12.3.
Isabel II encargó la formación de gobierno al partido moderado de Narváez, comenzando así la década moderada 1844-1854. El nuevo régimen constituye una versión conservadora y antidemocrática del liberalismo conocido como liberalismo doctrinario, caracterizado por el centralismo político y administrativo, y por el predominio de la estabilidad y del orden social, reivindicados por las clases altas, en perjuicio de las libertades y de la representatividad defendidas por los progresistas, que quedan olvidados. Este sistema político se ve afirmado en la Constitución de 1845, modelo de constitución conservadora que, aun manteniendo las Cortes bicamerales, establece un sufragio censitario muy restringido (1%) y otorga a la monarquía amplios poderes, entre ellos la iniciativa legislativa, la disolución de las Cortes y el nombramiento de ministros. En este período se llevan a cabo medidas acordes al signo del gobierno moderado como la creación de la Guardia Civil en 1844 para devolver la seguridad al medio rural. En 1845 se aprueba la Ley de Administración Local, mediante la cual el Gobierno nombra a los alcaldes de las ciudades más importantes, y los gobernadores civiles, que ganan en autoridad, designarán a los del resto de los municipios. En materia de hacienda, la Ley del ministro Mon, de 1845, simplifica y racionaliza los tributos, aunque establece un impuesto sobre el consumo de productos básicos. Mediante la firma del Concordato de 1851 se restablecen las relaciones con la Iglesia, deterioradas desde la desamortización. La aparición de desacuerdos entre los moderados, a lo que hay que sumar el prolongado alejamiento del poder de los progresistas, liquidan 10 años de estabilidad moderada. Y esto tiene lugar mediante un pronunciamiento, esta vez de carácter progresista, liderado por Leopoldo O’Donnell. Sus fundamentos se plasman en un documento, “El Manifiesto de Manzanares”, redactado por Cánovas del Castillo, y en el que no se reivindica el destronamiento de la reina, sino reformas democráticas. Isabel II llama a Espartero a formar gobierno, con lo que los progresistas vuelven al poder durante el bienio 1854-1856 o bienio progresista. Serán 2 años, en los que se restauran leyes e instituciones progresistas promulgadas en la década de 1839, como la Milicia Nacional, y se abordan proyectos importantes como la Ley de Ferrocarriles de 1855, punto de partida de la construcción de vía hasta 1866, y que representa la apertura de puertas al capital extranjero, principalmente francés.
También la Ley de Desamortización General de Madoz, que afectó a los bienes del clero secular y a los bienes municipales, lo que generó una fuerte oposición, no sólo de los moderados, sino también de algunos diputados progresistas. Por otra parte, las leyes bancarias de 1856 dan pie a la aparición en España de la banca moderna.
En 1856 se elabora un nuevo texto constitucional que no entró en vigor, y es que el enfrentamiento entre O’Donnell y Espartero y la presión de la Corona terminaron con el Gobierno de Espartero. Tras la caída de los progresistas trascurren 12 años de gobierno alternativo de los moderados, con Narváez y más tarde con González Bravo, y de la Uníón Liberal, partido liderado por O’Donnell y que reúne a progresistas moderados, y a aquellos moderados más progresistas. Este largo período se caracteriza por el progreso económico asentado en la construcción de los ferrocarriles, y por la restauración de la Constitución conservadora de 1845, con un mayor protagonismo de las Cortes. Los gobiernos se embarcan en una serie de intervenciones militares orientadas a recuperar peso y prestigio internacional (Marruecos, Santo Domingo, México, guerra del Pacífico, y expedición a Cochinchina) que terminan, por lo general, en fracaso. Desde mediados de la década de 1860 se incrementa la oposición y la inestabilidad política. En 1865 se producen protestas estudiantiles como “la Noche de San Daniel”, motivada por la expulsión de profesores republicanos. La crisis económica general y de subsistencias de 1868 radicaliza la oposición de progresistas y de una formación seccionada, los demócratas, representantes de las clases medias y bajas que surgen en 1849 defendiendo la soberanía nacional, el sufragio universal masculino y, en definitiva, reformas democráticas más intensas. Algunos levantamientos son aplastados, como el de los sargentos del Cuartel de San Gil (Junio de 1866), pero el desprestigio político del reinado de Isabel II, que se ve acrecentado con escándalos financieros en la concesión de obras de ferrocarriles, que afectan a la familia real lleva a demócratas, progresistas, y más tarde a unionistas, a firmar el Pacto de Ostende 1866, por el que se comprometen a derribar el régimen. En Agosto de 1868, el pronunciamiento del almirante Topete en Cádiz, apoyado por los generales Prim y Serrano, son seguidos de levantamientos populares y de la formación de Juntas revolucionarias locales. Serrano vence al ejército gubernamental en la batalla de Alcolea en Septiembre de 1868 tras lo cual Isabel II se exilia en Francia. Ha caído la monarquía de los Borbón.