El régimen de la Restauración en España se refiere al largo período transcurrido desde el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874, finalizando así el primer ensayo democrático español durante el Sexenio, hasta el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923. Este período se caracteriza por una marcada estabilidad constitucional –durante más de cuarenta años estará en vigor la Constitución de 1876–, por grandes avances económicos y por el alejamiento de los militares de la vida política. Aunque, de forma negativa, esta época también destaca por el dominio de la burguesía oligárquica, por el caciquismo y por la corrupción electoral. Por otro lado, la Restauración tuvo que hacer frente a numerosos problemas: la expansión del movimiento obrero en el país, los partidos republicanos –a pesar de encontrarse muy fragmentados–, los nacionalismos emergentes en País Vasco y Cataluña, y las guerras de Cuba y Filipinas que buscan su independencia colonial. A raíz de la crisis de 1898, se vive un punto de inflexión con la pérdida de las últimas colonias españolas (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), lo que provocará un duro choque que debilitará las bases del sistema.
Con la inestabilidad política que arrastraba la I República y, sobre todo, el gobierno del general Serrano, Antonio Cánovas del Castillo se empleó a fondo para que la destronada Isabel II abdicara en su hijo don Alfonso XII. Aprovechó el favorable contexto internacional de la era bismarckiana proclive a soluciones moderadas, y creó el partido Alfonsino como instrumento básico. Cánovas, que preparaba con cautela su regreso, redactó en diciembre de 1874 el manifiesto de Sandhurst, cuyo documento firmó el príncipe en esa misma ciudad y recogía las ideas básicas del proyecto restaurador: carácter abierto e integrador con la monarquía, compatibilidad entre la tradición católica y la libertad, y la superación de las constituciones precedentes de 1845 y 1869. Pero Martínez Campos se anticipó con un pronunciamiento en Sagunto, proclamando rey a don Alfonso XII el 29 de diciembre de 1874.
No obstante, Cánovas hubiera preferido implantar la monarquía liberal a través de medios legales. Así, las principales bases ideológicas del sistema restaurador son las de su creador: Antonio Cánovas del Castillo, resumidas en: La defensa de la “constitución histórica o interna” de España, es decir, una fusión entre lo viejo y lo nuevo. La constitución política escrita debería respetar los fundamentos de ésta; La soberanía compartida rey-Cortes frente a la soberanía nacional; El pesimismo, basado en el estudio de la historia en decadencia española, aunque dejaba abierta la puerta a la regeneración del país; El ejército debía estar al margen de la vida política. Tenía más peso el poder civil; El pragmatismo (positivismo) en política, alejado de posturas dogmáticas (indiscutibles); y El pacto entre todas las fuerzas políticas que posibilitara una convivencia pacífica. Dicho pacto quedaría fundamentado en una nueva constitución que debía estar ampliamente consensuada.
De esta forma, se promulga la constitución de mayor vigencia en la Historia Contemporánea de España: la Constitución de 1876.
Surgió como punto intermedio entre la Constitución moderada de 1845 y la Constitución revolucionaria de 1869. Fue elaborada por una comisión de expertos convocada por Cánovas, que redactaron el documento con notables aportaciones del mismo. Fue aprobada por las Cortes surgidas de las elecciones de enero de 1876 mediante sufragio universal por amplia mayoría. Finalmente, fue ratificada por el rey y se publicó el 2 de julio. En ella, se recogían los derechos individuales característicos del liberalismo progresista:
la seguridad personal, la libertad de residencia, de conciencia, de expresión y de enseñanza, así como los derechos de reunión y asociación. Los rasgos esenciales eran el derecho a sufragio, que quedó sin definir hasta la ley electoral de 1878, retomando el sufragio censitario, y la de 1890, que recuperó finalmente el sufragio universal masculino; se declaraba al Estado confesional y se introducía la libertad religiosa, aunque limitada a las manifestaciones privadas; no había división de poderes, y el Parlamento era bicameral: el Congreso, con un diputado por cada 50.000 habitantes, y el Senado, elegido mediante designación real y con sufragio censitario.
La admiración de Cánovas hacia el parlamentarismo inglés hizo que fundamentara la vida política española en base a dos partidos políticos –bipartidismo– que, a su vez, se alternasen en el poder: son los llamados partidos dinásticos.
Su principal objetivo era crear un muro de contención frente a los radicalismos republicano y carlista.
Por un lado, se encontraba el Partido Conservador dirigido por Cánovas del
Castillo
. Defendía el orden social, el público, los valores establecidos por la Iglesia y la propiedad. Se apoyaba en la burguesía latifundista y financiera, en la aristocracia y en la jerarquía católica, y estaba compuesto por liberales moderados, unionistas y parte de los progresistas. Y, por otro lado, el Partido Liberal-Fusionista liderado por Sagasta.
Abogaban por las reformas sociales, la educación y un cierto laicismo. Se apoyaba en la burguesía industrial y comercial, en profesionales liberales y funcionarios, más las clases medias, y estaba compuesto por parte de los progresistas, demócratas y ex republicados moderados.
El sistema canovista necesitaba contar tanto con el apoyo de la Corona como de las Cortes. Así, se establece una mecánica de turnismo o turno pacífico entre los dos grandes partidos –Liberal y Conservador– que, periódicamente, se cedían el poder el uno al otro. En consecuencia, se producía un fraude en las elecciones: una vez convocadas, el ministro de la Gobernación realizaba el “encasillado”, es decir, decidía los diputados que iban a ser elegidos en cada distrito. Seguidamente, el gobernador provincial manipulaba las elecciones previo acuerdo con los caciques comarcales y municipales, comprando el voto de ciudadanos de a pie mediante el favor popular. En caso de que las opciones anteriores fracasaran, se recurría al “pucherazo”, es decir, aparecían más votos que electores, utilizando incluso nombres inventados o el de personas muertas. El turnismo, pues, estaba predeterminado por el acuerdo de partidos que poseían mayor poder, lo que se denominó “oligarquía y caciquismo”. La oligarquía estaba formada por los dirigentes políticos de ambos partidos, especialmente relacionados con los terratenientes y la burguesía adinerada. A su servicio estaba el cacique, persona de gran poder económico que compraba el voto a las personas de su pueblo. Este fenómeno era resultado de una sociedad mayoritariamente rural y analfabeta. A pesar de la parte negativa del turnismo, cabe destacar el aporte de estabilidad que dio a la vida política española. Con el Pacto de El Pardo (1885), a la muerte de don Alfonso XII, se estableció un acuerdo entre Cánovas, Sagasta y la regente Mª Cristina de turnarse el poder con el fin de asegurar la monarquía ante la doble amenaza carlista y republicana.
Al margen de los dos grandes partidos políticos, había otros partidos marginados y excluidos de la vida política: los republicanos radicales de Muñoz Zorrilla, los unitarios de Emilio Castelar y los federales de Pi i Margall, que muestran la fragmentación del republicanismo después de 1876; a la derecha se situaba el carlismo, también dividido y con pérdida de importancia tras la derrota de 1876; al margen del sistema estaban los movimientos de base obreristas, tanto socialista –creándose PSOE y UGT, y de ideología marxista– como anarquista –que realizan acciones de forma sindical y violenta, y tienen mucho arraigo en el país–; y, además, surgen los movimientos nacionalistas en el País Vasco, Cataluña y Galicia, junto con los regionalismos de Valencia y Andalucía.
En cuanto a la política interior de la Restauración, cabe destacar el consenso entre las principales fuerzas de la nación: el ejército y la Iglesia, que logró la estabilización del régimen. El ejército dejó atrás las diferencias surgidas durante el Sexenio y los militares abandonaron la práctica de pronunciamientos, triunfando así el poder civil frente al poder militar. Y la Iglesia, al restablecerse la confesionalidad, recupera prestigio y se solucionan asperezas. Por otro lado, se acabó con las guerras carlistas y la cuestión de Cuba.
El ejército de Alfonso XII logró vencer en los núcleos carlistas del Maestrazgo, Seo de Urgel y del Norte. Y, con la excelente actuación del general Martínez Campos, se consiguió poner fin a la guerra cubana iniciada en 1868 mediante la Paz de Zanjón (1878). En relación a la labor legislativa del Estado centralista, surgieron la Ley Municipal y Provincial (1882) y se actualizaron los Códigos de Comercio (1885) y Civil (1899).
En definitiva, la Restauración Borbónica tuvo como pilares básicos la Corona, los partidos dinásticos –Liberal y Conservador– y el ejército. Este régimen se caracterizaba por el turnismo pacífico entre los dos grandes partidos, basado en la corrupción electoral que se apoyaba en la oligarquía y el caciquismo. De esta forma, se percibe la situación de inestabilidad política que reflejaba, de un lado, la España oficial con una legalidad constitucional, y de otro, la España real sustentada en la oligarquía y el caciquismo. A finales de siglo, con la crisis del 98 provocada por la pérdida de Cuba y Filipinas, la cuestión social y los nacionalismos emergentes, las bases del sistema se debilitarán. No obstante, la Constitución de 1876 que garantizaba cierta estabilidad, pervivirá bajo el reinado de Alfonso XIII hasta 1923, año en el que el general Primo de Rivera implanta una dictadura tras un golpe de Estado.