada y de la producción agraria.
• Esta expansión estuvo acompañada de la deforestación. Los compradores que adquirieron pequeños lotes de monte para convertirlos en tierras de labor u obtener un beneficio inmediato con la venta de la leña y madera, talaron los árboles de manera indiscriminada.
• Acentuó la concentración de las tierras en pocas manos, porque las familias más poderosas conservaron intactos sus patrimonios: sus tierras fueron desvinculadas, pero no expropiadas. Es decir, aun cuando fueron afectadas por las medidas desamortizadoras fueron las únicas excluidas de las ventas públicas.
• Se perfiló el mapa de los grandes latifundios en Andalucía, La Mancha y Extremadura.
• Tampoco se obtuvieron los resultados financieros que se esperaban, porque los fondos, tanto en metálico como en bonos, tardaron en llegar y se desvalorizaron.

Desde el Punto de Vista Social

• No consiguió crear una amplia clase media agraria, aunque sí contribuyó a sustituir la estructura social campesina por una estructura capitalista.
• Los principales beneficiarios no fueron los antiguos trabajadores de la tierra; pero hubo pequeños y medianos compradores locales que constituyeron el núcleo de una clase modesta o media de propietarios rurales.
• La roturación de la vieja propiedad municipal empobreció a los ayuntamientos, privándolos de su autonomía económica; asentó a campesinos empobrecidos sobre tierras no aptas para el cultivo de la propiedad individual, al tiempo que les privó de los escasos beneficios.

Desde el Punto de Vista Político

• Se creó una masa de adheridos a la causa liberal, por estar ligada a ella la suerte de sus fortunas.
• Pero también estas causas generaron enemigos entre aquellos más afines.

En definitiva, no se aprovechó la ocasión para crear una clase media agraria que hubiera podido ser un factor de equilibrio en la nueva sociedad. La desamortización se convirtió, pues, en una frustrada reforma agraria. En la Andalucía de la época, nada ejerció tanta influencia como el proceso desamortizador. La desamortización vino a significar una verdadera revolución, de la que se beneficiaron algunos antiguos y ricos colonos de la Iglesia, la clase media, las grandes fortunas burguesas. La desamortización fue una oportunidad perdida, de la que surgió un proletariado que ha llegado hasta nuestros días.