Las Guerras Carlistas y la Liberalización de la Tierra en España
La Primera Guerra Carlista (1833-1840) se originó tras la muerte de Fernando VII, quien, sin descendencia masculina, derogó la Ley Sálica mediante la Pragmática Sanción para permitir que su hija Isabel II heredara el trono. Su hermano, Carlos María Isidro, no aceptó a Isabel como heredera y reclamó el derecho a la corona, lo que dio lugar a un conflicto dinástico y político. La guerra se caracterizó por la división de la sociedad española en dos bandos: los isabelinos, que apoyaban a Isabel II y estaban compuestos principalmente por liberales, burgueses, funcionarios públicos y sectores urbanos, y los carlistas, que se oponían a las reformas liberales y defendían la monarquía absoluta, los fueros vasco-navarros y el tradicionalismo católico. Este último grupo estaba compuesto principalmente por nobles rurales, campesinos y el bajo clero, y tenía una fuerte implantación en regiones como Navarra, el País Vasco, Cataluña y Castellón.
El conflicto se desarrolló en tres etapas. La primera, de 1833 a 1835, fue de predominio carlista, aunque los carlistas fracasaron en su intento de tomar Bilbao, donde murió el general Zumalacárregui. En la segunda etapa, entre 1835 y 1837, la guerra entró en una fase de estancamiento, con los carlistas siendo derrotados nuevamente en el segundo sitio de Bilbao por el general Espartero. Finalmente, de 1837 a 1840, los isabelinos lograron la victoria definitiva, culminando en la firma del Convenio de Vergara en 1839. Este acuerdo permitió la integración de los mandos carlistas en el ejército liberal y concedió una versión reducida de los fueros vascos.
La Segunda Guerra Carlista (1846-1848) fue un conflicto más localizado, principalmente en Cataluña. Su desencadenante fue el fracaso de los intentos de matrimonio entre Isabel II y un pretendiente carlista, Carlos VI, lo que avivó las tensiones dinásticas. Además de su carácter político, la guerra tuvo un fuerte componente social, con la participación de clases bajas como obreros, artesanos y campesinos empobrecidos por la difícil situación económica. A nivel militar, la guerra se caracterizó por la falta de organización y armamento del bando carlista, liderado por el general Ramón Cabrera, lo que llevó a una fácil derrota frente al ejército liberal.
Las consecuencias de estas dos primeras guerras fueron profundas tanto a nivel humano como político y económico. La primera guerra, más violenta, dejó casi 200.000 muertos, mientras que la segunda tuvo un impacto mucho menor. En el ámbito político, la monarquía se inclinó hacia el liberalismo, y el carlismo consolidó su papel como el principal opositor de Isabel II. A raíz de las guerras, los militares adquirieron un gran protagonismo en la política española, convirtiéndose en figuras clave dentro del régimen liberal y utilizándose la práctica del pronunciamiento como una herramienta para cambiar de gobierno o modificar políticas. En el ámbito económico, los enormes gastos bélicos provocaron serios problemas fiscales para el gobierno, lo que influyó en reformas como la desamortización de Mendizábal.
La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) se desató en el contexto del Sexenio Democrático (1868-1874), con la caída de Isabel II y la instauración de la monarquía de Amadeo I de Saboya. Los carlistas, liderados por Carlos VII, retomaron las armas, reclamando su derecho legítimo al trono. Esta guerra se centró principalmente en las zonas rurales de Navarra, el País Vasco y Cataluña. Sin embargo, el conflicto llegó a su fin con la firma de la Paz de Somorrostro en 1876, que implicó la abolición definitiva de los fueros vasco-navarros, lo que alimentó con el tiempo los sentimientos nacionalistas en el País Vasco y, en menor medida, en Cataluña. Tras la derrota de los carlistas, el carlismo como amenaza militar desapareció y su ideología pasó a formar parte del Partido Tradicionalista, que se definió como una fuerza política católica y antiliberal. Además, el carlismo fundó la milicia El Requeté, que jugaría un papel importante en la Guerra Civil y en el franquismo.
La Liberalización de la Tierra durante el Reinado de Isabel II
Durante el reinado de Isabel II, la liberalización de la tierra fue un proceso fundamental para la reforma agraria liberal, que buscaba eliminar las estructuras feudales y las trabas legales heredadas del Antiguo Régimen. Este proceso comenzó en 1836 y se consolidó a lo largo de los siguientes años con una serie de medidas clave.
En primer lugar, en 1836, se llevó a cabo la supresión de los mayorazgos, una reforma que transformó los bienes ligados a mayorazgos en propiedades plenas y libres. Esto significaba que los titulares de esas propiedades ya no estaban restringidos por las leyes del Antiguo Régimen, y podían vender, donar o perder estas tierras en caso de deudas. Esta medida permitió una mayor circulación de la tierra y la creación de un mercado más libre.
En 1837, se produjo la abolición del régimen señorial, que consistió en la anulación de los derechos feudales que los señores ejercían sobre los campesinos, como las prestaciones y las obligaciones personales. A través de esta reforma, las tierras de los señoríos fueron transformadas en propiedades libres de los antiguos dueños. Sin embargo, la resolución sobre quién era el verdadero propietario de estas tierras —si los nobles que las poseían como señoríos o los campesinos que las trabajaban— se dejó a cargo de los tribunales. En muchos casos, los tribunales fallaron a favor de los nobles, lo que resultó en un aumento de su patrimonio y la consolidación de su poder, mientras que los campesinos, en su mayoría, no se beneficiaron de esta reforma.
El proceso de desamortización fue otra de las medidas más importantes de esta liberalización. Consistió en la expropiación de tierras eclesiásticas y municipales por parte del Estado, que las ponía a la venta en subastas públicas. Las tierras que hasta entonces estaban «muertas» o en manos de instituciones que no las cultivaban se convirtieron en propiedad privada, y el Estado asumía los gastos del culto y del clero en compensación. La desamortización se llevó a cabo en dos fases principales: la de Mendizábal (1837-1849) y la de Madoz (1855-1867).
La Desamortización de Mendizábal
La desamortización de Mendizábal se inició en un contexto de gran inestabilidad política y económica, marcada por la Primera Guerra Carlista y una Hacienda pública en ruinas. El objetivo principal de esta desamortización fue sanear la Hacienda mediante la amortización de la deuda pública, financiar los gastos de la guerra y obtener apoyo social para la causa liberal. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes: el propósito financiero no se alcanzó, ya que los ingresos generados no fueron suficientes para sanear las cuentas del Estado. Además, el objetivo político solo se cumplió parcialmente, pues aunque se ganó algo de apoyo entre los liberales, se generó también una gran oposición entre los sectores católicos. En cuanto al objetivo social, la medida no logró beneficiar a los campesinos, pues las tierras expropiadas acabaron en manos de los ricos y los especuladores.
La Desamortización General de Madoz
La desamortización general de Madoz, llevada a cabo entre 1855 y 1867, se inició en un momento en que la situación política era más estable y menos costosa que en la anterior desamortización. En esta fase, se incluyeron las tierras eclesiásticas que aún no habían sido vendidas y, principalmente, las tierras de propiedad municipal. El objetivo de esta desamortización era reducir la deuda pública, pero también financiar la construcción de infraestructuras necesarias para modernizar la economía, especialmente la red de ferrocarriles. Sin embargo, las consecuencias fueron negativas para los pueblos, ya que la medida les privó de sus bienes comunales y aumentó la carga fiscal municipal. Esto, unido a la pobreza de muchos campesinos, provocó una serie de protestas.
En resumen, aunque las desamortizaciones y otras medidas de liberalización de la tierra fueron fundamentales para la transformación de la economía española, sus efectos fueron mixtos. Mientras que contribuyeron al fortalecimiento del liberalismo y al desmantelamiento de las estructuras feudales, los beneficios sociales fueron limitados y muchas de las reformas favorecieron a las clases más acomodadas en lugar de a los campesinos, que se vieron desplazados y empobrecidos.
El Sexenio Democrático (1868-1874)
El Sexenio Democrático (1868-1874) estuvo marcado por una profunda inestabilidad política que se extendió durante todo el periodo y condicionó el rumbo del país. Esta inestabilidad no solo se reflejó en las luchas entre los diferentes grupos políticos, sino también en la transformación de las estructuras sociales y económicas de España, las cuales no cambiaron significativamente durante este tiempo. A pesar de los intentos por lograr una solución política a través del republicanismo y el federalismo, la incertidumbre generalizada hizo que muchos viesen el regreso de los borbones como la solución más natural, lo que terminó ocurriendo con la restauración de Alfonso XII al trono.
Desde el principio del Sexenio, el sistema político se vio sacudido por fuertes divisiones internas. El Partido Demócrata y el Partido Progresista dejaron de colaborar, lo que llevó a una escisión dentro de los progresistas. Los partidarios de Sagasta formaron el Partido Constitucionalista, que abogaba por una solución más moderada, mientras que los seguidores de Ruiz Zorrilla fundaron el Partido Radical, que propugnaba una versión más democrática y social del régimen. Además, en el ámbito republicano se dio otra división cuando se proclamó la República, ya que algunos defendían un modelo federal (como Pi y Margall) y otros un modelo unitario (como Castelar).
Por otro lado, dentro de la oposición al sistema, los partidarios de la restauración borbónica, conocidos como alfonsinos, se prepararon para tomar el poder en cuanto las condiciones lo permitieran. Dirigidos por Cánovas del Castillo, un político experimentado, los alfonsinos representaban los intereses de sectores clave de la sociedad española, como la alta nobleza, la burguesía, los grandes propietarios de tierras, la Iglesia y los mandos militares. Estos grupos seguían siendo muy poderosos y, por tanto, las condiciones estaban dadas para que se produjera una restauración del régimen borbónico.
Durante el Sexenio, los carlistas intentaron aprovechar la situación para restaurar sus aspiraciones al trono, iniciando la tercera guerra carlista. Sin embargo, fueron derrotados, ya que no lograron aglutinar a una oposición efectiva al régimen del Sexenio. Los carlistas no pudieron consolidar una alternativa viable, y la causa de los alfonsinos siguió ganando apoyo, lo que llevó al fin del conflicto carlista.
Uno de los episodios más destacados del Sexenio fue la insurrección cantonalista de 1873. Este movimiento, relacionado con el federalismo radical, tuvo un alcance limitado pero de gran intensidad. A pesar de su corta duración, apenas un mes (aunque en algunos lugares como Cartagena se alargó hasta 1874), tuvo un impacto significativo en la política y la sociedad españolas. La insurrección comenzó en julio de 1873 con la proclamación del cantón de Cartagena y se extendió rápidamente por otras ciudades, especialmente en Levante y Andalucía. Los cantones, como Valencia, Murcia, Córdoba y Sevilla, se declararon independientes y en guerra con el gobierno central, e incluso algunos cantones llegaron a enfrentarse entre sí.
La rebelión fue sofocada por el ejército en un tiempo relativamente corto, aunque Cartagena logró resistir durante más tiempo. A pesar de su rápida desaparición, el cantonalismo reflejó el profundo descontento de ciertos sectores con el modelo centralista de la Primera República y la falta de consenso sobre la forma de gobierno. Este desorden, junto con las dificultades internas, fue uno de los factores clave que contribuyó al fracaso de la Primera República Española, lo que facilitó la restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII en 1874.
En resumen, los grandes conflictos del Sexenio, como la división interna entre los partidos y la insurrección cantonalista, reflejaron una profunda inestabilidad política y social que, lejos de consolidar el régimen republicano, permitió el regreso de la monarquía y la restauración del orden político tradicional en España.