El saldo final de estas medidas será positivo, pues la agricultura española aumenta la superficie cultivada, mejora sus medios técnicos, intensifica la producción y se especializa cada vez más en cultivos mediterráneos. Empero, las mejoras agrícolas no fueron tan significativas como para impulsar posteriormente una revolución industrial tal y como ocurriera en el caso británico. Concretamente las desamortizaciones no hicieron tambalearse la estructura latifundista de la propiedad agraria ni favorecieron la creación de una clase media en el ámbito rural. Además, los capitales generados con la venta de propiedades no fueron destinados a la industria, sino que básicamente se reinvirtió en agricultura o contribuyó a disminuir la galopante deuda pública. Incluso cabría apuntar un importante perjuicio para los campesinos más pobres, que hasta la fecha se habían beneficiado del cultivo de las tierras de propiedad eclesiástica y comunal.

Entre sendas desamortizaciones cabría finalmente destacar el impulso de una notable reforma de la Hacienda conocida con los apellidos de sus promotores Mon-Santillán, quienes en 1845 pusieron en marcha una ley que pretendía superar la organización propia del Antiguo Régimen y promover una sistema fiscal moderno, simplificado, racional y marcado por la clara división de impuestos.

Cabría finalmente significar en este panorama económico presidido por la agricultura que en el último cuarto del siglo (1875-90), conoce una crisis marcada por la llegada de productos extranjeros más baratos que los nacionales, procedentes de EEUU, Canadá, Argentina y Australia, de la que se derivarán consecuencias tales como el aumento del proteccionismos aduanero sobre los productos españoles, el incremento de la emigración a las ciudades y a ultramar y una progresiva reconversión del sector que se extenderá hasta 1910. Ente los principales cambios promovidos destacamos la intensificación de la especialización, al reducción de costes, el incremento de la productividad y el interés creciente por generar excedentes para la exportación.

A)Proceso de desamortización y cambios agrarios

A lo largo de todo el Siglo XIX el país sigue siendo dependiente del sector primario y más concretamente de la agricultura. No será hasta el Siglo XX cuando el peso de lo agrícola vaya disminuyendo en favor del secundario y posteriormente del terciario, si bien a comienzos de la nueva centuria todavía ocupa al 66 % de la población. Precisamente por este predominio de la agricultura los liberales del XIX intentaron acometer una reforma agraria que llevará aparejada medidas encaminadas a liberalizar el mercado de la tierra, para lo cual propusieron:

-La supresión de los mayorazgos (1836):

Inalienables hasta la fecha, pasan a convertirse en propiedades plenas y libres que podían ser objeto de venta, donación y hasta de embargo.

-La abolición del régimen señorial (1837

): Se procede a la supresión de los derechos señoriales de carácter jurisdiccional, tales como la administración de justicia, y se transforman las tierras de los señoríos en propiedades plenas y libres de sus legítimos dueños.

-Las desamortizaciones:

Consistentes en la expropiación por parte del Estado de tierras eclesiásticas y municipales para su posterior venta a particulares en pública subasta. Destacaron las practicadas por Mendizábal (1836/37) y Madoz (1855/56), ambas durante el transcurso de gobiernos progresistas. Por lo que se refiere a la de Mendizábal, esta afectó fundamentalmente a propiedades de la Iglesia con el triple objetivo de sanear la Hacienda pública, financiar la Guerra Civil que se estaba librando contra los carlistas y convertir a los nuevos propietarios en adeptos a la causa liberal. En cuanto a la de Madoz, se centró en las tierras eclesiásticas no vendidas todavía y principalmente en la propiedad municipal. En este caso, amén de proseguir paliando la deuda pública, su objetivo era financiar infraestructuras que dinamizaran la economía española y más específicamente la red de ferrocarriles.

B)La revolución industrial en España. El ferrocarril

Algunas de las carácterísticas apuntadas en el apartado anterior impulsan a que una amplia nómina de autores concluyan que España carece de una revolución industrial propiamente dicha, aunque a lo largo del XIX percibamos el despegue de la industria textil catalana y de las siderurgias malagueña (1830-64), asturiana (ligada a la minería 1864-79) y vasca (finales del XIX).

En la textil destacó el sector del algodón, para cuyo desarrollo se apoyó en la protección arancelaria. Sin embargo, sus posibilidades de crecimiento fueron limitadas por su incapacidad para atraer al sector bancario, ya que predominaba la autofinanciación familiar, ya la industria de bienes de equipo para las fábricas textiles.

Por lo que se refiere a la siderurgia, esta se basaba en los recursos mineros españoles (hierro en Málaga, Vizcaya y Santander, cobre y pirita en Huelva, plomo en Cartagena, cinc en Asturias), los cuales apenas se exportaban hasta que la Ley de Minas de 1868 favorecíó un cambio de tendencia. Así, en 1900, los minerales constituían un tercio de las exportaciones españolas.

Este sector industrial se irá progresivamente diversificando hacia ramas como la industria química, la papelera, astilleros, de la construcción y la automóvilística. Asistiremos también a la transición energética del carbón a la electricidad y ya a comienzos del XX dará sus primeros pasos el petróleo. Finalmente para apoyar y difundir este auge, será imprescindible la generalización de un nuevo medio de transporte, el ferrocarril.

Ya en 1844 una Real Orden sobre Creación de Ferrocarriles, permitíó la construcción de las primeras líneas ferroviarias: Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez. Sin embargó será la Ley General de Ferrocarriles (1855) la que permita despegar al sector contemplando una amplia nómina de privilegios para aquellos que dinamizaran el sector ferroviario. Pese a todo la construcción de la red ferroviaria se tacha de tardía, acelerada e irracional, amén de no beneficiar siempre a la industria nacional, ya que buena parte del capital, tecnología e iniciativa empresarial provino del vecino francés.

TEMA 13.1.) Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: El impacto del ferrocarril. 
Abordamos a continuación una serie de aspectos referentes a la evolución económica de la España del XIX. En líneas generales cabría apuntar que la economía española de la centuria dista bastante del contexto internacional más desarrollado. Prueba evidente de ello es que la revolución industrial española es ciertamente más modesta e incompleta que las experimentadas por países como Gran Bretaña (I Revolución Industrial 1750-1850) en un primer estadio y Japón, Estados Unidos y Alemania en segundo término (II Revolución Industrial 1870-1914).

C)Otros rasgos del cambio económico: comercio exterior y sistema financiero

Los cambios acontecidos en el plano agrícola e industrial a los que nos hemos referido, llevan aparejados una serie de transformaciones que afectan a los intercambios internacionales y al sistema financiero.

Por lo que se refiere al comercio exterior, España se especializó en exportar materias primas y productos semielaborados. Esta dinámica, inscrita en un marco esencialmente proteccionista, derivó en un déficit comercial crónico que tuvo que financiarse con las remesas de dinero enviadas por los emigrantes, las importaciones de capital y los préstamos suscritos en el extranjero por el Estado.

En cuanto al sistema financiero, era preciso consolidar una dinámica de estabilidad que respaldara el desarrollo industrial. Sin embargo, el Estado se obsesiónó con incrementar las arcas públicas y ejercíó un fuerte dirigismo sobre el sector estatal. De hecho, la banca privada está ligada a la expansión de la red ferroviaria, en torno a la cual nacen entidades como el Banco de Barcelona, el Banco de Santander y el Banco de Bilbao. Por lo que respecta a la banca estatal, esta tuvo un referente en el Banco de San Fernando (1829), convertido en 1856 en Banco de España.