La Organización Corporativa Nacional y la Política Socio-Laboral

En 1926, se promulgó el Código de Trabajo, introduciendo mejoras sociales significativas como el seguro de maternidad, el subsidio a familias numerosas, el aumento de prestaciones de la Seguridad Social, la creación de escuelas sociales y la promoción de vivienda popular. Sin embargo, la iniciativa más destacada fue la creación de la Organización Corporativa Nacional, inspirada en las corporaciones fascistas italianas.

Esta organización integraba a obreros y patronos en comités paritarios, agrupados por oficios y profesiones a nivel local, provincial y nacional. Su objetivo principal era regular las condiciones laborales, controlar el movimiento sindical y evitar la conflictividad social.

Este sistema fue objeto de numerosas críticas. Se le acusó de ser una articulación obligatoria de sindicatos y organizaciones patronales, que, aunque permanecían autónomos, estaban dominados por los socialistas. Esto era inevitable, dado que el anarcosindicalismo estaba excluido del sistema y el sindicalismo católico era débil en ese momento.

Relaciones con el Movimiento Obrero

A partir de 1923, y en contra de la tendencia general previa, el número de huelgas disminuyó significativamente hasta alcanzar mínimos históricos. Esto podría atribuirse, en parte, a la colaboración del Partido Socialista (PSOE), una postura que resulta difícil de comprender en la actualidad y que fue muy criticada en su momento. Primo de Rivera consideraba al PSOE como el único partido honesto de la etapa anterior. No obstante, es crucial distinguir entre las diferentes tendencias dentro del PSOE:

• Anticolaboracionistas: Partidarios de un socialismo humanista y liberal (liderados por Fernando de los Ríos).
• Colaboracionistas: Veían la Dictadura como un régimen temporal que podría proporcionar beneficios al mundo obrero.

A pesar de esta colaboración, ni el PSOE ni la UGT experimentaron un aumento en el número de afiliados. Sin embargo, se logró la entrada del sindicalista Francisco Largo Caballero en el Consejo de Estado como vocal de representación obrera, aunque se negó a participar en otros organismos como el Consejo de Economía Nacional. La situación cambió a partir de 1927, cuando los socialistas se negaron a enviar representantes a la Asamblea Nacional Consultiva, triunfando la línea no colaboracionista en el congreso del partido de 1928.

En cuanto a la CNT, el régimen dictatorial la redujo a la semiclandestinidad, limitando sus acciones a atentados aislados. Sus locales fueron clausurados y su periódico, Solidaridad Obrera, desapareció. La persecución selectiva fomentó el radicalismo cenetista, culminando en la fundación, en 1927, de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), que promovió una estrategia insurreccional en el ámbito sindical.

El Directorio Civil (1925-1930)

Con la guerra de Marruecos a punto de resolverse y el orden público bajo control militar, Primo de Rivera reemplazó el Directorio Militar por uno compuesto por civiles, en un intento, según algunos analistas, de institucionalizar la Dictadura.

El Directorio Civil se constituyó en noviembre de 1925 como un consejo presidido por Primo de Rivera e integrado por militares (Martínez Anido) y civiles provenientes de la Unión Patriótica (José Calvo Sotelo, Eduardo Aunós y el conde de Guadalhorce). Su objetivo principal era consolidar políticamente el régimen. Para ello, la Dictadura centró su propaganda en sus logros económicos, que, junto con la solución del problema de Marruecos, constituyeron el aspecto más positivo de su gestión.

Política Económica del Directorio Civil

El intervencionismo estatal fue el eje central de la política económica, con el objetivo prioritario de fomentar la producción industrial y modernizar las infraestructuras, aprovechando la coyuntura internacional de auge económico conocida como «los felices años veinte».

Siguiendo las ideas regeneracionistas, se llevaron a cabo importantes obras públicas:

• El Circuito Nacional de Firmes Especiales, que renovó la red vial española (más de 7.000 km de carreteras).
• Modernización de vías férreas.
• Obras hidráulicas para generalizar el regadío y aumentar la red eléctrica, dando origen a las confederaciones hidrográficas.

La política monopolística otorgó al Estado, a través de la creación de CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos) en 1927, el control de la importación, refinado y distribución del petróleo en el país. El monopolio de la telefonía fue concedido a la empresa estadounidense ITT. Esta concesión de monopolios fue muy criticada, ya que a menudo se vinculaba a grandes financieros, amigos personales de Primo de Rivera.

Política Socio-Laboral Previa al Código de Trabajo

Antes de la promulgación del Código de Trabajo, Primo de Rivera, junto con su Ministro de Trabajo, Eduardo Aunós, implementó una política laboral que organizaba a los obreros en un sistema productivo tutelado por el Estado, con un marcado carácter paternalista. En 1924, se creó el Consejo Nacional de Trabajo, Comercio e Industria. Poco después, el Instituto de Reformas Sociales, que había desempeñado un papel crucial en la promoción de la legislación social, fue integrado en el Ministerio de Trabajo.