La Revolución de 1868 y la Constitución de 1869

En agosto de 1866, representantes progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende con el objetivo de destronar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes mediante sufragio universal. La revolución de 1868, conocida como «España con honra», comenzó con un pronunciamiento militar en Cádiz, liderado por el almirante Topete. El levantamiento se extendió rápidamente, culminando en la batalla del Puente de Alcolea (28 de septiembre), donde las fuerzas isabelinas fueron derrotadas. Isabel II se exilió en Francia.

Se formó una Junta Revolucionaria en Madrid, que junto con los demócratas, encargó a Serrano la formación de un Gobierno Provisional. Este gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio masculino, resultando en una victoria progresista. Las Cortes redactaron la Constitución de 1869, la más liberal del siglo XIX en España, que establecía:

• Soberanía nacional.
• Sufragio universal masculino (mayores de 25 años).
• Monarquía democrática con poderes limitados para el rey.
• Poder ejecutivo en el rey, a través del Consejo de Ministros.
• Poder legislativo en Cortes bicamerales (Congreso y Senado).
• Poder judicial independiente con juicios por jurado.
• Reconocimiento de derechos y libertades (reunión, asociación, culto religioso).

El Reinado de Amadeo I y la Primera República (1870-1874)

Tras la aprobación de la Constitución de 1869, Serrano fue nombrado regente y Prim jefe de gobierno. Se implementaron reformas legislativas, se adoptó una política librecambista y se introdujo la peseta. Sin embargo, el nuevo régimen enfrentó la guerra en Cuba y la agitación social. Las Cortes eligieron a Amadeo de Saboya como rey, pero su reinado fue breve y problemático. El asesinato de Prim, su principal apoyo, y el estallido de la Tercera Guerra Carlista debilitaron aún más su posición. Amadeo I abdicó el 11 de febrero de 1873.

Esa misma noche, el Congreso y el Senado proclamaron la Primera República. Estanislao Figueras fue elegido jefe del poder ejecutivo. La República enfrentó la oposición de los sectores conservadores, el recrudecimiento de la guerra carlista y la división interna entre republicanos federalistas y unionistas. Las elecciones de mayo dieron una mayoría republicana, pero con alta abstención. Figueras dimitió y fue sucedido por Francisco Pi y Margall, defensor del federalismo.

Las Cortes redactaron un proyecto de Constitución Federal en 1873, que establecía una república federal de 17 Estados, con amplia autonomía y división de poderes a nivel local. Sin embargo, esta Constitución nunca entró en vigor debido a la revolución cantonal que estalló en julio. Pi y Margall dimitió y fue sucedido por Nicolás Salmerón, quien inició un giro conservador y recurrió al ejército para sofocar la sublevación. Salmerón dimitió y fue reemplazado por Emilio Castelar, quien acentuó el autoritarismo.

El 2 de enero de 1874, el golpe de Estado del general Pavía puso fin a la Primera República. El general Serrano asumió la presidencia, disolvió las Cortes y suspendió la Constitución de 1869, preparando el camino para la Restauración Borbónica en la figura de Alfonso XII, tras el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto.

Las Desamortizaciones del Siglo XIX

La revolución liberal burguesa transformó el sistema de propiedad de la tierra en España. En el Antiguo Régimen, gran parte de la tierra estaba en «manos muertas» (Iglesia y municipios), fuera del mercado y sin tributar. Los ilustrados del siglo XVIII intentaron cambiar esta situación, pero los cambios significativos se produjeron en el siglo XIX con la desvinculación de los bienes de la nobleza y la desamortización de los bienes eclesiásticos y municipales.

La desvinculación liberó las tierras de los patrimonios vinculados, permitiendo su venta. Se abolieron los señoríos, se convirtió la tierra en propiedad particular y libre, y se suprimieron los mayorazgos.

La desamortización consistió en la nacionalización de bienes eclesiásticos y civiles por parte del Estado para su posterior venta en subasta pública. Los objetivos eran aumentar el número de propietarios, incrementar la riqueza nacional y amortizar la deuda pública.

El proceso desamortizador fue discontinuo, impulsado o frenado según el gobierno. Desde 1767 (expulsión de los jesuitas) hasta 1924 (derogación de las leyes desamortizadoras por Calvo Sotelo), se privatizó el 39% de las hectáreas del Estado.

Desamortización de Mendizábal (1836)

Afectó principalmente a los bienes del clero regular. Se llevó a cabo durante la Regencia de María Cristina, en el contexto de la Primera Guerra Carlista. Los objetivos eran obtener fondos para reducir la deuda pública y financiar la guerra. Se rompieron relaciones con Roma y surgió una nueva clase propietaria, la burguesía agraria. El campesinado no pudo participar en las subastas debido a su incapacidad económica, beneficiándose principalmente los poseedores de deuda pública.

Desamortización de Madoz (1855)

Durante el Bienio Progresista, se pusieron en venta los bienes eclesiásticos no afectados por la desamortización anterior, así como los bienes de propios y comunales. El objetivo era recaudar fondos para la construcción del ferrocarril. Se pagaba en metálico, lo que redujo el interés de la burguesía. La recaudación fue el doble que la de Mendizábal, y su aplicación se extendió hasta 1924.

Consecuencias de las Desamortizaciones

• Económicas: Cambio de propiedad (de amortizada a privada), refuerzo de la estructura de la propiedad (latifundios en el centro y sur, minifundios en el norte), aumento de la superficie cultivada pero no de la productividad, deforestación, cambio en el sistema de cultivo (de policultivo a monocultivo), y menor inversión en la industrialización.
• Sociales: Eliminación de la propiedad comunal, proletarización del campesinado (aumento de jornaleros) y pérdida de poder económico de la Iglesia.
• Culturales: Urbanismo discriminador (burguesía en el centro, clases humildes en la periferia) y pérdida del patrimonio cultural.
• Políticas: Creación de una clase social burguesa defensora del liberalismo y ruptura de relaciones con la Iglesia.

Industrialización y Movimiento Obrero

Industria

España se quedó rezagada en la Revolución Industrial, con un desarrollo industrial limitado a Cataluña y el País Vasco. El atraso se debió a la escasez de recursos, la dependencia tecnológica y de capital extranjero, las malas infraestructuras, la inestabilidad política y la pérdida del mercado colonial.

Medios de Transporte

El ferrocarril se convirtió en un símbolo de modernización. La primera línea fue Barcelona-Mataró (1848). La Ley General de Ferrocarriles de 1855 impulsó un gran desarrollo, pero la crisis de 1866 paralizó la construcción. La red tenía una estructura radial con centro en Madrid, dificultando las conexiones entre zonas industriales. Otros avances incluyeron la navegación a vapor, la modernización del correo, la telegrafía eléctrica y el tranvía urbano.

Industria Textil

Cataluña lideró la industrialización temprana gracias a su industria textil algodonera, protegida por aranceles y con maquinaria moderna. La crisis del «hambre de algodón» durante la Guerra de Secesión americana (1861-1865) afectó a la industria, pero se recuperó a partir de 1874.

Industria Siderúrgica

La siderurgia surgió en Málaga (1826), pero fracasó por la falta de carbón de coque. Asturias se convirtió en el principal centro siderúrgico entre 1860 y 1880, pero con hulla de baja calidad. A partir de 1876, el País Vasco se consolidó como el principal centro siderúrgico gracias a la importación de carbón de coque galés y la creación de Altos Hornos de Bilbao.

Movimiento Obrero

Con la industrialización surgió un proletariado moderno. Al principio, el movimiento obrero se caracterizó por protestas mecanoclastas (Alcoy, 1821; Bonaplata, 1835). Desde 1840, se exigieron derechos de asociación y huelga. En 1868, la llegada de Giuseppe Fanelli introdujo el anarquismo en España. En 1879, Pablo Iglesias fundó el PSOE, y en 1888, el sindicato UGT. La legalización de estas organizaciones durante la Restauración intensificó los conflictos sociales.