BLOQUE XIII: LA SEGUNDA REPÚBLICA

LA DICTABLANDA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA

La oposición a Primo de Rivera se intensificó cuando el rey y su camarilla se convencieron de que la dictadura era un peligro para la permanencia de la monarquía, por lo que el dictador acabó dimitiendo el 30 de enero  de 1930. El general Berenguer fue el encargado de sustituirle. Suavizó algunas medidas de la dictadura, por eso a la nueva situación se le llamó Dictablanda. La oposición comenzó a organizarse y los republicanos, catalanistas y algún miembro del PSOE (Prieto) firmaron el Pacto de San Sebastián y acordaron unas elecciones para formar un gobierno provisional de la futura República. En Diciembre de 1930, con el apoyo de la UGT y de algunas guarniciones militares, provocaron un levantamiento (Revolución de Jaca) que, aunque fracasó, debilitó al gobierno. Los conspiradores fueron encarcelados y los cabecillas, fusilados. Berenguer fue incapaz de preparar unas elecciones generales y fue sustituido por Aznar, que convocó elecciones municipales al ser menos peligrosas para la monarquía. Se intentaba volver a la normalidad como si nada hubiera pasado, pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura y las elecciones se presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía

LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA:

 el 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en las que las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades y la mayor parte de los núcleos industriales. Por ello, aunque el número de concejales monárquicos era ligeramente superior, se hizo evidente que una buena parte del electorado había apostado por un cambio de signo. El 14 de abril proclamaron la República en varios municipios mientras la población salía a la calle de forma espontanea y pacífica para celebrarlo. Ante la nueva situación, el rey Alfonso XIII abandonó el país.

EL PERIODO CONSTITUYENTE:

En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional y se proclamó oficialmente la Segunda República española. Los miembros de ese gobierno, presidido por el ex monárquico Alcalá-Zamora, eran republicanos conservadores, de izquierda y radicales, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos. El gobierno provisional convocó inmediatamente elecciones a Cortes constituyentes para el día 28 de junio. El gobierno decretó una serie de medidas de extrema urgencia como la amnistía nacional, la proclamación de las libertades políticas y sindicales y la designación de altos cargos de la Administración. Se reformó el ejército, se negoció con catalanes y vascos para pactar una solución autonómica y medidas para proteger a los campesinos expulsados de las tierras por no poder pagar rentas. La República contó con el apoyo popular pero también con la animadversión de los grandes propietarios agrícolas, la oligarquía financiera, parte del ejército y la Iglesia. Las elecciones generales fueron ganadas por la coalición republicano-socialista

Las Cortes nombraron una comisión encargada de elaborar una constitución, que fue aprobada en 1931. Fue muy avanzada para su tiempo. Tenía carácter democrático y progresista.
España se define como una “República de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y Justicia”. Agrupaba los siguientes principios: El Estado se configuraba de forma integral pero se aceptaban gobiernos autónomos. El poder legislativo residía en las Cortes constituidas por una sola cámara. El poder ejecutivo recaía en el gobierno formado por el Consejo de Ministros y el jefe del gobierno y el poder judicial se confiaba a unos jueces independientes. Habría un Presidente de la República elegido por las Cortes. Incluía una amplia declaración de derechos y libertades que garantizaban la igualdad absoluta y la no discriminación.

Reconocía la facultad del gobierno para expropiar bienes de utilidad social y establecía el voto desde los 23 años y reconocía por primera vez el voto a las mujeres. Aclaraba que el Estado era laico al no declarar ninguna religión como oficial y reconocer el matrimonio civil y el divorcio. Aunque fue aprobad,a existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica. La aprobación de los artículos sobre la religión provocó la dimisión de los sectores católicos del gobierno. Manuel Azaña sustituyó en la jefatura del gobierno a Alcalá Zamora, que pasó a ser Presidente de la República.

EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933):

Entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933 el gobierno presidido por Manuel Azaña e integrado mayoritariamente por republicanos de izquierda y socialistas impulsó un programa de reformas ya iniciadas en el periodo constituyente con el objetivo de modernizar y democratizar la sociedad española.

La cuestión religiosa:

uno de los objetivos fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. Esto se estipuló en la Constitución y se suprimió el presupuesto de culto y clero.  Resurgieron viejos movimientos populares anticlericales que en mayo de 1931 incendiaron conventos y edificios religiosas en varias ciudades. La jerarquía eclesiástica, salvo excepciones, manifestó su antagonismo hacia la República. La actitud más hostil fue la del Cardenal Segura, que terminó expulsado del territorio. El temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían especialmente en la educación llevó al gobierno a prohibirles dedicarse a la enseñanza. Esto se llevo a cabo mediante la Ley de Congregaciones en 1933, que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y previó la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado. El enfrentamiento más grave se dio con los jesuitas, que fueron disueltos.

La modernización del ejército

Antes de convertirse en presidente, Manuel Azaña asumió la cartera de Defensa y pretendió crear un ejército profesional y democrático;  para ello creyó necesario reducir los efectivos militares, terminar con la macrocefalia y con la tradicional intervención del ejército en la vida política. Para ello se promulgo la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que todos los oficiales y mandos en activo debían prometer su adhesión a la República pero se les daba la posibilidad de retirarse con el suelo íntegro. Más de la mitad se retiraron. Se cerró la Academia Militar de Zaragoza, quedando su director (el general Franco) descontento. Se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República.

La reforma agraria:

fue el proyecto de mayor envergadura. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo del centro y el sur de España y mejorar las condiciones de vida de los jornaleros. Esta reforma era esencial teniendo en cuenta el papel que desempeñaba la agricultura en la economía española. Una serie de primeros decretos que perseguirán proteger a los campesinos sin tierra y arrendatarios establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamientos. Fijaron la jornada laboral de ocho horas en el campo y los salarios mínimos. Obligaron a los propietarios a poner en cultivo las tierras aptas para ello. Se elaboró la Ley de Reforma Agraria con el objetivo de modernizar la agricultura, expropiando sin indemnización las tierras de los Grandes de España. La aplicación de la ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria, que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los demás propietarios expropiados y se encargaba de facilitar los asentamientos de familias campesinas. La reforma fracasó por las dificultades burocráticas, la falta de presupuesto y la resistencia de los propietarios. Originó un aumento de la tensión social.

Los grandes propietarios se opusieron a la reforma y la mayoría de ellos se aliaron con los enemigos de la República. Los campesinos quedaron decepcionados con los resultados y se orientaron hacia posturas más revolucionarias y de enfrentamiento con las fuerzas del orden. Los pequeños y medianos propietarios del norte de España vieron los cambios con preocupación y se sintieron ignorados por el gobierno.

La reforma del Estado centralista:

en Cataluña el 14 de abril de 1931 Macià proclamó la República Catalana. La negociación entre el gobierno provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esa decisión a cambio de un gobierno autonómico provisional (Generalitat), que elaboró un Estatuto de Autonomía. La discusión del Estatuto contó con la oposición de la Derecha Liberal Republicana y del Partido Radical de Lerroux. Finalmente fue aprobado en 1932, pero se tuvo que apelar a la unidad de todos los republicanos como consecuencia de un intento de golpe de estado en agosto de 1932, la Sanjurjada.

En el País Vasco hubo un proyecto de estatuto pero no salió adelante, por la división entre sus promotores (nacionalistas y carlistas vascos y navarros) y por la resistencia del propio gobierno a conceder autonomía a fuerzas tan conservadoras.

Las reformas laborales:

Francisco Largo Caballero inició desde el Ministerio de Trabajo una serie de reformas: se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo que regulaba la negociación colectiva y la Ley de Jurados Mixtos con el poder de arbitraje vinculante en caso de desacuerdo. Se estableció la jornada laboral de 40 horas y se aumentaron los salarios. Se crearon los seguros sociales y todo provocó la irritación de las patronales que frenaron algunos proyectos.