La crisis de 1917 a la que hubo de hacer frente el gobierno de Eduardo Dato no sólo fue una crisis política, sino también social y económica. El descontento del ejército desembocó en la formación de las Juntas de Defensa. En junio de 1917, un manifiesto firmado por un numeroso grupo de militares, que culpaba al gobierno de los males del ejército y del país, y que hacía un llamamiento a la renovación política, hizo creer a ciertos sectores de la oposición que el ejército podría sumarse a un movimiento que exigiese la renovación política nacional. Dentro del marco de la crisis social, el protagonismo antigubernamental recayó en el movimiento obrero y sindical ante el descenso de los salarios en un momento en el que las empresas acumulaban considerables beneficios. La tensión estalló en agosto de 1917 con la convocatoria de una huelga general en la que se produjeron incidentes violentos en Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias. El gobierno, ante la situación de crisis, suspendió las garantías constitucionales y clausuró las Cortes. Ante esta situación en Barcelona se organizó una Asamblea de Parlamentarios catalanes, que exigió la formación de un gobierno provisional que convocase unas cortes constituyentes. Esta Asamblea convocó una reunión de todos los diputados y senadores españoles, pero la mayoría no acudieron a la convocatoria. El gobierno acabó disolviendo esta asamblea por la Guardia Civil. Tras la crisis de 1917, el régimen de la Restauración entró en una progresiva descomposición y desgaste. Entre 1918 y 1923 el país conoció un elevado número de cambios de gobierno y ninguno de ellos alcanzó un año de vida. Durante este período fue constante el recurso a las medidas de excepción. El ejército tomó un protagonismo cada vez mayor en la vida política, convirtiéndose en el principal agente represor de los episodios revolucionarios y presentándose como una solución de fuerza capaz de salvar a la monarquía. En Andalucía, la situación de miseria del campesinado dio paso al llamado “trienio bolchevique” (1918-1921). Los anarquistas, y en menor medida los socialistas, impulsaron revueltas campesinas. Córdoba se convirtió en la punta de lanza de un movimiento campesino que se extendió por Andalucía, la Mancha y Extremadura. La declaración del estado de guerra, la clausura de las organizaciones obreras y la detención de sus líderes, pusieron fin a la revolución social. El movimiento huelguístico afectó a un gran número de regiones industriales, pero fue en Barcelona donde alcanzó mayores dimensiones (huelga de La Canadiense de 1919). Todo ello originó la época conocida como el “pistolerismo” (1916-1923) durante la cual tuvieron lugar más de 800 atentados entre asesinatos de los pistoleros de la patronal y atentados y asesinatos de la CNT y los sindicalistas (el asesinato de Eduardo Dato en 1921 por cenetistas y el dirigente sindicalista Salvador Seguí en 1923 por pistoleros son dos de los episodios más destacados) Los partidos de la oposición, republicanos y socialistas básicamente, no consiguieron afianzar un programa alternativo. El PSOE incrementó su afiliación y su fuerza electoral. Pero el estallido de la Revolución rusa suscitó una fuerte controversia interna que acabó por escindir a un grupo que en 1921 formó el Partido Comunista de España (PCE). Dentro de este clima de convulsión política y social las autoridades españolas decidieron reemprender las acciones militares en Marruecos para afianzar el control sobre el territorio. En julio de 1921, el general Silvestre inició una campaña con el objetivo de extender el control espa- ñol alrededor de Melilla. La reacción de los rifeños no se hizo esperar y las cabilas de Abd-el-Krim atacaron por sorpresa el puesto español de Annual provocando 13.000 bajas entre las tropas españolas, incluido el general Silvestre. El desastre de Annual puso en evidencia la deficiente organización del ejército y, a pesar de que la llegada de tropas de refuerzo permitió recuperar las posiciones perdidas, tuvo importantes consecuencias para la estabilidad del sistema político. La impopularidad de la empresa marroquí crispó a la opinión pública; la prensa y los grupos contrarios a la intervención culparon de la derrota al gobierno y al ejército, a la par que se acentuaba el desencanto entre los militares y la clase política. El gobierno dimitió y se formó un gobierno de concentración presidido por Antonio Maura. También se inició un proceso parlamentario encaminado a indagar las responsabilidades militares y políticas de Annual. A tal efecto se nombró una comisión. Este informe, conocido como Expediente Picasso, provocó fuertes debates en las Cortes y contó con la oposición del ejército para evitar que se derivaran de él responsabilidades de los altos mandos del ejército que podían llegar a implicar al propio Alfonso XIII. Se inició un agitado debate parlamentario y la minoría socialista, con el apoyo de los republicanos, exigió medidas drásticas que apuntaban directamente al Rey. Pero el expediente nuca llegó a las Cortes. El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el estado de guerra y exigió que el poder pasase a los militares. Tras unas horas de vacilaciones, el rey Alfonso XIII le encomendó la formación de un nuevo gobierno, integrado exclusivamente por militares.