La Década Moderada (1844-1854)

Cuando asumió el poder el rival de Espartero, Narváez, desmanteló la rebelión urbana y progresista (se adelantó a una posible protesta del coronel Prim otorgándole el título de conde de Reus) e inauguró una década de dominio férreo del liberalismo moderado. La reina Isabel II, apenas una adolescente, fue declarada mayor de edad y elevada al trono cuando se cumplían diez años del fallecimiento de su padre. Cuando Fernando VII murió en 1833, su heredera, Isabel II, contaba sólo con tres años, y cuando diez años más tarde juró la Constitución, será, en palabras de su receptor de religión, Rodrigo Valdés, una niña con escasas luces y sin ninguna experiencia. En esta personalidad inmadura tuvo mucho que ver su madre, la reina regente María Cristina, con sus continuas intrigas cortesanas y sus cambios de gusto en la política de partidos. La tendencia a la conspiración palaciega, que interfería en la gestión de los gobiernos, la influencia que el pensamiento de personas como el padre Claret o sor Patrocinio de las Llagas ejercieron sobre la evolución política, y finalmente la separación de la reina de su esposo D. Francisco de Asís (que vivió retirado en Epinay dedicado a sus aficiones de lector y de coleccionista de arte hasta su muerte en 1902), fueron hechos que condicionaron la ferviente política del periodo.
Cuando la revolución de 1868 condujo a la reina Isabel al destierro, su comportamiento continuó repitiendo los errores del pasado reinado, preparando múltiples proyectos y conspiraciones para volver al trono, hasta renunciar en favor de su hijo Alfonso XII. Se pueden comprender así las reservas del futuro artífice de la restauración monárquica, Antonio Cánovas del Castillo, a la vuelta de Isabel II a España junto a su hijo, al expresar que aquella señora era capaz no sólo de hacer caer un trono, sino de acabar con el propio reino de los cielos. La derrota de Espartero por la coalición de progresistas y moderados genera una situación exclusivamente moderada en dos fases, que corresponden la primera a la eliminación de los más radicales y la segunda, a la ruptura de la propia alianza. Las dos tienen una significación que trasciende el momento histórico en que se dan. Tras el triunfó del golpe contra Espartero, las propias divisiones del partido progresista precipitaron en su contra los acontecimientos. Ante la falta de alternativas, los diputados y senadores votaron el adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II, que fue proclamada Reina el 8 de noviembre de 1843. Ya por entonces los dirigentes moderados, vueltos del exilio, habían tomado posiciones clave en el entorno de la Reina, fácilmente controlable a causa de su juventud y escasa formación política. El general Narváez, el líder de la revolución de agosto, se convirtió en esas semanas en el hombre fuerte del momento. Dos atentados contra un depósito de armas y contra él mismo le sirvieron de pretexto para emprender una serie de detenciones y sustituir a los principales mandos progresistas por hombres de su confianza. Mientras, una nueva insurrección en Barcelona, entre septiembre y noviembre, esta vez más radical y popular aún que la del año anterior, fue reprimida con excepcional dureza por el joven general Prim. Primero, en 1843, Los sublevados ponen el poder en manos de un Gobierno presidido por el progresista Joaquín María López. Y éste comienza a normalizar la situación con la convocatoria de elecciones a Cortes, que, a la vez, sirvan para acabar con los centros de poder transitorio (de nuevo las Juntas, que habían acompañado al levantamiento contra el regente, como en 1808). Pues bien, las Juntas se manifiestan contrarias a tal disolución; porque no tienen seguridad de la autenticidad revolucionaria de los Gabinetes provisionales. Y se oponen a ella, en lucha que, en la práctica, demuestra la veracidad de sus temores. El hecho se repetirá en 1854 y 1868. En 1843, se traduce en un levantamiento armado contra el Gobierno, que tarda en extinguirlo. En cuanto a la coalición, se disuelve a la vez. Se presenta como tal a las elecciones generales de septiembre, en las que obtiene una holgada mayoría, se ha dicho que repartida por mitades entre unos y otros. Al margen de ella, aparece una minoría moderada no colaboracionista, que preside González Bravo, y una minoría progresista que defiende a Espartero, por razones que no resultan congruentes, apoyan la formación de un Ministerio exclusivamente progresista, que encabeza Olózaga. Se deshace en consecuencia la coalición y se rehace en cambio la unidad de los dos partidos. En la votación para designar presidente del Congreso, el Gabinete Olózaga es derrotado; a éste se le acusa de obligar por la fuerza a la Reina a firmar el consiguiente decreto de disolución del parlamento, con la intención de sustituirlo por otras Cortes adictas, en nuevos comicios, y en la crisis inmediata Isabel encarga a González Bravo la formación de nuevo Gobierno.
Durante la mayor parte del reinado de Isabel II (1843-1868), los liberales moderados lograron hacerse con el control de los gobiernos dominando así la escena política. La reina siempre les confíó la formación de gobierno y jamás eligió a los progresistas. La respuesta de éstos últimos, al verse excluidos permanentemente del poder, consistió en optar por el retraimiento del juego político (una forma de protesta consistente en negar su participación en las elecciones al considerarlas amañadas por los moderados), o bien recurrir a procedimientos violentos -como el pronunciamiento militar o la insurrección popular armada- para forzar a Isabel II a entregarles el gobierno. Desde diciembre de 1843 el nuevo Jefe de Gobierno, González Bravo, emprendió una política claramente regresiva. Ordenó la disolución de las Milicias, aumentó el tamaño del ejército hasta 100.000 hombres, y restableció la Ley Municipal de 1840, depurando los Ayuntamientos. Se dieron órdenes de detención contra los principales políticos progresistas, la mayoría de los cuales consiguió huir a tiempo; los clubes y periódicos de izquierda fueron cerrados. Se sucedieron las ejecuciones sumarias, y el ejército aplastó violentamente dos intentos de sublevación militar en Cartagena y Alicante, que se saldaron con más de 200 fusilamientos. El 1 de mayo de 1844 la Reina nombró presidente de gobierno al general Narváez, líder ya indiscutible del partido moderado.
La Década Moderada (que así la denomina la historiografía) va a caracterizarse por tres hechos en especial: uno, la sustitución de las instituciones progresistas por las moderadas, algunas, de notoria trascendencia; otro, el definitivo afianzamientos internacional; el tercero, el también definitivo distanciamiento de la oposición, que termina de hacer inviable un sistema bi o pluripartidista.
Bajo una evolución en apariencia agitada y cambiante, el reinado de Isabel II presenta unas características comunes que se mantienen invariables a lo largo de 25 años. Está, en primer lugar, la permanencia de un régimen de monarquía liberal de tendencia conservadora, cuya plasmación es la Constitución moderada de 1845, en vigor durante todo el periodo a pesar de los vaivenes políticos. En segundo lugar, la reina Isabel apoyó invariablemente a los sectores más conservadores, y se alineó claramente con el moderantismo. Desde 1863 ese alineamiento y la incapacidad de la Reina paraconectar con el país real provocaron el alejamiento progresivo respecto de su pueblo y la caída de la monarquía en 1868. En tercer lugar, una constante del reinado fue la presencia permanente de militares entre los gobernantes del país: Narváez, Espartero, O’Donnell, y, en segundo plano, pero no menos protagonistas, Fernández de Córdoba, Serrano, de la Concha, Prim, etc.
Los aspectos comunes que caracterizan al periodo son las mejoras económicas y las tendencias hacia la consecución de un Estado unitario. En cierta manera, los moderados recogían algunos aspectos del Antiguo Régimen, como la acaparación de títulos nobiliarios y el acercamiento a principios religiosos (aunque sustituían la posesión de tierras, característica del feudalismo, por la participación en el poder a través del sufragio censitario). Su revolución política consistió en que la importancia social pasó de los barones feudales a los hombres de la industria. Con el gobierno del general Narváez se inicia la Década moderada. Aunque hubo un total de dieciséis gobiernos en diez años, con unos setenta ministros alternando los puestos, en realidad la etapa está presidida por la figura de Narváez, auténtico hombre fuerte del partido, y en menor medida, por Luis Bravo Murillo. Narváez controló la vida política tanto como jefe de gobierno como cuando dejó de presidir el gabinete, bajo gobiernos ajenos. Buen organizador, con clara visión de los problemas de Estado, fue en parte el artífice de la Constitución de 1845 y de algunas de las principales reformas legales del período. Supo, además, controlar al Ejército y mantenerlo alejado de la vida política, salvo al final de la década. Reprimió con extrema dureza los movimientos de protesta populares, lo que le granjeó el apoyo de la Corona y de los terratenientes.

 Los primeros meses del gobierno de Narváez presentan una continuidad con la línea política llevada por González Bravo. Las medidas encaminadas a asegurar el control absoluto del poder político por los moderados -detenciones, cierre de clubes y periódicos, aplastamiento de intentos de rebelión, como la del general Zurbano, y una dura represión en las calles-, fueron simultáneas a la convocatoria de elecciones a Cortes y a la elaboración de una nueva Constitución que permitiera establecer un sistema político acorde con los principios del moderantismo. En cuanto al desarrollo político de la Década, en los primeros años el mayor problema fue el matrimonio de la Reina, finalmente casada con su primo Francisco de Asís. Fue un enlace de conveniencia política que amargó la vida de ambos y que marcó negativamente el carácter de Isabel II y su comportamiento político. Otro conflicto serio fue la llamada segunda guerra carlista o guerra dels matiners. en 1846, tras fracasar el intento de casar a Isabel II con el pretendiente carlista, se produce una insurrección en Cataluña. La falta de recursos y la incapacidad de extender la guerra llevó el intento al fracaso, pero durante tres años las partidas permanecieron en el Principado, en parte gracias al apoyo que recibieron de la población campesina.
Las actuaciones políticas más relevantes que llevaron a cabo los moderados desde el poder fueron: ·La creación de la Guardia Civil en 1844. Las principales funciones que asumió este cuerpo de policía rural (compuesto por unos 6000 agentes dirigido por el duque de Ahumada) consistieron en el mantenimiento del orden público, la protección de la seguridad de las personas, la defensa de las propiedades, la lucha contra el bandolerismo y la represión de revueltas sociales. ·La aprobación de una nueva ley de Ayuntamientos, en 1845, para introducir el nombramiento gubernativo de todos los alcaldes entre aquellos concejales que habían resultado elegidos previamente por los vecinos de cada municipio según un restrictivo sistema electoral por sufragio limitado. De este modo, el gobierno -que también podía sustituir fácilmente a los alcaldes según su conveniencia- consiguió estrechar el control sobre la vida municipal con la intención de evitar insurrecciones locales y de manipular a su antojo el desarrollo de las elecciones. ·La reforma del sistema fiscal elaborada en 1845 por el ministro Alejandro Mon y por un experto economista llamado Ramón Santillán. Con esta reorganización se pretendía mejorar la eficacia del sistema de impuestos para obtener un aumento de los ingresos estatales, reducir el déficit y costear la realización de modernas infraestructuras y de nuevos servicios públicos (como la construcción de canales y caminos, de la red telegráfica y de las obras de canalización de agua para el abastecimiento de las ciudades). ·La elaboración y aprobación de una Constitución en 1845. Los moderados se dividen ante este tema. Unos se inclinan por la reimposición del Estatuto Real; son los que reciben el nombre de «partido monárquico». Al otro extremo, los denominados «puritanos» mantienen el compromiso de respetar la Constitución de 1837. Se impone, sin embargo, la tercera fracción, la reformista, intermedia, que aboga por una nueva Constitución y por su elaboración en Cortes. El gobierno convoca elecciones generales para junio de 1844. Triunfa una abultada mayoría reformista, gracias en parte a la abstención del progresismo. Y ella es la que elabora la ley fundamental del periodo: la Constitución de 1845, en ella se recogen los principios del liberalismo doctrinario.
La Constitución de 1845, en teoría una reforma de la de 1837, es en realidad un texto nuevo que estuvo en vigor hasta 1869. Sus contenidos básicos son los siguientes: a) El principio de soberanía compartida: el poder legislativo reside en las Cortes con el Rey. b) Una declaración de derechos muy teórica, que posterga su concreción a las leyes, unas leyes que tenderán a limitarlos durante el periodo moderado. c) La exclusividad de la religión católica, con el compromiso del Estado de mantener el culto y clero. d) La eliminación de los límites que la Constitución de 1837 había establecido respecto de los poderes del Rey. e) Un Senado de miembros vitalicios nombrados por la Corona entre las altas categorías de la Nobleza, la Iglesia, el Ejército, la Administración y quienes posean grandes fortunas. Además de servir de freno a posibles reformas radicales del Congreso, el Senado asume funciones judiciales, actuando en única instancia para juzgar a los ministros y a los propios senadores. Suprime la primacía del Congreso en materia financiera. La composición de esta última cámara será realizada conforme a la ley electoral de 1846, que, al aumentar los niveles de renta o contribución para ser electores y elegibles, disminuye notablemente el número de votantes y el nivel de representatividad. f) Ayuntamientos y Diputaciones sometidos a la Administración central, con alcaldes y presidentes elegidos por el Rey. g) El poder de la Corona para disolver el Congreso, con la obligación de volver a convocarlo en el plazo de tres meses. h) La supresión de la Milicia Nacional. ·La disolución de la Milicia Nacional (en 1845), en cuyas filas se contaban numerosos jornaleros y obreros urbanos desempleados y que siempre fue contemplada por los moderados como un peligroso cuerpo armado bajo la influencia y el control de los progresistas más radicales. ·La modificación de la legislación electoral, en 1846, por medio de la cual se duplicó la cantidad de dinero exigida en pago de impuestos directos para adquirir el derecho de voto con la intención de reducir así el número de electores a 97.000 hombres (sólo un 0,8% de la población total española).·La neutralización de un intento de revolución llevado a cabo por los demócratas y los republicanos más exaltados en marzo de 1848. se produce en España, como en toda Europa, una ola de levantamientos, manifestaciones y protestas revolucionarias. En el caso español se debieron más a la crisis económica, con su secuela de hambre y miseria, que a motivaciones políticas, si bien es cierto que progresistas, republicanos y carlistas estuvieron detrás. La respuesta de Narváez fue pedir y obtener plenos poderes de las Cortes, suspender las garantías constitucionales y emprender una durísima represión en las calles, culminada con decenas de fusilamientos. El resultado del fracaso revolucionario fue acentuar la división entre los progresistas, una parte de los cuales creó en 1849 el Partido Demócrata. ·La solución de los problemas pendientes con el Vaticano gracias a la firma del Concordato de 1851. El gobierno español se comprometió a paralizar las ventas y subastas de bienes desamortizados, permitió el regreso a la Península de varias órdenes religiosas suprimidas anteriormente y cedió por completo al clero el control sobre la enseñanza de niños y jóvenes (en todos los centros educativos públicos, privados y universidades) conforme a los valores religiosos más puros. Además, obtuvo el reconocimiento del Estado para el matrimonio canónico como único legítimo. Por su parte, la Santa Sede aceptó como un hecho consumado las ventas de tierras desamortizadas realizadas años antes, perdonó a los compradores de dichas propiedades suspendiendo su excomunión, y no puso objeciones para que la Corona recuperase su tradicional y antigua prerrogativa de patronato con derecho a intervenir en la elección de los obispos. Además, se regulaban con detalle las cantidades anuales de dinero que el Estado debía entregar al clero en compensación por las pasadas desamortizaciones. Como resultado del Concordato, la Iglesia se distanció del carlismo y y logró recuperar buena parte de su influencia sobre la sociedad española, mientras que los liberales moderados consiguieron obtener el importante apoyo del clero. Al mismo tiempo, el gobierno prohibió y fijó multas para todo libro, artículo periodístico o caricatura que «hiciera mofa de los dogmas católicos o excitaran a la irreligión». ·La reducción del déficit estatal mediante la conversión de la deuda efectuada por Bravo Murillo en 1851. Por medio de esta operación financiera, que fue planteada para encubrir la insolvencia y la bancarrota económica del Estado, el gobierno rebajó unilateralmente el pago de los intereses y el valor de los títulos de la de deuda pública (y por lo tanto rebajó así la cantidad de dinero a devolver por el Estado en concepto de préstamo). Esto ocasionó un grave perjuicio a los compradores de títulos de deuda, que perdieron más de la mitad de su dinero invertido años antes. En aquella época, otros países como Turquía, México, Grecia, Portugal o Italia también conocieron apuradas situaciones financieras y se encontraron con frecuencia al borde de la suspensión de pagos. ·El establecimiento de la enseñanza primaria pública gratuita y obligatoria para todos los niños de 6 a 9 años de edad. El ministro moderado Claudio Moyano fue el impulsor en 1857 de esta ley educativa, cuya aplicación quedó frustrada porque el Estado carecía de recursos y se desentendió de los gastos de su financiación. Por el contrario, la ley obligaba a cada municipio a costear las escuelas y los resultados fueron muy decepcionantes: el 60% de la población infantil permanecía sin escolarizar en 1890, la mayoría de los niños escolarizados estaban en centros privados católicos y los maestros rurales cobraban siempre con retraso sus escasos salarios. ·La actividad exterior española durante esta etapa estuvo marcada por la dependencia con respecto a los intereses de Francia y Gran Bretaña, y por la prioridad concedida al mantenimiento de nuestras colonias: Cuba, Puerto Rico, Filipinas, los archipiélagos de las Marianas, Carolinas y Palaos en el océano pacífico y otros reducidos enclaves en África (la costa guineana de Río Muni y las islas Elobeyes, Annobón, Fernando Poo y Corisco). Todos estos territorios eran de pequeña extensión y resultaban difíciles de defender por su dispersión y alejamiento de la Península. · Una de las tareas en que más empeño pusieron los gobiernos moderados fue la de la unificación y codificación legal. Su fruto más significativo fue el Código Penal de 1851 y el proyecto de Código Civil, que, aunque no llegó a aprobarse, fue la base del posterior de 1889. · Se fijaron fuertes finanzas para poder publicar periódicos, en un intento de controlar a la prensa; la posterior Ley de Imprenta restringió la libertad de publicar y estableció la censura. La crisis política del moderantismo se precipitaría tras el intento por parte de Bravo Murillo, jefe de gobierno entre 1851 y 1852, de reformar la Constitución. Hombre ultraconservador y desconfiado de la política de partidos, presentó un proyecto de reforma que prácticamente significaba la eliminación de la vida parlamentaria, para entregar todo el poder al gobierno en un sistema que hubiera significado casi la vuelta al absolutismo. Para Bravo Murillo la tarea de gobernar era una cuestión técnica, que debían realizar expertos y no políticos. La dureza de su propuesta consiguió unir en su contra a todos los grupos del moderantismo, además de los escasos diputados progresistas. Tres semanas después de presentar su proyecto, en diciembre de 1852, ante la avalancha de críticas y protestas a la Reina, Bravo Murillo tuvo que dimitir. Desde entonces se sucedieron varios gobiernos, cada vez más ineficaces, aislados y que provocaron el descontento ante la corrupción, las intrigas políticas y el descrédito de los ministros. El recuerdo de la represión de 1848 alentó a los progresistas y demócratas a unir sus fuerzas para recurrir una vez más al pronunciamiento militar frente a un gobierno, el de Sartorius, que a fines de 1853 había disuelto las Cortes y gobernaba de forma dictatorial.