El regreso del rey, en 1814, planteó un problema:
Fernando VII había abandonado el país como monarca absoluto y debía regresar como un monarca constitucional. Los liberales desconfiaban de su predisposición para aceptar el nuevo orden constitucional. Por ello dispusieron que viajara directamente a Madrid para jurar la Constitución y aceptar el nuevo marco político.

Fernando

VII acató sus condiciones. Pero los absolutistas se organizaron rápidamente para demandar la restauración del absolutismo (Manifiesto de los Persas)
Y movilizaron al pueblo para mostrase su adhesión incondicional al monarca. Fernando VII, traicionó sus promesas y mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz y anunció la vuelta al absolutismo. Inmediatamente fueron detenidos o asesinados los principales dirigentes liberales, mientras otros huyeron al exilio.

Era una vuelta al Antiguo Régimen, en un contexto internacional determinado por la derrota de Napoleón y el restablecimiento del viejo orden en Europa, con el Congreso de Viena y la creación de la Santa Alianza.

Pronunciamientos militares liberales (Mina, Lacy, Porlier, Vidal…), algaradas en las ciudades y amotinamientos campesinos evidenciaron el descontento y la quiebra de la monarquía absoluta. La represión fue la única respuesta de la monarquía.

Sin embargo, las nuevas medidas liberales provocaron el descontento de los campesinos, ya que se abolían los señoríos jurisdiccionales, pero no les facilitaban el acceso a la tierra. Los antiguos señores se convirtieron en los nuevos propietarios y los campesinos en arrendatarios que podían ser expulsados si no pagaban.  Además, no se produjo una rebaja de los impuestos. De este modo, los campesinos se sumaron a la agitación antiliberal.

La nobleza y la iglesia impulsaron la revuelta contra los gobernantes del Trienio.

Las tensiones se produjeron también entre los liberales, que se dividieron en dos tendencias:

• Moderados

  
  Partidarios de reformas limitadas que no perjudicasen a las élites sociales.

• Exaltados

  
  Partidarios  de reformas favorables a las clases medias y populares.

Sin embargo, el fin del régimen liberal vino por la  acción de la Santa Alianza, que atendiendo las peticiones de Fernando VII, encargó a Francia la intervención en España. En abril de 1823 los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, irrumpieron en territorio español y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto.

Fernando VII de  nuevo desencadenó una feroz represión contra los liberales.
El ajusticiamiento de Mariana Pineda en 1831 se convirtió en el caso emblemático de la represión fernandina.

En 1830, el nacimiento de una hija del rey, Isabel, parecía garantizar la continuidad borbónica; pero la Ley Sálica, implantada por Felipe V, impedía el acceso al trono a las mujeres. Fernando VII derogó la ley mediante la Pragmática Sanción, que abrió el camino al trono a su hija y heredera. Los absolutistas intransigentes (futuros carlistas) se negaron a aceptar la nueva situación

El rey Carlos IV subió al trono español en 1788, e inmediatamente se vio desbordado por la compleja situación creada por la Revolución Francesa (1789). El miedo a la expansión revolucionaria congeló todas las reformas iniciadas por el despotismo ilustrado de Carlos III.                                                                                                                               En 1792 confió el poder a Manuel Godoy.
La ejecución del monarca Luis XVI (1793), impulsó a Carlos IV a declarar la guerra a Francia, en coalición con otras monarquías absolutas. La derrota de las tropas españolas fue inapelable. A partir, de este momento y especialmente desde el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte (1799), se sucedieron una serie de alianzas con Francia que derivaron en conflicto con Gran Bretaña. La batalla de Trafalgar (1805) constituyó  el hito más relevante. La armada franco-española fue derrotada, lo que supuso la pérdida de casi toda la flota española.                                                                                                                                                El desastre naval acentuó la crisis de la Hacienda real. Ante esta situación, Godoy planteó reformas con el fin de conseguir recursos para el Estado como la desamortización de tierras eclesiásticas. La nobleza y la Iglesia se mostraron contrarias a las reformas. Además, el poder de Godoy aumentó el rechazo del hijo del rey, Fernando. Por otro lado, los impuestos sobre el campesinado, provocaban el descontento popular. La incapacidad para resolver esta situación alimentó motines y revueltas, que responsabilizaron a Godoy de la crisis.

El 2 de mayo de 1808, la población de Madrid se alzó en contra de la presencia francesa. La revuelta fue duramente reprimida; pero su ejemplo cundió por todo el país y un movimiento de resistencia popular frenó el avance  de las tropas napoleónicas. Por toda España  surgieron Juntas de armamento y defensa, ante al vacío de poder creado por  las abdicaciones de Bayona.  Las Juntas fueron primero de carácter local. Estaban formadas por personalidades partidarias de Fernando VII, que pretendían canalizar la agitación popular. Poco después, las necesidades de coordinación, crearon las Juntas Provinciales, que asumieron la soberanía en ausencia del rey, declararon la guerra a Napoleón y buscaron apoyo exterior.                                                 En septiembre las Juntas enviaron representantes a Aranjuez, tras la derrota de Bailén, para formar la Junta Suprema Central (25 de septiembre), que coordinase la lucha y dirigiese el país. La Junta reconoció  a Fernando VII como el rey legítimo de España y asumió la autoridad hasta su retorno. Ante el avance francés la Junta huyó a Sevilla y de allí a Cádiz, que resistía el asedio francés gracias a la presencia de los británicos en Gibraltar.

Napoleón se desplazó a España para dirigir la contraofensiva con 250.000 hombres.  En cuatro semanas su avance se hizo imparable. En enero José entraba de nuevo  en Madrid  y durante 1809  el dominio francés se extendió por todo el territorio español.                                                                                                                                                                                En 1812,  la campaña de Rusia,   obligó a Napoleón  a retirar miles de efectivos de la Península. Incapaz de mantener los dos frentes, Napoleón decide pactar el fin del conflicto y permitir el retorno de Fernando VII mediante el Tratado de Valençay (1813).

La invasión francesa obligó a las diferentes corrientes ideológicas a tomar partido frente a la presencia francesa y la nueva monarquía napoleónica. Las posturas fueron:

• Afrancesados:

  
  una minoría de españoles, procedentes del despotismo ilustrado, que se sentían vinculados con el programa reformista francés y apostaban por un poder fuerte para modernizar España, sin riesgo de excesos revolucionarios. Al final de la guerra fueron perseguidos por Fernando VII.

• Frente patriótico

  
  Formado por la mayoría de la población española, los que se opusieron a la invasión. Pero en este bando  se agrupaban posiciones muy diferentes. La nobleza y el clero querían la vuelta al absolutismo bajo la monarquía de Fernando VII. Los ilustrados  la vuelta de Fernando VII pero con un programa de reformas. Los liberales veían la guerra como una oportunidad para implantar un nuevo sistema político basado en la soberanía nacional y la división de poderes. Y, finalmente, la inmensa mayoría de la población que afrontó la guerra como un movimiento de defensa y resistencia contra el invasor.

 El proceso de elección de diputados a Cortes y su reunión en Cádiz fueron difíciles dado el estado de guerra.  Las Cortes se abrieron en septiembre de 1810 y el sector liberal consiguió su primer triunfo al forzar la formación de una cámara única.
Asimismo,  en su primera sesión aprobaron  el principio de soberanía nacional, es decir, el reconocimiento de que el poder reside en el conjunto de los ciudadanos, representados en las CortesUna comisión de las Cortes preparó el proyecto de constitución. Empezó a debatirse en agosto y se promulgó el 19 de marzo de 1812, día de ‘‘San José’’ por lo que se la conoció popularmente como ‘‘la Pepa’’.

• La constitución contiene una declaración de derechos  del ciudadano:
  Libertad de pensamiento y opinión, igualdad ante la ley, derecho de propiedad, y el reconocimiento de todos los derechos legítimos de los individuos que componen la nación española. La nación se define como el conjunto de los ciudadanos de ambos hemisferios.
• La estructura del estado correspondía a una monarquía basada en la división de poderes.
• El poder legislativo reside en las Cortes unicamerales.
• El sufragio era universal, masculino e indirecto.
• El monarca era la cabeza del poder ejecutivo, por lo que poseía la dirección del gobierno e intervenía en la elaboración de las leyes, poseyendo veto suspensivo  durante dos años.
• El territorio se dividía en provincias, se creaban las diputaciones provinciales, se establecía la formación de ayuntamientos con cargos electivos y se creaba la Milicia Nacional.
  
• Afirmaba la confesionalidad católica del Estado.