La economía del s. XIX se caracterizó por un crecimiento lento y un atraso respecto a países europeos. Hasta 1840 estuvo estancada; comenzando una recuperación que llevó a un lento crecimiento en el último tercio del siglo.
En todos los países avanzados de Europa, la Revolución industrial requirió previamente una revolución agrícola, que en España no se produjo: los excedentes de la agricultura eran insuficientes para garantizar un crecimiento elevado de la población, la demanda campesina de bienes industriales fue muy reducida, y la transferencia de población de la agricultura a la industria fue insignificante. España pretendíó impulsar, como otros países europeos, el proceso de Revolución industrial, para transformar la vieja estructura económica, esencialmente agrícola, en otra nueva, basada en el desarrollo de la industria y el comercio. Pero el resultado final quedó lejos de lo que se pretendía.
La industrialización española fue tardía e incompleta, hasta mediados del XIX era artesanal y local. El despegue comenzó en la Década moderada, en los cincuenta tuvo un periodo de crisis (desamotizaciones y subida del algodón) y en el último cuarto inició la recuperación hasta 1898.  Hacia 1839 la industria textil catalana era el único sector que había iniciado la industrialización, gracias al proteccionismo e innovaciones tecnológicas (maquinas de hilar, telares mecánicos a vapor y después selfactinas). La Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas (1822) le favorecíó; el 98 la frenó hasta 1906. La industria siderúrgica inició su desarrollo en Málaga (1830-1850), a mediados de siglo se desarrolló en Asturias (La Felguera;) en 1880 se desplazó a Vizcaya (capital mixto y sistema Bessemer), donde aparecieron dos empresas:
Altos Hornos de Vizcaya y de Bilbao (fusionadas en 1902), teniendo la primacía del acero. Otras industrias: agroalimentaria, química, papelera y minera. Esta última se impulsó a través de la Ley de Minas (1868) liberalizando el sector, desde 1870 crecíó enormemente: La Carolina, Riotinto, Almadén…
Un sector deficiente fue la energía. Con la Revolución industrial el carbón se empleó masivamente, pero el español era escaso, de mala calidad y caro. Comenzó el desarrollo de nuevas fuentes de energía (petróleo y electricidad), aunque con escasos efectos sobre la economía española al ser explotados por sociedades extranjeras y exportadas.

España quedó relegada a uno de los últimos puestos europeos debido a: inexistencia de un mercado nacional y escasez de capitales españoles. Las consecuencias: predominio de capital extranjero, limitada a la industria periférica (catalana y vasca) y poco competitiva, lo que obligaba al proteccionismo.
Era necesario modernizar los transportes y comunicaciones para impulsar la economía. Hasta finales del XVIII el transporte era caro y lento. Durante el Bienio progresista se impulsó el ferrocarril, con la Ley General de Ferrocarriles-1855, apoyado con la Desamortización de Madoz y la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito;
posibilitando la entrada de capital extranjero (francés), desgravando la importación de materiales y dando subvenciones. Las consecuencias de la ley:
Concesiones a compañías extranjeras, el escaso capital privado invirtió en ferrocarril y no en industria, al final había ferrocarril y pocos productos que transportar, acarreando una crisis
que paralizó el avance hasta 1876. Como efectos negativos del ferrocarril, se pueden señalar el diferente ancho de vía y el estar centrado en Madrid. Otros avances en el sector: extensión de la navegación a vapor y modernización de correos y telégrafos.
En el comercio, el mercado interior, hasta mediados de siglo, hacía frente a obstáculos geográficos y trabas legales (gremios, portazgos, pontazgos y peajes), su abolición y mejora en los transportes, facilitó la unificación del mercado nacional. El comercio exterior, a pesar de la pérdida de la América continental, aumentó; pero la balanza comercial fue deficitaria (exportaban materias primas y productos semielaborados e importaban industriales). Frente a la primacía industrial británica, los países europeos trataron de proteger sus nacientes industrias. España practicó una política proteccionista (fabricantes de algodón catalanes, cerealistas castellanos e industriales siderúrgicos vascos). Pero los defensores del librecambismo, querían reducir la intervención del Estado, dejando al mercado libre. España pasó de un alto proteccionismo (Arancel de 1826), a una reducción a mediados de siglo, a una política relativamente librecambista (Arancel Figuerola-1869), volviendo al proteccionismo en la Restauracio
El sector financiero jugó un papel básico en la industrialización y economía. Con Fernando VII se creó el Banco de S.
Fernando (1829) y la Bolsa de Madrid (1831). La Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (1856) inició la modernización del sistema bancario; nace el Banco de España (1856) y entidades como el Banco de Santander (1857), Banco de Bilbao (1857) y Banco Hipotecario (1872). Pero hasta los años treinta circulaban monedas distintas obstaculizando el comercio. En 1868 se instauró la peseta como moneda oficial, logrando la unidad monetaria.