2.Las reformas del bienio de izquierdas

2.1. La cuestión religiosa Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. Estas intenciones se plasmaron en la Constitución, que estipuló la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. También se permitieron el divorcio y el matrimonio civil y se secularizaron los cementerios. Además, el temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían especialmente en la educación llevó al gobierno a prohibirles dedicarse a la enseñanza. El proceso se completó con la Ley de Congregaciones (Mayo de 1933), que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y previo la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado. El enfrentamiento más grave se produjo con los jesuítas, debido a la existencia de un cuarto voto de obediencia al Papa profesado por esta orden. Acusados de depender de un poder extranjero, la Compañía de Jesús fue disuelta, y sus bienes, nacionalizados. Una buena parte de los sectores católicos percibíó la nueva legislación como una agresión al catolicismo. El resurgimiento de los viejos movimientos populares anticlericales, que entre los días 11 y 12 de Mayo de 1931 incendiaron conventos y edificios religiosos en varias ciudades (Madrid, Sevilla, Cádiz, Murcia…), ahondó esos temores. La jerarquía eclesiástica, salvando excepciones como la del cardenal Vidal y Barraquer, no dudó en manifestar su antagonismo hacia la República y en movilizar a los católicos en su contra. La actitud manifiestamente hostil del cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de España, y del obispo de Vitoria provocó que el gobierno optase por una medida de fuerza y dictase su expulsión del territorio español.

2.2. La modernización del ejército El gobierno republicano estaba convencido de que el ejército necesitaba una profunda transformación. Manuel Azaña, que desde la presidencia del gobierno asumíó la cartera de Defensa, impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Para ello se creyó necesario reducir los efectivos militares, acabar con la macrocefalia (un oficial por cada tres soldados en 1917), poner fin al fuero especial de los militares, asegurar su obediencia al poder civil y terminar con la tradicional intervención del ejército en la vida política. Con esta finalidad se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931), que establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República, pero se les daba la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro si así lo deseaban. Más de la mitad de la oficialidad aceptó la oferta antes de acabar el año. Además, se suprimieron algunos rangos tradicionales, se redujo el número de unidades y oficiales y se cerró la Academia Militar de Zaragoza, vivero de los sectores más golpistas del ejército. Se clausuraron las Capitánías Generales y desaparecieron los Tribunales de Honor y el Consejo Supremo de Justicia Militar así como la prensa destinada exclusivamente al ejército. Posteriormente se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República. La reforma, técnicamente bien planteada, tuvo resultados limitados. Se consiguió la disminución de los gastos del ejército, pero la reducción del presupuesto dificultó la modernización del material, del armamento y de los equipamientos. Además, la reforma fue recibida por algunos sectores, sobre todo por los llamados africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del ejército. La derecha aprovechó ese descontento para animar a la revuelta militar contra la República.
2.3

La reforma agraria

La reforma de la agricultura fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo existente en buena parte del centro y el sur de España y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres (jornaleros). Esta reforma era esencial teniendo en cuenta el papel que desempeñaba la agricultura en la economía española. En 1931, la población activa era de unos 8,5 millones de personas y casi la mitad trabajaban en la agricultura, de las cuales unos 2 millones eran jornaleros (750000) arrendatarios y aparceros, y el resto, pequeños y medianos propietarios. Asimismo, en Andalucía, Castilla y Extremadura, más del 50% de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de grandes propietarios. Una serie de primeros decretos, que perseguían proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios, establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento. También fijaron la jornada laboral de ocho horas en el campo y determinaron el establecimiento de salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas para ello. Pero la verdadera reforma consistía en la elaboración de una Ley de Reforma
Agraria, aprobada por las Cortes en Septiembre de 1932. El objetivo de la ley no era un cambio radical de la situación del campo ni una colectivización de la tierra, sino la modernización de la agricultura. La ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza (los «Grandes de España»), mientras las cultivadas deficientemente, las arrendadas sistemáticamente o las que, pudiendo ser regadas no lo eran, se podían expropiar indemnizando a sus propietarios. La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de facilitar los asentamientos de familias campesinas. Los resultados iniciales de la reforma agraria fueron escasos porque se expropiaron muchas menos hectáreas y se asentaron muchos menos campesinos de los previstos inicialmente (entre 1932 y 1934 se establecieron unas 12000 familias).

Las razones de este fracaso estarían en la complejidad de la propia ley, la lentitud y las dificultades burocráticas para su aplicación, la falta de presupuesto destinado a las indemnizaciones y, finalmente, la resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios para esquivarla. La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó un considerable aumento de la tensión social. Por un lado, los grandes propietarios se opusieron abiertamente a la reforma y la mayoría de ellos se aliaron con los enemigos de la República consolidando un frente de fuerzas conservadoras dispuestas a acabar con ella. Por otro lado, los campesinos quedaron decepcionados con los resultados y, viendo frustradas las esperanzas depositadas en la República, se orientaron hacia posturas más revolucionarias y de enfrentamiento con las fuerzas del orden (ocupación de tierras, incendios de cortijos, reyertas con la Guardia Civil…).

2.4. La reforma del Estado centralista La configuración de un Estado que permitiera a las regiones con sentimientos nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía era una cuestión pendiente en la vida política española. En Cataluña, el 14 de Abril de 1931, Francesc Maciá, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, había proclamado la República Catalana. Esta proclamación creaba un grave problema, dado que el Pacto de San Sebastián determinaba que debía ser la Constitución la que estableciese el nuevo tipo de Estado y la situación de las diferentes nacionalidades dentro de éste. La negociación entre el gobierno provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitíó la anulación de esta decisión, a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional (Generalitat) cuya primera tarea sería la elaboración de un Estatuto de Autonomía. Una comisión quedó encargada de redactar el estatuto (Estatuto de Nuria), que fue aprobado en referéndum popular con el 99% de los votos y presentado a las Cortes para su discusión en Agosto de 1931. La Constitución, aprobada en Diciembre de ese mismo año, ofrecíó un marco legal al Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero establecíó recortes con respecto al texto elaborado en Nuria. La aprobación del estatuto contó con la virulenta oposición de la derecha y de algunos sectores republicanos, pero gracias a la determinación del jefe de gobierno, Manuel Azaña, fue aprobada finalmente en Septiembre de 1932.

El régimen autonómico catalán contaba con un gobierno y un parlamento propios con competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y se reconocía la cooficialidad del catalán. Las primeras elecciones legislativas al Parlamento catalán dieron la victoria a Esquerra Republicana de Catalunya y Francesc Maciá fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron, en Junio de 1931, un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella). Pero su aprobación se retrasó indefinidamente debido a la oposición del republicanismo de izquierdas y de los socialistas, que consideraban este proyecto en exceso confesional, poco democrático e incompatible con la constitución republicana. En Octubre de 1936, ya iniciada la guerra, se aprobó un estatuto, fruto de un consenso político entre nacionalistas, republicanos y socialistas. José Antonio Aguirre, principal dirigente del PNV, fue elegido primer lendakari. En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada y el nacionalismo gallego distaba mucho de ser una fuerza hegemónica. En consecuencia, el proceso estatutario fue mucho más lento y el 28 de Junio de 1936 se sometíó a plebiscito un proyecto de estatuto que no llegó nunca a ser aprobado por las Cortes debido al estallido de la Guerra Civil.
2.5. La obra educativa y cultural Otra reforma importante, de gran trascendencia popular y a la que se dedicaron muchos recursos, fue la de la enseñanza. Por un lado, el objetivo primordial era promover una educación liberal y laica y hacer del Estado el garante del derecho a la educación extendido, por primera vez en nuestra historia, a toda la población. El centro de su actividad fue, sobre todo, la enseñanza primaria; y así se crearon 10000 escuelas y 7000 plazas para maestros, mientras el presupuesto de educación se incrementó en un 50%. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Por otro lado, los dirigentes republicanos estaban convencidos de la necesidad de mejorar el nivel cultural de la población y hacer de la cultura un derecho para la mayoría. Con el apoyo de numerosos intelectuales y artistas, se promovieron campañas culturales destinadas a los sectores más humildes. Las llamadas Misiones Pedagógicas, formadas por grupos ambulantes de estudiantes, profesores e intelectuales llevaban a las zonas rurales bibliotecas, coros, conferencias, cines y grupos de teatro como La Barraca, organizado por Federico García Lorca.
2.6. Las reformas laborales El socialista Francisco Largo Caballero inició, desde el Ministerio de Trabajo, una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, y la Ley de Jurados Mixtos, con el poder de arbitraje vinculante en caso de desacuerdo. Se establecíó también la semana laboral de 40 horas y se estimuló el aumento de los salarios. Se promovíó la creación de seguros sociales, se redujo la jornada laboral de los trabajadores del campo y se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas en la contratación de tareas del campo. Estas medidas provocaron la irritación de las organizaciones patronales, que se opusieron a su promulgación y consiguieron frenar algunos proyectos, como el de la intervención obrera en las empresas.