Historia de España: Del Bienio Progresista a la Restauración Borbónica

El Bienio Progresista (1854-1856)

El régimen liberal funcionaba de diferente manera en la teoría y en la práctica. La reina llamaba siempre a los moderados al gobierno, por lo que los progresistas se sublevaban para intentar acceder al poder. En 1854, los progresistas y los moderados más progresistas protagonizaron el levantamiento de Vicálvaro (La Vicalvarada) y obligaron a la reina a llamar al poder a los progresistas. Tras este pronunciamiento, lanzaron un llamamiento a la población civil para que participase en el ejército (Manifiesto de Manzanares). La reina cedió ante la presión de los militares y de cierta población civil, y encargó a los progresistas formar gobierno.

Fue un período de dos años en los que los aspectos fundamentales fueron:

  • La Constitución de 1856
  • La Ley de Desamortización de Madoz en 1855
  • La Ley de Ferrocarriles en 1855

Constitución de 1856

Esta es una constitución “non nata”, no fue proclamada. Establecía el principio de soberanía nacional y una división de poderes más clara.

  • Poder Legislativo: Cortes bicamerales (Congreso y Senado), elegidas por sufragio universal masculino.
  • Poder Ejecutivo: En manos del rey, delegado en sus ministros.
  • Poder Judicial: En manos de los tribunales de justicia.

Esta constitución establecía una amplia gama de derechos individuales (reunión, etc.). Antes de que entrase en vigor, los progresistas que la habían creado fueron expulsados. Los partidos políticos gobernaban más para sus seguidores que para todo el conjunto liberal, esto ocurría sobre todo con los moderados; sin embargo, los progresistas tenían más en cuenta los intereses de estos moderados. Esta situación provocó que durante el siglo XIX hubiese muchas constituciones, lo que no fue bueno para el país.

Desamortización de Madoz (1855)

Madoz retomó la desamortización de Mendizábal allí donde había quedado paralizada, tras el Concordato con la Santa Sede. Continuó con la nacionalización de los bienes de la Iglesia y también de los bienes comunales, que eran tierras que tenían los Ayuntamientos, no de un propietario individual, sino de propiedad colectiva, y que permitían la subsistencia de los campesinos más pobres. Estos campesinos se beneficiaban de estos bienes ya que podían llevar a su ganado a pastar a esos campos, obtenían leña de sus bosques, cazaban en esas zonas… Con esta ley se nacionalizaron esos bienes y se subastaron al igual que los bienes de la Iglesia, y fue la burguesía quien se aprovechó de esto. Estos bienes ahora eran propiedad privada, lo que perjudicó a la población. Los campesinos fueron a la miseria, no tenían donde trabajar, por lo que la única solución fue emigrar (éxodo rural) del campo a la ciudad. La burguesía obtuvo un doble beneficio: compraron esos bienes a precio de saldo y además obtuvieron mano de obra barata para las industrias de los campesinos que llegaban a las ciudades sin nada.

Ley de Ferrocarriles (1855)

También establecida por Madoz, la aparición del ferrocarril en España supuso el fomento de la actividad económica, vertebraba económicamente al país, transportaba mercancías a larga y media distancia a un bajo precio. En 1855, el tendido ferroviario en España era prácticamente inexistente, solo había dos líneas: una de Mataró (industria textil) a Barcelona (importante mercado) y otra de Madrid (importante mercado) a Aranjuez (producción de fresas). En sus orígenes, el ferrocarril tenía una función económica. Madoz pretendía con esta ley incentivar la construcción del ferrocarril en España y reactivar así la actividad económica. El gobierno español no tenía dinero para la construcción, por lo que la ley pretendía facilitar la llegada de capitales privados, creando las condiciones necesarias para que quienes disponían de ese capital lo invirtiesen aquí, obteniendo a cambio desgravación fiscal, importación de materiales libres de impuestos, etc. La mayor parte de los recursos serían franceses (bancos), y a cambio se concedía el uso de esas líneas al inversor. Esta ley fue el punto de partida para la construcción del ferrocarril. Esta construcción se desarrollaría en diferentes etapas de acuerdo con un plan radial (desde el centro se tendían líneas a la periferia: Galicia, País Vasco, Portugal… los lugares más activos económicamente). A partir de 1865 se comenzó con la construcción, pero esta tendría más impulso durante el período de la Restauración. Se estableció además una reforma educativa, Ley de Moyano, que fomentaba la educación pública.

La Primera República (1873-1874)

Tras la reunión del Congreso y el Senado (ilegalmente) se proclamó la Primera República, aún habiendo pocos partidarios de ella, y además los pocos que había estaban divididos: unitarios y federales. Este período se caracterizó por la inestabilidad política, que se plasmó en que en los 11 meses que duró la república federal se sucedieron cuatro presidentes (Figueras, Pi y Margal, Salmerón y Castelar).

En un primer momento fue elegido presidente Figueras con el apoyo de los radicales. Esto provocó el descontento de la mayoría de republicanos federales, que querían convocar elecciones a cortes constituyentes; finalmente, tras la imposición de estos, en mayo de 1873 se convocaron elecciones en las que ganaron los republicanos federales, con Pi y Margal como presidente. Crearon una constitución non nata, es decir, que no llegó a ser promulgada, y que sería aún más democrática que la de 1869. Esta constitución establecía la soberanía popular (el poder residía en el pueblo). En cuanto a la división de poderes, las cortes serían bicamerales, el Congreso elegido por sufragio universal directo y el Senado tendría unas funciones muy importantes: no era una cámara moderada como hasta el momento, sino que constituía una cámara de representación territorial. La república estaba dividida en 17 federaciones regionales, y los senadores representaban a cada federación y defendían los intereses de esta. El poder ejecutivo se repartía entre el presidente de la república, que tenía funciones de gobierno, y el poder judicial estaba en manos de los tribunales de justicia. La legislación establecida a favor de los obreros ayudaba a las clases trabajadoras: establecía la edad mínima para trabajar (16 años), reducía la jornada laboral, establecía jurados mixtos compuestos por representantes de la patronal y de los trabajadores, cuya función era solventar los conflictos laborales.

Esta constitución nunca llegó a estar vigente, ya que en el verano de 1873 España sufrió una serie de conflictos que fueron posponiendo la promulgación de esta, y así nunca llegó a promulgarse. Estos conflictos fueron: la guerra de Cuba, la Tercera Guerra Carlista y las insurrecciones cantonalistas en el sur y en el levante.

Los apoyos con los que contaba la república desde el punto de vista político eran escasos, solo una parte de los demócratas, y desde el punto de vista social no la apoyaban la nobleza, el clero (consideraba a los republicanos como ateos), la burguesía, el campesino propietario (porque amenazaba a la propiedad privada), ni el ejército (veía en la república una fuente de disturbios y conflictos). La apoyaban los miembros de la burguesía intelectual liberales y las clases urbanas trabajadoras (urbanas y jornaleros). La propiedad quedaba excluida para los trabajadores, y estos, que habían depositado una confianza enorme en la república, vieron que tras su triunfo no se habían plasmado la mejora de sus condiciones laborales, así que comenzaron los disturbios. Estas huelgas coincidieron con el declive de la Primera Internacional del Movimiento Obrero. Estas huelgas adquirieron en el sur y en el levante un carácter político denominado cantonalismo, que fue la radicalización del federalismo, y se produjeron movimientos independentistas. Este fue un problema interno que llevó a una situación sin salida, ya que si el presidente reprimía a los huelguistas estaba reprimiendo a los suyos, lo que le llevó a dimitir, y fue sustituido por Salmerón. Esto supuso un giro hacia la derecha en un intento de reforzar el poder central para acabar con el cantonalismo. Poco después, este presidente dimitió debido a una cuestión de conciencia, ya que se había visto obligado a firmar dos penas de muerte a dos dirigentes cantonalistas. En septiembre, fue nombrado presidente Castelar, que empleó fuertemente el ejército para acabar con el cantonalismo. Esta política de represión contra el cantonalismo lo puso en contra de la mayoría de republicanos. En enero de 1874, hubo una moción de censura para Castelar, perdió la votación, pero al saberse el resultado un grupo de la Guardia Civil irrumpió en el Congreso y dio un golpe de Estado, ofreciéndole a Castelar seguir en el poder, pero este no lo aceptó. Con esta dimisión se proclamó presidente a Serrano sin convocar elecciones; el ejército estaba en el poder. Esta fue una república presidencialista, nada democrática, con un poder autoritario apoyado por los que habían hecho La Gloriosa (progresistas, Unión Liberal, mayoría de los demócratas). Su gobierno carecía de un programa político. La Guerra de Cuba y la Guerra Carlista continuaron, y cada vez cobró más fuerza la posibilidad de que volviesen al poder los borbones. Fue Cánovas del Castillo quien promovió la vuelta de los borbones, pero no quería que su vuelta se produjese debido a un pronunciamiento militar, quería que su vuelta fuese reclamada por los españoles. Alfonso lanzó el Manifiesto de Sandhurst, donde prometía a los españoles que si lo aceptaban gobernaría en base a una constitución, es decir, establecería una monarquía parlamentaria, pero el general Martínez Campos del ejército proclamó en Sagunto a Alfonso XII como rey de España. Cánovas y Alfonso tuvieron que aceptarlo, y así volvieron los borbones al gobierno en España.

La Restauración Borbónica (1875-1931)

Según si se tiene en cuenta la dictadura de Primo de Rivera (finaliza en 1923), se pueden establecer dos fechas que indiquen el final de la Restauración. En la práctica, finalizaría verdaderamente en 1931. Se divide en dos etapas claramente diferenciadas:

Primera Etapa (1875-1902)

Tiene también dos posibles finales: por un lado, en 1898 se produce la crisis del Régimen, la pérdida de las últimas colonias americanas, y por otro lado, en 1902, Alfonso XIII es declarado rey y termina así la regencia de su madre. Esta es la etapa de formación del sistema político de la Restauración. Esta restauración se denomina como restauración plena. Cánovas del Castillo fue quien puso las bases políticas del sistema, y los instrumentos creados por Cánovas funcionaron perfectamente para el fin para el que estaban creados.

Segunda Etapa (1902-1931)

En esta etapa, los instrumentos creados por Cánovas comenzaron a fallar, no respondían a las necesidades de la sociedad española. El sistema político de la Restauración se basaba en tres pilares:

  • Constitución de 1876
  • Bipartidismo unido a la alternancia pacífica de estos partidos
  • Caciquismo

Los dos primeros pilares eran legales; sin embargo, el caciquismo no.

Constitución de 1876

Esta constitución fue obra de Cánovas del Castillo. Cuando este abordó la creación de la Constitución, distinguió dos niveles: una constitución no escrita y una constitución escrita. La constitución no escrita formaba parte de la esencia de España, establecía principios básicos y fundamentales que no era necesario plasmar de manera escrita: España era una monarquía y esa monarquía estaba en manos de los Borbones, eso era algo incuestionable. A partir de esta constitución no escrita se estableció la de 1876. Para Cánovas, el problema que había habido en España durante el siglo XIX era el excesivo partidismo y el amplio número de constituciones. Este pretendió consensuar con la oposición, y así esta constitución, que seguía la línea de las constituciones moderadas anteriores, estuvo de alguna manera negociada con Sagasta (líder de la oposición). La Constitución de 1876 enlazaría con la de 1845, aunque sería más flexible. Establecía la soberanía compartida entre el rey y las cortes, y la división de poderes es poco clara. El rey tenía el poder ejecutivo, pero a su vez también intervenía en el poder legislativo, que recaía en manos de las cortes bicamerales (Congreso y Senado). Los miembros del Congreso eran elegidos por sufragio censitario; la ley electoral salía de la constitución para evitar conflictos, pero a partir de 1890 llegó Sagasta al poder e introdujo el sufragio universal. En cuanto a los miembros del Senado, una parte era elegida por el rey de entre las clases sociales más altas y la otra parte era elegida por sufragio censitario. El poder ejecutivo recaía en manos del rey, que lo delegaba en sus ministros; este tenía también la jefatura del ejército, el derecho de veto y, por tanto, la capacidad de disolver las cortes. El poder judicial estaba en manos de los tribunales de justicia. Esta constitución, que daba mucho poder al rey, establecía una serie de derechos individuales que podían ser suspendidos por el gobierno si este lo consideraba necesario. La religión seguía unida al Estado, aunque se permitía la celebración de otros cultos.

El Bipartidismo

El bipartidismo ya había existido anteriormente con los moderados y progresistas. Cánovas retomó este sistema, con dos fuerzas políticas en el gobierno que debían aceptar la monarquía borbónica, y se les llamó partidos dinásticos. Cánovas organizó su partido, y fue él mismo quien buscó una oposición (Sagasta, un antiguo progresista); su partido fue el Partido Liberal Conservador, que perduraría como el Partido Conservador. Estaba formado por los antiguos moderados, los que formaban la Unión Liberal e incluso algún progresista. Desde el punto de vista social, serían las clases más altas quienes lo apoyaban (alto clero y alta burguesía). El partido formado por Sagasta fue el Partido Liberal Fusionista, que perduraría como el Partido Liberal. Desde el punto de vista político, estaba formado por los progresistas, algunos demócratas y radicales y algún republicano. Desde el punto de vista social, estaba formado por las clases medias. Estos dos partidos no eran partidos de masas, englobaban a una minoría de la población, y generalmente era población urbana. La política en esta época era un fenómeno estrictamente urbano. Una de las obsesiones de Cánovas era la estabilidad, y tal como se había desarrollado el bipartidismo había proporcionado inestabilidad, por lo que ahora ambos partidos debían ponerse de acuerdo (alternancia pacífica) a la hora de gobernar. Este sistema llevó a la corrupción, falseamientos de elecciones, etc., y así se dio paso al tercer pilar de la Restauración.

El Caciquismo

El caciquismo es una red de relaciones personales y clientelares que organizaban el poder desde el centro a la periferia. Los caciques locales eran aquellas personas que tenían influencia en su localidad, fundamentalmente por su poder económico (terratenientes, etc.). En esta red clientelar, el gobernador establecía cuántos votos necesitaba cada partido y se los pedía así a los caciques locales, que utilizaban una actitud paternalista (haciendo favores para obtener a cambio el voto), compraban el voto o empleaban la violencia para conseguirlo. Apareció el encasillado: las actas electorales estaban ya hechas antes de que tuviesen lugar las elecciones, y así se perpetuaba el falseamiento electoral y se conseguían los objetivos que venían preestablecidos desde Madrid hacia la periferia española. El caciquismo fue un gran problema que llevó a la división del período de la Restauración en dos partes. Por un lado, la Restauración trajo estabilidad, pero por otro no se tenían en cuenta en ningún momento los intereses del pueblo. En la primera etapa, el sistema caciquil logró la estabilidad, pero se desconocían los intereses que realmente tenía la sociedad. En el momento en que la sociedad española comenzó a evolucionar y vio que los gobiernos seguían siendo los mismos con ese sistema de corrupción, empezó la crisis de la Restauración, que terminaría con su abolición en 1931.

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