Los sucesos de Aranjuez de 1808, la invasión napoleónica y el levantamiento popular del 2 de Mayo en Madrid supusieron el inicio de un proceso histórico que inauguraba la Historia Contemporánea de España.
El reinado de Carlos IV (1788-1808) tuvo que hacer frente al estallido de la Revolución francesa de 1789. En política interior, se incrementó la censura mediante la Inquisición, para acabar con la difusión de las ideas revolucionarias. En política exterior, la revolución llevó al enfrentamiento con Francia y a la alianza con el Reino Unido hasta 1795. A partir de esa fecha se reanudó la alianza con Francia y se inicia el conflicto con Inglaterra, al que se pone fin momentáneamente con la Paz de Amiens (1802). La monarquía de Carlos IV se encontraba muy desprestigiada. Las razones residían en una crisis del sistema, cuyas principales figuras eran el rey, su esposa (María Luisa de Parma) y el valido, el poderoso Manuel de Godoy. La política económica ordenada por Godoy para hacer frente a la crisis financiera provocó la enemistad de la Corona con la Iglesia. Además, el déficit de la Hacienda aumentó por las guerras y un sistema fiscal poco eficaz. Otro motivo de crisis era la dependencia de la política exterior de la Francia de Napoleón. Una de las consecuencias más graves fue la derrota de las armadas española y francesa en Trafalgar (1805), frente al ejército británico. Un nuevo acuerdo con Francia, el Tratado de Fontainebleau (1807), permitíó la entrada de las tropas francesas con la excusa de invadir Portugal. Esta política inestable permitíó la oposición del llamado partido fernandino, formado por aristócratas contrarios a las políticas de Godoy y favorables a la causa del príncipe Fernando. En el llamado proceso de El Escorial (1807), el partido fernandino fracasó en su intento de conspiración contra la Corona. No obstante, en 1808, el motín de Aranjuez provocó la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. A la vez, Napoléon intervino en los asuntos de la familia real y la convocó en Bayona, donde Napoleón obligó a Carlos IV y a Fernando VII a renunciar al trono y cedérselo a él, para entregárselo a su hermano José Bonaparte (José I de España). El 2 de Mayo de 1808, mientras ocurrían las abdicaciones de Bayona, el pueblo de Madrid se alzó contra las tropas francesas. El general francés Murat reprimíó duramente este levantamiento, aunque la insurrección se extendíó a toda España, lo que sorprendíó al ejército francés. La guerrilla fue el instrumento que canalizó la lucha del pueblo llano contra el invasor. Daba así comienzo la Guerra de la Independencia. La victoria del caótico ejército español en Bailén, frente al efectivo y exitoso ejército francés, provocó que Napoleón se pusiera al mando de su ejército. La recuperación de Madrid por las tropas napoleónicas y la victoria francesa en Ocaña (Toledo, 1809) permitieron a Napoléon ocupar casi toda España, excepto la ciudad de Cádiz. Sin embargo, la ayuda del ejército británico al mando del general Wellington, facilitó que los españoles fueran recuperando terreno. En 1812, los efectos negativos de la campaña francesa en Rusia obligaron a Napoleón a retirar tropas de España. La debilidad del ejército francés fue aprovechada por las tropas españolas e inglesas, que vencieron a los franceses en la batalla de Arapiles (Salamanca, 1812). Una nueva derrota francesa en Vitoria (1813) precipitó la salida de José I de España. Finalmente, la victoria española en San Marcial (1813) obligó al ejército francés a abandonar España. Napoleón, ante la derrota, firmó con Fernando VII el Tratado de Valençay, por el que recuperaba el trono de España, finalizando así la Guerra de la Independencia.
La evolución política de la España ocupada por los franceses generó un proceso revolucionario y una confrontación entre afrancesados y patriotas, y dentro de estos últimos, entre liberales y absolutistas.
Los franceses intentaron implantar por la fuerza un sistema de gobierno basado en el liberalismo, aunque con un carácter autoritario. El sistema se recogíó en el estatuto de Bayona, que era una carta otorgada. El texto manténía la concentración de todos los poderes en el rey y recordaba que España era un país católico. Aun así, incluía una limitada declaración de derechos y algunas reformas liberales, como la libertad de imprenta y de comercio. El rey José I fue el encargado de poner en marcha este proyecto, aunque en realidad estaba subordinado a su hermano Napoleón. Sin embargo, intentó gobernar con el apoyo de ilustrados españoles, los denominados “afrancesados”.
En el bando de los patriotas, el proceso revolucionario que vivíó el país tuvo varios centros de acción. Uno de ellos fue la guerrilla, un instrumento de resistencia popular que fue dirigido por la Junta Central. De hecho, fueron las juntas revolucionarias de cada una de las localidades las que asumieron el poder, ante el vacío que surgíó tras la invasión napoleónica. Estas juntas locales dieron lugar a las provinciales y estas, a su vez, promovieron la Junta Central (1808). Por último, la Junta Central decidíó la convocatoria de unas Cortes que representaran a la nacíón, lo que impulsó la celebración de las Cortes de Cádiz.
Durante la ocupación francesa, el pueblo adoptó dos actitudes. Unos querían iniciar la reforma de la monarquía a través del liberalismo, mientras que otros pretendían mantener el absolutismo anterior. Ambas tendencias fueron las que decidieron reunirse en Cádiz, por ser fácil de defender ante la ocupación francesa.
En las Cortes de Cádiz se impusieron los liberales, que propónían que una cámara asumiera la soberanía nacional y elaborara una Constitución, frente a los absolutistas y a los “jovellanistas”, que pretendían un régimen más cercano al despotismo ilustrado.
La obra legislativa de las Cortes de Cádiz representó una ruptura radical. El primer decreto establecíó que la soberanía residía en la nacíón (1810), por lo que el rey dejaba de ser soberano. Asimismo se proclamó la igualdad ante la ley, poniendo fin a la sociedad estamental. Por último, se plantearon reformas como la libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición y la de los señoríos jurisdiccionales.
El 19 de Marzo de 1812 se aprobó una Constitución, conocida popularmente como “La Pepa”. Los principios de la Constitución combinaban la tradición española con el liberalismo. Se reconocía la soberanía nacional, los derechos y libertades individuales y la libertad económica. El poder legislativo correspondía a las Cortes, unicamerales; el ejecutivo quedaba en manos de la corona; y el poder judicial era independiente. La elección de los representantes era por sufragio universal masculino y se creó la Milicia Nacional. No obstante, el sistema adoptó la forma de una monarquía moderada, en la que la corona asumía el poder y la religión católica era la única de la nacíón española.
La Constitución de 1812 apenas pudo aplicarse debido al contexto de guerra, aunque se convirtió en un mito para el liberalismo español la mayor parte del Siglo XIX.
El proceso desamortizador fue la primera pieza de la transformación agraria del Siglo XIX. Desde el punto de vista de la política económica, desamortizar era nacionalizar los bienes de la Iglesia o de los municipios para luego ser vendidos en subasta pública. Los ingresos de estas ventas iban dirigidos a sanear la Hacienda Pública. Durante la crisis de 1808 y la guerra de la Independencia, los gobiernos de Godoy y las posteriores reformas de las Cortes de Cádiz habían intentado llevar a cabo una primera desamortización que, sin embargo, terminó en fracaso. Fue en la etapa de las regencias, al inicio del reinado de Isabel II, cuando se inicia una desamortización de carácter libe- ral. La llamada desamortización de Mendizábal (ministro de Hacienda) afectó a los bie- nes del clero regular (conventos y monasterios) y también a los del clero secular. El do- ble objetivo era sanear la Hacienda y la deuda, así como crear un grupo de propietarios favorables a la causa liberal.
La desamortización de Mendizábal se prolongó hasta el final de la regencia de Espartero, cuando su aplicación quedó paralizada por el gobierno moderado de Narváez. Tras los gobiernos conservadores de la Década Moderada se continuó con el proceso de desamortización durante el Bienio Progresista (1854-1856), gracias a la ley de desamor- tización de Madoz. Afectó tanto a los bienes de la Iglesia como a los de los municipios. El proceso se prolongó hasta la Restauración (1876). En general, las consecuencias de este gran proceso de nacionalización y venta en sus diversa fases fueron múltiples. Los compradores fueron gente adinerada de la antigua aristocracia y burgueses enriquecidos que ocupaban los altos cargos de la administra- ción, el ejército o la Iglesia, por lo que la nobleza terrateniente no sólo incrementó su patrimonio y mantuvo su poder político, sino que aumento en número. En este sentido, los grandes perdedores fueron los campesinos, la Iglesia y los municipios. Los campesi- nos pasaron de ser usuarios de bienes comunales o tierra de baja renta a pagar rentas más elevadas para su cultivo. La iglesia, a su vez, perdíó gran parte de su patrimonio, mientras que los municipios perdieron su principal fuente de ingresos. En el aspecto positivo, las desamortizaciones permitieron poner en cultivo gran cantidad de tierras abandonadas y resolvíó, en parte, el problema de la carestía de alimentos. No obstante, a pesar del crecimiento, la estructura productiva de la agricultura española apenas se modificó y el crecimiento de la producción fue escaso hasta el último cuarto de siglo. Durante el reinado de Isabel II, la sociedad estamental dio paso a la sociedad de clases, en la que la posición dependía de la riqueza. En la cúspide estaban las clases altas, una alianza entre la nobleza y la alta burguésía enriquecida, que tenían el poder político, económico y los cargos públicos. Por debajo subsistían unas escasas clases medias y una gran masa con poco poder económico.MEl grupo dirigente del Antiguo Régimen, la alta nobleza y la jerarquía eclesiástica, man- tuvo un gran poder en la sociedad liberal del Siglo XIX. La aristocracia se benefició de la revolución liberal pues mantuvo su patrimonio. A su vez, la alta burguésía se definíó como un grupo dedicado a los negocios, además de poseer grandes patrimonios gracias a la compra de bienes en las desamortizaciones. En sus formas de vida tendían a imitar a la aristocracia. Las clases medias eran un grupo en crecimiento, pero aún poco numeroso. Su frontera social era imprecisa, abarcaba entre la aristocracia y la alta burguésía por arriba y las clases modestas por abajo. Entre sus valores de grupo destacaban el orden, la paz, el trabajo y el ahorro. Existía una clase media rural, formada por medianos propietarios, y otra clase media urbana, más numerosa e influyente, integrada por comerciantes, fun- cionarios, profesionales liberales, militares, periodistas o eclesiásticos. En general, cons- tituyeron un grupo muy influyente porque formaban parte tanto de la administración local como de la estatal, además de controlar los servicios básicos de la sociedad.
En cuanto a las mujeres de las clases altas y medias, no trabajaban fuera de casa y dispo- nían de personal de servicio. La mayor parte de la población vivía en el medio rural y sus condiciones de vida cambia- ron poco durante el reinado de Isabel II. Hubo campesinos que accedieron a pequeñas propiedades con las desamortizaciones de bienes municipales, pero su capacidad pro- ductiva era muy débil. El prototipo mayoritario era el jornalero, sobre todo en los latí- fundios de secano del sur. Los jornaleros no trabajaban parte del año, tenían bajos in- gresos y sus condiciones de vida eran penosas ya que sufrían un desempleo estacional. Aunque la población urbana era escasa su papel era fundamental. La mayor parte se dedicaban al sector servicios, pero también había un importante número de artesanos. En cuanto a los obreros industriales, sus condiciones de vida eran muy duras: jornadas de entre 10 y 15 horas, trabajo sin contrato, despido libre y sin seguridad social. Las mujeres de los grupos no acomodados de la sociedad trabajaban fuera de casa co- mo criadas, asistentas, lavanderas o amas de cría, sin horario, sin días de descanso y con poco salario. La otra ocupación femenina eran las tareas agrícolas, el comercio o los talleres. Sus salarios eran hasta un tercio o la mitad más bajos que los de los hombres. Por último, los marginados de la sociedad (pobres, mendigos, vagabundos, maleantes, gitanos, prostitutas, enfermos, presidiarios, huérfanos, viudas y homosexuales) vivían de la caridad, mendigaban o delinquían.
El levantamiento militar de Topete en Cádiz de 1868 da paso a un movimiento revolucionario conocido como “La Gloriosa”. Esta revolución fue el resultado de una alianza entre progresistas, unionistas, demócratas y militares como Prim y Serrano. El objetivo era derrocar a la reina Isabel II y su difusión fue rápida. La incapacidad para frenar la sublevación quedó de manifiesto en la batalla del puente de Alcolea (1868). El triunfo de los sublevados provocó que Isabel II se fuera a Francia. Se formaron juntas revolucionarias en toda España que encomendaron al general Serrano la presidencia de un gobierno provisional, con Prim en el ministerio de la guerra. Sus primeras medidas se dirigieron a poner orden, atender algunas peticiones populares y realizar algunas medidas económicas, como la creación de una nueva moneda, la peseta. En 1869 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino, las cuales aprobaron una nueva Constitución de ideología progresista. Establecía la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, un sistema bicameral con el Congreso y el Senado, una monarquía parlamentaria y una amplia declaración de derechos, como el de libertad de culto, de reuníón o de expresión. La adopción de una monarquía como forma de gobierno provocó la oposición de los republicanos, obligó a nombrar a Serrano regente y a Prim como jefe de gobierno. Se planteó la necesidad de elegir un nuevo monarca. Al final se optó por Amadeo de Saboyá como nuevo rey de España. El principal defensor del nuevo monarca fue el general Prim. Pero el mismo día en que Amadeo I llegaba a España, Prim fallecíó víctima de un atentado. Amadeo I perdíó su principal apoyo político, por lo que nunca contó con el apoyo de los militares, de la aristocracia, y de Serrano. Uno de los principales problemas fue la división de unionistas y progresistas. Los primeros se convirtieron en los “alfonsinos”, dirigidos por Cánovas del Castillo y defensores de la restauración en el trono del hijo de Isabel II, Alfonso. Los progresistas se dividieron en los constitucionalistas de Sagasta y los radicales de Zorrilla. Al final, la agitación social, la oposición de los republicanos y el malestar en el Ejército provocaron que Amadeo I renunciara a la corona en 1873. Al día siguiente se proclama la república. El primer presidente de la I República fue Estanislao Figueras, el cual mantuvo la Constitución de 1869, aunque suprimíó los artículos referidos a la monarquía. Más tarde abolíó la esclavitud en Puerto Rico. Se convocaron elecciones y se proclamó una república federal, cuyo nuevo presidente fue Pi i Margall. Pronto surgíó el cantonalismo, un movimiento social cuyo objetivo era implantar el federalismo de manera radical. El movimiento cantonalista se inició en Cartagena, aunque pronto se difundíó por otros cantones de Levante y Andalucía. Nícolás Salmerón sustituyó a Pi i Margall en la presidencia de la república e inició la represión del cantonalismo. Sin embargo, a los pocos meses, Salmerón fue sustituido por Emilio Castelar, que defendía una república centralista, y movilizó al ejército para reprimir el problema cantonal y acabar con la tercera guerra carlista y la guerra en Cuba. Ante la debilidad del gobierno, el general Pavía protagonizó un Golpe de Estado que colocó a Serrano como presidente de una “dictadura”. El objetivo de este gobierno autoritario era recuperar el orden y preparar el retorno de Alfonso, el hijo de Isabel II. En 1874, el general Martínez Campos realizó un Golpe de Estado y proclamó a Alfonso XII nuevo rey de España, sin la participación de Cánovas del Castillo y los “alfonsinos”. No obstante, se inauguraba una nueva etapa para la historia política de España.
La restauración de la monarquía borbónica con Alfonso XII fue producto de un plan político ideado por Cánovas del Castillo. Su programa se reducía al liberalismo y a la fidelidad al príncipe Alfonso. Por esta razón, el pronunciamiento del general Martínez Campos no fue bien visto por Cánovas, que deseaba limitar el poder del Ejército. En el Manifiesto de Sandhurst (1874), redactado por Cánovas y firmado por Alfonso XII, se defendía el carácter abierto de la monarquía constitucional y la necesidad de que el catolicismo fuera compatible con el liberalismo y la superación de las constituciones anteriores. De esta forma, el sistema de la Restauración se basaba en el pragmatismo político y la defensa de una “constitución histórica”. Además, buscaba implantar la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y acabar con la influencia del Ejército en la política, para ofrecer a los partidos políticos todo el poder político. No obstante, el sistema electoral permitíó el fraude para garantizar el “turnismo” de los dos partidos mayoritarios. La Constitución de 1876 mostraba un espíritu de pacto y de consenso. La soberanía era compartida entre la corona y las Cortes. El derecho de sufragio se dejaba pendiente al no precisarlo. La cuestión religiosa provocó tensiones. Se declaraba el Estado confesional, pero se introducía la libertad religiosa. Acabó imponiéndose un sistema bipartidista para frenar el radicalismo. El Partido Conservador de Cánovas se formó sobre los restos del partido moderado, mientras que el Partido Liberal de Sagasta representaba al sector más reformista. El “turnismo” o turno pacífico fue un elemento fundamental de la Restauración. Así, el fraude electoral impuso una democracia corrupta. El rey llamaba a gobernar al partido de la oposición, disolvía las Cortes y convocaba elecciones. El poder político estaba en manos de los gobernadores civiles y los caciques. De esta manera, el clientelismo y el populismo fueron los instrumentos de participación de la población en política. Al margen de los dos grandes partidos y del “turnismo” estaban los republicanos, los carlistas y el movimiento obrero, excluídos en la práctica para alcanzar el poder. El reinado de Alfonso XII (1875-1885) comenzó con un “gobierno largo” del Partido Conservador, en el cual Cánovas garantizó la Restauración mediante un sistema autoritario y centralizado, que decretó el recorte de libertades, la censura en la prensa y la regulación de la libertad de expresión. A su vez, la ley electoral de 1878 introdujo un sufragio restringido. Sin embargo, en esta etapa se concluyeron los conflictos de la guerra carlista y la guerra cubana, con la firma de la Paz de Zanjón en 1878. El “gobierno corto” del Partido Liberal de Sagasta (1881-1883) supuso la puesta en práctica de derechos y libertades. En la última etapa del reinado de Alfonso XII comenzó el “gobierno corto” del Partido Conservador. No obstante, el fallecimiento del rey puso en peligro el sistema de la Restauración porque faltaba un heredero varón. Se llegó al Pacto de El Pardo, para evitar el regreso de Isabel II y permitir el gobierno del Partido Liberal, por lo que el sistema se consolidó durante la regencia de María Cristina. El “gobierno largo” de Sagasta (1885-1890) emprendíó reformas como la ley de asociaciones de 1887, que legalizó los sindicatos; la ley del jurado (1888), que favorecía la libertad de prensa; o la ley de sufragio universal (1890). Sagasta abandonó el poder por las divisiones dentro del Partido Liberal. La nueva sublevación cubana de 1895 dio lugar al inicio de otra guerra colonial. En 1897, tras el asesinato de Cánovas, Sagasta tomó el relevo y tuvo que hacer frente a la guerra en Cuba, con tensiones entre los sectores proteccionistas y librecambistas de los industriales catalanes y vascos. Esta situación desató la crisis de 1898.
Al sistema de la Restauración se opusieron diversos sectores sociales e ideológicos, como el carlismo que, tras la derrota militar que sufríó al principio del régimen, se dividíó en una tendencia más moderada (Partido Integrista) y otra más radical y pura que dio lugar a las Juntas Tradicionalistas. A su vez, el republicanismo se fragmentó tras el fracaso de la Primera República. Frente a la tendencia moderada del Partido Posibilista, y de los sectores más radicales que optaban por el motín militar, surgíó el Partido Federal de Pi i Margall, que representaba a las clases populares y obreras, aunque su influencia en la política fue escasa.
En el origen del nacionalismo catalán existíó una reivindicación cultural de la lengua catalana conocida como la Renaixença. Durante la Primera República el federalismo se convirtió en la base del catalanismo, aunque durante la Restauración esta tendencia dio lugar a dos modelos alternativos. Por un lado, el republicanismo federal de Valentí Almirall predominó tras la celebración en 1880 del I Congreso catalanista. Por otro lado, surgíó el nacionalismo conservador de la Uníón Catalanista en 1881. En 1892, en las Bases de Manresa, el catalanismo adquiríó un carácter tradicional y burgués, con intelectuales como Prat de la Riba. En 1901 se creó el primer partido nacionalista catalán, la Lliga Regionalista.
El nacionalismo vasco surgíó de las guerras carlistas y la industrialización. La cuestión foral y el carlismo idealizaron el mundo rural vasco, enfrentado al mundo urbano de la burguésía industrial y la clase obrera. Sabino Arana, el máximo líder del nacionalismo vasco, procedía del carlismo y en 1895 fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que reivindicaba la lengua y las costumbres vascas, además de defender ideales racistas y xenófobos, que más tarde fueron desapareciendo. En cuanto al regionalismo gallego, tuvo poca implantación, hasta que en 1890 se creó la Asociación Regionalista Gallega de Santiago.
No fue hasta el Sexenio Democrático cuando surgíó un movimiento obrero organizado. Con anterioridad predominaron las acciones violentas y poco organizadas, de carácter ludita, en Barcelona. El anarquismo fue la ideología más influyente en la Restauración. Fue introducido por el italiano Giuseppe Fanelli. En esta etapa, los anarquistas fueron clandestinos y se difundieron entre el campesinado andaluz y los obreros catalanes. Adoptaron la acción violenta y el terrorismo como oposición al poder. La organización La Mano Negra sembró el terror en la década de 1880 y algunas autoridades políticas de la época, como Cánovas, fueron asesinadas o eran el objetivo de los “pistoleros” anarquistas.
Durante la Restauración, junto al anarquismo se desarrollaron las organizaciones socialistas. Paúl Lafargue, yerno de Marx, formó en Madrid un grupo socialista. La formación de este grupo fue el origen del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fundado en 1879 por Pablo Iglesias como un partido que defendía los derechos del proletariado. Fue legalizado en 1881 por el gobierno liberal de Sagasta. En 1888 se fundó en Barcelona la Uníón General de Trabajadores (UGT), sindicato socialista. En 1890 se celebraba por primera vez el 1o de Mayo. No obstante, el crecimiento del socialismo fue más lento que el del anarquismo, que tuvo mayor éxito entre la población española.
La “Gloriosa” revolución del Sexenio Democrático (1868) fue seguida de rebeliones en Cuba y Puerto Rico. En Cuba, la rebelión adoptó un carácter de lucha por la independencia y se inició la guerra de los diez años o “guerra larga” (1868-1878). La fase más dura se desarrolló ya en la etapa de la Restauración, hasta la firma de la Paz de Zanjón en 1878.
Sin embargo, la política de los gobiernos españoles ante las demandas independentistas fueron insuficientes. En Cuba las reformas fueron polémicas. Los sectores “españolistas” de la isla chocaron con los intentos del gobierno de conceder cierto grado de autonomía a la isla. En el extremo contrario estaba el movimiento independentista liderado por José Martí. En Filipinas, mestizos y nativos pidieron reformas, lo que originó el movimiento emancipador de José Rizal.
En 1895 se produjo la insurrección que dio lugar a la última guerra en Cuba, que primero enfrentó al ejército español con los independentistas, y más tarde se produjo la intervención directa de Estados Unidos. En la primera fase de la guerra murió el líder de la independencia, José Rizal. Entre 1895 y 1896 fue el momento de mayor avance de los sublevados. Sin embargo, desde 1896 a 1897, el general español Weyler impuso una dura represión en la isla, aunque fracasó. Es en este momento cuando se intensificó la intervención de EE.UU. En el conflicto, que intentó varias veces la compra de la isla. Además, la guerra hispanocubana coincidíó con la expansión del imperialismo norteamericano en el Caribe.
En 1898, la explosión del acorazado estadounidense Maine, en el puerto de La Habana, provocó la declaración de guerra de EE.UU. La prensa y la diplomacia estadounidenses acusaban a los españoles de haber provocado el hundimiento, lo que exaltó el fervor patriótico en ambos países. Al final, la flota española se enfrentó a la poderosa armada de Estados Unidos. El resultado fueron dos derrotas estrepitosas, una en Cavite (Filipinas) y otra en Cuba. A finales de 1898 se firmaba el Tratado de París, por el que España reconocía la independencia de Cuba, y cedía Puerto Rico y Filipinas. Quedaba así liquidado el Imperio español. Sin embargo, las consecuencias para España fueron positivas en el terreno económico, ya que la repatriación de capitales cubanos permitíó el saneamiento de la Hacienda y la Deuda Pública, además de favorecer el nacimiento de la banca moderna para financiar la posterior modernización industrial.
La derrota hizo surgir el regeneracionismo, un movimiento de los intelectuales y los políticos, que buscaban la modernización y la superación del atraso cultural. El movimiento intelectual, liderado por Joaquín Costa y algunos escritores de la llamada generación del 98, como Unamuno o Maetzu, consideraba la falta de educación una de las causas fundamentales del atraso del país. Criticaron el sistema de la Restauración en obras como Oligarquía y caciquismo, de Joaquín Costa. Este movimiento cerraba una etapa de la vida política española y del Siglo XIX.