España en el Siglo XIX: Carlismo, Liberalismo y la Construcción del Estado Liberal (1833-1840)

La Primera Guerra Carlista y la Regencia de María Cristina (1833-1840)

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su viuda, María Cristina, asumió la regencia en nombre de su hija Isabel II, de tan solo tres años de edad. Este periodo se caracterizó por el enfrentamiento con los carlistas, defensores de los derechos sucesorios de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, y opositores a la Pragmática Sanción que permitía reinar a Isabel.

Este conflicto no fue meramente dinástico, sino que representó el choque entre dos ideologías opuestas:

  • Tradicionalistas (Carlistas): Nobleza rural, clero, pequeños campesinos y defensores de los fueros. Defendían el Antiguo Régimen.
  • Liberales (Isabelinos): Burguesía, sectores urbanos populares y partidarios de las reformas liberales.

La Construcción del Sistema Liberal (1833-1840)

Gobiernos de Transición y el Estatuto Real (1833-1835)

María Cristina inició su regencia con el gobierno de Cea Bermúdez, exministro de Fernando VII, que intentó un régimen basado en el Despotismo Ilustrado. Destaca la división provincial de España, realizada por Francisco Javier de Burgos en 1833 (y completada en 1927 con la división de Canarias).

La oposición carlista y la presión liberal obligaron a la Regente a un giro liberal, nombrando a Martínez de la Rosa como jefe de gobierno en 1834. Este buscó un equilibrio entre la burguesía y los grupos dominantes del Antiguo Régimen.

En 1834 se promulgó el Estatuto Real, una carta otorgada que establecía:

  • Cortes Bicamerales:
    • Estamento de los Próceres (designados por la Corona).
    • Estamento de los Procuradores (elegidos por sufragio censitario indirecto).

Estas Cortes tenían una función legislativa limitada, ya que la Corona podía vetar las leyes. El Estatuto Real fue apoyado por los liberales moderados y rechazado por los progresistas.

Gobiernos Progresistas, Disolución del Régimen Señorial y Constitución de 1837 (1835-1837)

Las revueltas progresistas de 1835, con la creación de Juntas y Milicias Locales, llevaron al poder a Mendizábal. Este impulsó medidas clave:

  • Reclutamiento de 100.000 hombres para la guerra carlista.
  • Transformación de la milicia nacional en Guardia Nacional.
  • Reforma de la propiedad de la tierra: Desamortización eclesiástica y desvinculación de mayorazgos.

En 1836, tras la rebelión de los Sargentos de la Granja, Calatrava asumió el gobierno, restableciendo la Constitución de 1812 y promoviendo la Constitución de 1837. Mendizábal, como Ministro de Hacienda, continuó la reforma agraria:

  • Abolición de la Mesta.
  • Supresión del diezmo.
  • Eliminación de los privilegios gremiales.
  • Ley de 1837: Disolución de los señoríos jurisdiccionales y territoriales.
  • Decreto de Desvinculación: Abolición de los mayorazgos.

En febrero de 1836, se nacionalizaron y subastaron los bienes del clero. Estas medidas buscaban financiar la guerra, crear una base social favorable al liberalismo y modernizar la estructura de la propiedad.

La Constitución de 1837, inspirada en la de 1812, buscó un consenso entre progresistas y moderados. Sus características principales fueron:

  • Cortes bicamerales (Congreso y Senado) con iniciativa legislativa.
  • Sufragio censitario para el Congreso.
  • Senado de designación real.
  • Veto absoluto del Rey y nombramiento de ministros.
  • Igualdad jurídica, libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio.
  • Prohibición de otras religiones que no fueran la católica.
  • Ayuntamientos elegidos por sufragio censitario.

Tras las elecciones de 1837, los moderados restringieron el sufragio y la libertad de imprenta, e intentaron devolver bienes al clero. En 1840, una ley de Ayuntamientos provocó una insurrección progresista que llevó a la dimisión de María Cristina y al nombramiento del general Espartero como regente.

La Primera Guerra Carlista (1833-1839)

El levantamiento carlista, tras la muerte de Fernando VII y la Pragmática Sanción, dio inicio a una guerra civil. Los carlistas, defensores de Carlos María Isidro, eran tradicionalistas, absolutistas radicales, defensores de los fueros vasco-navarros y de la religión católica. Su lema era «Altar y Trono». Contaron con el apoyo del clero tradicionalista, la nobleza rural, el pequeño campesinado y los defensores de los fueros, principalmente en Navarra, País Vasco, Cataluña, Aragón y Valencia.

Los isabelinos, partidarios de Isabel II, representaban la legalidad vigente y las reformas liberales.

La guerra, caracterizada por tácticas guerrilleras, se desarrolló en tres etapas:

  1. 1833-1835: Éxitos iniciales carlistas liderados por Zumalacárregui. Su muerte en el sitio de Bilbao marcó el fin de esta fase.
  2. 1835-1837: Expediciones carlistas al sur del Ebro, pero fracaso en la toma de grandes ciudades. Espartero triunfó en la defensa de Bilbao.
  3. 1837-1839: División carlista entre intransigentes (D. Carlos y Cabrera) y moderados (Maroto). Firma del Convenio de Vergara (1839) entre Espartero y Maroto, reconociendo la victoria liberal a cambio de la incorporación de oficiales carlistas al ejército y la promesa de respetar los fueros. La guerra continuó en el Maestrazgo hasta 1840.

Consecuencias:

  • Elevado número de muertes.
  • Consolidación del liberalismo en la monarquía isabelina.
  • Ruina de las finanzas públicas, a pesar de la Desamortización de Mendizábal.
  • Persistencia del carlismo, con posteriores guerras (II Guerra Carlista, 1846-1849; III Guerra Carlista, durante el Sexenio Democrático).

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