Privatizaciones en el Gobierno de Menem
El proceso privatizador durante el primer gobierno de Menem se intensificó con la ideología neoliberal que promovía la privatización de empresas estatales consideradas ineficientes. Sin embargo, críticos argumentaban que estas privatizaciones se realizaban para obtener divisas y mantener una relación fija entre el peso y el dólar. En noviembre de 1990, se llevaron a cabo las privatizaciones de empresas como ENTel y Aerolíneas Argentinas, y se llamó a licitaciones para privatizar áreas petroleras, ferrocarriles, parte de la red de carreteras y empresas químicas y petroquímicas. La privatización más significativa fue la de YPF, la empresa estatal más grande en términos de facturación. Este proceso culminó en junio de 1999, cuando la empresa petrolera española Repsol adquirió el 90% del paquete accionario de YPF.
Cavallo y la Profundización de la Reforma Neoliberal
En diciembre de 1990, Domingo F. Cavallo asumió como ministro de Economía, sucediendo a González. En marzo de 1991, Cavallo presentó el Plan de Convertibilidad, que estableció la paridad entre el peso y el dólar, y cambió el signo monetario del austral al peso, donde un peso equivalía a un dólar. Para respaldar esta paridad, se exigió al Banco Central que mantuviera reservas equivalentes a la base monetaria. El plan suspendió la indexación de contratos y acuerdos salariales y buscó eliminar el déficit fiscal sin recurrir a la emisión de dinero. Este enfoque generó confianza y estabilidad en la economía, con tasas de interés más bajas, un dólar estable, y una disminución en la inflación. Durante los años siguientes, el plan de Cavallo profundizó la reforma neoliberal en Argentina, impulsando privatizaciones, desregulación económica, reformas administrativas, renegociación de la deuda externa y cambios en las leyes laborales y previsionales, entre otros aspectos.
Flexibilización Laboral y Empleo Precario
Durante el primer mandato de Menem, se impulsaron cambios en las leyes laborales que favorecieron la flexibilización de las relaciones laborales y promovieron el empleo precario. Estos cambios respondieron a la presión de los grandes empresarios que buscaban legalizar prácticas como los contratos temporales y reducir las indemnizaciones por despidos. Dos leyes clave en este proceso fueron la ‘Ley de Accidentes de Trabajo’ en 1991 y la ‘Ley de Empleo’ en 1993, que limitaron las compensaciones por accidentes laborales y redujeron las indemnizaciones por despidos injustificados. Además, un decreto de 1991 estableció que los aumentos salariales debían estar vinculados a mejoras en la productividad. El aumento del desempleo debilitó la posición de los trabajadores, lo que se reflejó en una disminución de la protesta social, ya que el temor a perder el empleo llevó a una mayor disciplina laboral.
Los Sindicatos en el Gobierno de Menem
En el primer gobierno de Menem, se observaron diferentes actitudes y posiciones entre los sindicatos en respuesta a las políticas neoliberales. El gobierno limitó el derecho de huelga, declaró ilegales algunas huelgas en servicios públicos y aceleró las privatizaciones de empresas estatales en conflicto laboral. Algunos sindicatos, como el SMATA, la UOM y Luz y Fuerza, aceptaron estas políticas argumentando la falta de alternativas y buscaron negociar beneficios para sus gremios, agrupándose en la CGT. Otro grupo liderado por el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) se diferenció y participó en protestas junto a sectores críticos al menemismo. Además, el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA), fundado en 1992, se alejó del modelo sindical de la CGT, agrupando a sindicatos de servicios públicos y estatales con tendencias de izquierda peronista y no peronista, destacándose por su oposición a las políticas menemistas, especialmente el sector liderado por Carlos ‘el Perro’ Santillán, orientado hacia el sindicalismo clasista.
El Pacto de Olivos
En 1993, el gobierno de Menem propuso una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial, vista como una garantía de continuidad de su política económica. A pesar de la inicial oposición del radicalismo, que estaba en contra de la reelección, el Pacto de Olivos fue un acuerdo entre el PJ y la UCR que desbloqueó la discusión de la ley para la reforma en el Parlamento. Ante la derrota de la UCR en las elecciones legislativas de 1993 y las pocas perspectivas de ganar las elecciones presidenciales de 1995, los radicales cambiaron su postura. Este pacto permitió a Alfonsín asegurar un lugar para la oposición radical en la reforma y evitar un enfrentamiento total con el gobierno. Además, otorgó legitimidad a la reforma constitucional al convertirla en una iniciativa de los partidos mayoritarios, no solo del oficialismo. El Pacto de Olivos se firmó el 14 de noviembre de 1993.
La Ruptura del Consenso Social y Fin del Menemismo
El menemismo, liderado por Carlos Menem, había logrado una alianza social que incluyó a diversos sectores de la población, desde los poderosos hasta sectores medios y aquellos con menores ingresos, especialmente durante la fase de auge del Plan de Convertibilidad en la década de 1990. Sin embargo, esta alianza comenzó a resquebrajarse a partir de 1995 debido a la crisis económica. Aunque muchos ciudadanos temían que un cambio de gobierno alterara las reglas económicas, la mayoría de la sociedad empezó a cuestionar la política de privatizaciones, la confianza en los mercados, los recortes en el sector público y el gasto social, así como la apertura económica. Además, la concentración de poder en Menem y la percepción de corrupción en el gobierno contribuyeron a erosionar la confianza en las instituciones republicanas y en los dirigentes políticos. La ruptura del consenso social marcó el declive del menemismo en Argentina.
El Menemismo y la Política Cultural
Durante los años del menemismo en Argentina, se observó una transformación en la cultura política del país. Se distanció cada vez más a los dirigentes políticos de la sociedad civil. Los partidos políticos pasaron de ser movimientos impulsados por militantes a convertirse en maquinarias electorales donde los operadores políticos adquirieron un papel destacado, centrados en la búsqueda de poder y en la negociación entre las élites políticas. La política se volvió una actividad profesionalizada, donde economistas, asesores de imagen, consultores y comunicadores jugaron un papel fundamental, convirtiendo la política en una empresa. La profesionalización también se evidenció en las costosas campañas publicitarias televisivas y la gestión de la imagen de los candidatos.
La Quiebra de las Economías Regionales
La aplicación de políticas de ajuste en la década de 1990 llevó a la crisis de las economías regionales, afectando gravemente a pequeños y medianos productores agropecuarios que acumularon deudas impagables, lo que resultó en la liquidación de muchas de estas unidades económicas. Los gobiernos provinciales también redujeron empleos y salarios en el sector público. Además, los procesos de privatización y reconversión de empresas estatales en diferentes provincias eliminaron numerosos puestos de trabajo en áreas con pocas oportunidades de empleo. En algunas provincias, se recurrió a bonos de financiamiento emitidos por los gobiernos locales para pagar deudas o salarios, aunque estos bonos a menudo eran aceptados con importantes descuentos, lo que equivalía a una disminución significativa en los salarios de los empleados públicos.
Crecimiento Económico, Concentración de la Riqueza y Aumento de la Pobreza
Durante la década de 1990, en pleno auge del Plan de Convertibilidad, se argumentó que las ganancias astronómicas de grandes empresas y grupos económicos beneficiarían a toda la sociedad a través de la teoría del ‘derrame’, prometiendo aumentos salariales y más empleo. Sin embargo, esta promesa no se cumplió. A pesar del crecimiento económico, el desempleo persistió en niveles crónicamente elevados, el empleo inestable y la pobreza aumentaron. En 1999, la tasa de desempleo se aproximó al récord histórico del 18%, y aproximadamente el 36% de la población argentina vivía en condiciones de pobreza. Este fenómeno se acompañó de una distribución desigual de la riqueza, impulsada por la fuga de capitales, la evasión fiscal de los sectores más acomodados y los subsidios gubernamentales que favorecieron la concentración empresarial, mientras que la venta de activos estatales a inversores extranjeros también contribuyó a la fuga de recursos.