LA II REPÚBLICA:LA CONST DE 1931..
En las elecciones municipales del 12 de Abril de 1931 los monárquicos obtuvieron mayoría de concejales debido al caciquismo en las zonas rurales mientras que en las ciudades triunfó la coalición republicano-socialista lo que mostró la falta de apoyo a la monarquía que había quedado vinculada a la dictadura de Primo de Rivera.
En la noche del 14 de Abril, Alcalá Zamora proclamó en Madrid la II República y exigíó al rey que abandonara el país. El Comité Revolucionario creado por el Pacto de San Sebastián se convirtió en el gobierno provisional de la república cuya presidencia recayó en Alcalá Zamora y lo formaron Miguel Maura de la Derecha Liberal Republicana, Lerroux y Martínez Barrio del Partido Radical, Manuel Azaña y Marcelino Domingo de la izquierda republicana, Fernando de los Ríos, Prieto y Largo Caballero del PSOE, Casares Quiroga del nacionalismo gallego y Nicolau d´Olwer del nacionalismo catalán, quedando fuera la derecha monárquica, nacionalistas vascos, anarquistas y comunistas.
El objetivo principal del gobierno provisional era la convocatoria de unas Cortes constituyentes y su política estuvo dirigida a abordar las aspiraciones nacionalistas ya que el mismo 14 de Abril Francesc Maciá había proclamado la república catalana como Estado independiente resolvíéndose con la restauración de la Generalitat como gobierno autónomo de Cataluña hasta la aprobación por las Cortes de un estatuto de autonomía. Abordaron reformas en distintos ámbitos.
En el agrario, con el objetivo de paliar la precaria situación de los campesinos, se aprobaron los decretos de laboreo forzoso que obligaba a cultivar las tierras y el decreto de términos municipales que obligaba a contratar braceros del propio término municipal desarrollados por Largo Caballero.
En el ámbito de la educación, el objetivo era erradicar el analfabetismo y promover una enseñanza laica eliminando la obligatoriedad de la enseñanza de la religión en las escuelas.
En el ámbito del ejército las reformas de Azaña buscaban su modernización reduciendo el número de oficiales por lo que se aprobaron el decreto que obligaba a los militares a jurar fidelidad a la república y el de retiro voluntario de oficiales no cercanos al nuevo régimen conservando el sueldo íntegro, el cierre de la Academia Militar de Zaragoza y la abolición de la ley de jurisdicciones de 1906 y se creó la Guardia de Asalto.
La implantación de la república y la aprobación de las primeras reformas fomentaron la oposición de ciertos sectores económicos, terratenientes, industriales, financieros y de la Iglesia. La publicación de una pastoral del cardenal Segura elogiando a Alfonso XIII y las relaciones Estado-Iglesia acabó en un conflicto con el gobierno quien ordenó la expulsión de Segura. Se produjeron incendios de iglesias, conventos y colegios religiosos que se extendieron por toda España lo que fomentó el descrédito del gobierno y del régimen ante la opinión católica del país.
El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes y publicó un decreto por el que se modificaba la ley electoral de 1907 eliminando el sistema caciquil. En las elecciones en las que participaron el 70% de los votantes, la coalición republicano-socialista obtuvo la mayoría quedando reducidas a pequeñas minorías la derecha conservadora y antirrepublicana.
Las Cortes constituyentes elaboraron y aprobaron en Diciembre de 1931 una constitución republicana muy avanzada que establecía una República democrática y laica. Conténía una amplia declaración de derechos y libertades (Título III) como el de voto de las mujeres (sufragio universal), el matrimonio civil, el divorcio y el derecho a una educación obligatoria y gratuita. Se reconocíó el derecho a la propiedad privada aunque podía ser expropiada y se permitía la nacionalización de ciertos sectores (artículo 44). Establecíó la división de poderes, el legislativo para el Congreso, el ejecutivo para el Gobierno y la justicia como poder independiente (Título IV) mientras que la jefatura del Estado se atribuía al presidente cuyas funciones eran nombrar o destituir al presidente del gobierno o disolver las Cortes dos veces como máximo.
Los debates más conflictivos fueron la organización territorial del Estado con la aprobación en Agosto del Estatuto de Nuria en colisión con la propia constitución la cual permitía la uníón de provincias para crear regiones autónomas y la separación Estado-Iglesia (artículo 26) con la declaración de la libertad de cultos, la eliminación de la financiación estatal de la Iglesia, el establecimiento del régimen tributario, la prohibición a las congregaciones religiosas a ejercer la enseñanza, el comercio y la industria, la disolución de la Compañía de Jesús con la nacionalización de sus bienes y la aprobación de la secularización de los cementerios.
La constitución fue rechazada por la derecha antirrepublicana, la Iglesia y los monárquicos desde que las Cortes declararon traidor a Alfonso XIII.
Una vez aprobada la constitución fue elegido presidente de nuevo Alcalá Zamora quien encargó gobierno a Azaña quien optó por una alianza republicano-socialista.
El gobierno intentó resolver la grave crisis generada por la crisis mundial de 1929 manteniendo una política capitalista cuyo objetivo eran conseguir un presupuesto equilibrado y una moneda fuerte pero la evolución negativa dificultó el crecimiento económico.
El gobierno continuó desarrollando una política de reformas que abarcó todos los ámbitos. En política religiosa se aprobaron la Ley del Divorcio de 1932 y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 por la que el gobierno ordenaba el cierre de los centros docentes religiosos lo que desencadenó una ofensiva del clero y de la prensa católica considerándolo como persecución anticlerical.
En el ámbito educativo y cultural el objetivo era lograr que la educación gratuita y laica fuera un derecho universal. Se construyeron unas 13.000 escuelas y aumentó el número de maestros, el número de institutos de Bachillerato y el presupuesto en educación. Se crearon las Misiones Pedagógicas destinadas a extender la cultura a áreas rurales en las que colaboraron intelectuales como Machado, Salinas o Miguel Hernández, bibliotecas rurales, coros, conferencias, cines y grupos de teatro (La Barraca, de Lorca).
En el ámbito cultural confluyeron los supervivientes de las generaciones del 98, del 14 y la del 27, lo que se ha llamado la “edad de plata”.
En el ámbito laboral se aprobaron diversas leyes como la Ley de Contratos de Trabajo que regulaba los convenios colectivos, la Ley de Jurados Mixtos y la Ley de Asociaciones Obreras.
En el ámbito autonómico se intentó resolver la cuestión de la nueva organización territorial que permitiera satisfacer las aspiraciones nacionalistas y el reconocimiento del derecho de las regiones a constituirse en régimen de autonomía. Cataluña aprobó el estatuto de Nuria recortado en las Cortes con el que Cataluña obtuvo importantes competencias y establecíó la Generalitat como gobierno autonómico junto a un presidente, parlamento y un Consell.
Más difícil fue el proceso del estatuto vasco debido a las diferencias entre la izquierda republicano-socialista y la derecha, PNV y los carlistas. El estatuto fue rechazado por Álava y Navarra. No sería hasta en plena Guerra Civil cuando fue aprobado por las Cortes. En Galicia un proyecto de estatuto aprobado por los gallegos no llegó a las Cortes debido al estallido de la guerra.
En el ámbito agrario se intentó resolver por un lado el atraso técnico, la baja productividad, la mano de obra abundante y barata y la ineficiente estructura de la propiedad y por el otro el grave problema social que provocaba el desempleo de masas de jornaleros mediante la compleja Ley de Bases de la Reforma Agraria con la que se trataba de acabar con los latifundios expropiados a través de indemnización redistribuidos entre campesinos sin tierras cuya explotación colectiva o individual lo decidirían las comunidades campesinas. La aplicación de la ley la llevaría a cabo el Instituto de Reforma Agraria pero su presupuesto fue insuficiente por lo que los resultados de la reforma fueron limitados y, a la oposición de los terratenientes se añadió la de los jornaleros que provocaron insurrecciones anarquistas y huelgas obreras fomentadas por la CNT la cual buscaba el establecimiento de un anarquismo libertario.
Las graves alteraciones de orden público llevó al Gobierno a establecer la Ley de Defensa de la República. En Castilblanco y Arnedo se produjeron graves enfrentamientos entre campesinos y la Guardia Civil. En Casas Viejas se saldó con la muerte de ocho campesinos y el fusilamiento de otros doce lo que minó la credibilidad del gobierno.
Los sectores de la derecha monárquica comenzaron a conspirar para derribar el régimen incitando a los militares a dar un Golpe de Estado como el del general Sanjurjo en 1932 que fracasó.
La derecha católica optó por ganar el gobierno mediante las elecciones por lo que fundaron la CEDA cuyo líder sería Gil Robles con el objetivo de frenar la política laicista y reformadora del gobierno republicano-socialista. Sumado a la presión del Partido Radical y de importantes sectores económicos y el malestar de Alcalá Zamora por la política religiosa y los sucesos de Casas Viejas, Azaña dimitíó y se encargó a Lerroux formar gobierno de concentración republicana que fracasó por lo que Alcalá Zamora disolvíó las Cortes y convocó nuevas elecciones para Noviembre de 1933 ganadas por la CEDA y el Partido Radical iniciándose el bienio redical-cedista.