El reinado de Isabel II había traído el liberalismo a España pero de una forma muy convulsa, con gran cantidad de cambios de gobierno propiciados por levantamientos militares y sin la existencia de un sistema electoral fuerte. Además se produjo una expansión de la economía, aunque siguió existiendo la Deuda Pública. Sin embargo, en 1866 se produjo una gran crisis económica. Por un lado, la inversión extranjera en el ferrocarril hizo que la Bolsa se desarrollarse, pero la poca demanda de éste (no había mercancías que transportar ni mucho menos viajeros) hizo que tuviese un rendimiento económico menor al esperado. Esto provocó la caída de las acciones y el hundimiento de la Bolsa. Por otro lado, la industria se vio afectada por la Guerra de Secesión americana: el algodón -la materia prima- importada de EEUU, se encarecíó, de forma que la actividad industrial disminuyó. Esto produjo paro, sobretodo en Cataluña. A estas crisis financiera e industrial se uníó una sucesión de malas cosechas, que se tradujo en el aumento del precio del trigo. La crisis de subsistencia asoló España. El final del reinado de Isabel II estuvo marcado por la alternancia en el gobierno de unionistas y moderados. Los últimos gobiernos, moderados, fueron cada vez más autoritarios: Narváez suprimíó las Cortes y gobernó por decreto. Esto produjo un levantamiento en el cuartel de San Gil, que se soluciónó con el fusilamiento de los soldados implicados. Además, la retirada de la cátedra a Castelar provocó una huelga de estudiantes en Madrid. Ante esta situación caótica, progresistas y demócratas (apartados del gobierno) firmaron en 1867 el Pacto de Ostende, en el que acordaban expulsar a Isabel II y convocar elecciones por sufragio universal masculino para decidir el futuro del país. A este acuerdo se sumaron los unionistas tras la muerte de O’Donnel. La situación se resolvíó en 1868 con la llamada Revolución de La Gloriosa. Topete, al grito de “¡viva España con honra!” se sublevó en Cádiz. Rápidamente, Prim (progresista), exiliado en Londres y Serrano (unionista), en Canarias, llegaron a la península. La revolución se fue extendiendo por otras ciudades y los sublevados recibieron el apoyo del pueblo. Se crearon Juntas Revolucionarias en muchas ciudades, que pedían libertad, soberanía nacional, separación de Iglesia y Estado, sufragio universal y eliminación de consumos y quintas. También se armó la Milicia Nacional. El gobierno de Isabel II se defendíó y mandó un ejército. La batalla tuvo lugar en Puente de Alcolea con victoria de los sublevados, tras la que el gobierno dimitíó e Isabel II se exilió a Francia. Entonces, se formó un gobierno provisional, con Prim como presidente y Serrano como regente, que se encargó de disolver las Juntas y las milicias y convocar elecciones por sufragio universal masculino. Se formaron Cortes constituyentes para la elaboración de la Constitución de 1869, la primera democrática en España. Con un carácter liberal-democrático, establecía la soberanía nacional y una verdadera división de poderes: el legislativo en dos cámaras, Congreso y Senado, el judicial, de los tribunales, y el poder ejecutivo del rey, aunque la responsabilidad recaía en sus ministros. Incluía una amplia declaración de derechos, más amplia y precisa que la de las constituciones anteriores: asociación, reuníón, libertad de imprenta, presunción de inocencia, libertad de enseñanza y de culto… Sin embargo, el Estado seguía manteniendo económicamente a la Iglesia (por el Concordato con la Santa Sede). El nuevo jefe de gobierno, Prim, y el regente, Serrano, tuvieron que lidiar con la grave situación económica y con la división política del país. Las elecciones habían sido ganadas por la conjunción monárquico-democrática, formada por unionistas, progresistas y algunos demócratas no republicanos. Eran partidarios de una monarquía constitucional, basada en la soberanía nacional y en una amplia concesión de derechos. A la derecha, partidarios del clero y de una monarquía tradicional, estaban los antiguos carlistas, que habían resurgido, entrando por primera vez en el juego político y presentándose a las elecciones y los moderados isabelinos, ahora alfonsinos, cuyo líder era Cánovas del Castillo. A la izquierda, los republicanos, contrarios a cualquier idea de monarquía. Se dividían en unitarios (poder centralizado), con Castelar como líder, y federales, partidarios de un poder descentralizado.  Éstos se dividían a su vez en benévolos (querían hacer las reformas desde la legalidad, ganando las elecciones) entre los que estaban Pi y Margal y Figueras e intransigentes, que abogaban por una revolución social para llegar al poder. Las reformas económicas fueron llevadas a cabo por Figuerola, el ministro de Hacienda, y en general supusieron una liberalización de la economía. En primer lugar, para unificar pesos y medidas, se creó una moneda para todo el territorio: la Peseta. Para atender a las peticiones sociales, se abolieron los consumos y se introdujo el impuesto sobre la renta como compensación por la pérdida de ingresos. La crisis del ferrocarril se soluciónó subvenciónándolo, y para conseguir capital, se elaboró la Ley de minas (1871), que permitía la entrada de capital extranjero. Además, se eliminaron las trabas con la Ley de Bases Arancelarias (1869). Con la nueva Constitución se establecía verdaderamente el liberalismo en España. Sin embargo, la cuestión social estaba pendiente: el pueblo no se veía representado. A pesar de las reformas, las desigualdades seguían siendo muy grandes. Los campesinos pedían un mejor reparto de tierras y los obreros un salario justo y una mejora de las condiciones de trabajo. Ambos abogaban por la eliminación de los consumos y las quintas. Los demócratas, participantes del Pacto de Ostende, fueron apartados del gobierno e intentaron llegar al poder. En principio, las clases populares apoyaron a los republicanos, pero el poco éxito de las insurrecciones de éstos y la libertad de opinión e imprenta hicieron que se apuntasen a los movimientos internacionalistas (anarquismo y marxismo). La Constitución de 1896 establecía como forma de gobierno la monarquía, sin embargo, había un problema: una vez expulsados los Borbones, no había rey en España. Así, el general Prim se dedicó a buscar un candidato a la corona española. Rápidamente, los carlistas propusieron a Carlos VII, que fue rechazado. Así se produjeron nuevas insurrecciones carlistas en el norte de la península. En Europa, la negativa del candidato portugués y la oposición de Francia al candidato alemán (que provocaría la guerra Franco-prusiana) llevó a que finalmente el escogido fuese el italiano Amadeo de Saboyá. La nueva monarquía nacíó huérfana: Prim, el principal apoyo del soberano, moría tres días antes de que éste llegase a España. El reinado de Amadeo de Saboyá (1871-1873) fue corto y marcado por la inestabilidad y la falta de apoyos: la nobleza y los moderados seguían siendo fieles a Isabel II, por lo que se mostraron hostiles extranjero, y las clases populares estaban cercanas a los ideales republicanos, contrarias a cualquier idea de monarquía. La dinastía de los Saboyá había estado en la Unificación Italiana, oponiéndose a los Estados Pontificios, así que el nuevo monarca tampoco recibíó el apoyo de la Iglesia. En el ejército, sólo una minoría progresista estaba a su favor. La burguésía también lo rechazó, viéndose amenazada por el liberalismo económico y por medidas como abolición de la esclavitud en Cuba. Además, tuvo que hacer frente a dos conflictos: por un lado, los focos carlistas (Navarra y Provincias Vascas, pirineo Catalán, Maestrazgo) y, por otro, la Guerra de Cuba. Los criollos, cansados del dominio económico que ejercía España y motivados por las nuevas ideas liberales, comenzaron una revolución con el Grito de Yara (1868). Esta inestabilidad, unida a la división interna de la conjunción monárquico-democrática y a la sucesión de diferentes gobiernos terminaron haciendo que Amadeo de Saboyá abdicase en 1873. El método de gobierno que quedaba por intentar era la República. Así la proclamaron las Cortes el 11 de Febrero de 1873, con Figueras como presidente. Comenzó así la I República española (1873-74). La votación de las Cortes no reflejaba los apoyo reales de la república, ya que los moderados lo hicieron como una forma de ganar tiempo de preparar la vuelta de los Borbones. Los sectores populares si apoyaron la república, creándose Juntas revolucionarias. Se convocaron elecciones, que ganaron los republicanos federales por amplia mayoría. Se proclamó una República Democrática Federal con Figueras como presidente, que dimitíó pasados unos días. Tomó el cargo Pi y Margal, que intentó llevar a cabo grandes reformas. Se preparó una Constitución en 1873 (non-nata), con una declaración de derechos similar a la del 69, un legislativo bicameral y decretaba la libertad de culto y la separación completa entre Iglesia y Estado. Propónía la organización de un Estado descentralizado, formado por 17 estados federales. La república tuvo que hacer frente a los mismos conflictos que Amadeo de Saboyá: una nueva insurrección carlista en los focos habituales y la guerra en Cuba, que seguía, aunque los republicanos intentaron resolverla incluyendo Cuba y Puerto Rico como uno de los estados federales. Propiciada por el federalismo, comenzó la sublevación cantonal: la población radicalizada se sublevó, declarando cantones independientes en lugares como Cartagena. Pi y Margal, incapaz de sofocar las revueltas, dimitíó. Asumíó el cargo Salmerón, que inició una respuesta militar a las revueltas. Sin embargo, no fue capaz de firmar las penas de muerte y también dimitíó. El nuevo presidente fue Castelar, más conservador. Consiguió plenos poderes, cerró las Cortes 3 meses, y llevo a cabo una política autoritaria. Esto ya parecía más una dictadura que una república, y los grupos políticos planearon una moción de censura. El General Pavía dio un golpe con el que disolvíó las cortes. El poder pasó a Serrano, que intentó estabilizar la situación. Sin embargo, el caos de España era insostenible. La República acabó con el pronunciamiento de Martínez Campos (1874), en el que proclamaba a Alfonso XII rey de España. Isabel ya había abdicado en su hijo en el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo. Los años posteriores a la caída de los Borbones (1868-74) fueron de gran inestabilidad, pero la ausencia de la monarquía permitíó la expansión del liberalismo. Las ideas internacionalistas se extendieron por la población, y se ampliaron los derechos sociales. La vuelta de Alfonso XII traerá un régimen tradicional y católico, que garantizará el funcionamiento del sistema liberal, la estabilidad y el orden social.