Tras la proclamación de la II República se formó un gobierno provisional que reflejaba lo acordado en el Pacto de San Sebastián. Lo presidíó Alcalá Zamora y contaba con representantes de la derecha y la izquierda republicana, socialistas y autonomistas gallegos. Era un gobierno interino pero tuvo que adoptar de inmediato medidas de reforma en el ámbito social, militar, educativo y territorial. Surgieron los primeros conflictos ante estas reformas. El 14 de Abril Macia líder de Esquerra Republicana de Cataluña proclamó en Barcelona la República catalana independiente dentro de una Confederación de Pueblos Ibéricos. El 1 de Mayo la máxima autoridad de la Iglesia española, el cardenal Segura atacó al nuevo régimen en una pastoral lo que inició unas difíciles relaciones entre la Iglesia y el gobierno. También fueron habituales los enfrentamientos entre monárquicos y republicanos y en la izquierda entre anarquistas y socialistas. El gobierno convocó elecciones para el 28 de Junio de 1931 con un decreto que modificaba la ley electoral de 1907 estableciendo una única cámara de diputados, 23 años como edad de voto y que permitía a las mujeres ser candidatas, pero no votar. Las elecciones dieron un claro triunfo a los partidos de izquierda, sin embargo aún se mantuvo el gobierno provisional unos meses, hasta que estuviera lista la nueva Constitución. Cuando esta se aprobó en Diciembre de ese año, se creó ahora sí un nuevo gobierno presidido por Manuel Azaña e integrado por republicanos de izquierdas y socialistas. La presidencia de la República fue para el conservador Alcalá-Zamora. El nuevo gobierno continuó con la política de reformas iniciada por el gobierno provisional con el objetivo de lograr una profunda transformación de la sociedad española, si bien estas medidas van a coincidir con un periodo de crisis económica. Las reformas más importantes fueron las siguientes: Sociolaborales, obra de socialista
Largo Caballero, podemos destacar el salario mínimo o el decreto de términos municipales. Estas medidas no gustaron a los empresarios, pero tampoco lograron la colaboración de los anarquistas, por lo que las relaciones entre patronos y obreros se deterioraron. Militares, impulsadas por Manuel Azaña, buscaron imponer la supremacía del poder civil y lograr un ejército más moderno y eficaz. Suprimíó la Academia General de Zaragoza y buscó la lealtad a la República bajo juramento de los oficiales que permanecieron en su puesto. Educativas y culturales, dirigidas por Fernando de Los Ríos, buscaban la modernización de España mediante la mejora de la enseñanza y la erradicación del analfabetismo, para lo cual era primordial un plan de acción en la enseñanza primaria que además acabara con la hegemonía de la Iglesia en la educación. La reforma agraria, fue el proyecto social y económico de mayor magnitud para la República, ya que el 50% de la población activa española eran campesinos y la mayoría jornaleros. El proyecto tenía tres objetivos: entregar parcelas a los campesinos más pobres para evitar conflictos sociales, disminuir el poder de los grandes terratenientes e incrementar la producción del sector agrario. La reforma autonómica, fue otro de los asuntos más polémicos de la etapa. Tras frenar la creación de la República Catalana de Macia, el gobierno inició las negociaciones para elaborar un Estatuto de autonomía para Cataluña que fue aprobado por el Parlamento en Septiembre de 1932 y que solo concedía competencias en cultura, obras públicas y orden público. La autonomía vasca tuvo una tramitación más lenta ya que el modelo de Estatuto propuesto por los nacionalistas fue rechazado por el Parlamento por demasiado tradicionalista y el nuevo no fue aprobado hasta Octubre de 1936. El gallego no lo aprobó el Parlamento hasta 1938 y nunca llegó a aplicarse. Las reformas religiosas, tuvieron como objetivo reducir el poder y la influencia social de la Iglesia, a lo ya reséñado al hablar de la Constitución podemos añadir el fin del mantenimiento económico del clero por el Estado, la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y la retirada de los símbolos religiosos de los edificios públicos. Estas medidas fueron rechazadas por los católicos españoles y por el Vaticano. La actividad reformista encontró fuerte resistencia tanto en los sectores populares radicales como en los más conservadores. Los anarquistas impulsaron iniciativas obreras y campesinas al margen del Estado al declarar a la República enemiga de la clase obrera, lo que provocó numerosas huelgas generales e incidentes graves como el de Casas Viejas, cuya resolución desacreditó gravemente al gobierno. El ejército intentó varios levantamientos de los que el más importante fue el del general Sanjurjo en Agosto de 1932 que fracasó por su falta de organización y acabó con los golpistas encarcelados. Esta acumulación de incidentes provocó finalmente una crisis de gobierno y la ruptura de la coalición republicano-socialista, con la consiguiente dimisión de Azaña. Tras un breve gobierno del partido radical con Martínez Barrio de presidente, Alcalá-Zamora decidíó disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para Noviembre de 1933
Largo Caballero, podemos destacar el salario mínimo o el decreto de términos municipales. Estas medidas no gustaron a los empresarios, pero tampoco lograron la colaboración de los anarquistas, por lo que las relaciones entre patronos y obreros se deterioraron. Militares, impulsadas por Manuel Azaña, buscaron imponer la supremacía del poder civil y lograr un ejército más moderno y eficaz. Suprimíó la Academia General de Zaragoza y buscó la lealtad a la República bajo juramento de los oficiales que permanecieron en su puesto. Educativas y culturales, dirigidas por Fernando de Los Ríos, buscaban la modernización de España mediante la mejora de la enseñanza y la erradicación del analfabetismo, para lo cual era primordial un plan de acción en la enseñanza primaria que además acabara con la hegemonía de la Iglesia en la educación. La reforma agraria, fue el proyecto social y económico de mayor magnitud para la República, ya que el 50% de la población activa española eran campesinos y la mayoría jornaleros. El proyecto tenía tres objetivos: entregar parcelas a los campesinos más pobres para evitar conflictos sociales, disminuir el poder de los grandes terratenientes e incrementar la producción del sector agrario. La reforma autonómica, fue otro de los asuntos más polémicos de la etapa. Tras frenar la creación de la República Catalana de Macia, el gobierno inició las negociaciones para elaborar un Estatuto de autonomía para Cataluña que fue aprobado por el Parlamento en Septiembre de 1932 y que solo concedía competencias en cultura, obras públicas y orden público. La autonomía vasca tuvo una tramitación más lenta ya que el modelo de Estatuto propuesto por los nacionalistas fue rechazado por el Parlamento por demasiado tradicionalista y el nuevo no fue aprobado hasta Octubre de 1936. El gallego no lo aprobó el Parlamento hasta 1938 y nunca llegó a aplicarse. Las reformas religiosas, tuvieron como objetivo reducir el poder y la influencia social de la Iglesia, a lo ya reséñado al hablar de la Constitución podemos añadir el fin del mantenimiento económico del clero por el Estado, la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y la retirada de los símbolos religiosos de los edificios públicos. Estas medidas fueron rechazadas por los católicos españoles y por el Vaticano. La actividad reformista encontró fuerte resistencia tanto en los sectores populares radicales como en los más conservadores. Los anarquistas impulsaron iniciativas obreras y campesinas al margen del Estado al declarar a la República enemiga de la clase obrera, lo que provocó numerosas huelgas generales e incidentes graves como el de Casas Viejas, cuya resolución desacreditó gravemente al gobierno. El ejército intentó varios levantamientos de los que el más importante fue el del general Sanjurjo en Agosto de 1932 que fracasó por su falta de organización y acabó con los golpistas encarcelados. Esta acumulación de incidentes provocó finalmente una crisis de gobierno y la ruptura de la coalición republicano-socialista, con la consiguiente dimisión de Azaña. Tras un breve gobierno del partido radical con Martínez Barrio de presidente, Alcalá-Zamora decidíó disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para Noviembre de 1933