La regencia de María Cristina (1833-1840)

Tras la muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, se inició una etapa de transición que tuvo como telón de fondo una guerra civil, la primera guerra carlista, y el protagonismo de su viuda María Cristina como regente En esta etapa se consolidó la división del liberalismo Por un lado estaban los liberales moderados, partidarios de una fórmula intermedia entre el absolutismo y la soberanía popular. Por otro, los liberales progresistas: partidarios de la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y de una profunda reforma social y política que limitase el poder del rey en favor del Parlamento El régimen del Estatuto Real (1834-1835)

Tras la muerte del rey, su viuda María Cristina ocupó la regencia y nombró un gabinete presidido por Cea Bermúdez, que se proclamó defensor de la monarquía absoluta. Las reformas necesarias las llevó a cabo Javier de Burgos, antiguo afrancesado, como ministro de Fomento Liberales y absolutistas se opusieron a esta tímida reforma, los primeros por escasa y los segundos por excesiva. El mismo año de la muerte de Fernando VII, los sectores más absolutistas se conjuraron en torno a Carlos María Isidro, hermano del rey difunto, para tomar el poder. Don Carlos reclamaba la corona porque la Ley Sálica impedía a una mujer ocupar el trono. Comenzó así la primera guerra carlista. El cambio de gobierno se hizo inevitable y en enero de 1834 la reina gobernadora llamó a Martínez de la Rosa para formar un nuevo gobierno integrado por destacados políticos del trienio liberal. Fue él quien concibió el Estatuto Real una constitución que tenía el carácter de carta otorgada. La corona no renunciaba a la soberanía, sino que la entendía como histórica y depositada en las Cortes con el rey El sufragio se limitaba a una minoría de rentas elevadas o capacidades Para los más moderados era suficiente, y para los sectores más reaccionarios inaceptable, pues defendían la vuelta al absolutismo en la persona de Carlos María Isidro. El gobierno se enfrentaba, pues, a la oposición liberal y a la antiliberal o carlista. Las relaciones entre gobierno y Cortes se tornaron tensas, y en ese ambiente algunos sucesos aumentaron la crispación: a la epidemia de cólera y la guerra civil se sumó la matanza de frailes en Madrid en julio de 1834. A ello se unían la debilidad de la Hacienda real y el endeudamiento.

Los gobiernos progresistas (1835-1837)

Fue el conde de Toreno quien sustituyó a Martínez de la Rosa en la presidencia del gobierno en junio de 1835. Durante su breve mandato de cuatro meses llevó a cabo importantes reformas, con la ayuda de Juan Álvarez Mendizábal, ministro de Hacienda. La milicia urbana de ideología progresista, protagonizó levantamientos en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Málaga o Cádiz, que dieron lugar a la formación de juntas locales para asumir un gobierno «revolucionario» de corte anticlerical y antiabsolutista, con asaltos a conventos o incendios de fábricas.

La desamortización de Mendizábal

Desde agosto de 1835 hasta el mismo mes de 1837 se consumó la transición política hacia el sistema liberal, en cuyo proceso tuvo notable papel el propio Mendizábal, quien consiguió que María Cristina respaldara la causa liberal progresista. El nuevo gabinete afirmó la necesidad de una declaración de derechos del ciudadano y someter el gobierno al Parlamento, e integró a las juntas en las diputaciones provinciales creadas en aquel momento. Se reorganizó la Milicia Nacional con el nombre de «Guardia Nacional», y se planteó acabar la guerra en poco tiempo gracias a los ingresos que se obtendrían mediante la desamortización de bienes del clero, previamente nacionalizados. La desamortización de Mendizábal consistió en la nacionalización por parte del Estado de las propiedades rústicas y urbanas de la Iglesia, que se vendieron después en subastas públicas a particulares. Los planes de Mendizábal no dieron resultado, pues la guerra continuó y el intento de sanear la deuda fracasó. Ante esta situación, en las elecciones de febrero de 1836 los progresistas ganaron las elecciones, pero pronto tuvieron que dimitir y en mayo la regente nombró presidente a Istúriz, un progresista que contó para su gobierno con viejos liberales ahora moderados: Alcalá Galiano y Ángel de Saavedra, duque de Rivas.

La Constitución de 1837

Sin embargo, la situación política no se estabilizó. Ese año, los progresistas intentaron un cambio de gobierno mediante un pronunciamiento: a fines de julio la Guardia Nacional se declaró a favor de la Constitución de 1812, pero ante la negativa de la corona a aceptar este cambio, el 12 de agosto se produjo la rebelión de un grupo de suboficiales del palacio de La Granja (Segovia). Este episodio fue conocido como el «motín de los sargentos de La Granja», que dio lugar a un cambio de gobierno de signo progresista. El nuevo gobierno restableció parte de la legislación de las Cortes de Cádiz y del trienio sobre propiedad señorial y desamortización, y sobre los gobiernos municipales. Los ayuntamientos pasaron a ser elegidos por sufragio universal masculino, lo que significaba una democratización de la vida política a nivel local. El control del poder municipal era muy importante porque los ayuntamientos pasaron a tener amplias funciones fiscales, asistenciales y, además, controlaban la Milicia Nacional. Por ello el tema del poder local fue motivo de disputa continua entre los progresistas, favorables a su reforzamiento, y los moderados, partidarios de traspasar esas funciones al poder central. Pero el resultado más importante del motín de La Granja fue la convocatoria de unas Cortes que elaboraron una nueva constitución, aprobada en junio de 1837 La Constitución de 1837, de carácter progresista, recuperaba algunos aspectos del liberalismo de 1812 a la vez que aceptaba algunos planteamientos del ideario moderado. De esta forma se realizó un texto que pretendía ser de consenso entre las dos corrientes del liberalismo. Se reforzó el poder de la corona. Aunque reconocía el principio de soberanía nacional, este se matizó, puesto que la potestad legislativa se atribuyó conjuntamente a las Cortes y el rey. Las Cortes pasaron a ser bicamerales. El Parlamento se dividió en dos cámaras, que se llamaron, por primera vez en la historia de España, Congreso de los Diputados y Senado. Otros aspectos de la Constitución de 1812 se mantuvieron, destacando la separación de poderes y la importancia concedida a los derechos individuales. 

El trienio moderado (1837-1840

Tras el regreso de los exiliados políticos, el gobierno cesó y la reina gobernadora ofreció el gobierno al general progresista Espartero, que no aceptó. Las elecciones de octubre de 1837 dieron el triunfo a los moderados, que gobernaron hasta 1840 y pusieron fin al espíritu de conciliación de la Constitución de 1837. El gobierno más duradero de esta etapa fue el de Evaristo Pérez de Castro. Durante tres años, los gobiernos moderados se vieron condicionados por el poder militar, la marcha de la guerra carlista y la deuda económica. El poder militar estaba protagonizado por los generales más prestigiosos: Narváez, en el liberalismo moderado, y Espartero, en el progresista, cuya rivalidad se prolongó durante todo el reinado de Isabel II. Las diferencias entre progresistas y moderados se reflejaron también en la forma de afrontar la guerra: los progresistas exigían acabar con el carlismo sin concesiones, mientras los moderados abogaban por una paz honrosa para acercar el sector menos ultra del carlismo al partido moderado. La firma del Convenio de Vergara (1839) con los carlistas y su modificación posterior provocó un motín progresista en Madrid, con la invasión del Congreso de los Diputados en noviembre de 1839, lo que obligó a cambiar el gobierno. Tras el final de la guerra carlista y los acontecimientos de Madrid, los moderados iniciaron una ofensiva legislativa para recuperar el control del proceso político, para lo que contaban con el apoyo de la corona. El nuevo gabinete inició el trámite de varias leyes, entre ellas una sobre el gobierno de los ayuntamientos. La oposición de los progresistas a que la corona nombrase a los alcaldes obligó a la regente a trasladarse a Barcelona para lograr el apoyo de Espartero sobre la ley. La firma por María Cristina el 14 de julio de 1840 de la ley de ayuntamientos provocó la dimisión de Espartero. María Cristina no aceptó la dimisión, y pocos días después diversos motines populares tuvieron lugar en Barcelona, lo que provocó un cambio de gobierno La guerra civil carlista


El carlismo fue un movimiento político cuyos orígenes se sitúan en 1820 con la regencia de Urgel y la guerra de los agraviados de Cataluña en 1827 Su programa ideológico se resumía en la defensa de la religión, del absolutismo monárquico, del foralismo y de los privilegios del Antiguo Régimen. Por esa razón su rechazo a las reformas liberales iniciadas en las Cortes de Cádiz fue total. Estas reformas habían desmantelado el sistema de privilegios anterior y atacaban directamente el poder de la Iglesia. Como resultado, las bases sociales del carlismo fueron el clero, el campesinado pobre, gran parte de la nobleza y sectores de las clases medias defensoras de los fueros. La primera guerra carlista se inició nada más morir Fernando VII El 30 de septiembre de 1833 ya hubo brotes armados en Talavera y Valencia, a los que siguieron otros en Castilla, Navarra y las provincias vascas, en forma de partidas rurales organizadas por Zumalacárregui. En noviembre ya había una guerra abierta con dos zonas: el País Vasco y la parte norte de Cataluña A estas zonas se sumaron partidas de guerrilleros en Aragón, el Maestrazgo, Galicia, Asturias o La Mancha. Esta primera fase de la guerra finalizó con la muerte de Zumalacárregui en el asedio de Bilbao en julio de 1835. La segunda etapa de la guerra discurrió de julio de 1835 a octubre de 1837, con su difusión a todo el territorio nacional. La marcha del conflicto fue variando entre uno y otro bando.La acción más espectacular fue la Expedición Real, encabezada por Carlos María Isidro Su objetivo era imponer un pacto a María Cristina en un momento en que esta era vulnerable tras la sublevación de La Granja. Las tropas carlistas llegaron a las puertas de Madrid en septiembre de 1837, pero el ejército isabelino, al mando de Espartero, obligó a los carlistas a retirarse Dentro del carlismo surgió una división entre los más conservadores y los menos radicales partidarios de negociar. Triunfó esta última postura, lo que permitió la firma del Convenio de Vergara (1839) entre los generales Espartero, del ejército isabelino, y Maroto, del carlistaDécada Moderada (1843-53).


En este periodo se produce la institucionalización del régimen liberal bajo dos supuestos: centralismo y burocratización del estado. El personaje más importante fue Narváez. Para acabar con los problemas que acarreaba el gobierno de regencias, se acordó otorgar la mayoría de edad a Isabel II con 13 años.El gobierno de esta etapa contó con el apoyo de los sectores más acomodados, sobre todo después de aprobar la Constitución moderada de1845, que establecía un sufragio censitario muy restringido. Otras características de esta constitución fueron: soberanía compartida Cortes-rey, Cortes bicamerales,Congreso elegido con voto censitario, Senad o de designación real y un gobierno conamplios poderes.Las leyes orgánicas que desarrollaron la constitución aseguraban el control político de la oligarquía terrateniente-burguesa y privaban a los progresistas de sus apoyos en las clases medias urbanas, lo que originó su retraimiento político. Así, se reforzó el centralismo con la Ley de Ayuntamientos (1845). Otras medidas importantes de este periodo fueron:Reforma de la Hacienda (1844) con la creación de un sistema tributario y hacendístico unido. También se aplicaron impuestos indirectos como las “puertas” y los “consumos” que gravaban las transacciones en las ciudades. Creación de la Guardia Civil (1844), como un cuerpo policial rural para velar los intereses de los terratenientes. Eliminación de la Milicia Nacional. Establecimiento de la censura en la Ley deImprenta 1845.Creación de un sistema jurídico común con el Código Penal de 1848.Se firmó un Concordato con la Santa Sede (1851) con el fin de tranquilizar a los sectores más reaccionarios del país e integrar a los carlistas en el juego político. Entre otras consecuencias, se frenó la Desamortización Eclesiástica, se reconoció la obligatoriedad de estudiar religión católica y se pagó el sueldo a los clérigos con cargo al presupuesto. A cambio el papado reconocía las propiedades desamortizadas en 1836.Se inició la construcción del ferrocarril y carreteras en medio de una gran corrupción. Los gobiernos dependían del humor de la reina. Los casos de corrupción y el descontento político condujeron a la II Guerra Carlista (1846-1849), que se desarrolló casi exclusivamente en Cataluña En esos mismos años en Europa se estaban llevando a cabo las revoluciones democráticas de 1848 que también dejaron su huella en España con la creación del partido demócrata en 1849 y la reducción de inversiones extranjeras. El malestar social y político por la tendencia conservadora y excluyente del gobierno a partir de 1850 dieron lugar un pronunciamiento militar de carácter conservador moderado, dirigido por O’Donnell (Vicalvarada y Manifiesto del Manzanares) apoyado por los progresistas y la acción popular.

Bienio Progresista (1854-56)

El gobierno estuvo formado por una coalición progresista-moderada donde el presidente de gobierno fue Espartero y O’Donnell Ministro del Ejército. En este periodo se procedió a eliminar a los revolucionarios más radicales (demócratas y republicanos) y se trató de resucitar el programa de gobierno progresista de 1837.Se elaboró la Constitución progresista “Non Nata” de 1856. El Ministro de Economía Madoz llevó a cabo la Desamortización General (1855) que afectaba a los ayuntamientos. Este mismo ministró sentó las bases para modernización económica con la creación de leyes como la Ley de Ferrocarriles (1855), la Ley de Banca y Crédito y la Ley de minería.A pesar de la bonanza económica debida por la Guerra de Crimea, la necesidad de capitales extranjeros llevó a la aplicación del librecambismo que generó malestar social y la primera huelga general en 1855. Esta crisis económica fue una de las causas de la caída del gobierno junto con el limitado alcance de las reformas , la división interna de los progresistas y el desacuerdo entre progresistas y moderados. Con la excusa del desacuerdo entre progresistas y moderados, la reina encargó al general O’Donnell a formar gobierno con el nuevo partido que había fundado: la Unión Liberal, un partido de centro.

Los gobierno moderados y de la Unión Liberal (1856-68

. Se alternaron en el gobierno los generales O’Donnell y Narváez hasta que su muerte, lo que confirió algo de estabilidad política en comparación con las épocas anteriores. Este periodo se caracterizó por la inestabilidad y los cambios de gobierno provocados por la reina y su camarilla. Sólo durante el «gobierno largo» de O’Donnell hubo una cierta estabilidad, crecimiento económico y una activa política exterior que pretendía reforzar la imagen del régimen y recuperar algo de prestigio internacional para España. Durante esta etapa el texto constitucional fue el de 1845 con un Acta Adicional, que recogía algunos principios progresistas. Diferentes levantamientos junto con el retraimiento de los progresistas, que no reconocían la legalidad, provocaron el desgaste de los moderados. A partir de 1863 se produjo una crisis generalizada. En lo económico el sector textil se vio negativamente afectado por el encarecimiento del algodón que supuso la Guerra de Secesión americana (1861-1866). La crisis internacional del capitalismo supuso una reducción de las inversiones. Y las malas cosechas originaron crisis de subsistencia, con los consiguientes motines populares, que ponían de manifiesto la ineficacia del proceso de desamortización y lo arcaico que las estructuras agrarias.En lo político la sucesión de gobiernos cada vez más conservadores y tendencia autoritaria, caracterizados por la corrupción y el caciquismo condujeron a una crisis universitaria y al intento de pronunciamiento progresista en del cuartel de San Gil (1866).El gobierno ultraconservador de González Bravo hizo que todos los partidos políticos se uniesen contra él y contra la reina Isabel II en el llamado Pacto de Ostende (1868).Los objetivos de este pacto eran muy limitados: supresión del régimen isabelino, creación de un gobierno provisional y creación de unas Cortes Constituyentes. El contenido político se lo dio la revolución con la creación de las Juntas Revolucionarias .