El Reinado de Isabel II: Entre Moderados y Progresistas (1833-1868)

En 1833, tras la muerte de Fernando VII, su viuda María Cristina asumió la regencia. Este periodo, marcado por la I Guerra Carlista, vio la aprobación de la Constitución de 1837, que consolidó el Estado liberal. Durante la regencia, emergieron dos partidos principales: los moderados y los progresistas. Tras el exilio de María Cristina, Espartero asumió la regencia en 1840, que culminó en 1843 con el pronunciamiento de Narváez. En ese mismo año, Isabel II fue declarada mayor de edad y accedió al trono.

La Década Moderada (1844-1854)

El reinado de Isabel II se caracterizó por la alternancia en el poder de moderados y progresistas, y por el fuerte papel político del ejército. Los generales, líderes de los partidos, definieron esta época, conocida como el «régimen de los generales». Tras el golpe de Estado de Narváez, comenzó la Década Moderada.

Narváez lideró una serie de reformas con el objetivo de establecer el orden. Se suprimió la Milicia Nacional, reemplazada por la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden rural bajo control gubernamental. Se impuso la censura, limitando la libertad de prensa establecida en la Constitución de 1837. La reforma de los ayuntamientos, ahora elegidos por el poder central, impuso un férreo centralismo político en España.

Los moderados aprobaron la Constitución de 1845, presentada como una reforma de la de 1837. La soberanía nacional fue sustituida por una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Se ampliaron los poderes del rey, que podía nombrar al gobierno sin contar con la mayoría parlamentaria. El poder legislativo era compartido entre el rey y las Cortes, divididas en dos cámaras: el Congreso (elegido por sufragio muy censitario) y el Senado (de designación real). Se limitó la independencia del poder judicial y se suprimieron los juicios por jurado. Se estableció un Estado confesional católico, en contraste con la ambigüedad de la Constitución de 1837.

Las relaciones con la Iglesia, rotas desde la Desamortización de Mendizábal en 1837, se intentaron restaurar mediante la declaración de un Estado confesional y el Concordato de 1851. La Iglesia obtuvo el derecho a intervenir en la educación y a ejercer la censura eclesiástica, a cambio de no reclamar los bienes desamortizados y de reconocer el derecho de presentación de los obispos. El Estado protegía a la Iglesia, que a su vez legitimaba al Estado liberal frente a los carlistas.

En 1845, fracasó el intento de casar a Isabel II con el hijo de Carlos V, desencadenando la II Guerra Carlista (1846-1849) en Cataluña, Navarra y Castilla-La Mancha, sin grandes logros militares.

Tras la guerra, se inició un periodo de reconstrucción, priorizando la organización de la administración. Se redactó el Código Civil y el Código Penal de 1848, logrando una unificación legislativa.

La administración territorial, dividida en provincias en 1833 por Javier de Burgos, se consolidó en 1845 bajo los moderados. Cada provincia quedó bajo la supervisión de un gobernador civil, reforzando el modelo centralista con la creación de la Guardia Civil para garantizar el orden público.

La Ley de Instrucción Pública de 1845, impulsada por Moyano, estableció un sistema educativo dividido en primaria, media y superior. Finalmente, se abordó una reforma de Hacienda basada en la racionalización y la centralización para optimizar la gestión económica.

El Bienio Progresista (1854-1856)

El fin de la Década Moderada llegó con el pronunciamiento militar de La Vicalvarada, liderado por O’Donnell y Serrano, y protagonizado por progresistas, parte de los moderados y el incipiente movimiento obrero. Los rebeldes publicaron el Manifiesto de Manzanares, aclarando su oposición a los moderados, no a la reina, e incluyendo promesas progresistas. Isabel II entregó el poder a los progresistas, nombrando a Espartero como líder, dando inicio al Bienio Progresista.

Durante este periodo, se elaboró la Constitución de 1856, conocida como la «Non Nata» al no ser promulgada. Según Solé Tura y Eliseo Aja, representó la primera afirmación del espíritu democrático en el constitucionalismo español. Aunque no se aprobó, se debatieron principios democráticos como la libertad religiosa, el sufragio universal, los derechos sociales e incluso la idea de República. Se aprobaron importantes principios progresistas, como la soberanía nacional y los derechos políticos (libertad de imprenta, juicios por jurado y tolerancia religiosa, entendida como libertad de culto privado).

Paralelamente, se llevó a cabo la desamortización civil de Madoz (1855), que favoreció el desarrollo industrial. Este proceso se complementó con la Ley General de Ferrocarriles (1855), impulsando el desarrollo económico.

Las libertades garantizadas permitieron el nacimiento de nuevas corrientes ideológicas: demócratas, republicanos y el movimiento obrero. Sin embargo, la creación de estos grupos y las libertades otorgadas provocaron desórdenes sociales, culminando en el golpe de Estado del General O’Donnell, que puso fin al Bienio Progresista.

La Crisis del Reinado de Isabel II (1856-1868)

Tras el Bienio, la Unión Liberal, liderada por O’Donnell, llegó al poder. Este partido centrista restableció la Constitución de 1845, añadiendo un Acta Adicional con elementos progresistas. Sin embargo, los moderados, liderados por Narváez, recuperaron el poder, anularon el Acta Adicional e instauraron una política conservadora y represiva.

La caída de Isabel II se debió a tres factores principales:

• Crisis económica de 1864: crisis industrial, malas cosechas y bancarrota de Hacienda, generando paro, hambre y protestas reprimidas.
• Represión política: exilio de los progresistas y sucesos como los fusilamientos del Cuartel de San Gil y la Noche de San Daniel.
• Corrupción de la corte: Isabel II, a la que Valle-Inclán denominó «la corte de los milagros».

En 1866, toda la oposición firmó el Pacto de Ostende (progresistas, moderados, demócratas y movimiento obrero). Este pacto culminó con el pronunciamiento de Prim en 1868, la Gloriosa, que marcó el fin del reinado de Isabel II y el inicio del primer periodo democrático de la historia de España.