En 1810, la Regencia decidíó convocar Cortes Generales extraordinarias para

contrarrestar las Cortes convocadas por José I, y también por la preocupación ante los
poderes locales que se estaban estableciendo en América, que empezaban a actuar
de forma independiente, lo que ponía en peligro el Imperio español. El problema para
muchos de los diputados elegidos fue que la guerra les imposibilitaba llegar a Cádiz
para participar en las Cortes. Los diputados ausentes fueron sustituidos por suplentes
gaditanos u oriundos de cada provincia y de los territorios americanos que en ese
momento estaban en Cádiz.
La composición social que predominó en las Cortes fue las clases medias con
formación intelectual, eclesiásticos, abogados, funcionarios, militares, catedráticos y
miembros de la burguésía industrial y comercial. La alta nobleza y la jerarquía
eclesiástica apenas tuvieron representación en Cádiz. No había en cambió, ningún
representante de las masas populares, como campesinos, ni tampoco ninguna mujer,
carentes todavía de todo derecho político.

Las Cortes se inauguraron en Septiembre de 1810 con el juramento de los

diputados de defender la integridad de la nacíón española. Desde su inicio
demostraron que no se parecían en nada a las antiguas Cortes; ya que se
autoproclamaron Asamblea Constituyente y asumían la soberanía nacional, al igual
que había pasado en la Francia de 1789.
De inmediato surgieron dos tendencias ideológicas en la cámara gaditana. Los
absolutistas, llamados despectivamente “serviles”, y que pretendían mantener el viejo
orden monárquico; y los liberales, partidarios de reformas revolucionarias, y que
contaban con el apoyo de la mayoría de la cámara, y cuyo grupo estaba formado no
solo por las clases medias burguesas, sino también por algunos miembros de la
nobleza y eclesiásticos liberales que tuvieron una destacada participación.

El problema de las tierras amortizadas (en manos muertas) que tenían la nobleza, el
clero y los municipios, ya fue planteado por los ilustrados en el siglo XVIII con el
objetivo de mejorar el rendimiento agrícola.
Las primeras desamortizaciones se dieron
durante el reinado de Carlos IV, para atender el déficit de la Hacienda pública;
Y en el
Siglo XIX pasaron a formar parte de los programas económicos de los Gobiernos
liberales como forma de mejorar el rendimiento agrícola, crear una clase media de
pequeños propietarios, atender la deuda pública y financiar otros sectores productivos.
Hechos históricos del momento:
En 1834, la incierta evolución de la guerra carlista, la desastrosa situación de
Hacienda pública y la aparición de una epidemia de cólera, crearon un clima de
crispación social y política. Con el objetivo de mitigar una situación casi revolucionaria,
la regente María Cristina llamó para formar Gobierno a los liberales progresistas,
destacando el Gobierno de Juan Álvarez de Mendizábal, que emprendíó una serie
de reformas para solventar la difícil situación. Entre ellas, destaca la desamortización
eclesiástica aprobada en Febrero de 1836, y cuyo objetivo de paliar el déficit de la
Hacienda pública. El decretó la desamortización provocó la reacción de la nobleza y
alto clero, que presionaron a María Cristina para destituir a Mendizábal y la vuelta de
los moderados al Gobierno.
Consecuencias históricas:
A lo largo del XIX se seguirán haciendo leyes de desamortización, entre las que
destaca la Ley de desamortización de Pascual Madoz de 1855 que afectó
especialmente a los municipios. Las desamortizaciones sirvieron para atender el déficit
de la Hacienda pública y para la inversión en infraestructuras como los ferrocarriles,
pero en general, no se obtuvieron los resultados esperados: se mantuvo la estructura
latifundista de la propiedad agraria, ya que las tierras desamortizadas fueron a parar a
grupos sociales adinerados como la alta burguésía y la alta nobleza, excluyendo a los
pequeños campesinos, que pasaron en su mayoría a ser jornaleros. Tampoco
sirvieron para mejorar el rendimiento agrícola, por lo que no generó un excedente de
capital privado que se pudiese invertir en los nuevos sectores productivos. En el siglo

XX parte de estos problemas persistían, volvíéndose a abordar en 1932, durante la II
República con la Ley de Reforma Agraria.
Idea principal y secundarias:
La idea principal del texto es exponer a Ma Cristina los beneficios que conlleva la Ley
de desamortización para que la apruebe.
Las ideas secundarias hacen referencia a los diferentes beneficios que justifican la
aprobación de dicha Ley:
– Atender la deuda pública, incrementada por la guerra carlista.
– Mejorar el rendimiento de la agricultura y generar riqueza que ayude a financiar
sectores productivos como la industria.
– Reforzar el trono de Isabel II identificándolo con el liberalismo.
– Extender el modelo de propiedad privada y una clase media de pequeños
propietarios agrícolas que fuesen afines al régimen liberal.