El Régimen Liberal en España: Inicios y Conflictos

El Conflicto Dinástico y el Inicio de la Regencia

En 1830, Fernando VII tuvo, al fin, descendencia: Isabel, la primera de las dos hijas que tuvo con su esposa María Cristina de las Dos Sicilias. Según la Ley Sálica de 1713, las mujeres no podían acceder al trono, por lo que el sucesor de la corona debía ser el hermano del rey, Carlos María Isidro. Sin embargo, Fernando VII cambió la ley poco antes de morir (mediante la Pragmática Sanción de 1830) y nombró heredera a su hija.

A la muerte del rey (1833), María Cristina se encargó de la regencia hasta que Isabel II alcanzara la mayoría de edad. Pero los partidarios del infante, pertenecientes a los sectores absolutistas más intransigentes, se negaron a aceptar el testamento de Fernando VII y se alzaron en armas contra la regente, quien se vio obligada a buscar el apoyo de los liberales.

Los tres primeros años de regencia, en plena Primera Guerra Carlista, sirvieron para que los liberales moderados, algunos de ellos retornados del exilio a raíz de una amnistía, fueran afianzándose en la política. En efecto, comenzaron a colaborar moderados procedentes del absolutismo como Cea Bermúdez con doceañistas como Martínez de la Rosa o el conde Toreno.

Durante este periodo, el régimen liberal español se basó en el doctrinalismo: el poder debía ejercerlo «los mejores», los más capacitados, es decir, la burguesía; sin embargo, la burguesía española era débil y debía apoyarse en los funcionarios, en los intelectuales y, sobre todo, en los militares. Lógicamente, esto condujo a la defensa del sufragio restringido o censitario.

Partidos Políticos Liberales: Moderados y Progresistas

Este sistema se apoyaba en partidos políticos. Así, el poder lo disputaban dos partidos liberales principales: los moderados y los progresistas.

Los Moderados

Los moderados defendían un gobierno fuerte y un programa basado en:

• La soberanía compartida del rey con las Cortes.
• Un sufragio muy restringido (censitario).
• La confesionalidad del Estado (catolicismo como religión oficial).
• El nombramiento de los alcaldes por el gobierno.
• Una política proteccionista.

Este programa era apoyado por la alta burguesía, los terratenientes, los altos funcionarios, oficiales del ejército, etc.

Los Progresistas

En cambio, los liberales progresistas defendían un programa más avanzado:

• La soberanía nacional.
• La reducción de los poderes del rey.
• Una ampliación del número de votantes (sufragio menos restringido).
• La tolerancia religiosa.
• La separación de la Iglesia y el Estado.
• La libre elección de los ayuntamientos.
• La creación de la Milicia Nacional (cuerpo armado de ciudadanos).
• El librecambismo (reducción de aranceles).

Estas ideas eran apoyadas por las clases medias, los pequeños comerciantes, funcionarios y partes del ejército.

Primeros Gobiernos y el Estatuto Real de 1834

La evolución desde el absolutismo hacia el liberalismo se inició bajo el gobierno de Cea Bermúdez (1832-1834), político absolutista e ilustrado que emprendió algunas reformas administrativas, como la creación del Ministerio de Fomento y la división de España en 49 provincias gracias al decreto aprobado por la reina María Cristina en 1833 y presentado por Javier de Burgos.

Pero estas reformas no contentaron a los liberales, que presionaron a la reina para que convocara elecciones.

En estas circunstancias, la reina confió el poder al moderado Martínez de la Rosa (1834) y se estableció el Estatuto Real de 1834. Este documento era una Carta Otorgada desde el poder y, por tanto, no tenía rango de constitución, ya que carecía de referencias a los deberes y derechos del rey y de los ciudadanos, a las atribuciones de las Cortes, al modo de hacer las leyes, a la organización política y administrativa, etc.

No se trataba de una constitución, sino de un decreto del poder absoluto que convocaba unas Cortes organizadas por ese mismo poder, con la innovación de que las Cortes estaban divididas en dos estamentos: el Estamento de los Próceres (Senado) y el de los Procuradores (Congreso).

Constaba de 50 artículos, distribuidos en 5 títulos. La facultad de convocar, suspender y disolver las Cortes correspondía exclusivamente al rey. Las Cortes no podían deliberar sobre ningún asunto que no hubiera sido sometido al rey.

La Constitución de 1837

El triunfo del Motín de los Sargentos de La Granja de San Ildefonso (1836), de carácter progresista, derrotó al gobierno moderado de Istúriz y llevó al poder a José María Calatrava con Mendizábal en Hacienda, entre otros.

El Proceso Constituyente

El primer acto político de este gobierno progresista fue la convocatoria de elecciones para las Cortes Constituyentes, siguiendo el sufragio indirecto restablecido por un decreto que la reina gobernadora firmó bajo la presión de los sargentos amotinados.

Las elecciones fueron ganadas por los progresistas.

Estas Cortes declararon traidor al Infante don Carlos María Isidro y legalizaron la regencia de la reina.

La finalidad inicial era revisar y reformar la Constitución de 1812 conforme a las necesidades públicas, pero lo que hicieron fue la redacción de una Constitución nueva, inspirada en las constituciones de Francia (1830), la Brasileña, la Norteamericana, la inglesa y la Belga.

Características de la Constitución de 1837

A pesar de ser conciliadora, era menos avanzada que la de 1812, pero más revolucionaria si la comparamos con el Estatuto Real de 1834.

Constaba de 77 artículos distribuidos en 13 títulos. Además, establecía el juicio por jurados y el gobierno de los territorios de ultramar por leyes específicas. Establecía dos cámaras legisladoras: Senado y Congreso, con iguales derechos, excepto en materia de Hacienda, en la que se daba primacía al Congreso.

Se prohibió el pago del diezmo a la Iglesia, se eliminaron las aduanas interiores, se continuó con la desamortización eclesiástica y la disolución de los gremios, lo que favoreció el desarrollo industrial.

Fin de la Primera Guerra Carlista y Regencia de Espartero

Tras la finalización de la Primera Guerra Carlista en 1839, el gobierno moderado de Pérez de Castro promulgó la Ley de Ayuntamientos en 1840, que suprimía el derecho de los ciudadanos a elegir a los alcaldes, quienes pasaban a ser nombrados directamente por el gobierno.

Esto propició importantes revueltas y María Cristina se vio obligada a renunciar a la regencia, entrando como regente el general Espartero, que estaría en el poder desde 1841 a 1843.

Las Guerras Carlistas

En 1833 había comenzado la larga guerra civil entre carlistas e isabelinos (liberales), que finalizó en 1840, aunque hubo nuevos levantamientos carlistas a lo largo del siglo, entre los que hay que destacar los que se produjeron entre 1846 y 1849 (denominada Segunda Guerra Carlista) y 1872 y 1876 (denominada Tercera Guerra Carlista). El apoyo popular con el que contó este movimiento fue tan grande que hizo que las hostilidades se mantuvieran a lo largo de todo el siglo XIX.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Los carlistas, absolutistas intransigentes y partidarios de los derechos hereditarios del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, se enfrentaron a la regente María Cristina, que estaba apoyada por un grupo de liberales y de absolutistas más moderados, los isabelinos, que aceptaron a Isabel II como heredera de su padre.

Durante la Primera Guerra (1833-1840), los carlistas se hicieron fuertes en el norte de la península. El general carlista Ramón Cabrera, acompañado por el pretendiente a la corona, llegó en una expedición desde la zona del Maestrazgo hasta las puertas de Madrid (Expedición Real, 1837).

El coronel Tomás de Zumalacárregui, a la muerte de Fernando VII, se unió a la causa de Carlos María Isidro y consiguió organizar y dirigir el ejército rebelde del norte, consolidando así el poder carlista en el País Vasco. La muerte de este coronel, en junio de 1835, puso fin a la tendencia ascendente del carlismo en la región vasconavarra, donde había cosechado sonadas victorias contra las tropas isabelinas.

A partir de 1835, la victoria del ejército isabelino obligó a Carlos María Isidro a huir a Francia. En 1839, el general Baldomero Fernández Espartero y el general carlista Rafael Maroto mantuvieron conversaciones para poner fin a la guerra, que culminaron en el Convenio de Vergara.

Con la firma de este convenio, se garantizaba la conservación de algunos derechos forales y se reconocían los empleos y los grados del ejército carlista. Sin embargo, el pretendiente Don Carlos no lo aceptó y se exilió en Francia. Tampoco lo aceptaron los carlistas catalanes, quienes, presionados por el general Espartero, tuvieron que huir a Francia en 1840, lo que supuso el fin de la Primera Guerra Carlista.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Cuando María Cristina renunció a gobernar en octubre de 1840, se formó un ministerio de regencia presidido por el general Espartero, nombrado regente por las Cortes en 1841. El general recién vencedor de los carlistas, y que contaba con el apoyo de los liberales progresistas en nombre de la libertad, gobernó hasta 1843 de manera dictatorial, reprimiendo a los moderados y sin someterse nunca al Parlamento.

Espartero se ganó el rechazo de diversos sectores. Su política, radicalmente librecambista, ponía en peligro la incipiente industria catalana, por lo que los fabricantes textiles de Cataluña, aunque mayoritariamente liberales, rechazaron la política gubernativa. Al movimiento catalán antiespartista se unió la oposición de los vascos, que habían visto cómo, por su apoyo a los carlistas, la Ley Paccionada de 1841 derogaba los fueros que habían sido desplazados del poder en 1840, y comenzaron a organizar su ataque al gobierno.

Algunos sectores liberal-progresistas (demócratas), que habían apoyado inicialmente a Espartero, se enfrentaron a él, pues no aceptaban sus formas autoritarias y represivas, aunque se hiciesen en nombre del liberalismo. Después de tres años de regencia, los días de Espartero estaban contados. En 1843 se inició una revuelta militar, encabezada por Narváez, que hizo caer al gobierno. Espartero huyó y se exilió en Londres y no regresó a España hasta 1849.