LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
INTRODUCCIÓN
La vuelta de Fernando VII al trono (1814-1833), tras acabar la Guerra, significó un paso atrás, pues el nuevo rey reimplantó el absolutismo monárquico, desmantelando toda la obra reformista de las Cortes de Cádiz. Los liberales, desplazados del poder y perseguidos, se dedican a conspirar mientras la situación económica se agrava.
El reinado de Fernando VII se divide en tres etapas bien diferenciadas: el Sexenio
Absolutista (1814-1820), el Trienio Liberal (1820-23) y la Década Absolutista (1823-33).
La derrota de Napoleón provocó la precipitada salida de España de su hermano José I.
Napoleón firma en diciembre de 1813 un acuerdo con Fernando VII (tratado de Valençay) reconociéndole como rey y permitiéndole regresar a su país. Había una enorme expectación sobre cuál sería el rumbo que el nuevo monarca daría a la política española. Las Cortes se trasladan desde Cádiz a Madrid para esperar en la capital la llegada de Fernando, lo que sucede a comienzos de 1814. Los liberales solicitaron a Fernando VII que jurase la Constitución. El rey, que había pasado exiliado en Francia toda la guerra y por tanto desconocía la situación real del país, en un primer momento se muestra prudente y no toma ninguna decisión hasta comprobar con qué apoyos contaba para lograr su objetivo, que era el de restaurar el sistema absolutista.
Es durante su estancia en la ciudad de Valencia cuando un grupo formado por 69 diputados absolutistas, encabezados por el general Elío, le presentan el 12 de abril de 1814 un documento llamado Manifiesto de los Persas, en el que le piden la derogación de toda la obra de las Cortes de Cádiz. El rey, que despreciaba todo lo que significara liberalismo, comprueba así que un sector importante de la población deseaba acabar con la obra de los liberales y no se hace de rogar. Mediante un decreto del 4 de mayo de 1814 declara ilegal la convocatoria de las Cortes de Cádiz, anula toda su obra legisladora (incluida la Constitución de 1812) y comienza una cruel represión contra sus enemigos políticos, es decir los liberales y los afrancesados. De éstos, muchos consiguieron exiliarse; otros corrieron peor suerte. El decreto del 4 de mayo ha sido calificado por un sector de la historiografía como un auténtico golpe de estado realizado por el propio rey.
La nobleza, el clero y gran parte del pueblo (totalmente ignorante en las cuestiones políticas) apoyaron este giro hacia el absolutismo. Además de anular las libertades civiles, Fernando VII reinstauró la Inquisición y la Mesta y permitió la vuelta de los jesuitas a España (recordemos que habían sido expulsados por Carlos III a raíz del motín de Esquilache). Sin embargo surge un motivo de fricción entre la Iglesia y el monarca, pues éste se niega a satisfacer la demanda eclesiástica de devolver sus tierras expropiadas durante el reinado de Carlos IV, debido a la enorme crisis que
atravesaba la Hacienda Pública.
La situación económica del país era ciertamente desastrosa como consecuencia de tantos años de guerra, con la consiguiente destrucción de fábricas, caminos, pueblos y ciudades, así como la pérdida de gran parte de la producción agrícola y ganadera, sin que los gobiernos de Fernando VII tomaran medidas eficaces para hacerla frente. Al contrario, la política económica de éstos es claramente regresiva, sobre todo en lo referente a la fiscalidad, pues la nobleza y el clero recuperan su privilegio de exención de impuestos. Además las provincias americanas se encuentran en franca rebeldía, por lo que nada se podía esperar de ellas. Al agravarse el problema de la deuda pública en
1816 al rey no le quedó más remedio que adoptar algunos aspectos del modelo de recaudación de las Cortes de Cádiz (con la consiguiente protesta de los estamentos privilegiados). A pesar de ello, la situación económica no mejoró.
Por otro lado el sector liberal del Ejército (la mayoría de los oficiales y muchos antiguos líderes de las guerrillas antifrancesas) no aceptó el retorno al absolutismo y, con la ayuda de sociedades secretas como la Masonería, intentó en varias ocasiones restablecer la Constitución a través de pronunciamientos militares (algo que se convertirá en una práctica muy corriente durante gran parte del siglo XIX). Estos intentos golpistas fracasaron (Espoz y Mina en Pamplona, Porlier en La Coruña, Lacy en Barcelona), salvo el encabezado por Riego el 1 de enero de 1820.
El periodo comprendido entre 1820 y 1823 supone la segunda experiencia del liberalismo en España (la primera había sido la de las Cortes de Cádiz). Comienza con el pronunciamiento del teniente coronel Rafael María del Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), donde se encontraban sus tropas esperando embarcar hacia América para sofocar la sublevación de los independentistas hispanoamericanos. Riego recibe el apoyo de otras guarniciones militares, al tiempo que surgen juntas liberales en diversas ciudades del país. Fernando VII, ante la imposibilidad de hacer frente al golpe militar, no tuvo más opción que aceptar la situación: convoca las Cortes, nombra un gobierno de liberales moderados (presidido por Argüelles) y el 10 de marzo de 1820 jura la Constitución de Cádiz, que queda así restablecida.
El nuevo gobierno vuelve a suprimir la Inquisición y los señoríos jurisdiccionales, repone el sistema de impuestos de las Cortes de Cádiz, expulsa a los jesuitas y restablece los derechos de los ciudadanos. Además llevó a cabo una desamortización de las tierras de los monasterios, con lo que se pretendía disminuir la gigantesca deuda pública acumulada. Es éste un periodo de gran agitación política, con la formación de las sociedades patrióticas (germen de los partidos políticos) y la publicación de numerosos periódicos de propaganda política.
El gobierno liberal estuvo marcado por la debilidad debido a sus poderosos enemigos (el clero, la nobleza, las potencias absolutistas de la Santa Alianza, el propio monarca…), al escaso apoyo popular con que contaba, la situación de crisis económica profunda, su incapacidad para detener el avance del independentismo en Hispanoamérica, y a su propia división interna en dos grupos: los moderados (también denominados “doceañistas” por la participación de muchos de sus líderes en las Cortes de Cádiz) y los exaltados o “veinteañistas” (que más tarde cambiarían su nombre por el de progresistas, de tendencia más radical). Los moderados querían reformar algunos aspectos de la Constitución de 1812 en una dirección conservadora, con el fin de conseguir su aceptación por parte del rey y de los estamentos privilegiados. Los exaltados, que tenían a Riego como líder, eran contrarios a cualquier concesión, que entendían como un retroceso. Esta ruptura del sector liberal fue nefasta para sus intereses.
La oposición al gobierno liberal, alentada por la Iglesia y con la simpatía no disimulada del rey, que pretende recuperar sus poderes absolutos, se tradujo en la creación de grupos armados (denominados “realistas”) con fuerte implantación en zonas rurales de Cataluña y Navarra. Llegó incluso a formarse en la localidad leridana de la Seo de Urgel una regencia, basándose en la idea de que el rey Fernando VII estaba “secuestrado” por los liberales. El gobierno, dominado entonces por los liberales exaltados, envió un ejército a combatir a los realistas dando lugar a una situación
prácticamente de guerra civil. Finalmente el gobierno consigue imponerse a los
rebeldes.
Finalmente en abril de 1823 un ejército francés (denominado popularmente “los Cien Mil Hijos de San Luis”), con el respaldo de las potencias absolutistas de la Santa Alianza, entra en España y con muy escasa resistencia acaba con esta segunda experiencia liberal. El ejército invasor estaba encabezado por el Duque de Angulema y doblaba en efectivos al que obedecía al gobierno español. Prácticamente no hubo combates. Se demostraba así la falta de popularidad de la ideología liberal.
C. LA DÉCADA ABSOLUTISTA (O “DÉCADA OMINOSA”) (1823-33)
Nada más recuperar sus poderes absolutos, Fernando VII llevó a cabo una dura y
vengativa represión contra los liberales (Por ejemplo, Riego fue ejecutado en Madrid
en diciembre), al tiempo que anuló la Constitución y prácticamente toda la obra legislativa del Trienio (decreto del 1 de octubre de 1823). Lo único que quedó de ésta fue la supresión de la Inquisición (el Duque de Angulema, jefe de las tropas francesas, impidió su restablecimiento).
La pérdida del Imperio americano se materializó en 1824, mientras en el interior la situación económica era catastrófica. El gobierno absolutista no podía afrontarla, pues cualquier medida racionalizadora que se propusiese era interpretada por el clero y la nobleza como un atentado contra sus privilegios tradicionales. El ministro Ballesteros reorganizó la Hacienda Pública, estableció el Presupuesto Anual del Estado y quiso abordar, con poco éxito (debido a las protestas de los estamentos privilegiados), el cada vez mayor problema de la deuda pública.
Fernando VII tuvo en esta década final de su reinado dos oposiciones de signo político opuesto. De una parte los liberales, muchos de los cuales estaban exiliados (en Londres hasta 1830 y desde entonces en Francia). Los que quedaron en el país y lograron sobrevivir a la represión volvieron a formar sociedades secretas para preparar, otra vez sin éxito, levantamientos populares (como el de Torrijos en Málaga). Pero la novedad está en que tampoco estaba contento con la política fernandina el sector más clerical y reaccionario de los absolutistas, que a partir de 1826 se identifica con la figura del hermano del rey, Carlos María Isidro, quien por la falta de descendencia real estaba
destinado a ser su sucesor. Entre estos ultrarrealistas (más tarde denominados carlistas) estaban muchos de los campesinos que durante el Trienio Liberal habían formado las partidas armadas y que ahora se consideran traicionados y agraviados. La separación de este sector respecto al régimen de Fernando VII va creciendo a partir de 1828, cuando el rey comenzó a adoptar algunas medidas que los ultrarrealistas entendieron como propias del liberalismo.
El problema se agrava en 1830, año en que triunfa en Francia una revolución liberal que acaba con el absolutismo. Al contraer matrimonio por cuarta vez (con María Cristina) y ante la posibilidad de que tuviera descendencia femenina, el rey había publicado la Pragmática Sanción de Carlos IV (que derogaba la Ley Sálica (la cual impedía a las mujeres ser reinas) aprobada anteriormente por Felipe V). El posterior nacimiento de dos hijas (Isabel y Luisa Fernanda) cerraba las puertas al trono al
hermano del rey y sus partidarios (carlistas). Comienza un periodo caracterizado por las frecuentes intrigas de palacio: en 1832, aprovechando la grave enfermedad del monarca, los carlistas consiguen de éste (a través del ministro Carlomarde) que derogue la Pragmática Sanción, con lo que volvería a tener vigencia la Ley Sálica. Pero, en contra de lo esperable, Fernando VII sobrevivió a esa enfermedad y, una vez recuperado y consciente de la maniobra de la que había sido víctima, destituye a los ministros y a los militares más reaccionarios, volviendo a dar validez a la Pragmática
Sanción. En esta decisión tuvo una participación activa su esposa María Cristina, que quería asegurar el trono para su primera hija (la futura Isabel II). El todavía rey nombró presidente del gobierno a Cea Bermúdez, un liberal muy moderado, y autoriza la vuelta del exilio de algunos liberales. Los carlistas comienzan a prepararse para un levantamiento armado, lo que sucederá en cuanto muera Fernando VII (octubre de 1833), dando lugar a la primera guerra carlista.
INTRODUCCIÓN
La vuelta de Fernando VII al trono (1814-1833), tras acabar la Guerra, significó un paso atrás, pues el nuevo rey reimplantó el absolutismo monárquico, desmantelando toda la obra reformista de las Cortes de Cádiz. Los liberales, desplazados del poder y perseguidos, se dedican a conspirar mientras la situación económica se agrava.
1. EL REINADO DE FERNANDO VII: ESPAÑA ENTRE LA REVOLUCIÓN Y LA REACCIÓN
El reinado de Fernando VII se divide en tres etapas bien diferenciadas: el Sexenio
Absolutista (1814-1820), el Trienio Liberal (1820-23) y la Década Absolutista (1823-33).
A. EL SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-20)
La derrota de Napoleón provocó la precipitada salida de España de su hermano José I.
Napoleón firma en diciembre de 1813 un acuerdo con Fernando VII (tratado de Valençay) reconociéndole como rey y permitiéndole regresar a su país. Había una enorme expectación sobre cuál sería el rumbo que el nuevo monarca daría a la política española. Las Cortes se trasladan desde Cádiz a Madrid para esperar en la capital la llegada de Fernando, lo que sucede a comienzos de 1814. Los liberales solicitaron a Fernando VII que jurase la Constitución. El rey, que había pasado exiliado en Francia toda la guerra y por tanto desconocía la situación real del país, en un primer momento se muestra prudente y no toma ninguna decisión hasta comprobar con qué apoyos contaba para lograr su objetivo, que era el de restaurar el sistema absolutista.
Es durante su estancia en la ciudad de Valencia cuando un grupo formado por 69 diputados absolutistas, encabezados por el general Elío, le presentan el 12 de abril de 1814 un documento llamado Manifiesto de los Persas, en el que le piden la derogación de toda la obra de las Cortes de Cádiz. El rey, que despreciaba todo lo que significara liberalismo, comprueba así que un sector importante de la población deseaba acabar con la obra de los liberales y no se hace de rogar. Mediante un decreto del 4 de mayo de 1814 declara ilegal la convocatoria de las Cortes de Cádiz, anula toda su obra legisladora (incluida la Constitución de 1812) y comienza una cruel represión contra sus enemigos políticos, es decir los liberales y los afrancesados. De éstos, muchos consiguieron exiliarse; otros corrieron peor suerte. El decreto del 4 de mayo ha sido calificado por un sector de la historiografía como un auténtico golpe de estado realizado por el propio rey.
La nobleza, el clero y gran parte del pueblo (totalmente ignorante en las cuestiones políticas) apoyaron este giro hacia el absolutismo. Además de anular las libertades civiles, Fernando VII reinstauró la Inquisición y la Mesta y permitió la vuelta de los jesuitas a España (recordemos que habían sido expulsados por Carlos III a raíz del motín de Esquilache). Sin embargo surge un motivo de fricción entre la Iglesia y el monarca, pues éste se niega a satisfacer la demanda eclesiástica de devolver sus tierras expropiadas durante el reinado de Carlos IV, debido a la enorme crisis que
atravesaba la Hacienda Pública.
La situación económica del país era ciertamente desastrosa como consecuencia de tantos años de guerra, con la consiguiente destrucción de fábricas, caminos, pueblos y ciudades, así como la pérdida de gran parte de la producción agrícola y ganadera, sin que los gobiernos de Fernando VII tomaran medidas eficaces para hacerla frente. Al contrario, la política económica de éstos es claramente regresiva, sobre todo en lo referente a la fiscalidad, pues la nobleza y el clero recuperan su privilegio de exención de impuestos. Además las provincias americanas se encuentran en franca rebeldía, por lo que nada se podía esperar de ellas. Al agravarse el problema de la deuda pública en
1816 al rey no le quedó más remedio que adoptar algunos aspectos del modelo de recaudación de las Cortes de Cádiz (con la consiguiente protesta de los estamentos privilegiados). A pesar de ello, la situación económica no mejoró.
Por otro lado el sector liberal del Ejército (la mayoría de los oficiales y muchos antiguos líderes de las guerrillas antifrancesas) no aceptó el retorno al absolutismo y, con la ayuda de sociedades secretas como la Masonería, intentó en varias ocasiones restablecer la Constitución a través de pronunciamientos militares (algo que se convertirá en una práctica muy corriente durante gran parte del siglo XIX). Estos intentos golpistas fracasaron (Espoz y Mina en Pamplona, Porlier en La Coruña, Lacy en Barcelona), salvo el encabezado por Riego el 1 de enero de 1820.
B. EL TRIENIO LIBERAL O CONSTITUCIONAL (1820-23)
El periodo comprendido entre 1820 y 1823 supone la segunda experiencia del liberalismo en España (la primera había sido la de las Cortes de Cádiz). Comienza con el pronunciamiento del teniente coronel Rafael María del Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), donde se encontraban sus tropas esperando embarcar hacia América para sofocar la sublevación de los independentistas hispanoamericanos. Riego recibe el apoyo de otras guarniciones militares, al tiempo que surgen juntas liberales en diversas ciudades del país. Fernando VII, ante la imposibilidad de hacer frente al golpe militar, no tuvo más opción que aceptar la situación: convoca las Cortes, nombra un gobierno de liberales moderados (presidido por Argüelles) y el 10 de marzo de 1820 jura la Constitución de Cádiz, que queda así restablecida.
El nuevo gobierno vuelve a suprimir la Inquisición y los señoríos jurisdiccionales, repone el sistema de impuestos de las Cortes de Cádiz, expulsa a los jesuitas y restablece los derechos de los ciudadanos. Además llevó a cabo una desamortización de las tierras de los monasterios, con lo que se pretendía disminuir la gigantesca deuda pública acumulada. Es éste un periodo de gran agitación política, con la formación de las sociedades patrióticas (germen de los partidos políticos) y la publicación de numerosos periódicos de propaganda política.
El gobierno liberal estuvo marcado por la debilidad debido a sus poderosos enemigos (el clero, la nobleza, las potencias absolutistas de la Santa Alianza, el propio monarca…), al escaso apoyo popular con que contaba, la situación de crisis económica profunda, su incapacidad para detener el avance del independentismo en Hispanoamérica, y a su propia división interna en dos grupos: los moderados (también denominados “doceañistas” por la participación de muchos de sus líderes en las Cortes de Cádiz) y los exaltados o “veinteañistas” (que más tarde cambiarían su nombre por el de progresistas, de tendencia más radical). Los moderados querían reformar algunos aspectos de la Constitución de 1812 en una dirección conservadora, con el fin de conseguir su aceptación por parte del rey y de los estamentos privilegiados. Los exaltados, que tenían a Riego como líder, eran contrarios a cualquier concesión, que entendían como un retroceso. Esta ruptura del sector liberal fue nefasta para sus intereses.
La oposición al gobierno liberal, alentada por la Iglesia y con la simpatía no disimulada del rey, que pretende recuperar sus poderes absolutos, se tradujo en la creación de grupos armados (denominados “realistas”) con fuerte implantación en zonas rurales de Cataluña y Navarra. Llegó incluso a formarse en la localidad leridana de la Seo de Urgel una regencia, basándose en la idea de que el rey Fernando VII estaba “secuestrado” por los liberales. El gobierno, dominado entonces por los liberales exaltados, envió un ejército a combatir a los realistas dando lugar a una situación
prácticamente de guerra civil. Finalmente el gobierno consigue imponerse a los
rebeldes.
Finalmente en abril de 1823 un ejército francés (denominado popularmente “los Cien Mil Hijos de San Luis”), con el respaldo de las potencias absolutistas de la Santa Alianza, entra en España y con muy escasa resistencia acaba con esta segunda experiencia liberal. El ejército invasor estaba encabezado por el Duque de Angulema y doblaba en efectivos al que obedecía al gobierno español. Prácticamente no hubo combates. Se demostraba así la falta de popularidad de la ideología liberal.
C. LA DÉCADA ABSOLUTISTA (O “DÉCADA OMINOSA”) (1823-33)
Nada más recuperar sus poderes absolutos, Fernando VII llevó a cabo una dura y
vengativa represión contra los liberales (Por ejemplo, Riego fue ejecutado en Madrid
en diciembre), al tiempo que anuló la Constitución y prácticamente toda la obra legislativa del Trienio (decreto del 1 de octubre de 1823). Lo único que quedó de ésta fue la supresión de la Inquisición (el Duque de Angulema, jefe de las tropas francesas, impidió su restablecimiento).
La pérdida del Imperio americano se materializó en 1824, mientras en el interior la situación económica era catastrófica. El gobierno absolutista no podía afrontarla, pues cualquier medida racionalizadora que se propusiese era interpretada por el clero y la nobleza como un atentado contra sus privilegios tradicionales. El ministro Ballesteros reorganizó la Hacienda Pública, estableció el Presupuesto Anual del Estado y quiso abordar, con poco éxito (debido a las protestas de los estamentos privilegiados), el cada vez mayor problema de la deuda pública.
Fernando VII tuvo en esta década final de su reinado dos oposiciones de signo político opuesto. De una parte los liberales, muchos de los cuales estaban exiliados (en Londres hasta 1830 y desde entonces en Francia). Los que quedaron en el país y lograron sobrevivir a la represión volvieron a formar sociedades secretas para preparar, otra vez sin éxito, levantamientos populares (como el de Torrijos en Málaga). Pero la novedad está en que tampoco estaba contento con la política fernandina el sector más clerical y reaccionario de los absolutistas, que a partir de 1826 se identifica con la figura del hermano del rey, Carlos María Isidro, quien por la falta de descendencia real estaba
destinado a ser su sucesor. Entre estos ultrarrealistas (más tarde denominados carlistas) estaban muchos de los campesinos que durante el Trienio Liberal habían formado las partidas armadas y que ahora se consideran traicionados y agraviados. La separación de este sector respecto al régimen de Fernando VII va creciendo a partir de 1828, cuando el rey comenzó a adoptar algunas medidas que los ultrarrealistas entendieron como propias del liberalismo.
CONCLUSION
El problema se agrava en 1830, año en que triunfa en Francia una revolución liberal que acaba con el absolutismo. Al contraer matrimonio por cuarta vez (con María Cristina) y ante la posibilidad de que tuviera descendencia femenina, el rey había publicado la Pragmática Sanción de Carlos IV (que derogaba la Ley Sálica (la cual impedía a las mujeres ser reinas) aprobada anteriormente por Felipe V). El posterior nacimiento de dos hijas (Isabel y Luisa Fernanda) cerraba las puertas al trono al
hermano del rey y sus partidarios (carlistas). Comienza un periodo caracterizado por las frecuentes intrigas de palacio: en 1832, aprovechando la grave enfermedad del monarca, los carlistas consiguen de éste (a través del ministro Carlomarde) que derogue la Pragmática Sanción, con lo que volvería a tener vigencia la Ley Sálica. Pero, en contra de lo esperable, Fernando VII sobrevivió a esa enfermedad y, una vez recuperado y consciente de la maniobra de la que había sido víctima, destituye a los ministros y a los militares más reaccionarios, volviendo a dar validez a la Pragmática
Sanción. En esta decisión tuvo una participación activa su esposa María Cristina, que quería asegurar el trono para su primera hija (la futura Isabel II). El todavía rey nombró presidente del gobierno a Cea Bermúdez, un liberal muy moderado, y autoriza la vuelta del exilio de algunos liberales. Los carlistas comienzan a prepararse para un levantamiento armado, lo que sucederá en cuanto muera Fernando VII (octubre de 1833), dando lugar a la primera guerra carlista.