La democracia liberal es un pensamiento que dice que la forma ideal de gobierno es una democracia representativa donde la capacidad de los representantes electos para la toma de decisiones políticas se encuentra sujeta al Estado de derecho y normalmente moderada por una Constitución que regula la protección de los derechos, libertades individuales y colectivas, estableciendo restricciones tanto a los líderes como a la ejecución de la voluntad de una determinada mayoría. Los derechos y libertades en las democracias liberales, a veces conocidos como «derechos fundamentales», suelen estar regulados bien constitucionalmente o bien mediante ley. Además generalmente existen instituciones civiles con la capacidad de administrar o reforzar dichos derechos. Las democracias liberales se suelen caracterizar por la tolerancia y el pluralismo político. Las ideas sociales y políticas diferenciadas, incluso las más extremas, pueden coexistir y competir por el poder político siempre sobre una base democrática. Celebran periódicamente elecciones donde los distintos grupos políticos tienen la oportunidad de alcanzar el poder. En la práctica, estas elecciones las ganan los grupos que defienden la democracia liberal, de modo que el sistema se perpetúa a sí mismo. El término «liberal» dentro de la expresión «democracia liberal» no implica que el gobierno de una democracia de este tipo deba seguir estrictamente la ideología política del liberalismo, si bien el concepto puro de «democracia liberal» nace de la corriente del liberalismo político.
El Pacto de Ostende fue el acuerdo firmado el 16 de agosto de 1866 en la ciudad belga de Ostende por el Partido Progresista y por el Partido Demócrata, por iniciativa del general progresista Juan Prim, para derribar la monarquía de Isabel II de España. Este pacto, al que a principios de 1868 se sumó la Unión Liberal tenía el fin de derrocar a la reina y a su régimen y el establecimiento de unos derechos fundamentales, entre los que destacan el sufragio universal, inspirado por los demócratas. Una vez conquistado el poder se formarían unas Cortes Constituyentes que establecerían la forma de gobierno desde entonces: monarquía o república. Como consecuencia del pacto se creó un comité de acción entre los partidos Progresista y Demócrata, éste con Cristino Martos a la cabeza, bajo la presidencia de Prim y de acuerdo con el también progresista Salustiano Olózaga. El pacto constituyó el paso previo de la Revolución de 1868, la llamada Gloriosa, que acabó con la monarquía de Isabel II, obligada a exiliarse en Francia, e inició el período denominado Sexenio
Democrático que se prolongará hasta diciembre de 1874.
El republicanismo federal es una ideología que entiende la República como asociaciones locales de ciudadanos y promueve la participación ciudadana en los asuntos públicos. Una parte importante es el concepto del federalismo, buscándose la descentralización o distribución y las unidades de administración y gestión más pequeñas, para así evitar gobiernos con una alta concentración de poder. Defiende la separación de la Iglesia y el Estado, y el laicismo de este, la oposición a la intervención del ejército en la política y promulga un proyecto de transformación social que compagina la ampliación de los derechos democráticos con el intervencionismo del Estado en la regulación de las condiciones laborales. Existen dos tendencias: los benévolos, que son partidarios del respecto a la legalidad y creen que el federalismo se debe impulsar por el Estado, y los intransigentes, que apoyan la insurrección popular y propugnaban que los territorios se podían declarar independientes para después pactar su unión a una república federal.
El cantonalismo es un movimiento insurreccional que aspira a dividir el Estado nacional en cantones casi independientes. Partidario de un federalismo de carácter radical (reparto de la riqueza, mejoras proletarias…), su objetivo es establecer una serie de ciudades o confederaciones de ciudades (cantones) independientes que se federarían libremente. Fue eminentemente un fenómeno de la pequeña burguesía, que además tuvo una gran influencia sobre el naciente movimiento obrero, y constituyó un precedente para el anarquismo en España. La insurrección conocida como Rebelión cantonal tuvo lugar durante la Primera República Española entre julio de 1873 y enero de 1874 y fue protagonizada por los republicanos federales «intransigentes» que querían instaurar inmediatamente la República Federal de abajo a arriba sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaboraran y aprobaran la nueva Constitución Federal. La teoría política en que se basó el movimiento fue el federalismo «pactista» de Francisco Pi y Margall contra cuyo gobierno se alzaron, paradójicamente, los republicanos federales «intransigentes».
El Manifiesto de Sandhurst fue un manifiesto de carácter político firmado el 1 de diciembre de 1874 por el entonces príncipe Alfonso de Borbón (futuro rey Alfonso XII de España), mientras se encontraba en el exilio. En el documento mostraba su disposición para convertirse en rey y de instaurar una monarquía constitucional. El manifiesto se redactó formalmente con el pretexto de contestar a las felicitaciones recibidas al cumplir diecisiete años, que significaba la mayoría de edad. El documento fue ideado y elaborado por Antonio Cánovas del Castillo; en el mismo se daba a conocer el nuevo sistema político que se quería implantar, una monarquía constitucional, es decir un nuevo régimen monárquico de tipo conservador y católico que defendía el orden social pero que garantizaba el funcionamiento del sistema político liberal. El 29 de diciembre, el general Martínez Campos realizó un levantamiento militar en Sagunto, proclamando Rey de España a Alfonso XII, lo que supuso el nacimiento de la Restauración borbónica.
Quintas era el sistema impuesto para prestar el servicio militar obligatorio. Se efectuaba mediante el sorteo de los mozos, impuesto desde el siglo XVII. En el siglo XIX su abolición fue una de las principales reivindicaciones de los movimientos revolucionarios, pero las guerras carlistas y la guerra de Cuba impidieron su supresión por parte de los gobiernos liberales. A partir de la reforma de 1851 se permitió la redención mediante el pago de una cantidad en metálico, lo que exacerbó aún más las protestas desde los sectores populares.
El internacionalismo es un movimiento político que aboga por una mayor cooperación política y económica entre las naciones para el beneficio mutuo. Marxistas y anarquistas defendían la necesidad de unir los esfuerzos de la clase obrera de todo el mundo para luchar contra el capitalismo, por eso, a iniciativa de Marx se creó la Asociación Internacional de Trabajadores a la que se adhirieron marxistas, anarquistas y sindicalistas. Pero las grandes discrepancias ideológicas entre marxistas y anarquistas la hicieron inviable y acabó por desaparecer. Los partidarios de este movimiento afirman que las naciones deben cooperar entre ellas, porque sus intereses mutuos a largo plazo son más valiosos que sus intereses individuales a corto plazo. El internacionalismo se opone por naturaleza al ultranacionalismo y al chovinismo nacionalista, así como a los movimientos de globalización estrictamente económicos que niegan el valor de la cultura y presupone el reconocimiento del resto de las naciones como iguales, respetando todas sus diferencias.
Impuesto de consumos es la denominación de un impuesto indirecto establecido en la España del siglo XIX, vigente entre 1845 y comienzos del siglo XX. Sus diversas formas de gestión, y su propia naturaleza, provocaron un alto grado de descoordinación e ineficiencia. Su peso dentro de la hacienda española era discreto. Fue ampliamente criticado por gravar los bienes de primera necesidad: alimentos, bebidas alcohólicas, combustibles y sal. Protagonizó el debate político, económico y social entre las distintas ramas del liberalismo español. Las protestas contra él recibieron el nombre de motines de consumos. Fueron abolidos en 1911 por el gobierno de José Canalejas por tratarse una de las más antiguas reivindicaciones de las clases populares.
La gloriosa o revolución de 1868, fue un levantamiento revolucionario español que tuvo lugar en septiembre de 1868 y supuso el destronamiento de la reina Isabel II y el inicio del período denominado Sexenio Democrático. Iniciada por el unionista almirante Topete en Cádiz, al pronunciamiento militar se le unieron rápidamente sublevaciones populares en diversas zonas del país. Topete, Serrano y Prim apoyaron el manifiesto de la España con honra, donde se exponen los motivos y los fines del movimiento revolucionario: la recuperación de la soberanía nacional, la creación de un gobierno provisional, y el sufragio universal. El ambiente generalizado de revolución y la victoria de los rebeldes en Alcolea obligan a Isabel II a abandonar el país.
Ley de minas fue una ley de 1871 para fomentar la venta o concesión de yacimientos mineros a capital extranjero.