Carácterísticas del franquismo

Comunes

* Totalitarismo. Se pretendía crear una dictadura mas dura. El totalitarismo intenta controlar a la sociedad, mientras que la dictadura solo el poder político

* Caudillismo. Es la concentración de todo el poder en una sola persona que se considera el salvador de la patria

* Centralismo. Se busca que todo el aparato del estado este en la capital, quitando los nacionalismos

* Represión. Persecución contra personas contrarias al régimen

* Control de los medios de comunicación y propaganda. Se le daba mucha importancia a la propaganda y a la censura

Especificas

* Larga duración. La larga duración hace que la dictadura se divida en varios periodos a cuerdo con los intereses del momento

* Personalismo. La concentración de poderes que Franco llego a tener fue mucho mayor que la de otros dictadores. Aunque había otras instituciones como las cortes estas eran simbólicas porque se hacia lo que el decía

Poderes de Franco

Todos sus poderes fueron absolutos hasta el día de su muerte. Reuníó en su persona los cargos mas importantes del estado, teniendo le máximo poder civil (jefe del estado) y la máxima potestad legislativa, ejecutiva y judicial. Todo el poder militar lo tenia el siendo jefe supremo de los ejércitos de tierra mar y aire, llamado el generalísimo. Era jefe de su partido, siendo caudillo

También legislaba en materia religiosa y la iglesia le concedíó 2 privilegios: derecho a entrar a la iglesia bajo palio y el derecho a nombrar los obispos

Ideología de la dictadura

Era tan personalista que la base fundamental de su régimen era la ciega obediencia al caudillo, el régimen nacíó como una mezcla de ideologías porque los sublevados tenían en común lo que no querían pero no lo que querían. Los militares querían una dictadura militar, los falangistas un régimen parecido al italiano y los carlistas querían volver a la monarquía

Etapas del régimen

1939-1945 El primer periodo fue de enorme influencia de la falange y del fascismo italiano coincide con la segunda Guerra Mundial

1945-1959 Se hace hincapié en la creencia religiosa, ahora somos amigos de los alemanes y nos olvidamos de los nazis

1959-1975 Es la época del desarrollismo, coincide con el declive físico de Franco. Franco cambia sus ministros más políticos por tecnócratas que ahora buscaran aumentar la economía del país. A partir de 1959 se inician los planes de desarrollo con la construcción de pantanos. Se pasa a una democracia orgánica que agrupaba a los ciudadanos por la familia, el municipio y el sindicato vertical al que pertenecían

Leyes fundamentales del régimen

La constitución republicana había que quitarla, pero tenia que haber algún tipo de ley que fuese superior a las otras y para ello se inventan las leyes fundamentales. Eran las siguientes.

Fuero el trabajo, fuero de los españoles, ley constitutiva de las cortes, ley de referéndum nacional, ley de sucesión de los principios del movimiento nacional, ley orgánica del trabajo.

La mas importante era la ley orgánica del estado que se promulgo en 1967y fue aprobada en referéndum nacional. Establecía las competencias y funcionamiento de los órganos del estado, aparte plasmaba las teorías de la democracia orgánica

Apoyos sociales

El apoyo social mas grande fue el de las clases altas. Los pequeños y medianos propietarios del norte y la meseta también apoyaron. Gran parte de la clase media también por miedo a los abusos. Los pobres no simpatizaban con el régimen pero ahora eran pasivos. Los grupos que mas apoyaban a Franco eran las familias del régimen a las cuales Franco siempre les dio una migajas de poder. Estas familias eran: el ejercito, la iglesia, el Opus Dei, la FET y de las JONS. La falange fue perdiendo poder pero conservo su influencia en el sindicato vertical y en el consejo nacional del movimiento

La muerte de Franco

La enfermedad de Franco se agravó a lo largo de 1974 y 1975. Con el dicta­dor sin poder ejercer sus funciones, el gobierno tuvo que hacer frente a un nue­vo foco desestabilizador, el conflicto del Sáhara. Este territorio, rico en fosfa­tos, era ambicionado por las vecinas Argelia, Mauritania y, sobre todo, por Marruecos. En 1973, los saharauis habían creado el Frente Polisario, una forma­ción nacionalista que abogaba por la independencia. España optó por aceptar la descolonización y permitir un referéndum de autodeterminación en el territorio.

En Octubre de 1975, el rey Rassan II de Marruecos, que contaba con el apo­yo de Estados Unidos para frenar una posible expansión de la Argelia socialis­ta, organizó la Marcha Verde, una invasión pacífica del territorio que movili­zó a decenas de miles de civiles. Ante el peligro de un conflicto bélico con Marruecos, España optó por claudicar. El 14 de Noviembre se firmó el Acuer­do de Madrid, que supónía la entrega del Sáhara a Marruecos y a Mauritania. El abandono de España inició un conflicto todavía no resuelto en la actualidad entre el Frente Polisario, que proclamó la República Árabe Saharaui Democrá­tica, y Marruecos. Franco fallecíó el 20 de Noviembre de 1975, dejando tras de sí un régimen anacrónico y en profunda crisis. Su pretensión de dejar el futuro de España «atado y bien atado» acabó siendo una ilusión sin fundamento.

El inmovilismo del gobierno de Arias Navarro

El 22 de Noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey. El monarca dispuso que continuara al frente del gobierno Carlos Arias Navarro, quien incorporó en su gabinete a los reformistas Fraga Iribarne y José María de Areilza. De este primer gobier­no de la monarquía se esperaba la aceleración de las reformas, que debían con­ducir a la progresiva democratización del sistema político español. Cuando Arias Navarro presentó su programa de gobierno ante las Cortes, se hizo evidente que apostaba por el continuismo franquista y que su plantea­miento reformista era del todo insuficiente. Su propuesta representaba una simple reproducción del viejo «espíritu del 12 de Febrero» y se limitaba a propo­ner unas leyes extremadamente restrictivas sobre el derecho de reuníón y de asociación, que no contemplaban la existencia de partidos políticos. La de­cepción se extendíó entre todos los demócratas.

Las movilizaciones populares

Para presionar a favor de una alternativa democrática, la oposición tomó la iniciativa política y definíó un programa común para todas las fuerzas antifran­quistas. Con esta orientación, los organismos unitarios creados en la etapa fi­nal de franquismo (Junta Democrática y Plataforma de Convergencia Democrá­tica) se unieron en la llamada Coordinación Democrática. Su propuesta política se expresaba en la fórmula de la ruptura democrática, es decir, un procedimiento constituyente que, a través de un gobierno provisional y unas elecciones generales, pusiera las bases de un nuevo sistema político. Las fuerzas antifranquistas también promovieron una serie de movilizaciones populares (manifestaciones, huelgas, campañas reivindicativas … ) que reclama­ban las libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos. Los conflictos laborales aumentaron y en numerosas ocasiones reivindicaban ade­más el cambio político. Las movilizaciones del invierno 1975-1976 adquirieron una dimensión desconocida hasta la fecha. En Cataluña y en el País Vasco se promovieron diversas huelgas generales y en Madrid varios sectores (metal, construcción) permanecieron en huelga du­rantes semanas. El gobierno y los empresarios respondieron a la conflictividad con gran contundencia represiva (detenciones, despidos … ). Especialmente gra­ves fueron los sucesos de la huelga general de Vitoria, en Marzo de 1976, con un balance de cinco muertos y decenas de heridos.

El gobierno de Suárez y la reforma política

La tensa situación del país polarizó las posturas dentro de la clase política procedente del franquismo. Los inmovilistas sólo aceptaban la continuidad del régimen y la represión policial a la vez que estimulaban la acción de grupos paramilitares para acallar a la oposición. Hay que situar en ese contexto el ase­sinato de estudiantes en las manifestaciones o los graves sucesos de Monteju­rra (Navarra), en Mayo de 1976, donde se enfrentaron las facciones franquista y demócrata del carlismo. Los reformistas, ante la incapacidad del gobierno de Arias Navarro, se esforzaron por desplazar del gobierno a los inmovilistas con el visto bueno de la monarquía. Su proyecto de cambio pretendía promover una reforma progresiva del sistema político a partir de la evolución de las leyes y de las instituciones franquistas. El rey Juan Carlos y sus colaboradores más cercanos forzaron la dimisión de Arias Navarro el 30 de Junio de 1976 y Torcuato Fernández-Miranda, presiden­te de las Cortes, maniobró para imponer como sucesor a Adolfo Suárez, un jo­ven político procedente de los sectores reformistas del Movimiento, que aceptó pilotar desde el gobierno la transición a la democracia. Para ello era necesario anular la resistencia de los inmovilistas en las instituciones del Estado y atraer hacia su proyecto a una buena parte de la oposición democrática. Tras acceder a la presidencia del gobierno, Suárez inició contactos con las fuerzas demo­cráticas y promulgó un indulto para los presos políticos. Además, propuso un audaz proyecto, la Ley de Reforma Política (LRP), que reconocía los dere­chos fundamentales de las personas, cónfería la potestad legislativa en exclusi­va a la representación popular y prevéía un sistema electoral democrático. El principal problema de la Ley de Reforma era su aprobación por las Cortes franquistas, teniendo en cuenta que propónía su desmantelamiento y el esta­blecimiento de una nueva Asamblea bicameral (Congreso y Senado) elegida por sufragio universal. La Ley fue aprobada sin problemas por las Cortes y en ello desempeñaron un papel decisivo las negociaciones subterráneas del gobierno con muchos de los procuradores franquistas, a los que se les garantizó que po­drían mantener su estatus económico y social, que no se les pedirían responsa­bilidades políticas y que no se legalizaría al partido comunista. La Ley fue so­metida a referéndum el 15 de Diciembre de 1976 y aprobada por el 81 % de los votantes. Aunque la oposición de izquierdas pidió la abstención por considerar la ley insuficiente, ésta no pasó del 30 %.

La Constitución de 1978

Las Cortes elegidas el 15 de Junio de 1977 no tenían formalmente el carácter de constituyentes. Sin embargo, pronto se impuso la opi­nión de que su primera tarea debía ser la elaboración de una Cons­titución democrática. Para su redacción se eligió una Ponencia for­mada por diputados de todos los partidos que tenían representación en las Cortes -menos la minoría vasca, que renunció-. La redacción de la Constitución inició la llamada política de con­senso, que consistíó en resolver las cuestiones claves para la cons­trucción de la democracia y los problemas que se presentaban me­diante la negociación y el acuerdo entre las fuerzas políticas. La Constitución adoptó un carácter progresista, aunque presen­taba una cierta ambigüedad, producto del consenso, que permitía que su desarrollo legislativo fuera asumido tanto por la izquierda co­mo por la derecha democrática. El texto constitucional fue publicado el 6 de Noviembre de 1978 y sometido a referéndum popular el 6 de Diciembre de 1978. La consulta arrojó una amplia mayoría a favor y dio validez a una Constitución que permanece vigente hasta el día de hoy. La Constitución de 1978 define España como un «Estado social y democrático de Derecho», organizado como una monarquía parla­mentaría, en la que la Corona tiene básicamente funciones repre­sentativas, y en la que el ejército queda sometido al poder civil. Así­mismo, el texto fija el carácter no confesional del Estado, abole la pena de muerte y desarrolla una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas que incluyen el dere­cho a la huelga y a la libre sindicación. En la Constitución se recogen también los principios rectores de la política social y económica. Así pues, aunque el texto constitu­cional reconoce la libertad de mercado, prevé la posibilidad de plañí­ficación económica con la intervención del Estado en la propiedad por motivos de interés público. Asimismo, la carta magna establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y reco­noce como lengua oficial del Estado el castellano, además de las len­guas propias en las respectivas Comunidades Autónomas. También instaura un Tribunal Constitucional y los mecanismos necesarios de la reforma del texto constitucional.