1. La Revolución de 1868

En agosto de 1866, representantes progresistas, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo, el Pacto de Ostende, para coordinar la oposición con dos objetivos: el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal. Prim fue puesto al frente de la conspiración.

La revolución de 1868 tuvo un carácter exclusivamente político cuyo lema fue «España con honra». Se inició con un pronunciamiento militar el 17 de septiembre en la Bahía de Cádiz, al mando del almirante Topete, con los objetivos de reforma constitucional y respeto a derechos individuales. La aparición de otros focos revolucionarios en distintos lugares de la Península hizo que el Gobierno decidiera atacar a los sublevados. Así, las fuerzas isabelinas, dirigidas por el Marqués de Novaliches, combatieron a los sublevados en el Puente de Alcolea el 28 de septiembre. La lucha terminó con grandes pérdidas por parte del ejército isabelino. Ante el fracaso, Isabel II tuvo que buscar refugio en Francia. Se formó una Junta revolucionaria en Madrid formada por unionistas y progresistas, y los demócratas formaron su propia Junta; ambas Juntas se unieron y confiaron a Serrano la formación de un Gobierno Provisional.

El gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio masculino, en la que vencieron los progresistas. Estas Cortes elaboraron la Constitución de 1869.

2. La Constitución de 1869

La Constitución de 1869 es la más radicalmente liberal del siglo XIX en España. Los puntos a destacar son:

• Soberanía nacional.
• Sufragio Universal para los varones mayores de 25 años.
• La forma de Estado es una monarquía democrática, limitándose el poder del rey.
• El poder ejecutivo se deposita en el rey que lo ejerce a través del Consejo de Ministros.
• El poder legislativo reside en Cortes bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado).
• El poder judicial es independiente y se establecen juicios por jurado.
• Reconocimiento de derechos y libertades de reunión y asociación.
• Libertad de cultos religiosos.

3. Desamortizaciones en el Siglo XIX

La revolución liberal burguesa actuó sobre el sistema de la tierra logrando grandes cambios, pues en el Antiguo Régimen gran parte de la tierra era de manos muertas, es decir, estaban fuera del mercado y pertenecían a la Iglesia o a municipios, no tributaban y no podían ser vendidas.

En el siglo XVIII los ilustrados trataron de cambiar esto, pero hasta el siglo XIX no se produjeron verdaderos cambios al desvincularse los bienes de la nobleza y al desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales.

Con las desvinculaciones se liberan las tierras de los patrimonios vinculados, pudiendo venderse libremente estas posesiones. Para lograr esto se establecieron las siguientes medidas legales:

• Abolir los señoríos, para acabar las relaciones de dominio de los señores sobre los habitantes de sus territorios.
• Convertir la tierra en propiedad particular y libre.
• Suprimir los mayorazgos, institución de origen medieval que asegura la integridad de los patrimonios, impidiendo que se pudieran vender los bienes heredados.

A través de la desamortización el estado nacionaliza los bienes eclesiásticos o civiles para su venta en subasta pública, y aumentar el número de propietarios, que aumentarían la riqueza nacional:

• Primero se promulgan leyes para desvincular los bienes nobiliarios y la desamortización de los bienes eclesiásticos y municipales.
• El estado se apropia de los bienes, que pasan de manos muertas a bienes nacionales.
• Finalmente, esos bienes salen a subasta pública.

Los beneficios obtenidos fueron destinados a amortizar la deuda pública.

El proceso desamortizador español se dio de manera discontinua, impulsado o frenado según el gobierno. Desde 1767 con la expulsión de Jesuitas por el gobierno de Carlos III hasta 1924 cuando Calvo Sotelo derogó las leyes sobre la desamortización, se privatizó el 39% de las hectáreas del estado.

Las primeras desamortizaciones eclesiásticas se dieron con Carlos IV a través de Godoy, al obtener permiso de la Santa Sede para expropiar y vender bienes de jesuitas y obras pías.

Durante la Guerra de Independencia, se nacionalizaron los bienes de las Órdenes Militares, la Inquisición, los conventos suprimidos durante la Guerra y los de los afrancesados. La desamortización de Mendizábal (1835) y la de Madoz (1855) son las más importantes.

4. El Reinado de Amadeo I

Una vez aprobada la Constitución de 1869, Serrano fue nombrado regente y Prim jefe de gobierno. Se aprobó una amplia legislación para desarrollar la constitución, se adoptó una política librecambista y se puso en circulación la peseta. El nuevo régimen tuvo que enfrentarse a una doble crisis: la guerra en Cuba, que se prolongaría 10 años, y la agitación social. Además, el gobierno debía encontrar un monarca que ocupase el trono.

Había varios posibles candidatos al trono, todos ellos miembros de diferentes Casas Reales europeas: El portugués Fernando de Coburgo, el duque de Montpensier, el alemán Leopoldo de Hohenzollern y el duque de Aosta (Amadeo de Saboya).

Prim se negaba a que un Borbón, Alfonso el hijo de Isabel II, ocupase el trono, por ello las Cortes escogieron a Amadeo de Saboya. El reinado de Amadeo I fue el primer experimento de monarquía democrática en España y fracasó porque nunca logró hacerse popular. Poco antes de que Amadeo llegase a España, asesinaron a Prim (30-12-70), debilitándose aún más sus apoyos. En el segundo año de su reinado se agravó el conflicto cubano y estalló la tercera guerra carlista en el País Vasco. Por todo esto, Amadeo I presentó su abdicación el 11 de febrero de 1873. Esa misma noche el Congreso y el Senado se reunieron en sesión conjunta y proclamaron la República.

5. La Primera República

El Congreso eligió a Estanislao Figueras, republicano moderado, como jefe del poder ejecutivo.

La República nacía de forma irregular y sin apoyos políticos suficientes:

• Los sectores conservadores rechazaron la República.
• Los carlistas recrudecieron la guerra en el norte.
• El grupo alfonsino comenzaba a recibir apoyos.
• Los progresistas radicales pasaron a la oposición.

El propio movimiento republicano estaba dividido entre los federalistas, partidarios del Estado federal, y los unionistas, que defendían un Estado de tipo centralista. Las elecciones de mayo dieron una aplastante mayoría republicana, pero con altísima abstención. Poco después, la inesperada dimisión de Figueras convirtió en presidente a Francisco Pi y Margall, defensor de la corriente federal. Las Cortes redactaron y debatieron un proyecto constitucional. La Constitución de 1873 establecía una república federal de 17 Estados y varios territorios de ultramar, cada uno podía tener a su vez su propia Constitución y división de poderes entre alcaldía (ejecutivo), ayuntamiento (legislativo) y tribunales locales (judicial). En la estructura del Estado, el poder ejecutivo lo ejercerá un gobierno, el legislativo lo desempeñarán dos cámaras de elección directa, y el judicial lo presidiría un Tribunal Supremo. La Constitución contaba con una extensa declaración de derechos como la de 1869 hablando de un Estado laico y de soberanía popular. Pero la Constitución no llegó a entrar en vigor.

En los primeros días de julio se desencadenó la revolución cantonal y el país entró en un proceso revolucionario. La proclamación de cantones y la formación de juntas revolucionarias se extendieron por numerosas ciudades de Levante y Andalucía. Mientras, los carlistas avanzaron en territorios y mantuvieron bajo su control País Vasco, Navarra y Cataluña. En esta situación Pi y Margall presentó su dimisión el 18 de julio.

El nuevo presidente, Nicolás Salmerón, inició un giro conservador. Dio plenos poderes al ejército, dirigido por generales conservadores como Martinez Campos y Pavia, que fue sofocando los focos de sublevación. Pero a comienzos de septiembre prefirió dimitir. Le sustituyó Emilio Castelar, que acentuó el giro autoritario. Suspendió las sesiones de las Cortes hasta enero, restableció las quintas, suspendió varios derechos constitucionales y ordenó un alistamiento masivo. El 2 de enero, cuando Castelar se presentó para rendir cuentas ante las Cortes, fue respondido con críticas y derrotado. La caída de Castelar precipitó el golpe de Estado. Mientras se estaba votando un nuevo Gobierno, unidades del ejército ocuparon los puntos clave de la capital y el general Pavía hizo entrar tropas en el Congreso y anunció que se iba a constituir un Gobierno militar de emergencia, presidido por el general Serrano. Era el fin de la Primera República.

Serrano ocupó la presidencia de esta extraña República, con la esperanza de que la Restauración Monárquica se polarizara en su propia persona. Suspendió la Constitución de 1869 y disolvió las Cortes. El gobierno del general Serrano se convirtió en un nuevo prólogo de la Restauración Borbónica en la figura de Alfonso XII, que se inició cuando Martínez Campos se pronunció en Sagunto.

6. La Desamortización de Mendizábal (1836)

• Afectó al 60% de los bienes de la Iglesia recaudando 3.500 millones de reales.
• Tuvo lugar durante la Regencia de María Cristina, coincidiendo con la I Guerra Carlista, y la decisión de la continuidad de Isabel II, con el objetivo de recaudar fondos para reducir la deuda pública y afrontar las guerras carlistas. Con estos motivos se publicó el Decreto desamortizador de febrero de 1836, con el que se ponían en venta todos los bienes del clero regular y los del clero secular. Este no se aplicó hasta 1841 con la caída de los progresistas en la regencia de Espartero.
• Como consecuencia, se rompieron las relaciones diplomáticas con Roma y se desarrolló una nueva clase propietaria, la burguesía agraria, con intereses en el mantenimiento y la estabilidad del nuevo régimen liberal.
• Para desamortizar los bienes de manos muertas, se procedió a nacionalizar dichos bienes sin indemnización y a venderlos en subasta pública. Con ello Mendizábal creía que se constituiría una masa de pequeños y medianos propietarios y se mejorarían las técnicas de cultivo, pero no ocurrió ya que el campesinado no pudo participar en las subastas por su incapacidad económica.
• Se admitía como forma de pago los títulos de deuda pública tras entregar el 20 % del importe total al contado y el resto a plazos entre 8 y 16 años. Salieron beneficiados los poseedores de deuda pública, es decir, la burguesía, pero se recaudó menos de lo previsto. El fin de estas amortización coincidió con la llegada de los moderados al poder.

7. La Desamortización de Madoz (1855)

• Durante el bienio progresista, se pusieron en venta los bienes eclesiásticos que no habían sido afectados en la desamortización anterior, los bienes de los pueblos, los bienes propios y los bienes comunales, para recaudar fondos para la construcción del ferrocarril y acabar con una forma de propiedad propia del pasado.
• Se pagaba en metálico y por su valor real por lo que la burguesía no mostró tanto interés. En las subastas, el campesinado participó sobre todo en el norte y centro peninsular, aunque en el sur fue imposible debido al amplio terreno de las fincas subastadas. La recaudación fue el doble que en la de Mendizábal, con 5.000 millones de reales recaudados, su aplicación se extendió hasta 1924.

8. Consecuencias de las Desamortizaciones

Económicas:

• La forma de propiedad cambió de amortizada a privada.
• Se reforzó la estructura de la propiedad de la tierra, acentuando los latifundios en el centro y sur, y los minifundios en el norte.
• Aumentó la superficie cultivada y la producción, pero no la productividad. Cambió el paisaje, debido a una gran deforestación y al retroceso en la ganadería.
• Cambió el sistema de cultivo, de policultivo de subsistencia a monocultivo comercial.
• La compra de tierras inutilizó un dinero necesario para impulsar la industrialización.
• No resolvió el problema de la deuda, pero la aminoró.

Sociales:

• Se eliminó la propiedad comunal afectando a los campesinos, quienes no podían aprovechar los terrenos de su municipio.
• Proletarización del campesinado, crecieron los campesinos asalariados (jornaleros).
• Se eliminó el poder de la Iglesia como gran propietario, pero conservó su enorme influencia en las mentalidades y la educación.

Culturales:

• Urbanismo discriminador, pues la alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro, y las clases más humildes los barrios de la periferia, creando barrios obreros.
• Pérdida y el expolio del patrimonio cultural, sobre todo los antiguos monasterios.

Políticas:

• Se creó una clase social burguesa, defensora del liberalismo.
• La Iglesia se convirtió en enemigo político del Estado, rompiendo relaciones con España, hasta el Concordato 1851, al verse afectado el 60 % de su patrimonio.

9. La Industria en España en el Siglo XIX

España quedó rezagada frente a la Revolución Industrial que avanzaba en Europa, con un desarrollo industrial limitado a Cataluña y el País Vasco.

El atraso se debió a:

• Escasez de recursos esenciales como el carbón y otras materias primas.
• Dependencia tecnológica y de capital extranjero.
• Malas infraestructuras y dificultades de comunicación que obstaculizaban el comercio interno.
• La inestabilidad política y la pérdida del mercado colonial, lo que debilitó el desarrollo económico.

10. Medios de Transporte

El ferrocarril se convirtió en un símbolo de modernización, aunque España comenzó tarde a construirlo. La primera línea fue Barcelona-Mataró en 1848.

La Ley General de Ferrocarriles de 1855 fomentó un gran desarrollo ferroviario, con líneas principales como Madrid-Alicante, Sevilla-Cádiz, Barcelona-Zaragoza y Madrid-Irún. Este avance fue impulsado por capital gubernamental y extranjero.

Tras la crisis financiera de 1866, la construcción ferroviaria se paralizó debido a la baja rentabilidad de las inversiones. A partir de 1876 se retomó gracias a compañías como MZA y Norte, completando una red de más de 13,000 km en 1896.

La red ferroviaria tenía una estructura radial con centro en Madrid, lo que dificultaba las conexiones entre las zonas industriales, y el ancho de vía elegido impedía intercambios fluidos con Europa.

Otros avances incluyeron la navegación a vapor (notablemente en el País Vasco), la modernización del servicio de correos (sello en 1850), la introducción de la telegrafía eléctrica (1854), y el tranvía urbano en Madrid (1892). También se desarrollaron fuentes de energía de la segunda revolución industrial, como el petróleo y la electricidad.

11. Industria Textil en Cataluña

Cataluña lideró la industrialización temprana gracias a su industria textil algodonera, desarrollada por medidas de protección arancelaria y el uso de maquinaria moderna (telar mecánico y la selfactina). Barcelona concentró casi toda la industria algodonera, mientras otras regiones como Segovia, Béjar y Valencia se especializaban en lino, lana y seda, respectivamente.

Sin embargo, el alto precio del carbón importado limitó el crecimiento. Esto llevó al aprovechamiento de la energía hidráulica en ríos como el Ter y el Llobregat, donde se crearon colonias industriales textiles.

A pesar de la crisis del «hambre de algodón» durante la Guerra de Secesión americana (1861-1865), la industria se recuperó y comenzó una nueva expansión a partir de 1874, marcada por una mayor mecanización.

12. Industria Siderúrgica

La siderurgia surgió en Málaga en 1826, aprovechando el hierro local. Sin embargo, la falta de carbón de coque y los altos costos de producción llevaron al fracaso de esta iniciativa.

Asturias se convirtió en el principal centro siderúrgico entre 1860 y 1880 gracias a sus minas de hulla, aunque de baja calidad.

A partir de 1876, la llegada de carbón de coque galés a Bilbao fortaleció la industria siderúrgica en el País Vasco. Se creó un eje comercial entre Bilbao y Cardiff, donde se exportaba hierro y se importaba carbón.

En 1882 se fundó Altos Hornos de Bilbao, que introdujo tecnologías como el convertidor Bessemer y el horno Martins-Siemens, logrando acero de alta calidad. Al final del siglo, dos tercios del hierro producido era de origen nacional.

13. El Movimiento Obrero

Con la industrialización surgió un proletariado moderno, primero en Cataluña y luego en Asturias y el País Vasco.

En sus inicios (1820-1840), el movimiento obrero estuvo marcado por protestas mecanoclastas, como las revueltas en Alcoy (1821) y el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona (1835).

Desde 1840, los trabajadores comenzaron a exigir derechos de asociación y huelga. En 1868, la llegada de Giuseppe Fanelli introdujo el anarquismo en España, fundándose la Federación Regional Española en 1870.

En paralelo, en 1879 Pablo Iglesias fundó el PSOE, y en 1888 el sindicato UGT. Durante la Restauración, la permisividad del gobierno de Sagasta permitió la legalización de estas organizaciones y el desarrollo del asociacionismo obrero y patronal, lo que intensificó los conflictos sociales que marcarían las décadas siguientes.