Guerra y Revolución (1808-1814)

La política de reformas iniciada por el rey Carlos III, destinada a modernizar la sociedad y la economía española, se interrumpió con su heredero Carlos IV. Al año de su acceso al trono, dio comienzo en Francia el proceso revolucionario burgués que hizo tambalearse el Antiguo Régimen en Europa. La estrategia de Napoleón era la ocupación de la Península Ibérica para culminar el bloqueo continental a Inglaterra. Para ello, Napoleón convoca a Carlos IV a Bayona, donde consigue su renuncia y la de su hijo Fernando VII al trono español, y la cesión de sus derechos a su hermano José I Bonaparte. Sin embargo, a pesar del apoyo de un sector de la burguesía ilustrada al nuevo rey, en quien veían una renovación profunda de la anquilosada monarquía, la mayoría de la población española se levanta contra la ocupación francesa, dando origen a la Guerra de la Independencia.

Durante estos años, en ausencia del rey Borbón Fernando VII, se organizó una regencia en torno a la Junta Suprema, la cual se encargaría de dirigir las operaciones militares en una forma de lucha que obligó a Napoleón a mantener un contingente militar permanente en España, en menoscabo de su capacidad ofensiva en otros frentes. Pero, al mismo tiempo, la ausencia del rey fue aprovechada por la burguesía española para animar la convocatoria de las Cortes del Reino en la ciudad de Cádiz, única que resistió al asedio francés. A partir de 1810, las Cortes elaborarán un programa legislativo de carácter revolucionario que culmina con la aprobación de la primera Constitución Española en 1812, cuyas características fundamentales serían las siguientes:

• El reconocimiento de la soberanía nacional.
• La división de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
• La proclamación de los derechos individuales.
• La participación electoral a través del sufragio censitario.
• La igualdad legal de todos los ciudadanos.

El conjunto de estas medidas suponía el fin del Antiguo Régimen.

El Reinado de Fernando VII (1813-1833)

Tras las derrotas francesas, vuelve al trono Fernando VII, junto con él, el Antiguo Régimen. De este modo, todo su reinado gira en torno al enfrentamiento entre la revolución liberal y la restauración absolutista, característico en Europa tras la derrota de Napoleón:

• Las colonias españolas en América habían aprovechado la Guerra Peninsular para organizar nuevas formas de gobierno autónomas, inspiradas en el modelo liberal de EEUU, por lo que el regreso de la monarquía absoluta de Fernando VII abrió un periodo de guerras para conseguir la plena independencia.
• La pérdida de las colonias supuso un grave trastorno para la economía española, que perdió el monopolio comercial del tabaco, cacao, azúcar y otras materias primas, pero sobre todo afectó al prestigio internacional de España, convertida en una potencia secundaria en Europa.
• La burguesía revolucionaria, despojada de sus libertades, inicia un proceso de lucha contra la monarquía absoluta utilizando la estrategia guerrillera y, sobre todo, el pronunciamiento. En 1820 (comienza el Sexenio Liberal), triunfaría el protagonizado por el coronel Riego, y con él retornaría la Constitución de Cádiz, que tuvo que aceptar el rey, aunque llamaría en su auxilio a la Santa Alianza, coalición internacional antiliberal que le devolvería el trono absolutista en 1823 (termina el Sexenio Liberal).

La España Isabelina (1833-1868)

La burguesía liberal, una vez en el poder, se dividió en dos grandes tendencias políticas: progresistas y moderados.

Los liberales moderados gobernaron durante la mayor parte del reinado de Isabel II. Sus ideales políticos quedaron plasmados en la Constitución de 1845, la cual recogía los siguientes aspectos:

• La soberanía era compartida entre la Corona y la Nación.
• No acepta una plena separación de poderes.
• Determina la confesionalidad católica del Estado.
• Los derechos individuales eran muy limitados y la participación política queda restringida a la aristocracia y la alta burguesía.

La actuación del gobierno de los liberales moderados se caracterizó por la conservación de los cambios ya realizados, el fortalecimiento de la autoridad gubernativa (creación de la Guardia Civil en 1844).

Los liberales progresistas, a pesar de la brevedad de sus gobiernos, elaboraron las leyes más revolucionarias y de mayor trascendencia futura: leyes desamortizadoras y la Constitución de 1837. Ésta, aunque de corta vigencia, marcó las diferencias con el liberalismo moderado:

• Defendía la plena soberanía nacional.
• Planteaba una mayor separación de poderes.
• Recogía una participación electoral mayor, aunque sin reconocer el sufragio universal.

Por su parte, las leyes desamortizadoras de los ministros Mendizábal y Madoz supusieron la mayor transformación de la propiedad de los últimos tiempos, ya que mediante ellas el Estado puso en pública subasta las propiedades rústicas y urbanas del clero y de los ayuntamientos. Pero la desamortización, en la práctica, facilitó el acceso de la burguesía urbana adinerada a la propiedad agrícola y empobreció aún más a la gran masa de jornaleros sin tierra, desprovistos ahora del uso de los bienes comunes municipales.

El Sexenio Revolucionario (1868-1874)

La corrupción de los gobiernos isabelinos y la dura represión que ejercieron sobre los movimientos democráticos, que surgían cada vez con mayor fuerza, crearon un clima político contrario a la reina y su régimen, que culminó en la revolución de septiembre de 1868, dirigida por sectores progresistas del ejército y ampliamente seguida por la burguesía democrática y el proletariado urbano. La llamada Revolución Gloriosa destacaría por dos hechos relevantes:

• La expulsión del trono, por vez primera, de un monarca español a manos de la acción popular.
• La promulgación de la primera constitución democrática de España en 1869, la cual recogía el sufragio universal masculino, una completa separación de poderes, la plena soberanía nacional y una amplia declaración de derechos y libertades.

Para asegurar el nuevo rumbo democrático de la nación, las Cortes eligieron un rey extranjero no comprometido con las luchas partidistas internas. El trono recayó en Amadeo I de Saboya, quien durante su breve reinado no consiguió atraerse suficientes apoyos, a la vez que crecían los problemas: insurrección independentista en Cuba, sublevación carlista en el norte y agitación obrera en las ciudades.

La renuncia al trono de Amadeo I dio paso a la Primera República (1873), breve experiencia que no solo no solucionó los problemas anteriores, sino que además dividió al país entre los partidarios de una república unitaria y los defensores de una república federal.

Los primeros defendían un estado centralizado cuyo gobierno asumiera todas las competencias políticas. Por el contrario, los federalistas defendían un estado descentralizado en el que el poder político se reparte entre el estado central y los estados o cantones federados, asociados libremente y que se encargan de la política interior en sus respectivos territorios.

Nuevamente sería el ejército el que interrumpiría en la escena política en 1874 al disolver el general Pavía el Congreso de los Diputados y ceder el poder a una dictadura militar presidida por el general Serrano. La indefinición política de la dictadura y la eficaz organización del partido alfonsino favorecieron meses más tarde un nuevo pronunciamiento militar, esta vez del general Martínez Campos, que supuso la abolición de la Primera República y la restauración de la monarquía de los Borbones, en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II.

La Restauración Borbónica y el Sistema Canovista

La inestabilidad que había vivido España a lo largo del Sexenio Revolucionario favoreció el reagrupamiento de las fuerzas monárquicas moderadas en torno a Alfonso XII, el cual se presentaba ante la opinión pública como el representante de una nueva monarquía, respetuosa con la voluntad popular y símbolo de la unidad nacional.

El triunfo de su candidatura al trono español y la escasa oposición que suscitó su nombramiento por el ejército se explican por dos motivos:

• El descrédito y escaso apoyo social que tenían los partidos republicanos.
• La eficaz labor organizadora de Antonio Cánovas del Castillo, el cual aglutinó en torno a Alfonso XII a los llamados partidos dinásticos, los liberales y los conservadores, herederos de progresistas y moderados, que se convierten ahora en el principal sostén de la monarquía.

El éxito de la Restauración radicaba precisamente en la inclusión de manera alternativa de estas dos fuerzas en las tareas de gobierno, de modo que la realización de las reformas necesarias se ejecutase gradualmente y de acuerdo a un programa político previamente pactado. Este sistema político descansaba sobre dos pilares fundamentales: la Constitución de 1876 y el caciquismo.

La Constitución de 1876 fue concebida como una síntesis de constituciones anteriores con objeto de que se permitiera gobernar cómodamente tanto a liberales como a conservadores. Sus rasgos básicos eran:

• La soberanía era compartida entre el rey y las Cortes.
• El poder legislativo residía en un sistema bicameral: el Congreso de los Diputados, elegido por sufragio censitario, y el Senado, formado por los grandes contribuyentes, altos cargos del Estado y de la Iglesia, y miembros de nombramiento real.
• Se recogían la mayoría de los derechos y libertades individuales defendidos por los liberales.
• Se reconocía la libertad religiosa, aunque el Estado se declaraba católico.

El caciquismo. El sistema diseñado por Cánovas estaba viciado desde un primer momento, ya que la alternancia en el gobierno no obedecía al resultado de las elecciones, sino al compromiso pactado entre los líderes de los dos partidos: Cánovas por el conservador y Sagasta por el liberal.

De este modo, las elecciones eran falseadas desde el gobierno para alcanzar el resultado pactado y permitir un ejecutivo estable. Para ello se contaba con el silencio de la Corona y, sobre todo, con la manipulación electoral realizada por los caciques, personajes de gran poder e influencia en cada comarca.

Fuera del turno quedaban los partidos no dinásticos: republicanos, demócratas y socialistas, entre otros, que denunciaban la corrupción política del país, situación que alejaba a la gran masa de la nación, la llamada España real, de las instituciones políticas que debían representarla, la España oficial.