Después de la guerra, la oposición en España quedó completamente desarticulada. La represión, oficialmente regulada por la Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo, desmanteló los cuadros dirigentes de partidos y sindicatos, y muchos fueron exiliados, encarcelados o ejecutados. Se persiguió a los simpatizantes de la República, incluyendo a republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, entre otros, durante todo el mandato de Franco. El concepto de «rojo» se aplicaba a todos aquellos que se opónían a su régimen, desde la extrema izquierda hasta la burguésía democrática. A pesar de los intentos de coordinación en el exterior, las fuerzas de la República en el exilio no lograron organizarse eficazmente, manteniendo divisiones internas. La represión fue efectiva y las cárceles se llenaron de presos políticos, con numerosas ejecuciones dictaminadas por juicios militares. Sin embargo, con el final de la Segunda Guerra Mundial y la esperanza de intervención de los aliados contra Franco, hubo un resurgimiento de la resistencia. Se creó una guerrilla antifranquista llamada «maquis», dirigida por anarquistas y comunistas, que operó entre 1944 y 1948. A pesar de su acción, la persecución del ejército y la guardia civil, y la falta de intervención de los aliados, llevaron a la desaparición del movimiento guerrillero. En 1948, el Partido Comunista renunció a la táctica de guerrillas. Durante la posguerra, más de 400,000 personas abandonaron España hacia Francia y América Latina. La mayoría regresó después del inicio de la Segunda Guerra Mundial y la promesa del régimen de no perseguir a aquellos que no hubieran cometido delitos, cosa que no se cumplíó. La emigración a México tuvo un gran impacto en ese país, ya que incluyó a escritores, intelectuales, políticos y profesionales cualificados. La victoria franquista en la Guerra Civil supuso la implantación de un régimen dictatorial inspirado en el fascismo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, con una economía autárquica. A partir de 1959, se produjeron cambios que llevaron a una nueva etapa en la dictadura franquista. Las transformaciones de los años sesenta en España, junto con la dura represión del régimen franquista, permitieron a la oposición organizarse y erosionar la dictadura. Surgieron movimientos como Comisiones Obreras (CCOO), un sindicalismo independiente y democrático, así como organizaciones estudiantiles en las universidades en contra del Sindicato Español Universitario (SEU). También hubo sectores católicos antifranquistas, liderados por el cardenal Enrique Tarancón. La oposición democrática se manifestó en la reuníón de Múnich (1962), donde se condenó al franquismo. Los partidos políticos, como el PCE y el PSOE, se fortalecieron y surgieron nuevos partidos como la Izquierda Demócrata Cristiana y grupos de corte maoísta o trotskista. Los partidos nacionalistas también resurgieron en el País Vasco y Cataluña. La Universidad y el movimiento obrero se convirtieron en frentes de oposición activa, con huelgas, manifestaciones y protestas en busca de un sistema democrático
A pesar de la represión del régimen, la oposición se organizó mejor y las manifestaciones aumentaron en las calles. La represión continuó siendo fuerte, con la creación de tribunales especiales y la promulgación de una Ley Antiterrorista en 1975. A nivel internacional, España enfrentó conflictos diplomáticos, como las protestas por las sentencias de muerte en 1975 y el conflicto del Sáhara, donde España aceptó la descolonización con autodeterminación ante la presión del Frente Polisario, pero luego entregó el Sáhara a Marruecos y Mauritania. Con la muerte de Franco en 1975, se abríó la transición democrática en España, que llevó al desmantelamiento de la dictadura y la implantación de un régimen constitucional. En la década de los 50 y 60, España experimentó una modernización económica que la acercó a la situación y formas de vida europeas, pero en el plano político no se produjo un proceso paralelo de liberalización y apertura hacia la democracia.
En su lugar, el régimen franquista se atrincheró en planteamientos autoritarios, aunque intentó presentarse como un Estado de Derecho. Los falangistas perdieron poder en beneficio de los tecnócratas del Opus Dei, que ponían el crecimiento económico como garantía de estabilidad. Surgíó un enfrentamiento entre falangistas y tecnócratas sobre la sucesión de Franco, con los tecnócratas apoyando la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor. Estas tensiones internas llevaron a la creación de dos grupos dentro del franquismo: los inmovilistas o «búnker», que buscaban mantener intacto el régimen, y los conservadores que aceptaban solo reformas limitadas. Los aperturistas, como Manuel Fraga Iribarne, abogaban por reformas políticas que acercaran a España a otros países europeos. A pesar de la presión social, las medidas de liberalización en esta etapa fueron tímidas y en muchos casos solo aparentes. Destacan la Ley de Prensa de Fraga en 1966, que eliminó la censura previa pero establecíó multas para las publicaciones consideradas osadas, la Ley de Libertad Religiosa en 1967 que permitíó cierta tolerancia religiosa, y la promoción de la participación de los trabajadores en las elecciones sindicales para revitalizar el sindicalismo vertical. En 1969, Franco designa a Juan Carlos I como sucesor al trono de España. Sin embargo, la creciente conflictividad social y los atentados de ETA llevaron al régimen a una dura represión, incluyendo estado de excepción, detenciones y violencia policial. En 1967 se publica la Ley Orgánica del Estado, que otorgaba al jefe del Estado un poder casi ilimitado pero sin modificar la esencia autoritaria del régimen. La incapacidad del régimen para adaptarse a las demandas sociales y al contexto internacional provocó la crisis definitiva de la dictadura. El asesinato de Carrero Blanco en 1973 abríó dos posturas dentro del franquismo: los inmovilistas y los aperturistas. Se formó un nuevo gobierno presidido por Arias Navarro en 1974, pero aunque hablaba de apertura, el régimen mostró su incapacidad para democratizarse. Con la enfermedad grave de Franco y el fracaso de los intentos aperturistas, un grupo de altos mandos militares del «búnker» frenó cualquier apertura y ejercíó violencia fascista
La transición española fue el proceso político de desmantelamiento de la dictadura franquista y el establecimiento de una democracia en España. Este proceso comenzó tras la muerte de Franco en 1975 hasta la aprobación de la democracia mediante un referéndum el 6/12/1978. Durante esos años, hubo una tensión entre los sectores que demandaban una transición democrática y los partidarios del régimen franquista que manténían el control del Estado. El rey Juan Carlos I, sucesor de Franco, tomó pasos cautelosos en el proceso de transición. El primer acto político importante fue la formación de un nuevo gobierno, presidido por Arias Navarro, que incluyese a políticos partidarios de un cambio moderado. Este gobierno emprendíó una democratización parcial para contentar a la oposición y al pueblo español sin provocar a los sectores franquistas más radicales. Sin embargo, los partidos políticos democráticos ilegales en ese momento, liderados por el PCE, exigían la liquidación inmediata del franquismo, amnistía para los presos políticos y la autonomía de las nacionalidades históricas. Hubo huelgas y manifestaciones masivas para respaldar estas demandas, lo cual debilitó al gobierno de Navarro. El PCE se convirtió en la principal fuerza política de izquierda y promovíó la oposición frontal al régimen franquista. Juan Carlos I enfrentó varios obstáculos en el proceso de llevar a España a la democracia. El primero fue lograr la dimisión de Arias Navarro, que logró después de un encuentro improvisado en el Palacio Real de Madrid. Luego, el rey debíó elegir a un nuevo presidente, y Fernández Miranda, uno de sus colaboradores cercanos, le recomendó a Adolfo Suárez, secretario general del Movimiento. Aunque inicialmente hubo resistencia por parte de la oposición debido al pasado falangista de Suárez, en su discurso inaugural anunció su intención de establecer una relación franca con la oposición, instaurar un régimen democrático y convocar un referéndum sobre la reforma constitucional y elecciones generales en menos de un año. Suárez se reuníó con líderes de la oposición y del franquismo, persuadíéndolos de que su proyecto de transición era el único viable. Luego presentó su proyecto a altos oficiales del ejército, quienes aceptaron la propuesta con la condición de que el PCE no fuera legalizado. El siguiente paso fue que el Consejo del Reino y las Cortes aceptaran la reforma, para luego consultar al pueblo, como establecían las leyes franquistas. La Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas el 18 de Noviembre de 1976, permitíó al gobierno de Suárez desmantelar el régimen franquista desde la legalidad. La ley prevéía la transformación de las Cortes existentes en un Congreso de Diputados y un Senado elegidos por sufragio universal, y anunciaba futuras elecciones democráticas (aprobado en referéndum). El principal desafío fue la legalización del PCE, generando malestar en el ejército y la dimisión de algunos altos mandos. Sin embargo, el PCE aceptó la bandera roja y gualda y la Monarquía, lo que tranquilizó al gobierno y los militares.
La oposición democrática renunció a la ruptura democrática, el rechazo a la monarquía, y el proceso de transición hacia la democracia continuó avanzando.El 15/04/1977, Suárez anunció elecciones para Junio, las primeras elecciones generales libres desde 1936. Los partidos políticos se prepararon para la configuración de coaliciones y la elaboración de programas electorales. Los dos principales partidos que se presentaron fueron la Uníón de Centro Democrático (UCD), liderada por Suárez, que buscaba aglutinar al sector moderado y centrista de derecha e izquierda; y el PSOE, con un liderazgo moral y activista. Las elecciones se celebraron el 15 de Junio con una alta participación (77% censo). Los resultados consagraron a UCD con 156 escaños en el Congreso de los Diputados y al PSOE con 118 escaños. El PCE obtuvo menos resultados de los esperados, mientras que Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, fue derrotado con 16 escaños. Ningún partido de extrema derecha tuvo representación parlamentaria. Los resultados mostraron la importancia del PNV y los catalanistas del Pacte Democràtic per Catalunya en sus respectivas regiones. Tras las elecciones, se formó un gobierno liderado por UCD y presidido por Suárez, que integró el catalanismo en la política española, con el nombramiento de Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat provisional de Cataluña. La Constitución de 1978 fue el mayor logro legislativo que marcó el desarrollo del marco legal de la democracia española. Fue aprobada el 31 de Octubre en el Congreso y el Senado, y luego sometida a referéndum el 6 de Diciembre, con una participación del 67% del electorado y un 88% de votos favorables. El 27 de Diciembre de 1978, el rey sanciónó el texto constitucional, que entró en vigor el 29 de Diciembre. La Constitución fue un «Ley de leyes» consensuada por casi todos los partidos, lo que garantizaba su duración y estabilidad. Recoge los fundamentos de los sistemas democráticos, estableciendo una Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado. Destaca la declaración de España como un Estado social y democrático de Derecho, con valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Reconoce el derecho a la autonomía de las regiones de la Nacíón española, estableciendo un Estado unitario descentralizado con las Comunidades Autónomas. Supuso la subordinación del ejército al poder civil, el carácter aconfesional del Estado, la abolición de la pena de muerte, y la amplia declaración de derechos y libertades civiles, políticas y económicas. En 1979 se convocaron nuevas elecciones tras la disolución de las Cortes. Durante la Transición, el terrorismo de grupos como FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), los GRAPO, FAG y ETA, así como grupos de extrema derecha, causaron 581 muertes entre 1975 y 1983. El año 1980 fue especialmente violento, con 128 muertes (97 de ETA). Los críticos de la democracia y del gobierno de Suárez veían con desconfianza la política antiterrorista, a la que consideraban ineficaz y suicida. El terrorismo contribuyó a aumentar la tensión política y representó la amenaza más seria para la democracia, ya que sectores más inmovilistas pedían un cambio radical en la política gubernamental.