El Gobierno de la Unidad Popular
Como ya aprendiste en la Unidad 3, hacia fines de la década de 1960, el escenario político chileno estaba marcado por la presencia de tres bloques que se disputaban al electorado y por un ambiente de intensa polarización política y social que se intensificaría con el desarrollo del gobierno de Allende, también denominado como el “Gobierno Popular”.
La llegada de Allende al poder
Con la finalidad de triunfar en las elecciones presidenciales de 1970, los partidos y movimientos de izquierda conformaron una alianza política bautizada como la Unidad Popular (UP).
Este conglomerado se impuso estrechamente en dichas elecciones, convirtiendo al candidato Salvador Allende Gossens en el primer presidente socialista del país.
La estrecha ventaja obtenida por la coalición de izquierda correspondiente al 36,3 % de los votos, mientras el centro obtuvo un 28,0 % y la derecha un 35,2 % obligaba al Congreso Pleno a pronunciarse y ratificar la victoria de Allende. La Democracia Cristiana, sin embargo, exigíó al futuro gobierno la suscripción de un estatuto de garantías constitucionales, en el que se comprometía a respetar la institucionalidad vigente.
De esta manera se inició una experiencia política que atrajo los ojos del mundo hacia Chile, pues, a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes como Cuba o Vietnam, en nuestro país se buscó implementar un régimen socialista en un marco de respeto a las instituciones republicanas y utilizando la vía electoral, sin necesidad de acceder al poder mediante un movimiento armado.
Las grandes reformas del gobierno de Allende
Una vez elegido y ratificado por el Congreso como el nuevo presidente de Chile, Allende comenzó a implementar un programa de reformas que buscaron profundizar las transformaciones estructurales que se habían iniciado en la década de 1960 y se propuso impulsar medidas asociadas a la nacionalización y estatización de las riquezas básicas.
La profundización de la reforma agraria
En un contexto latinoamericano de revoluciones sociales y políticas, el ritmo de las expropiaciones agrícolas en Chile se aceleró alcanzando los casi 6 millones de hectáreas de riego básico, en menos de 3 años. Simultáneamente, algunos grupos de campesinos organizados (como el Movimiento Campesino Revolucionario)
Comenzaron a realizar tomas ilegales de terrenos con la intención de agilizar la repartición de tierras. Esto agudizó la oposición de la derecha, que acusó al gobierno y a los grupos de izquierda de violar el derecho a la propiedad privada. Así mismo, hubo casos en que algunos propietarios de los latifundios expropiables intentaron evitar la ejecución de la ley a través de la violencia, situación que derivó en episodios de enfrentamiento entre los terratenientes y los grupos de campesinos partidarios de la reforma agraria. Todos estos conflictos fueron incrementando el clima de polarización social y política que ya se encontraba latente desde la década anterior.
La nacionalización del cobre
A diferencia de lo ocurrido con la reforma agraria, la nacionalización del cobre despertó menos cuestionamientos y polémicas. En general, los distintos grupos políticos concordaban en que era necesario continuar con la reestructuración de la propiedad minera que se había iniciado en el gobierno de Freí con la chilenización del cobre y admitían que era necesaria una mayor participación del Estado en ella. De este modo, a mediados de 1971, el proyecto de reforma constitucional que nacionalizaba el cobre y otros recursos minerales fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional. El Estado de Chile pasó a controlar de manera exclusiva los yacimientos cupríferos del país y se procedíó a expropiar y estatizar aquellos que se encontraban en manos de capitalistas privados, a quienes se les indemnizó, según las condiciones establecidas por la Ley 17 450.
La creación de un área de propiedad social
Las autoridades económicas del gobierno de la Unidad Popular creían que, a inicios de la década de 1970, la economía chilena tenía carácterísticas que la ataban al subdesarrollo y manténían una desigual distribución de ingresos. Ante este diagnóstico se propusieron la constitución de un área de propiedad social, que significaba traspasar industrias estratégicas al Estado.
La idea era que el aparato estatal, en su calidad de rector de la economía, pudiese implantar sus propias estrategias de desarrollo y controlar la producción, entre otros objetivos. Al mismo tiempo, se esperaba que la estatización de las empresas permitiera al Estado disponer de excedentes que serían redistribuidos y utilizados para incentivar un crecimiento económico sostenido.
Sin embargo, el gobierno no contaba con la mayoría parlamentaria para llevar a cabo estos proyectos y la oposición se mostraba contraria a aprobarlos. Por ello, se recurríó a resquicios legales para crear el área de propiedad social mediante la expropiación de empresas o la intervención por parte de funcionarios del Estado. Además de la gran minería del cobre, otras actividades que pasaron a ser controladas por el Estado fueron la producción y distribución de energía eléctrica, los transportes y comunicaciones, la producción, refinación y distribución de petróleo, la producción de celulosa y papel, la siderurgia y la industria química, entre otros.
El ambiente de crisis a inicios de la década de 1970
El clima de agitación y polarización que venía experimentando la sociedad chilena desde la década de los 1960 se agudizó a medida que avanzaba el mandato de Salvador Allende: se estaba a favor o en contra del gobierno. Así, la efervescencia política se tornó cotidiana en el trabajo, la familia, los centros de estudio y las organizaciones sindicales y vecinales. Tanto la izquierda como la derecha se salieron
de los cauces políticos tradicionales y la división ideológica se evidenció en distintos ámbitos.
Movilización social
El nivel de movilización que se vivía en Chile se acentuó con la formación de organizaciones políticas más radicales, a lo que contribuyó especialmente el triunfo de la Revolución cubana. Este proceso estuvo representado con la creación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1965, que rechazaba la vía pacífica y apostaba por una “insurrección popular armada” para transformar la sociedad. Además, se produjo un quiebre en el Partido Demócrata Cristiano, del cual surgieron el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) en 1969 y la Izquierda Cristiana (IC) en 1971. Por su parte, en la derecha surgíó el Frente Nacionalista Patria y Libertad en 1971.
Desvalorización de la democracia
Algunos historiadores plantean que la radicalización del momento provocó que, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, se hicieran llamados a la sociedad civil y a las Fuerzas Armadas para adoptar una actitud beligerante y muchas veces contraria a la institucionalidad democrática. Sin embargo, otros también han resaltado que desde el gobierno y algunos sectores del PC se buscó lograr una solución pacífica frente a la tensión del período. Bajo este contexto, las movilizaciones y manifestaciones callejeras fueron los canales de expresión popular más recurrentes y, en diversas ocasiones, estuvieron acompañadas por episodios de enfrentamiento.
Retórica de la violencia
La escalada de violencia derivó en que algunos grupos de izquierda (como el MIR) buscasen radicalizar la revolución mediante acciones al margen de la legalidad, como la toma de predios e industrias. Por su parte, algunos sectores de oposición también ejercieron la violencia radical (como el Frente Patria y Libertad) por medio de atentados y asesinatos, mientras otros comenzaron a solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo un Golpe de Estado que, por la fuerza, pusiese fin al gobierno de Salvador Allende.
Crisis económica e hiperinflación
Si bien durante el primer año del gobierno de la Unidad Popular se lograron buenos índices económicos, para 1972 esta situación cam- bió debido a diversos factores. El considerable aumento del gasto público, la disminución de los ingresos fiscales y los problemas de abastecimiento provocaron un déficit fiscal que intentó solucionarse mediante una mayor emisión de circulante. Esto generó un incremento sostenido de los precios con lo que la inflación se disparó, pasando de un 22,1 % en 1971 a un 260,5 % en 1972 y a más de 600 % en 1973. En este contexto, el desabastecimiento de bienes de consumo básico obligó al gobierno a aplicar medidas de racionamiento que agudizaron aún más el escenario político y social y llevaron a un estado crítico que se evidenció en el paro del gremio de los camioneros en Octubre de 1972. Con el apoyo financiero de la Agencia Central de Inteligencia (Cía), este paro bloqueó gran parte de las carreteras del país, agudizó el desabastecimiento y concluyó con la declaración de estado de emergencia en 18 provincias.
Intervención extranjera
En un contexto mundial marcado por la Guerra Fría, el triunfo de Allende representó para Estados Unidos una gran preocupación, ya que se veía el gobierno de la Unidad Popular como una extensión del comunismo en Latinoamérica. Por tal razón, la potencia norteamericana intervino a través de “acciones encubiertas” de sus organismos de inteligencia, financiando partidos políticos, organizaciones y medios de comunicación de oposición. Por otra parte, en 1971, la visita del líder de Cuba, Fidel Castro, fue interpretada por la oposición chilena como una clara intervención del comunismo internacional en el país.
Rol de las Fuerzas Armadas
Como una medida para mantener el orden, frenar las estrategias golpistas y enfrentar el problema del desabastecimiento, Allende incorporó algunos militares de alto mando en su gabinete y otras organizaciones estatales. Entre ellos destacaron el general Carlos Prats –quien fue designado como ministro del Interior y el general Alberto Bachelet, que tuvo a su cargo la Secretaría Nacional de Distribución.
Si bien esta estrategia permitíó una estabilización momentánea de la situación, la crisis política continuó agudizándose y las presiones de los grupos opositores en favor de una intervención golpista se fueron incrementando. De hecho, al interior de las Fuerzas Armadas se reprodujo también el clima de polarización que afectaba al conjunto de la sociedad chilena y surgieron divisiones entre aquellos militares que apoyaban un rol más protagónico del Ejército en la resolución del conflicto y quienes preferían mantenerse al margen de la crisis política.
El quiebre de la democracia
El 11 de Septiembre de 1973 se produjo en Chile un Golpe de Estado que puso término al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Este hecho simbolizó el quiebre de la democracia e implicó el inicio de una dictadura que se extendíó por casi dos décadas en el país.
¿Cómo se llevó a cabo el Golpe de Estado?
Como has estudiado hasta ahora, el ambiente político, social y económico de Chile hacia el año 1973 era tenso y crítico. En este contexto, la idea de un Golpe de Estado adquiría cada vez más fuerza en un amplio sector. A lo largo del gobierno de la Unidad Popular e incluso antes de que Allende asumiera su mandato, se llevaron a cabo diversos intentos golpistas, como el que terminó con el asesinato del general René Schneider en Octubre de 1970 o el que ocurríó en Junio de 1973. Este último fue conducido por una facción del Ejército y apoyado por el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Pese a su fracaso, los detractores del gobierno aumentaron las presiones para que las Fuerzas Armadas pusieran fin al gobierno de Allende.
Así, los preparativos para el golpe definitivo fueron inicia- dos por la Armada, luego se involucró a la Fuerza Aérea y a Carabineros y, solo unos días antes, fue apoyado por el Ejército. Se concertó para el martes 11 de Septiembre a las 6:30 de la mañana. A la hora acordada, Valparaíso fue toma-
do por la Armada, mientras que en Santiago se movilizaron efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros. El presidente Allende se dirigíó a La Moneda, donde se le comunicó la petición de los militares para su renuncia. Allende se negó y, a través de una locución transmitida por la radio, pidió a los ciudadanos mantener la calma y tranquilidad. Cerca del mediodía, los militares procedieron a bombardear el Palacio de La Moneda. Tras intentar resistir en compañía de sus colaboradores más cercanos, Salvador Allende decidíó quitarse la vida al interior del palacio.
Una vez concretado el golpe, se instaló en el poder una junta militar integrada por los generales de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros: Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile; y César Mendoza Durán, general director de Carabineros.
¿Por qué ocurríó el quiebre democrático?
El quiebre institucional del 11 de Septiembre de 1973 implicó una fractura a nivel político, social y cultural. Dada su relevancia y complejidad, este acontecimiento ha sido interpretado desde distintas perspectivas y revisado por numerosos historiadores, cientistas políticos, sociólogos y otros investigadores nacionales y extranjeros, interesados en comprender qué factores llevaron a una sociedad como la chilena a un grado tan alto de polarización. A continuación, te invitamos a analizar y evaluar algunas de estas causas mediante la lectura de fuentes primarias e interpretaciones posteriores que han buscado explicar el deterioro y ruptura del sistema político chileno.
Las carácterísticas de la dictadura militar
A partir del 11 de Septiembre de 1973 se establecíó en el país un nuevo gobierno concebido, según sus propios integrantes, para restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas durante los años que lo antecedieron. De hecho, el mismo Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército y quien se convirtió en cabeza de la junta militar gobernante, declaró días después del golpe que “Chile volverá a su tradicional sistema democrático”. Sin embargo, al poco tiempo se instauró un régimen autoritario que privó de sus libertades y derechos a una parte importante de la población chilena.
El establecimiento de una dictadura, como la que se vivíó en Chile entre los años 1973 y 1989, implicó la supresión del Estado de derecho, condición en la que las autoridades se encuentran limitadas por un marco jurídico vigente y se resguardan los derechos de las personas. En ese sentido, si legítimamente el Estado chileno había contado hasta entonces con la fuerza pública para proteger los derechos de las personas, nunca antes del golpe de 1973 se había usado de forma tan masiva y organizada esta misma fuerza para vulnerarlos. Asimismo, la participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno no se había extendido durante tanto tiempo –diecisiete años–. En ese sentido, las repercusiones que el Golpe de Estado y la posterior instauración del régimen militar tuvieron para la sociedad chilena continúan presentes hasta la actualidad y dan cuenta del profundo quiebre que este período representó.
Supresión del Estado de derecho
El Estado de derecho se puede definir como un sistema en el que las leyes son la suprema autoridad, siendo conocidas y obedecidas por todos los ciudadanos, tanto por aquellos que están en posiciones de gobierno (autoridades) como por los gobernados (ciudadanos). Así, el Estado de derecho permite garantizar el respeto de los derechos y las libertades públicas. Algunos de los elementos que distinguen a un Estado de derecho son la existencia y el seguimiento de un orden jurídico, la división de los poderes del Estado y el respeto por los derechos humanos. Gracias a estas carácterísticas es que este régimen permite la gobernabilidad, la participación ciudadana y la convivencia pacífica.
Concentración del poder
El nuevo régimen se presentó como una organización estrictamente militar que involucró a todas las Fuerzas Armadas y de Orden. Sin embargo, con el tiempo el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, fue concentrando los poderes administrativos y de gobierno, dejando en manos de la junta militar el Poder Legislativo. En Junio de 1974, Pinochet asumíó el título de Jefe Supremo de la nacíón y el Poder Judicial fue el único órgano del Estado que no fue eliminado, aunque se restringieron casi todas sus facultades.
Establecimiento de estado de sitio
Con el argumento de que el país estaba en situación de guerra, las Fuerzas Armadas declararon el estado de sitio y gobernaron bajo estados de excepción entre 1973 y 1978. Con esto se puso fin al Estado de Derecho, eliminando con ello las instituciones propias del sistema democrático y las garantías individuales que protegían los derechos de las personas.
Restricción a las libertades públicas
Se eliminaron derechos básicos de los ciudadanos, como el derecho a la circulación mediante la instauración del “toque de queda”, medida que prohibía estar en la calle después de una determinada hora. El toque de queda restringíó el desplazamiento nocturno, además de permitir a los militares realizar detenciones sin fiscalización pública. Asimismo, se restringíó el derecho a reuníón, pues se intervinieron las organizaciones sindicales y se desarrollaron purgas entre sus dirigentes, quienes fueron remplazados por personas designadas por los militares. Por otra parte, la libertad de expresión fue suprimida mediante la censura que se aplicó a medios de comunicación como la televisión y la prensa escrita.
Intervención de instituciones. Tras el golpe militar se eliminaron las principales instituciones del sistema democrático. Luego de clausurar el Congreso, la junta militar gobernó a través de bandos y decretos con fuerza de ley con los que suprimíó la Constitución de 1925. Clausuró también el registro electoral y se prohibieron las elecciones y los partidos políticos de la Unidad Popular, mientras que la Democracia Cristiana y los partidos de derecha quedaron en receso, para luego caer bajo proscripción en 1977. Con respecto a las universidades, se nombró a autoridades delegadas, quienes en su mayoría fueron militares, y se expulsó a estudiantes, funcionarios y académicos que tenían ideas consideradas como marxistas. Al mismo tiempo, se cerraron unidades académicas consideradas “peligrosas”, como fue el caso del Instituto Pedagógico.
Violaciones a los derechos humanos
Esta fue una de las expresiones más claras de la represión y de la supresión del Estado de derecho que ejercíó la dictadura militar. De acuerdo a las comisiones encargadas de investigar estos hechos, actualmente se reconoce que en el período de 1973 a 1990 hubo cerca de 1 230 detenidos desaparecidos, más de 1 900 muertos y alrededor de 38 200 casos de torturas y prisión política. No obstante, aún hoy en día continúa existiendo debate en relación con el número total de víctimas.
Las primeras medidas
Los primeros días luego del golpe fueron altamente violentos. Se produjeron allanamientos masivos en organismos de gobierno, universidades, poblaciones y se publicaron listas de personas proclives al gobierno de Allende. Los prisioneros fueron llevados a regimientos, comisarías, recintos penales y centros deportivos como el Estadio Nacional, donde eran interrogados, torturados y en muchos casos ejecutados. Ejemplo del alto grado de violencia del régimen fue la conocida como “Caravana de la Muerte”, comitiva del Ejército al mando de Sergio Arellano Stark que recorríó el país durante 1973 con el objetivo de ejecutar a decenas de prisioneros partidarios de Allende.
La institucionalización de la represión
En Junio de 1974 se creó la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA)
, un servicio de policía secreta a cargo del general Manuel Contreras, cuyo objetivo era detener, torturar, extraer información y encarcelar a personas en campos de concentración, como Pisagua e Isla Dawson, y en centros de detención, tortura y ejecuciones, como Villa Grimaldi y Londres 38, entre otros. Las torturas, entendidas como cualquier acto que provocara dolor físico o mental y que haya sido cometido por un agente del Estado contra una persona con el fin de obtener confesiones o de intimidarla, incluyeron desde golpes, heridas cortantes, electrochoques, violencia sexual, asfixia, hasta la muerte y desaparición de personas.
Con la DINA, la represión alcanzó la esfera internacional evidenciada especialmente en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires (1974), el atentado en Roma contra el ex ministro del Interior de Freí Montalva, Bernardo Leighton, y su señora Anita Fresno(1975), y la muerte del ex canciller y ministro de defensa de la UP, Orlando Letelier, y su secretaria Ronnie Moffitt en Washington (1976). Frente a las críticas internas y externas,en 1977 la DINA fue remplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI)
, pero esta siguió cumpliendo el mismo rol que su predecesora.
La lucha por los derechos humanos
Frente a la violación sistemática de los derechos humanos, surgieron organismos civiles y religiosos en defensa de las víctimas del terrorismo de Estado.
En Octubre de 1973, surgíó el Comité Pro Paz, organización de carácter ecuménico que reuníó a diversas iglesias y que entregó apoyo legal y social a las víctimas y sus familiares. El comité tuvo que enfrentar una férrea presión por parte del régimen y fue disuelto unos años después.
En 1975 se creó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuyo principal objetivo fue que las personas pudieran conocer el paradero de su familiar detenido.
En 1976, en remplazo del Comité Pro Paz, el Cardenal Raúl Silva Henríquez solicitó al papa Pablo VI la creación de la Vicaría de la Solidaridad, organización que se encargó de prestar asistencia de distinto tipo a las víctimas del régimen.
Por último, en 1980, se creó el Comité de Defensa del Pueblo (Codepu)
formado por asistentes sociales y abogados con el objetivo de asistir a las víctimas y familiares de detenidos desaparecidos.
Junto con estas organizaciones internas, diversos organis- mos internacionales y países condenaron los críMenes perpetrados por la dictadura militar. La ONU, por ejemplo, creó una comisión para analizar el tema, y países como Suecia, Venezuela y México apoyaron a los exiliados que escapaban de la represión política ejercida por el régimen.
La implementación de un nuevo modelo económico
Una vez instalada en el poder, desde el año 1974 la junta militar aplicó una serie de medidas destinadas a superar la grave crisis económica que experimentaba el país. Así, se comenzó a implementar en Chile un modelo neoliberal.
Como viste en la Unidad 3, este conjunto de políticas económicas fue adoptado por muchos países luego de la crisis del Estado de bienestar en la década de 1980; en este marco, Chile constituyó una de las primeras economías en aplicar sus medidas.
Carácterísticas del neoliberalismo en Chile
A partir de 1975, la implementación de este nuevo modelo fue asumida y dirigida por un grupo de economistas formados en su gran mayoría en la Universidad Católica y en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, donde conocieron los postulados del neoliberalismo. Este grupo fue reconocido como los “Chicago boys”, y sus ideas se reflejaron en los siguientes aspectos:
El nuevo rol del Estado
Se propuso un cambio en el rol asumido por el Estado, cuya función debía limitarse a regular la actividad de los privados, dejando atrás el carácter empresario, proteccionista y benefactor que lo había caracterizado en las décadas anteriores. El sector público pasó así a ser un “Estado subsidiario”, utilizando sus recursos para promover la participación de privados en distintas áreas, como la educación, la salud o la previsión.
La disminución del gasto fiscal
La nueva política eco- nómica requería de una reducción del gasto público, especialmente en el área social (vivienda, salud, previsión y educación) y en las obras públicas. Hubo también un recorte en la cantidad de empleados fiscales y en los salarios que estos recibían. Estas medidas fueron acompañadas por una política de privatizaciones, por lo que muchas de las empresas que hasta ese entonces eran controladas por el Estado pasaron a manos de particulares.
La apertura comercial
Se incentivó la inversión privada y extranjera a través de la eliminación de trabas y controles que dificultaban el comercio exterior. Por otra parte, se estimularon áreas de producción “no tradicionales” para la economía chilena, como la forestal, la pesquera y la frutícola. Esto último favorecíó la diversificación de las exportaciones, lo que tuvo resultados exitosos en una primera etapa de recuperación nacional.