Reinado de Alfonso XIII y Crisis de la Restauración (1902-1923)

En 1902, Alfonso XIII asumió el trono con solo 16 años, heredando un sistema político basado en el bipartidismo y el turno de partidos. Sin Cánovas ni Sagasta, los partidos Liberal y Conservador se fragmentaron en diversas facciones, lo que obligó al monarca a intervenir activamente en la política, generando un fuerte rechazo hacia la monarquía. La inestabilidad fue notable: entre 1902 y 1907 hubo 13 gobiernos y 9 presidentes. Además, Alfonso XIII, con un marcado espíritu castrense, otorgó mayor poder al ejército, aprobando la Ley de Jurisdicciones (1906), que permitía a la justicia militar juzgar los delitos contra el Ejército y la patria. También respaldó la dictadura de Primo de Rivera en un intento por mantener el orden.

Frente a la crisis del sistema, surgieron dos posturas críticas: los Regeneracionistas, encabezados por Joaquín Costa, que denunciaban la corrupción y el caciquismo del sistema canovista, y los Revisionistas, como Silvela y Maura, que defendían reformas para modernizar el régimen sin abolirlo. Desde esta última corriente, Antonio Maura impulsó la «Revolución desde arriba» (1902-1910), cuyo objetivo era fortalecer la monarquía mediante reformas que mejoraran la vida de la clase trabajadora. Entre sus medidas destacaron:

• La Ley Electoral (1907) para reducir el fraude.
• La autonomía municipal para acabar con el caciquismo.
• La creación del Instituto Nacional de Previsión para atender cuestiones sociales.
• La Ley de Huelga (1909).

El sistema entró en crisis con la Semana Trágica de Barcelona (1909), un episodio que evidenció las tensiones sociales y políticas del momento. España intentaba consolidar su dominio en el Rif, en el norte de Marruecos, pero la movilización de reservistas catalanes, en su mayoría obreros con familia, generó una fuerte oposición. Las protestas convocadas por organizaciones obreras y anarquistas se convirtieron en una revuelta popular, con barricadas y quema de iglesias. La represión fue brutal: más de 1.000 detenidos y 5 ejecutados, entre ellos el pedagogo Francesc Ferrer i Guardia, acusado de instigar la revuelta. Su ejecución provocó una ola de indignación internacional y la caída del gobierno de Maura.

Tras este episodio, los liberales liderados por José Canalejas (1910-1912) intentaron una regeneración democrática con medidas como la regulación del trabajo femenino, la supresión del impuesto de consumos (que gravaba productos básicos), la Ley del Candado (1910), que limitaba la expansión de órdenes religiosas, y la Ley de Reclutamiento (1912), que establecía el servicio militar obligatorio eliminando privilegios como la redención en metálico. Además, para contentar a los nacionalistas catalanes, aprobó la Ley de Mancomunidades (1914), que permitía la unión administrativa de las provincias catalanas. Sin embargo, el asesinato de Canalejas en 1912 debilitó aún más a los partidos dinásticos, rompiendo el Turno de Partidos y generando una crisis de liderazgo entre liberales y conservadores.

La oposición al régimen se fortaleció con diversas corrientes políticas que cuestionaban el sistema de la Restauración. Los republicanos eran la principal oposición dentro de las Cortes y se dividieron en tres partidos: la Unión Republicana (1903), creada por Nicolás Salmerón; el Partido Radical (1908), fundado por Alejandro Lerroux, con un discurso populista y anticlerical; y el Partido Reformista (1912), de Melquíades Álvarez, que vinculaba el progreso con la educación y la cultura. En el ámbito nacionalista, la Lliga Regionalista, liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó, logró en 1914 la creación de la Mancomunidad catalana, el primer paso hacia la autonomía. En el País Vasco, el PNV amplió su base social, aunque mantuvo su carácter tradicionalista y católico. El socialismo, representado por el PSOE y la UGT, comenzó a integrarse en la política parlamentaria, logrando en 1910 su primer escaño con Pablo Iglesias. Por otro lado, los anarquistas, con gran influencia en Cataluña y Andalucía, fundaron en 1910 la CNT, un sindicato que defendía el sindicalismo revolucionario y la huelga general como herramienta de lucha.

El debilitamiento del bipartidismo, el auge de la oposición y la falta de estabilidad política marcaron el declive del sistema de la Restauración y debilitaron la monarquía de Alfonso XIII, preparando el terreno para futuras crisis políticas y sociales en España.

La Guerra de Marruecos y el Desastre de Annual

La Entente Cordial franco-británica de 1904 permitió el reparto de Egipto y Marruecos entre ingleses y franceses. Marruecos quedó bajo control francés, pero Gran Bretaña no deseaba que Francia dominara el estrecho de Gibraltar. Como solución, en la Conferencia de Algeciras (1906) se otorgó a España el protectorado del norte de Marruecos, en la franja entre Ceuta y Melilla, zonas ya fortificadas. La guerra de Marruecos resultó un desastre militar que agravó la crisis del régimen de la Restauración. La estrategia española de desplegar tropas en blocaos (pequeñas guarniciones con unos diez soldados, poco protegidas y difíciles de defender) se demostró errónea. En 1921, las tropas rifeñas de Abd el-Krim atacaron uno a uno estos blocaos, provocando la muerte de más de 10.000 soldados españoles.

El conflicto marroquí tuvo una gran repercusión en la sociedad española. Para el ejército, significaba la oportunidad de recuperar prestigio tras la derrota frente a Estados Unidos en 1898. Para la población civil, sin embargo, fue un foco de descontento, como demostró la Semana Trágica de Barcelona (1909), una revuelta causada por la movilización forzosa de reservistas para la guerra en Marruecos. Los rifeños ya habían mostrado una fuerte resistencia en 1909, infligiendo una dura derrota al ejército español en el Barranco del Lobo. Tras la Primera Guerra Mundial, España reanudó su ofensiva en el Rif, pero el general Fernández Silvestre, subestimando al enemigo, ordenó un avance imprudente. El resultado fue el Desastre de Annual (1921), en el que murieron 13.000 soldados.

La catástrofe de Annual provocó una crisis política. Se exigieron responsabilidades al ejército, al gobierno e incluso al rey Alfonso XIII. Se abrió una comisión de investigación que elaboró el Expediente Picasso, en el que se denunciaban negligencias. La oposición pidió la retirada de Marruecos, lo que generó malestar en sectores militares. Esta crisis, sumada a la agitación social, fue el pretexto para el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera (1923), que puso fin al régimen de la Restauración.

Mientras tanto, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) generó una división en España: los conservadores eran germanófilos, favorables a Alemania y Austria, mientras que los liberales apoyaban a los aliados (Francia y Gran Bretaña). España se benefició económicamente al vender productos a los países en guerra, lo que generó un auge industrial y agrícola. Sin embargo, este crecimiento no benefició a los trabajadores, ya que los salarios no subieron y la inflación disparó los precios, provocando carestía y malestar social.

La crisis social se acentuó en 1917, con una triple revuelta: el ejército, la oposición política y los trabajadores. En junio de 1917, los militares crearon las Juntas de Defensa, organizaciones formadas por oficiales descontentos con los bajos sueldos y el nuevo sistema de ascensos, que favorecía a los que servían en Marruecos. Con apoyo de Alfonso XIII, lograron presionar al gobierno. En julio, la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, impulsada por la Lliga Regionalista de Cambó, exigió una reforma del sistema y autonomía para Cataluña, pero fracasó por falta de unidad. En agosto, la huelga general revolucionaria, organizada por UGT y CNT, paralizó el país en protesta por la crisis económica. La respuesta del gobierno fue violenta: se saldó con 70 muertos y 2.000 detenidos.

Entre 1918 y 1920, la inestabilidad continuó con el Trienio Bolchevique, influido por la Revolución Rusa. En Andalucía y Cataluña, los jornaleros ocuparon tierras, y en Barcelona los sindicatos y la patronal protagonizaron un conflicto armado. Para frenar la agitación, el gobierno declaró el estado de guerra. En este contexto, en 1920 se fundó el Partido Comunista de España. La violencia se prolongó, con asesinatos políticos y atentados. En 1921, el presidente Eduardo Dato fue asesinado por anarquistas. Esta escalada de violencia y la crisis marroquí culminaron en el golpe de Primo de Rivera en 1923.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, encabezó un golpe de Estado que puso fin al régimen parlamentario con la aprobación final de Alfonso XIII. Los militares justificaron su acción en la grave crisis social y política que atravesaba España, marcada por la radicalización del movimiento obrero, el auge del nacionalismo catalán, el ascenso de republicanos y socialistas, y el fracaso en la Guerra de Marruecos, especialmente tras el desastre de Annual (1921). Además, el malestar en el ejército se agravó con la apertura del Expediente Picasso, una investigación parlamentaria sobre la derrota de Annual que señalaba responsabilidades incluso del propio monarca.

Inspirado en el golpe de Mussolini en Italia (1922), Primo de Rivera presentó su dictadura como un régimen temporal para regenerar España y restaurar el orden. Su pronunciamiento recibió el apoyo de la Iglesia, la oligarquía, el empresariado catalán y las clases acomodadas, y aunque el rey dudó inicialmente, acabó aceptándolo y encargó el gobierno al dictador.

Primo de Rivera instauró un Directorio Militar (1923-1925) que suspendió la Constitución de 1876, prohibió partidos políticos (creando Unión Patriótica como único partido), disolvió las Cortes y aplicó un fuerte centralismo, persiguiendo los movimientos regionalistas, especialmente el catalán. Se decretó el Estado de Guerra, restringiendo libertades como la de prensa y asociación, y se aplicó una dura represión contra los anarquistas, mientras que los socialistas fueron tolerados. Sin una ideología clara, el régimen adoptó principios conservadores y tradicionalistas, promoviendo la Patria, el Rey y la moral católica. Su mayor éxito en este período fue el fin de la Guerra de Marruecos. Aunque Primo de Rivera proponía abandonar el territorio, en 1925 los rifeños atacaron a Francia, provocando una alianza hispano-francesa que culminó en el Desembarco de Alhucemas (1925) y la rendición de Abd-el-Krim (1927), poniendo fin al conflicto.

Consolidado por sus primeros éxitos, en 1925 Primo de Rivera formó un Directorio Civil, incorporando a figuras como José Calvo Sotelo para impulsar el desarrollo económico y dar apariencia institucional a la dictadura. Se creó la Asamblea Nacional Consultiva (1927), un parlamento sin funciones legislativas, y se proyectó una nueva Constitución en 1929, que nunca se promulgó. En economía, se aplicó una política intervencionista y proteccionista, con aumento de aranceles, un ambicioso plan de obras públicas (carreteras, embalses, electrificación del ferrocarril) y la creación de monopolios estatales como CAMPSA, Telefónica e Iberia. Sin embargo, la dictadura comenzó a perder apoyos por su intención de perpetuarse, la falta de libertades y la crisis económica global tras el crack de 1929, que afectó a España.

El descontento generalizado llevó a la caída del régimen. En 1926, los republicanos fundaron la Alianza Republicana, mientras que obreros y estudiantes se reorganizaron en movimientos como la FAI (1927), aumentando las protestas. Intelectuales como Ortega y Gasset y Unamuno criticaron abiertamente la dictadura, y los viejos partidos exigieron elecciones. La crisis de 1929 y la creciente oposición política y social, incluida una parte del ejército, provocaron la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, quien se exilió en París. Alfonso XIII intentó restaurar el sistema con el gobierno de Dámaso Berenguer, pero la oposición republicana siguió creciendo. En 1930, el Pacto de San Sebastián unió a republicanos, socialistas y nacionalistas con el objetivo de instaurar la República. En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, los republicanos triunfaron en las principales ciudades y el 14 de abril, España proclamó la Segunda República, marcando el final de la monarquía de Alfonso XIII.

La Segunda República (1931-1936): Orígenes y Primeros Años

La victoria de las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fue el resultado de un proceso político iniciado con el Pacto de San Sebastián en 1930. Este pacto unió a republicanos de diversas ideologías, desde los de derecha, como Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, hasta los de izquierda como Manuel Azaña de Izquierda Republicana y Alejandro Lerroux de Alianza Republicana. El objetivo de este pacto era proclamar la República mediante una huelga general, contando con el apoyo de PSOE, UGT y CNT, aunque la acción solo se pondría en marcha una vez que las fuerzas sublevadas por la república estuvieran en las calles. Tras el exilio de Alfonso XIII, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República, con Niceto Alcalá Zamora como presidente del Gobierno provisional. Este gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio de 1931, donde se estableció el sufragio universal masculino, con algunas mujeres que fueron incluidas en las listas, siendo Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken las únicas tres mujeres elegidas diputadas en esas primeras Cortes.

La Segunda República nació en un contexto económico difícil debido a la Gran Depresión que se desató tras el crack de 1929. La economía española, muy dependiente del comercio internacional y de las inversiones extranjeras, sufrió enormemente por las políticas proteccionistas adoptadas a nivel global, lo que llevó al colapso de las exportaciones y a la retirada de capital extranjero. Esta crisis económica generó un fuerte incremento en el desempleo, que pasó de 400,000 parados en 1932 a más de 800,000 en 1936. Además de los problemas económicos, la República se enfrentó a numerosos desafíos internos. La Iglesia y los sectores monárquicos se opusieron abiertamente a las reformas republicanas, y en el mismo momento que se proclamaba la República, Francesc Macià proclamaba la República Catalana, un gesto que fue inmediatamente desautorizado por el Gobierno provisional. Además, durante los primeros meses del nuevo régimen, se vivieron varios episodios de violencia, como el asalto a los talleres del periódico monárquico ABC y ataques anticlericales, que incluyeron el incendio y el saqueo de iglesias y conventos. A nivel internacional, el ascenso de sistemas totalitarios en Europa, como el fascismo en Italia y el comunismo en la URSS, complicó aún más la situación de la nueva República española.

A pesar de los desafíos, la República intentó sentar las bases para un sistema democrático que eliminara el caciquismo de la política española, promoviera la secularización del Estado y abordara la cuestión agraria, que afectaba a la gran masa de jornaleros. También se establecieron reformas en el ámbito educativo y se intentó reducir la influencia de los militares en la política. El siguiente paso fue la celebración de las elecciones generales el 28 de junio de 1931, que fueron esenciales para consolidar el nuevo régimen y redactar la Constitución de 1931. En estas elecciones, el bloque de izquierdas, encabezado por el PSOE y con Manuel Azaña como principal figura, ganó la mayoría absoluta, obteniendo 279 escaños. Azaña fue nombrado presidente del Gobierno, y Niceto Alcalá Zamora continuó como presidente de la República, lo que reflejaba una moderación en el nuevo poder. La Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre, definió a España como una República democrática de trabajadores y estableció un sistema político basado en la separación de poderes. La nueva Carta Magna también reconocía el sufragio universal, incluyendo a las mujeres, y promovía la educación laica y la separación entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, estas reformas, especialmente las relacionadas con la Iglesia, provocaron el rechazo de sectores conservadores y católicos. Otro de los aspectos más controvertidos fue la aprobación del voto femenino, que, a pesar de la oposición de figuras como Victoria Kent, fue defendido por Clara Campoamor, quien consideraba que era un paso fundamental hacia la igualdad y la democracia.

El Bienio Reformista (1931-1933)

La aprobación de la Constitución de 1931 marcó el fin del gobierno provisional y dio paso a un gobierno constitucional encabezado por Manuel Azaña de Acción Republicana. Los ministros eran republicanos de izquierda y socialistas, mientras que el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que había formado parte del gobierno provisional, se negó a participar en el nuevo ejecutivo debido a la presencia de ministros socialistas. Niceto Alcalá Zamora, quien seguía siendo presidente de la República, actuó como un gesto conciliador hacia la derecha republicana. Este nuevo gobierno dio paso al Bienio Reformista (junio de 1931 a septiembre de 1933), cuyo principal objetivo era emprender reformas estructurales profundas en la sociedad española.

Las reformas más destacadas fueron:

• Reforma religiosa: Buscaba la secularización del Estado. Esta reforma prohibió el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas y suprimió la asignatura de religión en las escuelas. Se aprobó el matrimonio civil y el divorcio, y el Estado dejó de pagar los sueldos a los sacerdotes.
• Reforma educativa: Destinada a erradicar el analfabetismo y el retraso cultural. Se crearon más de 10.000 escuelas y se contrataron más de 7.000 maestros, mejorando sus salarios. Además, se promovió una educación pública, laica, mixta, obligatoria y gratuita, y se crearon las Misiones Pedagógicas para llevar la cultura y la educación a las zonas rurales.
• Reforma del ejército: Manuel Azaña, al asumir el ministerio de Guerra, redujo el número de unidades y oficiales, y promovió la Ley de retiro de la oficialidad para reducir la macrocefalia del ejército. A pesar de estos esfuerzos, en 1932, el general José Sanjurjo intentó un golpe de estado, aunque fue fácilmente neutralizado por el gobierno republicano.

Una de las reformas más ambiciosas fue la Reforma Agraria, que pretendía resolver los problemas estructurales del campo español, donde el campesinado representaba el 50% de la población activa y vivía en condiciones precarias. La reforma buscaba redistribuir las tierras y modernizar el sector agrario, que aún utilizaba métodos del siglo XIX. En 1932, se aprobó la Ley de Reforma Agraria, pero la lentitud en su aplicación frustró a los campesinos, ya que en 1933 las tierras expropiadas y repartidas fueron mínimas.

En cuanto a la política autonómica, el gobierno republicano aprobó el Estatuto de Cataluña, que otorgaba a la región un gobierno autónomo con una Generalitat y competencias en áreas como cultura y orden público. Sin embargo, muchos catalanistas consideraron que las competencias eran insuficientes, mientras que los militares vieron el estatuto como una amenaza.

El gobierno republicano-socialista se enfrentó a una fuerte oposición tanto desde la derecha como desde la izquierda. Entre las fuerzas de derecha se encontraban los monárquicos, representados por Renovación Española y José Calvo Sotelo, los conservadores que formaron la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), dirigida por Gil Robles, y los fascistas de Falange Española, fundados por José Antonio Primo de Rivera. Estos grupos simpatizaron con el intento de golpe de estado de Sanjurjo en 1932. Por otro lado, la oposición de izquierda estaba representada por los anarquistas de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y el sindicato CNT, que participaron activamente en huelgas y ocupaciones de tierras. Uno de los episodios más graves ocurrió en Casas Viejas en enero de 1933, cuando campesinos ocupaban tierras y fueron duramente reprimidos por la Guardia de Asalto, lo que causó varias muertes. Este hecho restó apoyo popular al gobierno de Manuel Azaña, quien, además, debía enfrentar una grave crisis económica y creciente conflictividad social. En septiembre de 1933, la dimisión de Azaña tras las maniobras políticas del Partido Radical y la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre marcaron el fin del Bienio Reformista y el inicio de una nueva etapa en la historia de la Segunda República.